170620AAMAristeguiNoticias
Sociedad
A seis de cada 10 ejecutivos les preocupa un rebrote de contagios
Medio: Aristegui Noticias.
Fecha: 16/06/2020
Actor principal: Empresas.
Tipo de actor: Instituciones Privadas.
Conteo de fuentes: 1.
El 78% de las empresas asegura que sus ingresos y beneficios se reducirán este año, en tanto que el plazo más aceptado para la vuelta a la normalidad es de 6 a 12 meses contados a partir de la eliminación del Covid-19, según la sexta edición de la encuesta aplicada a directores de finanzas por la consultora PwC.En la encuesta de mayo, el plazo estimado de vuelta a la normalidad que concitó más opiniones fue de 3 a 6 meses, agrega el ejercicio realizado con directivos de 60 empresas grandes y medianas, de los que seis de cada 10 se manifestó preocupado ante la posibilidad de que se presenten nuevas olas de contagio en el país.El sondeo de junio hecho a partir de cuestionarios respondidos en la segunda semana del mes indica también que las compañías mexicanas contemplan fundamentalmente tres medidas para minimizar los riesgos entre sus empleados: 85% hará cambios en los protocolos y requisitos de seguridad, como disponer pruebas de Covid-19 o estableciendo el uso obligatorio de cubrebocas, 75% reconfigurará los sitios de trabajo para promover el distanciamiento social y 72% hará permutas de turnos o alternará equipos para reducir la exposición.También hay mejores perspectivas en algunos temas, pues si bien la gran mayoría de los encuestados dice que los ingresos y beneficios de sus empresas se reducirán y la mayor proporción (43%) considera que la disminución será de 10 a 25%, el número de organizaciones que optará por recortes de personal disminuyó en este sondeo a 27% desde 31%, y el porcentaje de las que recurrirán a licencias temporales bajó de 31% a 25%.Por otro lado, disminuyó de 28 a 17% la proporción de empresas que consideran que su productividad se verá lastrada debido a la falta de capacidad para realizar trabajo remoto, indica la CFO Pulse Survey de PwC, que desde principios de marzo ha encuestado a directores de finanzas en México, Estados Unidos, Canadá y oros 19 territorios para ayudar a identificar el impacto económico y de negocios del Covid-19.En cuanto a las medidas para retomar el crecimiento, 90% de las empresas considera contener sus gastos, el mismo porcentaje que en la encuesta de mayo, 63% cancelará o aplazará las inversiones (en mayo consideraban esa medida 67%) y 30% hará cambios en el rumbo de las empresas (contra 34% en la anterior encuesta).Para mejorar las fuentes de ingresos de sus empresas, 57% de los ejecutivos mexicanos planea hacer modificaciones a sus productos o servicios, 45% modificar los precios -aumentarlos, disminuirlos u ofrecer distintas condiciones de pago, etcétera- y 40% transformar sus canales de distribución.En los cuestionarios aplicados a finales de abril que dieron lugar a la encuesta de mayo, 64% de los CFO del país aseguraban que apostaría por el trabajo remoto cuando se decretara la vuelta a los centros de trabajo, pero en este nuevo sondeo son 82% los que confirman que sus compañías flexibilizarán aspectos como los horarios o la localización geográfica de su fuerza laboral.
Más contundente es la convicción sobre el papel de la tecnología en la nueva normalidad, con 94% de las organizaciones mexicanas pensando en implementar medidas orientadas a mejorar las habilidades del futuro, 16% con planes de destinar recursos a hacerse de herramientas que fomenten la colaboración interna o con clientes, 23% que le ayuden a reducir costos, como la automatización, y 26% que le apoyen para el crecimiento, como el e-commerce, entre otras.
17062020NLMAnimalPolítico
Sociedad
Medio: Animal Político.
Fecha: 17/06/2020
Actor principal: Eli.
Tipo de actor: Sociedad Civil.
Conteo de fuentes: 3
Eli cumplió el martes dos meses como enfermera en el hospital Belisario Domínguez. Un día antes, como si fuese un regalo por su aniversario en urgencias, recibió el pago de las cuatro quincenas que le adeudaban. Entró a trabajar el 16 de abril, pero hasta finales de mayo no firmó su contrato, del que tampoco le dieron copia. No es la única. Historias similares se repiten en el personal que respondió a la llamada del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), un organismo fundado este año para dar cobertura a las personas que no tienen Seguridad Social pero que ha asumido la gestión de las plazas requeridas durante la emergencia causada por la COVID-19.
El servicio registra denuncias por falta de organización, demoras en pagos y firma de contratos, e incluso personal que se ve obligado a trabajar en primera línea ante el coronavirus sin siquiera estar dado de alta en el Seguro Social.
Animal Político constató denuncias similares en hospitales de Ciudad de México, Sinaloa o Oaxaca. Pero hay más. Algunos aseguran que no quieren hablar por miedo a represalias. En páginas de Facebook y grupos de Whatsapp, decenas de trabajadores de la salud se quejan de las condiciones en las que fueron reclutados en medio de una pandemia que ha infectado a 32 mil 388 compañeros y ha costado la vida a 463, según datos de Salud.
“El trato no es digno hacia nuestra persona. Llamo a la responsable de recursos humanos y me dice que sí, que van a efectuar el pago, pero no lo hacen. Hay compañeros que ya se marcharon porque no querían laborar sin contrato o porque nos pagan menos de lo que nos dijeron que harían”, explicaba Eli días antes de recibir su salario. “Me hacía mucha falta”, explica.
En su casa viven su esposo y sus dos hijos y durante todo este tiempo tuvieron que apretarse el cinturón.
Explica la enfermera que en su turno de Urgencias en el Belisario Domínguez iniciaron 15 personas pero que actualmente solo quedan cinco. Dice que algunos contrajeron la COVID-19 y otros decidieron marcharse al comprobar que las condiciones de trabajo no eran las que les habían prometido. Durante mes y medio ella atendió a personas que llegaban con los síntomas de coronavirus, muchos en condiciones de extrema gravedad, sin siquiera haber firmado un contrato.
Animal Político quiso conocer la versión del Insabi, sin obtener respuesta hasta la fecha. De forma extraoficial, fuentes de la institución reconocieron que existen estas fallas pero que se trata de errores administrativos, no de un problema estructural.
Desde el inicio de la pandemia, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la contratación masiva de personal de Medicina y Enfermería para paliar el déficit de profesionales en los hospitales. No era solo que hubiese menos de los que la emergencia requería, sino que muchos de los de planta estaban dentro de la población de riesgo por edad o por padecimientos previos y se marcharon a casa.
Para hacer más atractiva la oferta, en su intervención en la conferencia matutina del sábado 4 de abril, López Obrador prometió el pago por adelantado y viáticos para quien secundase la convocatoria. Aquel día, el presidente reconoció que los nuevos contratados por la administración podían tardar hasta tres meses en percibir su sueldo y aseguró que ese mismo lunes 6 estarían los cheques disponibles. No fue así. Hay personal como Karina que se tardó dos meses en recibir su salario. Otros todavía no han ingresado un peso desde que iniciaron sus labores.
El gobierno federal trató de hacer frente a la falta de personal con una campaña de contratación a cargo del Insabi y del IMSS. En la Ciudad de México, además, se puso en marcha la estrategia “Galeno Salud” de la Secretaría de Salud.
El domingo 14, en un video difundido a través de redes sociales, López Obrador aseguró que fueron contratadas 46 mil 029 personas entre especialistas (3 mil 936), médicos generales (7 mil 819), enfermeras especialistas (mil 435), enfermeras generales (19 mil 350) y otro personal, como camilleros, cocineros y radiólogos (13 mil 489). No especificó qué institución se hizo cargo de cuántas personas exactamente.
En el caso del Insabi, el sistema es el siguiente: el aspirante se inscribe en la web (muchos llevaban meses registrados) y puede solicitar plaza en hospitales del IMSS, ISSSTE o a través del propio Insabi. Los salarios oscilan entre los 41 mil 043 pesos brutos que percibe un médico especialista (32 mil 838 después de descontar impuestos) hasta los 17 mil 393 (16 mil 804 netos) que cobra un auxiliar de enfermería y los contratos tendrían una duración máxima de seis meses. Posteriormente le asignan su puesto y alguien se pone en contacto para decirle la fecha y la hora en la que debe personarse. Hasta ahí todo normal. El problema que denuncian algunos profesionales es que al llegar al centro hospitalario les ponen a trabajar, pero nadie les dice cuándo firmarán el contrato.
Eso le ocurrió a Jesús, enfermero de Morelos que se desplazó hasta la Ciudad de México para trabajar en el Belisario Domínguez. El 20 de abril fue su primer y último día.
“Me presenté y no se hablaba de los contratos. Llamaba y me decían que no había fecha. Como no había contrato de por medio pensé que no valía la pena. Porque suponía estar trabajando bajo nuestra responsabilidad. En caso de que me contagiara, se les podría hacer fácil decir que no trabajaba para ellos”, dice.
Después de 24 horas de guardia, el enfermero decidió no regresar al trabajo.
“Estuve llamando para que me reubicaran o me dieran la baja, pero nunca contestaron. Así que opte por dejarlo”, explica. El miedo a contagiarse y la incertidumbre de no saber cuánto cobraría le empujaron
Su caso no es exclusivo. Una fuente del hospital que habló a condición de anonimato reconoció que al hospital había llegado “personal muy humilde, de otros estados, a los que el personal de base tuvo que regalarle uniformes y zapatos”. Según explica, muchos de ellos se regresaron a su lugar de origen.
Algunos contagiados y otros porque seguir en la Ciudad de México sin percibir ni un peso se les hacía insostenible a pesar de que el alojamiento estaba garantizado por los más de 200 hoteles que se pusieron a disposición de la secretaría de Salud.
La falta de seguridad ante un posible contagio es otro de los problemas que denuncia el personal. Le ocurrió, por ejemplo, a Leslie, química en el hospital del ISSSTE de Mazatlán, Sinaloa, que se contagió la semana pasada justo un par de día después de haber firmado su alta en el seguro social.
“El permiso médico lo firmé antes de enfermarme, de pura casualidad. Me negaban el medicamento porque me decían que no estaba registrada en el sistema”, explica. Al final, la intervención de un superior permitió que le entregasen las medicinas.
Explica la trabajadora que llevaba cinco años haciendo sustituciones hasta que le explicaron que había salido un contrato y que debía inscribirse en la página del Insabi para ser seleccionada. El 16 de abril comenzó bajo esta nueva modalidad. No sabía ni siquiera cuánto le iban a pagar, pero aceptó el empleo porque era seguridad durante cinco meses y medio.
Las tres primeras quincenas no recibió un peso. Finalmente, le ingresaron 20 mil, que no concuerda con ninguna de las tablas y dice que no sabe si se trata de un adelanto o el mes y medio que ya trabajó. En realidad, los retrasos eran parte de su rutina. Dice que todavía le adeudan tres quincenas del contrato anterior y 20 guardias, que deberán liquidarle cuando concluya el período en el Insabi.
La incertidumbre es uno de los males que afecta a estos trabajadores.
“Nadie nos ha dado la información. No hemos tenido hasta el día de hoy un contrato o alguna documentación donde nos digan nuestros derechos y obligaciones, mentiría si dijese que sí tengo seguro o no. Sinceramente, desconozco esa información”, asegura una de las cuatro enfermeras recientemente contratadas por el Hospital General de Oaxaca.
Denuncia que todavía no ha recibido ni un peso desde que comenzó a trabajar y que tuvo que comprar con sus propios recursos el material de protección.
“Llegué para adquirir más experiencia laboral, porque amo mi profesión”, explica, “pero es muy triste y lamentable esta situación”
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