-Reforma en telecomunicaciones
Entre competencia, telecomunicaciones y justicia especializada
El Financiero
Antonio Cuellar
18 marzo 2014
La víspera de la discusión en torno de las reformas en materia de competencia económica y telecomunicaciones exacerba los ánimos con relación a una vieja demanda de la ciudadanía: mejores servicios de telecomunicaciones y precios más accesibles. No obstante, la esperanza de que las nuevas leyes vengan a mejorar el marco de la regulación de los servicios al público per se, hay un rubro que le atañe que permanecerá intacto y que, lamentablemente, podría entorpecer los conflictos que provengan de la implementación del nuevo marco normativo.
Desde abril del año pasado que se discutió y entró en vigor la nueva ley de amparo, uno de los puntos más encumbrados alrededor del novedoso ordenamiento tuvo que ver con la eliminación de la medida de suspensión respecto de actos de la autoridad que implicaran una disposición con relación a los bienes del dominio público. En otras palabras, con una dedicatoria expresa en contra de algunos concesionarios, la nueva ley vino a significar que en contra de las medidas que adoptara la SCT no procedería medio de defensa judicial alguno que pudiera implicar el detenimiento de las resoluciones que vinieran a dictarse para favorecer al público o al Estado mismo.
Meses después, ya entrada en vigor la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, la aspiración del Estado en materia de solución de conflictos en la materia de la competencia económica y las telecomunicaciones fue mayor, pues no sólo se previó en las disposiciones transitorias de la reforma que la única vía de defensa en este campo sería el mismo juicio de amparo, sino que, además, se crearon tribunales especializados, pertenecientes al Poder Judicial de la Federación, que sólo conocerían de estas materias.
La especialización de los jueces para resolver una contienda en función de la materia sobre la cual versa, constituye un criterio administrativo que adopta la judicatura con el propósito de satisfacer de manera más puntual y más expedita cualquier controversia que sea sometida a su consideración. En la mayoría de los estados en los que la carga de trabajo es normal, en términos numéricos y de complejidad sustancial, los jueces del fuero común acaban por conocer de las materias civil y penal, y los jueces federales que conocen de las instancias de revisión constitucional, se abocan a resolver todos los juicios que les son planteados, sin importar el órgano del que provenga, es decir, son jueces federales que conocen de todas las materias y que, por consiguiente, no tienen especialidad alguna.
Existen localidades en las que, por el volumen y la dificultad de los asuntos jurídicos que el foro propone, es menester crear juzgados y tribunales especializados por razón de materia, de tal suerte que algunos de los jueces federales acaban por conocer de los amparos exclusivamente penales, y otros los civiles, los administrativos o los laborales.
El hecho de que, como una subrama de la especialidad administrativa, algunos jueces vengan a especializarse en el ámbito de las telecomunicaciones y la competencia económica, arroja cuestionamientos sumamente interesantes. Es positivo por un lado que el conocimiento profundo de ambas materias ofrezca la posibilidad de que las sentencias que se pronuncien en el futuro sean más asertivas con relación a los planteamientos que se hagan; sin embargo, es preocupante que la ausencia de pluralidad de criterios impida la discusión superior necesaria para entender la problemática con una visión más sistémica. La jurisprudencia por contradicción de tesis, tan necesaria, decaerá cuantitativamente.
El punto medular al que queremos referirnos, sin embargo, si bien deriva de la modificación sustancial al que se verá sujeta la nueva normatividad económica que venimos analizando, y si bien está relacionada con la novedosa intervención que habrán de tener los jueces federales para resolver toda contienda entre el Estado y los concesionarios, más bien gira en torno de la inamovilidad del proceso judicial en sí mismo.
Son múltiples las leyes que derivarán de la reforma constitucional en el campo del combate antimonopolios y las telecomunicaciones, incluso habrá modificaciones a la normatividad interna del Poder Judicial de la Federación sobre la organización de los jueces. No obstante, las normas que rigen los procesos para la resolución de los asuntos conflictuales seguirá siendo exactamente la misma.
En la búsqueda de certidumbre jurídica y especialización judicial para la pronta resolución de todo conflicto que derive del ámbito de la vida nacional que aquí nos interesa, habría sido deseable que se iniciaran las mesas de trabajo necesarias para definir qué camino debería emprender la importantísima labor de impartir justicia con miras a un Estado más competitivo.
Por seria que llegue a ser la intervención de los tribunales especializados para la solución de los conflictos que habrán de llegar,poco beneficiosa será para todos los interesados si la resolución que se dicte no proviene de la tramitación de un proceso más ágil y equitativo para quienes contienden en él. Sería quizá pertinente analizar si los principios que rigieron la discusión en torno de la nueva codificación procesal penal, pudieran ser asequibles al resto de los ámbitos de la justicia que interesa a la ciudadanía. La oralidad y la inmediatez en la relación juez-justiciable, vendrían a caer siempre bien en algunos asuntos cuyas características permitirían una resolución mucho más expedita y menos costosa para los contribuyentes.
-Leyes secundarias
Una buena reforma exige leyes secundarias eficientes: Adame
El Economista
Notimex
17 de marzo de 2014
El diputado Juan Pablo Adame consideró que la ausencia de las reformas secundarias en materia de telecomunicaciones comienza a generar incertidumbre, por lo que confió que esta semana sean presentadas las propuestas y se recupere el tiempo perdido.
El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) por Morelos advirtió en un comunicado que de no hacerlo, México difícilmente llegará a los 700,000 millones de pesos de inversiones en telecomunicaciones, como propone la reforma en la materia.
El presidente de la Comisión Especial de Agenda Digital y Tecnologías de la Información recordó que de acuerdo con cifras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), 700,000 millones de pesos se invertirían en la actual administración, 90% provenientes de capital privado.
Sin embargo “una buena reforma sólo puede convertirse en mala con leyes secundarias deficientes. Hoy, aunque no contamos con esta herramienta, su ausencia representa también incertidumbre para los empresarios nacionales y extranjeros que quieren invertir su dinero aquí”, expuso.
Adame Alemán recordó que desde 2013 el subsecretario de Comunicaciones de la SCT, Ignacio Peralta Sánchez, confirmó la proyección de estos montos de inversión, que sin la reforma quedarían en tan sólo 400,000 millones de pesos.
Además de “que se están sacrificando alrededor de 300,000 millones de pesos que adicionalmente se atraerían con la reforma”, esta omisión también limita el derecho de los mexicanos de acceder a las tecnologías de la información y la comunicación, así como a la banda ancha y al Internet.
El legislador panista resaltó que “la reforma en telecomunicaciones es la herramienta más poderosa de transformación social y su impacto es estratégico, a la par de la reforma energética”.
“El objetivo de estas modificaciones constitucionales fue, principalmente, reducir la brecha digital y generar condiciones de igualdad y desarrollo entre los mexicanos. Hoy, por una omisión, nos estamos perdiendo esta gran oportunidad de transformar a México”, dijo Adame.
Considera diputado que falta de ley secundaria en telecomunicaciones inhibe inversiones
MVS Noticias
Notimex
18 de marzo de 2014
El diputado Juan Pablo Adame consideró que la ausencia de las reformas secundarias en materia de telecomunicaciones comienza a generar incertidumbre, por lo que confió que esta semana sean presentadas las propuestas y se recupere el tiempo perdido.
El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) por Morelos advirtió en un comunicado que de no hacerlo, México difícilmente llegará a los 700 mil millones de pesos de inversiones en telecomunicaciones, como propone la reforma en la materia.
El presidente de la Comisión Especial de Agenda Digital y Tecnologías de la Información recordó que de acuerdo con cifras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), 700 mil millones de pesos se invertirían en la actual administración, 90 por ciento provenientes de capital privado.
Sin embargo “una buena reforma sólo puede convertirse en mala con leyes secundarias deficientes. Hoy, aunque no contamos con esta herramienta, su ausencia representa también incertidumbre para los empresarios nacionales y extranjeros que quieren invertir su dinero aquí”, expuso.
Adame Alemán recordó que desde 2013 el subsecretario de Comunicaciones de la SCT, Ignacio Peralta Sánchez, confirmó la proyección de estos montos de inversión, que sin la reforma quedarían en tan sólo 400 mil millones de pesos.
Además de “que se están sacrificando alrededor de 300 mil millones de pesos que adicionalmente se atraerían con la reforma”, esta omisión también limita el derecho de los mexicanos de acceder a las tecnologías de la información y la comunicación, así como a la banda ancha y al Internet.
El legislador panista resaltó que “la reforma en telecomunicaciones es la herramienta más poderosa de transformación social y su impacto es estratégico, a la par de la reforma energética”.
“El objetivo de estas modificaciones constitucionales fue, principalmente, reducir la brecha digital y generar condiciones de igualdad y desarrollo entre los mexicanos. Hoy, por una omisión, nos estamos perdiendo esta gran oportunidad de transformar a México”, dijo Adame.
Pone gobierno en riesgo inversiones en telecomunicaciones
Milenio Jalisco
Fernando Damián
17 de marzo de 2014
El legislador panista Juan Pablo Adame acusó al gobierno federal de poner en riesgo la inversión de hasta 300 mil millones de pesos en el sector telecomunicaciones por el retraso en la presentación de las iniciativas de legislación secundaria en esa materia.
“Una buena reforma sólo puede convertirse en mala con leyes secundarias deficientes: hoy, aunque no contamos con esa herramienta, su ausencia representa incertidumbre para los empresarios, nacionales y extranjeros, que quieren invertir su dinero aquí. Son muchos miles de millones los que el gobierno está negándole no sólo al desarrollo del sector, sino también a los mexicanos”, sostuvo.
El también presidente de la Comisión Especial de Agenda Digital y Tecnologías de la Información de la Cámara de Diputados apeló por ello a que el Ejecutivo Federal envíe esta misma semana sus propuestas de leyes reglamentarias para recuperar parte del tiempo perdido.
Adame recordó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes proyectó una inversión total de 700 mil millones de pesos en el sector telecomunicaciones durante la actual administración, de los cuales, alrededor de 300 mil millones serían directamente generados por las reformas constitucionales en el sector.
Cuestionó por ello la demora en la presentación del paquete de leyes secundarias, pues dijo, “no sólo se está limitando el derecho constitucional de los mexicanos a las tecnologías de la información y la comunicación, así como a la banda ancha e internet, sino se están sacrificando alrededor de 300 mil millones de pesos que adicionalmente se atraerían con la reforma”.
El diputado federal rechazó asimismo la posibilidad de legislar sobre las rodillas, como al parecer pretende el Ejecutivo Federal-
“Se equivocan quienes piensan que el Congreso de la Unión votará una propuesta al vapor, pues la omisión de la administración federal deja abierta la sospecha de que el retraso es intencional y perverso para eclipsar los beneficios de la reforma, clave para elevar la calidad de vida y bienestar de los mexicanos”, indicó.
Adame afirmó que la reforma en materia de telecomunicaciones es la herramienta más poderosa de transformación social y su impacto es estratégico, a la par de la reforma energética.
El objetivo de estas modificaciones constitucionales fue, principalmente, reducir la brecha digital y generar condiciones de igualdad y desarrollo entre los mexicanos, pero hoy, por una omisión, nos estamos perdiendo esta gran oportunidad de transformar a México, remató.
Preocupa a PAN tardanza de leyes secundarias
El Universal
Francisco Nieto
17 de marzo de 2014
El envío de las reformas secundarias en telecom, pone en riesgo el compromiso de generar inversiones, advierte Juan Pablo Adame, Presidente de la Comisión Especial de Agenda Digital y Tecnologías de la Información de la Cámara de Diputados
La tardanza en el envío de las reformas secundarias en telecomunicaciones, pone en riesgo el compromiso de generar inversiones por un monto de 700 mil millones de pesos en este sector, como lo había anunciado el propio gobierno, advirtió Juan Pablo Adame, Presidente de la Comisión Especial de Agenda Digital y Tecnologías de la Información de la Cámara de Diputados.
El legislador dijo que la ausencia de estas propuestas en leyes secundarias y el atraso que se registra para hacer efectiva la reforma constitucional aprobada el periodo pasado comienzan a generar incertidumbre, por ello urgió a que el gobierno federal cumpla con su compromiso de hacerlas llegar.
“No sólo se está limitando el derecho constitucional que tienen los mexicanos de acceder a las tecnologías de la información y la comunicación, así como a la banda ancha y al internet, sino que se están sacrificando alrededor de 300 mil millones de pesos que adicionalmente se atraerían con la reforma”.
El legislador del Partido Acción Nacional recordó que de acuerdo con cifras dadas a conocer por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, durante la actual administración federal se invertiría un total de 700 mil millones de pesos, 90 por ciento provenientes de capital privado.
“Una buena reforma sólo puede convertirse en mala con leyes secundarias deficientes. Hoy, aunque no contamos con esta herramienta, su ausencia representa también incertidumbre para los empresarios, nacionales y extranjeros, que quieren invertir su dinero aquí. Son muchos miles de millones los que el gobierno está negándole no sólo al desarrollo del sector, sino también a los mexicanos”.
Adame Alemán señaló que se equivocan quienes piensan que el Congreso de la Unión votará una propuesta al vapor: “La reforma en telecomunicaciones es la herramienta más poderosa de transformación social y su impacto es estratégico a la par de la reforma energética.
El objetivo de estas modificaciones constitucionales fue, principalmente, reducir la brecha digital y generar condiciones de igualdad y desarrollo entre los mexicanos. Hoy, por una omisión, nos estamos perdiendo esta gran oportunidad de transformar a México”.
Resoluciones de Ifetel fortalecerán leyes secundarias: Barrales
El Universal
Alberto Morales
17 de marzo de 2014
La legisladora del PRD explicó que las resoluciones aportarán elementos fundamentales para la elaboración y discusión de las leyes secundarias
La presidenta de la Comisión de Radio Televisión y Cinematografía del Senado, Alejandra Barrales Barrales afirmó que corresponde al Legislativo dotar de los instrumentos necesarios al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) para que garantice la pluralidad informativa y la sana competencia del mercado de las telecomunicaciones y la radiodifusión.
La legisladora perredista explicó que las resoluciones emitidas por el Ifetel aportarán elementos fundamentales para la elaboración y discusión de las leyes secundarias que tiene pendiente de emitir el Congreso de la Unión. “(Las resoluciones del Ifetel) han marcado un precedente de actuación como órgano autónomo que es, lo cual se deberá fortalecer con los nuevos ordenamientos”, comentó.
Barrales dijo que la comisión que preside presentará este miércoles la memoria audiovisual de las participaciones y sugerencias que se hicieron en el Foro Internacional sobre los Nuevos Modelos de telecomunicaciones y Radiodifusión en México.
El material se entregará al presidente del Senado, Raúl Cervantes Andrade y a los coordinadores parlamentarios del PRI, Emilio Gamboa Patrón; del PAN, Jorge Luis Preciado; del PRD, Miguel Barbosa, y del PT, Manuel Bartletl. Afirmó que este material será una herramienta que ayude a los legisladores en la discusión de la legislación secundaria de las telecomunicaciones y la radiodifusión.
Telecomunicaciones, moverán la censura en redes a otras leyes (Primera Parte)
Homo Zapping
Jenaro Villamil
18 de marzo del 2014
Cinco de los más de 300 artículos que conforman el borrador del Ejecutivo federal de la iniciativa de ley secundaria en telecomunicaciones y radiodifusión fueron modificados tras la publicación de Proceso de que esta reforma “viene represora” para la libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad en internet.
Los artículos modificados en la versión del 9 de marzo de 2014, cuya copia tiene Proceso, coinciden con aquellos que fueron señalados como los más persecutorios y restrictivos a la circulación de la información: el 227, 143, 190, 195 fracción VII , así como la eliminación de otros dos.
El borrador del 4 de marzo de 2014 –en el cual se basó la información de la edición no. 1949– estableció en el artículo 227 lo siguiente:
“No se podrán transmitir noticias, mensajes o propaganda de cualquier clase, que sean contrarios a la seguridad del Estado o el orden público”.
En la nueva versión elaborada el domingo 9 de marzo, tras una reunión en el war room o “cuarto de guerra” de Los Pinos, integrado por los principales responsables de la estrategia de comunicación del gobierno federal, ya no aparece este ordenamiento.
En su lugar, el 227 de esta última versión ordena:
“Los concesionarios que presten servicios de radiodifusión y de televisión y audio restringidos incluirán en su programación diaria información sobre acontecimientos de carácter político, social, cultural, deportivo y otros asuntos de interés general, nacionales o internacionales”.
El nuevo proyecto de iniciativa –que hasta el cierre de la edición no se había enviado a ninguna de las dos cámaras del Congreso- también modificó el artículo 143 sobre el capítulo de “neutralidad de las redes”. En el numeral III, sobre privacidad, prácticamente se ordenaba el bloqueo a determinados contenidos.
Así era la redacción del 4 de marzo que ordenaba a los concesionarios y autorizados que prestan el servicio de internet:
“Privacidad. Deberán preservar la privacidad de los usuarios y la seguridad de la red. Podrán desbloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario, cuando medie orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad”.
La ambigüedad de esta redacción generó protestas entre organizaciones civiles y compañías de concesionarios de internet que fueron consultadas por el Ejecutivo, ya que prácticamente eliminaba la posibilidad de neutralidad y libertad de contenidos en la red.
El texto del 9 de marzo solamente dice lo siguiente:
“III. Privacidad. Deberán preservar la privacidad de los usuarios y la seguridad de la red”.
Otro de los artículos más intrusivos a la libertad en internet era el 190. Ordenaba que los concesionarios de telecomunicaciones están obligados a conservar un registro y control de comunicaciones “que se realicen desde cualquier dispositivo, bajo cualquier modalidad”, que permitan identificar con precisión la siguiente información:
“a)Nombre, denominación o razón social y domicilio del suscriptor.
“b)Tipo de comunicación y servicio.
“c)Origen y destino de las comunicaciones.
“d)La fecha, hora y, en su caso duración de las comunicaciones.
“e)Fecha, hora y ubicación geográfica de la primera activación del servicio.
“f)En su caso, identificación y características técnicas de los dispositivos, incluyendo, entre otros, los códigos internacionales de identidad de fabricación del equipo y suscriptor.
“g)La ubicación geográfica del dispositivo, y
“h)Las demás que hubiere entregado el titular del servicio contratado, suscrito o registrado para efectos de su identificación”.
La versión modificada desaparece todos los incisos y señala en el artículo 190 lo siguiente:
“Queda prohibida la utilización de los datos conservados para fines distintos a los previstos en este capítulo (De las Obligaciones en Materia de Seguridad y Justicia), cualquier uso distinto será sancionado por las autoridades competentes en términos administrativos y penales que resulten.
“Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados están obligados a entregar la información dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas siguientes, contando a partir de la notificación, siempre y cuando no exista otra disposición expresa de autoridad competente”.
Esta era la redacción del artículo 192 de la versión del 4 de marzo. Al desaparecer las órdenes de entregar datos de geolocalización e identificación del usuario, sólo a través de una orden judicial los concesionarios tendrán la obligación de entregar esta información.
También se cambió el artículo 195, en especial, la fracción VII. En la anterior versión ordenaba a los concesionarios a “bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos públicos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes”.
En la versión del 9 de marzo este artículo es el 193 y en la fracción correspondiente establece que los concesionarios de telecomunicaciones deberán “colaborar con las instancias de seguridad en el monitoreo para verificar el bloqueo, inhibición o anulación de las señales de telecomunicaciones de conformidad con los lineamientos establecidos”.
En el mismo artículo se mantiene una fracción poco clara. En el numeral XII le ordena a los concesionarios “combatir la propagación de comunicaciones electrónicas masivas no solicitada o tráfico malicioso, así como minimizar sus efectos en las redes de telecomunicaciones y los servicios prestados”.
En ninguna parte del texto aclaran qué se debe entender por “tráfico malicioso”.
El miércoles 12 de marzo, tras participar en la Semana de Transparencia y Parlamento Abierto, organizado en el Senado, la coordinadora de Estrategia Digital Nacional del gobierno federal, Alejandra Lagunes, subió un tweet donde señalaba lo siguiente:
“La Coordinación de Estrategia Digital Nacional no tiene la atribución para bajar ningún sitio web, ni apoya la censura en internet”.
Lagunes, responsable del manejo de redes y medios digitales en el gobierno de Enrique Peña Nieto, no hacía referencia explícita a ningún proyecto de ley, pero marcaba su distancia ante la pregunta de activistas sociales sobre los intentos de censura vía la ley de telecomunicaciones.
En respuesta a los creadores de la página web 1DMx.org -en la cual se documentaron las violaciones y abusos policiacos contra los manifestantes del día de la toma de posesión de Peña Nieto- Lagunes remitió en su cuenta de Twitter a una nota informativa donde la Policía Federal negó haber solicitado la suspensión de esta página.
Continúa Mañana.
-Actores preponderantes
Dirigente sindical cree que preponderancia de Telmex afectará ámbito laboral
El Economista
Notimex
17 de marzo de 2014
El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Telefonistas de la República Mexicana, Francisco Hernández Juárez, consideró grave la declaratoria de preponderancia para Teléfonos de México (Telmex) en el sector de las telecomunicaciones, pues impactará negativamente el ámbito laboral en la industria.
“La verdad esta situación impactará la calidad del empleo que tendremos en Teléfonos de México, ya estamos teniendo problemas, la empresa nos dijo que la contratación colectiva es una carga y se va a poner difícil; creo que querrán que les regresemos lo que nos ha dado, lo que es preocupante”, afirmó.
En entrevista, agregó que es paradójico que la empresa sea sancionada por haber cumplido con lo que estipulaba el título de concesión.
Destacó que Telmex debió ser tratada de manera distinta por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), pues aseguró que si ahora puede ser considerad preponderante y se le imponen sanciones económicas muy fuertes, es porque cumplió con la ley.
“En el título de concesión, en 1990 cuando se privatiza Telmex, se le obligó a poner el servicio de teléfono en todas las poblaciones de más de 500 habitantes, hay más de 25 mil poblaciones con esas características y colocó aparatos en 24 mil de ellas. Ahora le dicen que la van a castigar por cumplir”, lamentó.
Agregó que cuando se veían venir estas modificaciones y sanciones, la empresa procuró deshacerse de clientes para no ser declarada preponderante y no se lo permitieron, “porque la intención siempre fue castigarla”, opinó.
¿La caída de Azcárraga y Slim?
Reforma
Bernardo Altamirano Rodríguez
17 de marzo de 2014
Prevalecer o fracasar, sobrevivir o morir, depende más de lo que hagas, que de lo que el mundo te haga. Jim Collins
La declaración de preponderancia del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) representa un momento clave que nos obliga ver hacia adelante con objetividad y que sea un punto de inflexión en materia de innovación, competencia y cultura de la legalidad para fortalecer integralmente el mercado.
El primer paso consiste en entender la racionalidad regulatoria sobre el origen de las empresas en cuestión y el objetivo de la preponderancia. Televisa, Telcel y Telmex no surgen de la libre empresa, sino que disfrutan de una concesión que les otorga el Estado mexicano para brindar un servicio público. Este tipo de mercados regulados se diseñan desde el Estado y tienen problemas inherentes de competencia, lo que se refleja en la calidad, oferta y precio de sus productos, que incide en la satisfacción de los consumidores. En este sentido, la declaración de preponderancia es un acto de la autoridad que busca promover mayor competencia. En el marco de una nueva regulación democrática, el IFT dio el primer paso y hay que reconocer su actuar simple, eficaz y sin protagonismos.
El consumidor es al mercado lo que el ciudadano a la democracia, y con la declaración de preponderancia ambos ganan en el ejercicio de sus derechos y libertades. En el caso de telecomunicaciones, el consumidor se beneficia por medidas que tienden a reducir asimetrías frente a proveedores en cobros y disponibilidad, enfoque que inició con la NOM 184. En el caso de la televisión, la competencia y transparencia se reflejarán en mayor pluralidad, lo que beneficia al ciudadano. En ambos casos, las medidas de regulación asimétrica incidirán en mayor inversión, lo que fortalece al mercado.
Como ciudadanos y consumidores, es importante contribuir a la gobernanza y racionalización del mercado, por lo que es justo preguntarnos: ¿cómo enfrentarán esta situación Slim y Azcárraga? Es evidente que está la vía judicial, pero recordemos que ambos son empresarios y políticos a quienes les importa su riqueza, pero también cómo los recordará la historia. Al respecto, es útil recordar casos de rivalidad ilimitada, como la de Rockefeller contra los ferrocarrileros, de la cual el primero innovó en materia de producto y distribución con los oleoductos. ¿De la rivalidad de entre los dos empresarios mexicanos surgirá alguna innovación por la que sean recordados en el futuro?
En cuanto a la competencia, es la oportunidad de que Slim y Azcárraga promuevan una nueva visión empresarial de un mercado basado en mejores prácticas comerciales. Este es el futuro. Si no vamos en esa dirección desde el ámbito privado, tarde o temprano llegarán medidas regulatorias límite y costosas desde lo público. La Constitución y la resolución del IFT pueden ser el parámetro bajo el cual ambos empresarios impulsen una nueva visión transversal de servicios públicos, en la que los concesionarios se sometan a los mismos estándares que sus empresas cumplen, y den beneficios a los consumidores. Asimismo, con su experiencia, pueden enriquecer el proceso de apertura en los sectores energéticos y evitar que se llegue a situaciones límite como la que hoy se vive con la preponderancia.
Finalmente, en cuanto a la cultura de la legalidad, se debe impulsar que esta resolución del IFT se contagie hacia el resto de las autoridades, desde gobernadores hasta el policía vial. La aplicación y cumplimiento de la ley debe ser la práctica generalizada en nuestro País, sin distingos económicos, políticos ni sociales.
Por eso, como diría Jim Collins en “How the mighty fall”, es el momento para ambos de reorientar su estrategia y trascender, mediante el diseño de una narrativa que comunique a la sociedad un nuevo paradigma de un desarrollo de empresas y marcas mexicanas más fuertes, exitosas y generadoras de riqueza e innovación, con rivalidad y ambición, pero nunca a costa del consumidor ni de la competencia. Si Slim y Azcárraga toman las medidas correctas, no veremos su caída, sino su ascenso.
Consideran grave declaratoria de preponderancia de Telmex
MVS Noticias
Notimex
18 de marzo de 2014
El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Telefonistas de la República Mexicana, Francisco Hernández Juárez, consideró grave la declaratoria de preponderancia para Teléfonos de México (Telmex) en el sector de las telecomunicaciones, pues impactará negativamente el ámbito laboral en la industria.
“La verdad esta situación impactará la calidad del empleo que tendremos en Teléfonos de México, ya estamos teniendo problemas, la empresa nos dijo que la contratación colectiva es una carga y se va a poner difícil; creo que querrán que les regresemos lo que nos ha dado, lo que es preocupante”, afirmó.
En entrevista, agregó que es paradójico que la empresa sea sancionada por haber cumplido con lo que estipulaba el título de concesión.
Destacó que Telmex debió ser tratada de manera distinta por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), pues aseguró que si ahora puede ser considerad preponderante y se le imponen sanciones económicas muy fuertes, es porque cumplió con la ley.
“En el título de concesión, en 1990 cuando se privatiza Telmex, se le obligó a poner el servicio de teléfono en todas las poblaciones de más de 500 habitantes, hay más de 25 mil poblaciones con esas características y colocó aparatos en 24 mil de ellas. Ahora le dicen que la van a castigar por cumplir”, lamentó.
Agregó que cuando se veían venir estas modificaciones y sanciones, la empresa procuró deshacerse de clientes para no ser declarada preponderante y no se lo permitieron, “porque la intención siempre fue castigarla”, opinó.
Hernández Juárez añadió que con este tipo de acciones. qué incentivos le dan a Telmex para atender clientes e invertir más, si la están obligando a regalar prácticamente su infraestructura, a inhibir su inversión, y no le permitirán cobrar más por costo de interconexión, ni cobrar por larga distancia.
Pese a regulación, América Móvil y Televisa mantendrán liderazgo
La Jornada Nacional
Roberto González Amador
18 de marzo de 2014
El tamaño y experiencia de Televisa y América Móvil –operador de Teléfonos de México y Telcel– en sus respectivos mercados permitirá a ambas empresas mantener sus posiciones de liderazgo en los mercados de televisión y telefonía, aseguró Standard and Poor’s Ratings Services (S&P).
Las nuevas regulaciones impuestas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) a Televisa y América Móvil no afectarán significativamente las calificaciones a las emisiones de deuda de esas empresas, las cuales miden la posibilidad de incumplimiento del pago de deuda, apuntó Standard and Poor’s.
El pasado 6 de marzo, el Ifetel, órgano regulador del sector de telecomunicaciones creado a partir de la reforma del sector, decretó que Televisa y América Móvil son agentes económicos preponderantes en los mercados de televisión y telefonía, respectivamente.
En tal condición, dictaminó el organismo, tanto Televisa, de Emilio Azcárraga, como América Móvil, compañía bandera en el sector de telecomunicaciones del magnate Carlos Slim, serán sujetas a una regulación diferente a las de otras empresas que participan en la industria. Como parte de esa regulación asimétrica estarán obligadas a compartir su infraestructura con los competidores y tendrán prohibido contratar en exclusiva eventos de alta audiencia, como las finales del futbol mexicano, juegos olímpicos y mundiales de futbol.
Aunque la regulación impuesta por el Ifetel a Televisa y América Móvil generará mayor competencia en los próximos años, ambas empresas tienen una escala y experiencia tal que les permitirá mantener sus posiciones de liderazgo, así como sus perfiles de riesgo, dijo S&P.
Televisa controla 70 por ciento de la televisión abierta en el país, mientras América Móvil, a través de Teléfonos de México y Telcel, es proveedora de 80 por ciento de las líneas de telefonía fija y 70 por ciento de las de telefonía celular, respectivamente. Los efectos de la nueva regulación se harán presentes a largo plazo, por lo que no anticipamos cambios significativos en los perfiles de riesgo de Televisa y América Móvil, añadió.
Efecto en América Móvil
Standard and Poor’s consideró que la nueva regulación sobre América Móvil ejercerá presión en la generación de los ingresos de la compañía. Sin embargo, apuntó, la empresa tendrá capacidad de mantener su actual perfil de riesgo. La reducción de las tarifas que otras empresas pagan para conectarse a la red de América Móvil, parte de las disposiciones que emitió el Ifetel, tendrá un efecto mínimo, dado que esos cobros representan alrededor de uno por ciento de los ingresos que obtiene en México. En tanto, la prohibición para que aplique a los usuarios un cargo adicional por usar el servicio de telefonía móvil fuera del área en que contrató su línea, el llamado roaming, no tendrá un efecto significativo en sus ingresos.
“Si el regulador permite a América Móvil proveer el servicio de televisión en un futuro cercano, la compañía puede agrupar los servicios a través de paquetes del triple play (telefonía, televisión e Internet) y compensar la caída de los ingresos en su división de telefonía fija”, agregó.
Y en Televisa
En el caso de Televisa, la nueva regulación emitida por el Ifetel que obliga a la televisora a compartir su infraestructura y hacer transparentes sus tarifas de publicidad podría frenar su capacidad de fijar precios para la publicidad en un entorno de competencia con nuevos participantes. Sin embargo, apuntó, la fuerza de Televisa se encuentra en su capacidad de generar contenidos propios.
A su vez, la obligación que tiene Televisa de permitir que las televisoras por cable transmitan sus señales tendrá efecto limitado sobre sus finanzas, que se calcula en 2 por ciento de sus ingresos totales. También esperamos que el perfil de riesgo de Televisa permanezca en línea con nuestras expectativas en 2014. Mientras tanto, la unidad de telefonía móvil de Televisa, Iusacell podría beneficiarse como resultado del nuevo marco regulatorio, apuntó.
Las normas para Telmex son valientes para unos y abrumadoras para otros
La Jornada Nacional
Miriam Posada García
18 de marzo de 2014
Para algunos especialistas, la regulación impuesta por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) a Teléfonos de México (Telmex) como agente económico preponderante es abrumadora, aunque para otros es valiente, pero coinciden en que de cualquier forma es una oportunidad para que la empresa restructure su modelo de negocios.
Algunos opinan que podría convertirse en un portador de portadores, un proveedor mayorista de servicios de tráfico, pero para otros no es opción porque no todas las empresas le tendrían confianza para estar en sus manos, pero sí podría colocar los 5 millones de líneas fijas que desactivó desde 2008 para rentarlas o venderlas a nuevos entrantes a su red.
El director de la consultoría Mediatelecom Policy & Law, Jorge Fernando Negrete, dijo que la regulación del Ifetel para telefonía fija es exorbitante y se corre el riesgo de que con la desagregación de la red de Telmex se termine por subsidiar a otros operadores que dejarían de invertir.
Consideró que si se incurre en una sobrerregulación Telmex no entrará pronto en el negocio de televisión y su opción será convertirse en un portador de portadores, al usar su propia red para dar servicio mayorista de tráfico, como medida para obtener ingresos, mitigar el impacto de la regulación y de la caída de líneas fijas que ha experimentado la empresa desde hace algunos años, como ha ocurrido en todas las empresas de telefonía fija del mundo, las cuales han tenido que bajar costos y modificar condiciones de trabajo.
Negrete sostuvo que además de la transformación que debe tener Telmex, el sector telecomunicaciones debe consolidarse o de lo contrario no va a servir de nada la regulación, y los beneficios que les representan al resto de los operadores, como Maxcom o Axtel que tienen serios problemas financieros, o de descapitalización como Telefónica.
El especialista por el Tecnológico de Monterrey, Rogelio Bustamante Bello, señaló que ser portador de portadores no sería la mejor opción para Telmex porque no todos los operadores tendrían la confianza suficiente para tomar sus servicios, pero podría encontrar un nicho de negocio que compense el reducido margen de retorno que le dejará la desagregación de su red, al rentar los 5 millones de líneas fijas que ha perdido desde 2008 debido a que las cableras ya ofrecen ese servicio.
-Atribuciones del IFETEL
Tiene IFT proyecto sobre Uno TV
El Economista
Claudia Juárez Escalona
17 de marzo de 2014
El pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ya cuenta con un proyecto de resolución para analizar la legalidad de Uno TV, canal por Internet de Telmex, y en las próximas podría discutirlo y eventualmente resolver.
Adolfo Cuevas, comisionado del IFT, dijo que “lo que fue señalado a la autoridad es que Uno Tv es una violación del título de concesión y es lo que se va a analizar”.
“Se va a calificar estrictamente si hay una violación o no al título de concesión de la empresa”, precisó.
Explicó que ya está el proyecto para someterlo al pleno para resolución, pero por la atención prioritaria a la agenda constitucional no se ha abordado. Lo retomará pronto.
En cuanto a la investigación que realiza el Instituto acerca de la relación comercial entre Dish y Telmex, Adolfo Cuevas dijo que está en curso el análisis de la documentación que entregaron ambas empresas.
El año pasado trascendió, luego de un análisis al interior de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), en marzo del 2012, que cuatro unidades de la Comisión resolvieron que el servicio que ofrece Telmex a través de Internet no constituía un servicio de televisión restringida y que no requería ni de concesión, permiso o registro para su operación.
En febrero del año pasado, el pleno de la extinta Cofetel analizaría el caso de Uno TV; sin embargo, la Unidad de Supervisión y Verificación de la Comisión pidió al pleno posponer el análisis para hacer ajustes adicionales al proyecto, debido a la incorporación de más denuncias en contra del servicio de Telmex, a pesar de que el tema estaba listado para su discusión.
Grupo Iusacell, Televisión Azteca y el Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) presentaron ante la Cofetel una demanda en contra de Telmex: acusaban a la telefónica de violar su título de concesión, al transmitir la cobertura de los XVI Juegos Panamericanos en el sitio web Uno TV.
Promete IFT más poder para usuarios
Reforma
Notimex
17 de marzo de 2014
En enero pasado, la titular de la línea con número 55176373 decidió cancelar el servicio que le proveía Teléfonos de México (Telmex) desde 2008, debido a que en el mercado encontró una oferta triple play (teléfono, Internet y TV de paga) que además de tener un menor costo, le daba mayor valor agregado.
Pero a diferencia de las amplias facilidades que ofrece la empresa para contratar alguno de sus servicios, en su sitio de internet no existe información visible que pueda orientar al usuario en un procedimiento de cancelación.
La única alternativa para el usuario es recurrir al deficiente servicio de atención a clientes vía telefónica, donde los tiempos de respuesta pueden prolongarse hasta 40 minutos, sin que entre los ejecutivos que atienden haya criterios uniformes y precisos de cómo llevar a cabo el proceso.
A ello hay que sumar que el usuario es obligado a expresar un motivo que justifique su deseo de cancelar el paquete contratado; sin esta respuesta, es casi imposible avanzar en el proceso.
Los obstáculos son numerosos. Pese a que un usuario contrata en paquete un servicio, esto no le da derecho a que cancele de la misma forma, pues la empresa acude a prácticas abusivas como obligar al usuario a solicitar la baja de los servicios por separado.
El escenario se complica aún más, porque aunque el servicio de Dish se oferta, factura y se cobra en las sucursales de Telmex, su cancelación no es competencia de la telefónica, por lo que tiene que acudir a otra ventanilla.
Y en Dish tienen sus propias trabas como impedir que su servicio pueda ser cancelado antes de la fecha de corte. Para hacerlo se tiene que pagar por anticipado y dado que no ofrece una ventanilla en donde realizarlo, es necesario acudir a una sucursal Telmex.
Sin embargo, al acudir a la sucursal Telmex ubicada en Eje Central Lázaro Cárdenas, un ejecutivo de la empresa le dijo a la usuaria: “no vemos aquí ningún adeudo y Telmex no recibe pagos anticipados”.
De esta forma, Telmex y Dish atan al usuario pues mientras el primero argumenta requerir un folio de baja del servicio de televisión de paga, el segundo señala que no puede terminar un contrato antes de la fecha de corte.
El pasado 6 de marzo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) declaró que Telmex es un agente económico preponderante, es decir, que concentra más de 50 por ciento del mercado de la telefonía fija e internet, y como tal deberá cumplir con una serie de reglas.
En entrevista, la comisionada del IFT María Elena Estavillo dijo que todas las medidas impuestas, tanto a Telmex como a Telcel, están orientadas a mejorar la posición del usuario frente a los proveedores de servicios en el mercado de las telecomunicaciones.
“Lo que esperamos es darle al usuario más poder frente a los operadores, haciendo transparentes las condiciones del servicio que está recibiendo y eso lo hacemos poniendo reglas para la facturación, el desbloqueo de celulares, las tarifas de roaming nacional, todo va encaminado a que mejore la experiencia y decisiones del usuario”, señaló.
Las medidas que impuso el órgano regulador a Telmex entrarán en vigor a los 30 días naturales siguientes de su notificación, es decir, el próximo domingo 6 de abril.
“Estas medidas son de las más sencillas de llevar a cabo, pensamos que no representan una complicación mayor para el operador y que las puede realizar de forma inmediata”, subrayó la funcionaria.
A partir de la fecha señalada, la empresa propiedad de Carlos Slim deberá poner a disposición de sus suscriptores las mismas facilidades para la cancelación de los servicios que pone para la contratación de los mismos.
“No le vamos a decir al operador cómo hacer su negocio, que haga el trámite que se requiera para una contratación, pero con las mismas facilidades debe llevar las cancelaciones”, enfatizó la integrante del Pleno del órgano regulador.
El IFT también determinó que una vez solicitada la cancelación, de acuerdo a los medios que Telmex haya puesto a disposición de los suscriptores, éste deberá suspender el servicio y abstenerse de efectuar nuevos cargos. Lo anterior sin perjuicio de cobrar cualquier adeudo que el usuario tenga.
La venta de bienes o servicios distintos a telecomunicaciones no podrá constituirse en una causa por la cual el suscriptor no pueda cancelar los servicios de telecomunicaciones contratados, señala la resolución emitida por el instituto.
“Por ejemplo, si el usuario adquirió una computadora o una tableta y deja de pagarla no se deberá cancelar el servicio de telecomunicaciones, Sabemos que eso ha afectado a muchos consumidores, esa es una de las obligaciones que estamos imponiendo”, resaltó la comisionada.
La telefónica también está obligada a desglosar los conceptos cobrados o facturados al suscriptor, distinguiendo los asociados a servicios de telecomunicaciones prestados, de cualquier otro bien o servicio que no sea de telecomunicaciones o cualquier servicio prestado por otra empresa contratado y facturado.
En opinión de la comisionada Estavillo, si bien el primer gran paso a favor de los usuarios de servicios de telecomunicaciones es el establecimiento de reglas, la segunda fase es adoptar un riguroso sistema de vigilancia del cumplimiento de cada una.
“Para nosotros es un reto importante porque es un marco normativo nuevo; tenemos que aplicar nuestros propios procesos para estar dando seguimiento de manera que podamos actuar ágilmente y que estas obligaciones se hagan una realidad y beneficien al usuario”, finalizó.
La titular de la línea 55176373 finalmente dio de baja el servicio de internet el 19 de enero y hasta el 31 de ese mes logró hacer lo mismo con la línea telefónica, pero fue hasta el 17 de febrero cuando se hizo efectiva la desconexión.
Pese a que la usuaria fue informada que con la cancelación de la línea se concluía su relación con Telmex, el pasado 4 de marzo recibió otra mala sorpresa: todavía le debe a la empresa 175 pesos por llamadas de larga distancia que si bien tenía incluidas en su paquete, una vez que canceló el servicio de internet deberá pagar a peso el minuto.
El pasado viernes, la titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Lorena Martínez, llamó a las empresas de telefonía a desbloquear los derechos de los consumidores, a que ofrezcan servicios de calidad y mejoren los mecanismos de atención en beneficio de sus clientes.
El sector de las telecomunicaciones es de los que tienen un mayor número de quejas ante el organismo. Con datos a febrero de 2014, acumuló 5 mil 779, lo que representa 26 por ciento de la totalidad de reclamaciones recibidas en las oficinas de la Profeco.
Promete IFT más poder para usuarios
Mural
18 de marzo de 2014
Notimex
Cd. de México, México (17 marzo 2014).- En enero pasado, la titular de la línea con número 55176373 decidió cancelar el servicio que le proveía Teléfonos de México (Telmex) desde 2008, debido a que en el mercado encontró una oferta triple play (teléfono, Internet y TV de paga) que además de tener un menor costo, le daba mayor valor agregado.
Pero a diferencia de las amplias facilidades que ofrece la empresa para contratar alguno de sus servicios, en su sitio de internet no existe información visible que pueda orientar al usuario en un procedimiento de cancelación.
La única alternativa para el usuario es recurrir al deficiente servicio de atención a clientes vía telefónica, donde los tiempos de respuesta pueden prolongarse hasta 40 minutos, sin que entre los ejecutivos que atienden haya criterios uniformes y precisos de cómo llevar a cabo el proceso.
A ello hay que sumar que el usuario es obligado a expresar un motivo que justifique su deseo de cancelar el paquete contratado; sin esta respuesta, es casi imposible avanzar en el proceso.
Los obstáculos son numerosos. Pese a que un usuario contrata en paquete un servicio, esto no le da derecho a que cancele de la misma forma, pues la empresa acude a prácticas abusivas como obligar al usuario a solicitar la baja de los servicios por separado.
El escenario se complica aún más, porque aunque el servicio de Dish se oferta, factura y se cobra en las sucursales de Telmex, su cancelación no es competencia de la telefónica, por lo que tiene que acudir a otra ventanilla.
Y en Dish tienen sus propias trabas como impedir que su servicio pueda ser cancelado antes de la fecha de corte. Para hacerlo se tiene que pagar por anticipado y dado que no ofrece una ventanilla en donde realizarlo, es necesario acudir a una sucursal Telmex.
Sin embargo, al acudir a la sucursal Telmex ubicada en Eje Central Lázaro Cárdenas, un ejecutivo de la empresa le dijo a la usuaria: “no vemos aquí ningún adeudo y Telmex no recibe pagos anticipados”.
De esta forma, Telmex y Dish atan al usuario pues mientras el primero argumenta requerir un folio de baja del servicio de televisión de paga, el segundo señala que no puede terminar un contrato antes de la fecha de corte.
El pasado 6 de marzo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) declaró que Telmex es un agente económico preponderante, es decir, que concentra más de 50 por ciento del mercado de la telefonía fija e internet, y como tal deberá cumplir con una serie de reglas.
En entrevista, la comisionada del IFT María Elena Estavillo dijo que todas las medidas impuestas, tanto a Telmex como a Telcel, están orientadas a mejorar la posición del usuario frente a los proveedores de servicios en el mercado de las telecomunicaciones.
“Lo que esperamos es darle al usuario más poder frente a los operadores, haciendo transparentes las condiciones del servicio que está recibiendo y eso lo hacemos poniendo reglas para la facturación, el desbloqueo de celulares, las tarifas de roaming nacional, todo va encaminado a que mejore la experiencia y decisiones del usuario”, señaló.
Las medidas que impuso el órgano regulador a Telmex entrarán en vigor a los 30 días naturales siguientes de su notificación, es decir, el próximo domingo 6 de abril.
“Estas medidas son de las más sencillas de llevar a cabo, pensamos que no representan una complicación mayor para el operador y que las puede realizar de forma inmediata”, subrayó la funcionaria.
A partir de la fecha señalada, la empresa propiedad de Carlos Slim deberá poner a disposición de sus suscriptores las mismas facilidades para la cancelación de los servicios que pone para la contratación de los mismos.
“No le vamos a decir al operador cómo hacer su negocio, que haga el trámite que se requiera para una contratación, pero con las mismas facilidades debe llevar las cancelaciones”, enfatizó la integrante del Pleno del órgano regulador.
El IFT también determinó que una vez solicitada la cancelación, de acuerdo a los medios que Telmex haya puesto a disposición de los suscriptores, éste deberá suspender el servicio y abstenerse de efectuar nuevos cargos. Lo anterior sin perjuicio de cobrar cualquier adeudo que el usuario tenga.
La venta de bienes o servicios distintos a telecomunicaciones no podrá constituirse en una causa por la cual el suscriptor no pueda cancelar los servicios de telecomunicaciones contratados, señala la resolución emitida por el instituto.
“Por ejemplo, si el usuario adquirió una computadora o una tableta y deja de pagarla no se deberá cancelar el servicio de telecomunicaciones, Sabemos que eso ha afectado a muchos consumidores, esa es una de las obligaciones que estamos imponiendo”, resaltó la comisionada.
La telefónica también está obligada a desglosar los conceptos cobrados o facturados al suscriptor, distinguiendo los asociados a servicios de telecomunicaciones prestados, de cualquier otro bien o servicio que no sea de telecomunicaciones o cualquier servicio prestado por otra empresa contratado y facturado.
En opinión de la comisionada Estavillo, si bien el primer gran paso a favor de los usuarios de servicios de telecomunicaciones es el establecimiento de reglas, la segunda fase es adoptar un riguroso sistema de vigilancia del cumplimiento de cada una.
“Para nosotros es un reto importante porque es un marco normativo nuevo; tenemos que aplicar nuestros propios procesos para estar dando seguimiento de manera que podamos actuar ágilmente y que estas obligaciones se hagan una realidad y beneficien al usuario”, finalizó.
La titular de la línea 55176373 finalmente dio de baja el servicio de internet el 19 de enero y hasta el 31 de ese mes logró hacer lo mismo con la línea telefónica, pero fue hasta el 17 de febrero cuando se hizo efectiva la desconexión.
Pese a que la usuaria fue informada que con la cancelación de la línea se concluía su relación con Telmex, el pasado 4 de marzo recibió otra mala sorpresa: todavía le debe a la empresa 175 pesos por llamadas de larga distancia que si bien tenía incluidas en su paquete, una vez que canceló el servicio de internet deberá pagar a peso el minuto.
El pasado viernes, la titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Lorena Martínez, llamó a las empresas de telefonía a desbloquear los derechos de los consumidores, a que ofrezcan servicios de calidad y mejoren los mecanismos de atención en beneficio de sus clientes.
El sector de las telecomunicaciones es de los que tienen un mayor número de quejas ante el organismo. Con datos a febrero de 2014, acumuló 5 mil 779, lo que representa 26 por ciento de la totalidad de reclamaciones recibidas en las oficinas de la Profeco.
Usuarios de Telmex dejarán de sufrir abusos en abril
El Informador
17 de marzo de 2014
NTX/RCQ
En enero pasado, la titular de la línea con número 55176373 decidió cancelar el servicio que le proveía Teléfonos de México (Telmex) desde 2008, debido a que en el mercado encontró una oferta triple play (teléfono, Internet y TV de paga), que además de tener un menor costo, le daba mayor valor agregado.
Pero a diferencia de las amplias facilidades que ofrece la empresa para contratar alguno de sus servicios, en su sitio de Internet no existe información visible que pueda orientar al usuario en un procedimiento de cancelación.
La única alternativa para el usuario es recurrir al deficiente servicio de atención a clientes vía telefónica, donde los tiempos de respuesta pueden prolongarse hasta 40 minutos, sin que entre los ejecutivos que atienden haya criterios uniformes y precisos de cómo llevar a cabo el proceso.
A ello, hay que sumar que el usuario es obligado a expresar un motivo que justifique su deseo de cancelar el paquete contratado; sin esta respuesta, es casi imposible avanzar en el proceso.
Los obstáculos son numerosos. Pese a que un usuario contrata en paquete un servicio, esto no le da derecho a que cancele de la misma forma, pues la empresa acude a prácticas abusivas como obligar al usuario a solicitar la baja de los servicios por separado.
El escenario se complica aún más, porque aunque el servicio de Dish se oferta, factura y se cobra en las sucursales de Telmex, su cancelación no es competencia de la telefónica, por lo que tiene que acudir a otra ventanilla.
Y en Dish tienen sus propias trabas como impedir que su servicio pueda ser cancelado antes de la fecha de corte. Para hacerlo se tiene que pagar por anticipado y dado que no ofrece una ventanilla en donde realizarlo, es necesario acudir a una sucursal Telmex.
Sin embargo, al acudir a la sucursal Telmex ubicada en Eje Central Lázaro Cárdenas, un ejecutivo de la empresa le informó a la usuaria que “no vemos aquí ningún adeudo y Telmex no recibe pagos anticipados”.
De esta forma, Telmex y Dish atan al usuario pues mientras el primero argumenta requerir un folio de baja del servicio de televisión de paga, Dish señala que no puede terminar un contrato antes de la fecha de corte.
El pasado 6 de marzo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) declaró que Telmex es un agente económico preponderante, es decir, que concentra más del 50 por ciento del mercado de la telefonía fija e Internet, y como tal deberá cumplir con una serie de reglas.
En entrevista con Notimex, la comisionada María Elena Estavillo dijo que todas las medidas impuestas, tanto a Telmex como a Telcel, están orientadas a mejorar la posición del usuario frente a los proveedores de servicios en el mercado de las telecomunicaciones.
“Lo que esperamos es darle al usuario más poder frente a los operadores, haciendo transparentes las condiciones del servicio que está recibiendo y eso lo hacemos poniendo reglas para la facturación, el desbloqueo de celulares, las tarifas de roaming nacional, todo va encaminado a que mejore la experiencia y decisiones del usuario”, señaló.
Las medidas que impuso el órgano regulador a Telmex entrarán en vigor a los 30 días naturales siguientes de su notificación, es decir, el próximo domingo 6 de abril.
“Estas medidas son de las más sencillas de llevar a cabo, pensamos que no representan una complicación mayor para el operador y que las puede realizar de forma inmediata”, subrayó la funcionaria.
A partir de la fecha señalada, la empresa propiedad de Carlos Slim deberá poner a disposición de sus suscriptores las mismas facilidades para la cancelación de los servicios que pone para la contratación de los mismos.
“No le vamos a decir al operador cómo hacer su negocio, que haga el trámite que se requiera para una contratación, pero con las mismas facilidades debe llevar las cancelaciones”, enfatizó la integrante del Pleno del órgano regulador.
El Ifetetel también determinó que una vez solicitada la cancelación, de acuerdo a los medios que Telmex haya puesto a disposición de los suscriptores, éste deberá suspender el servicio y abstenerse de efectuar nuevos cargos. Lo anterior sin perjuicio de cobrar cualquier adeudo que el usuario tenga.
La venta de bienes o servicios distintos a telecomunicaciones no podrá constituirse en una causa por la cual el suscriptor no pueda cancelar los servicios de telecomunicaciones contratados, señala la resolución emitida por el instituto.
“Por ejemplo, si el usuario adquirió una computadora o una tableta y deja de pagarla no se deberá cancelar el servicio de telecomunicaciones, sabemos que eso ha afectado a muchos consumidores, esa es una de las obligaciones que estamos imponiendo”, resalta la comisionada.
La telefónica también está obligada a desglosar los conceptos cobrados o facturados al suscriptor, distinguiendo los asociados a servicios de telecomunicaciones prestados, de cualquier otro bien o servicio que no sea de telecomunicaciones o cualquier servicio prestado por otra empresa contratado y facturado.
En opinión de la comisionada Estavillo, si bien el primer gran paso a favor de los usuarios de servicios de telecomunicaciones es el establecimiento de reglas, la segunda fase es adoptar un riguroso sistema de vigilancia del cumplimiento de cada una.
“Para nosotros es un reto importante porque es un marco normativo nuevo, tenemos que aplicar nuestros propios procesos para estar dando seguimiento de manera que podamos actuar ágilmente y que estas obligaciones se hagan una realidad y beneficien al usuario”, finalizó.
La titular de la línea 55176373, finalmente dio de baja el servicio de Internet el 19 de enero y hasta el 31 de ese mes logró hacer lo mismo con la línea telefónica, pero fue hasta el 17 de febrero cuando se hizo efectiva la desconexión.
Pese a que la usuaria fue informada que con la cancelación de la línea se concluía su relación con Telmex, el pasado 4 de marzo recibió otra mala sorpresa: todavía le debe a la empresa 175 pesos por llamadas de larga distancia que si bien tenía incluidas en su paquete, una vez que canceló el servicio de Internet deberá pagar a peso el minuto.
El pasado viernes, la titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Lorena Martínez, llamó a las empresas de telefonía a desbloquear los derechos de los consumidores, ofrezcan servicios de calidad y mejoren los mecanismos de atención en beneficio de sus clientes.
El sector de las telecomunicaciones es de los que tienen un mayor número de quejas ante el organismo. Con datos a febrero de 2014, acumuló cinco mil 779, lo que representa 26 por ciento de la totalidad de reclamaciones recibidas en las oficinas de la Profeco.
Transparencia en telecom aplicará a partir del 6 de abril
El Sol de México
Notimex
18 de marzo de 2014
Ciudad de México.- La comisionada María Elena Estavillo afirmó que luego de que se declarara preponderantes a empresas de telecomunicaciones, todas las medidas impuestas, tanto a Telmex como a Telcel, están orientadas a mejorar la posición del usuario frente a los proveedores de servicios en el mercado.
“Lo que esperamos es darle al usuario más poder frente a los operadores, haciendo transparentes las condiciones del servicio que está recibiendo y eso lo hacemos poniendo reglas para la facturación, el desbloqueo de celulares, las tarifas de roaming nacional, todo va encaminado a que mejore la experiencia y decisiones del usuario”, señaló.
Las medidas que impuso el órgano regulador a Telmex entrarán en vigor a los 30 días naturales siguientes de su notificación, es decir, el próximo domingo 6 de abril.
“Estas medidas son de las más sencillas de llevar a cabo, pensamos que no representan una complicación mayor para el operador y que las puede realizar de forma inmediata”, subrayó la funcionaria.
A partir de la fecha señalada, Teléfonos de México deberá poner a disposición de sus suscriptores las mismas facilidades para la cancelación de los servicios que pone para la contratación de los mismos.
“No le vamos a decir al operador cómo hacer su negocio, que haga el trámite que se requiera para una contratación, pero con las mismas facilidades debe llevar las cancelaciones”, enfatizó la integrante del Pleno del órgano regulador.
El Ifetel también determinó que una vez solicitada la cancelación, de acuerdo con los medios que Telmex haya puesto a disposición de los suscriptores, éste deberá suspender el servicio y abstenerse de efectuar nuevos cargos. Lo anterior sin perjuicio de cobrar cualquier adeudo que el usuario tenga.
La venta de bienes o servicios distintos a telecomunicaciones no podrá constituirse en una causa por la cual el suscriptor no pueda cancelar los servicios de telecomunicaciones contratados, señala la resolución emitida por el instituto.
“Por ejemplo, si el usuario adquirió una computadora o una tableta y deja de pagarla no se deberá cancelar el servicio de telecomunicaciones, sabemos que eso ha afectado a muchos consumidores, esa es una de las obligaciones que estamos imponiendo”, resalta la comisionada.
La telefónica también está obligada a desglosar los conceptos cobrados o facturados al suscriptor, distinguiendo los asociados a servicios de telecomunicaciones prestados, de cualquier otro bien o servicio que no sea de telecomunicaciones o cualquier servicio prestado por otra empresa contratado y facturado.
En opinión de la comisionada Estavillo, si bien el primer gran paso a favor de los usuarios de servicios de telecomunicaciones es el establecimiento de reglas, la segunda fase es adoptar un riguroso sistema de vigilancia del cumplimiento de cada una.
“Para nosotros es un reto importante porque es un marco normativo nuevo, tenemos que aplicar nuestros propios procesos para estar dando seguimiento de manera que podamos actuar ágilmente y que estas obligaciones se hagan una realidad y beneficien al usuario”, finalizó.
El pasado viernes, la titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Lorena Martínez, llamó a las empresas de telefonía a desbloquear los derechos de los consumidores, ofrezcan servicios de calidad y mejoren los mecanismos de atención en beneficio de sus clientes.
El sector de las telecomunicaciones es de los que tienen un mayor número de quejas ante el organismo. Con datos a febrero de 2014, acumuló cinco mil 779, lo que representa 26 por ciento de la totalidad de reclamaciones recibidas en las oficinas de la Profeco.
Transparencia en telecom aplicará a partir del 6 de abril
El Occidental
Organización Editorial Mexicana
18 de marzo de 2014
Ciudad de México.- La comisionada María Elena Estavillo afirmó que luego de que se declarara preponderantes a empresas de telecomunicaciones, todas las medidas impuestas, tanto a Telmex como a Telcel, están orientadas a mejorar la posición del usuario frente a los proveedores de servicios en el mercado.
“Lo que esperamos es darle al usuario más poder frente a los operadores, haciendo transparentes las condiciones del servicio que está recibiendo y eso lo hacemos poniendo reglas para la facturación, el desbloqueo de celulares, las tarifas de roaming nacional, todo va encaminado a que mejore la experiencia y decisiones del usuario”, señaló.
Las medidas que impuso el órgano regulador a Telmex entrarán en vigor a los 30 días naturales siguientes de su notificación, es decir, el próximo domingo 6 de abril.
“Estas medidas son de las más sencillas de llevar a cabo, pensamos que no representan una complicación mayor para el operador y que las puede realizar de forma inmediata”, subrayó la funcionaria.
A partir de la fecha señalada, Teléfonos de México deberá poner a disposición de sus suscriptores las mismas facilidades para la cancelación de los servicios que pone para la contratación de los mismos.
“No le vamos a decir al operador cómo hacer su negocio, que haga el trámite que se requiera para una contratación, pero con las mismas facilidades debe llevar las cancelaciones”, enfatizó la integrante del Pleno del órgano regulador.
El Ifetel también determinó que una vez solicitada la cancelación, de acuerdo con los medios que Telmex haya puesto a disposición de los suscriptores, éste deberá suspender el servicio y abstenerse de efectuar nuevos cargos. Lo anterior sin perjuicio de cobrar cualquier adeudo que el usuario tenga.
La venta de bienes o servicios distintos a telecomunicaciones no podrá constituirse en una causa por la cual el suscriptor no pueda cancelar los servicios de telecomunicaciones contratados, señala la resolución emitida por el instituto.
“Por ejemplo, si el usuario adquirió una computadora o una tableta y deja de pagarla no se deberá cancelar el servicio de telecomunicaciones, sabemos que eso ha afectado a muchos consumidores, esa es una de las obligaciones que estamos imponiendo”, resalta la comisionada.
La telefónica también está obligada a desglosar los conceptos cobrados o facturados al suscriptor, distinguiendo los asociados a servicios de telecomunicaciones prestados, de cualquier otro bien o servicio que no sea de telecomunicaciones o cualquier servicio prestado por otra empresa contratado y facturado.
En opinión de la comisionada Estavillo, si bien el primer gran paso a favor de los usuarios de servicios de telecomunicaciones es el establecimiento de reglas, la segunda fase es adoptar un riguroso sistema de vigilancia del cumplimiento de cada una.
“Para nosotros es un reto importante porque es un marco normativo nuevo, tenemos que aplicar nuestros propios procesos para estar dando seguimiento de manera que podamos actuar ágilmente y que estas obligaciones se hagan una realidad y beneficien al usuario”, finalizó.
El pasado viernes, la titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Lorena Martínez, llamó a las empresas de telefonía a desbloquear los derechos de los consumidores, ofrezcan servicios de calidad y mejoren los mecanismos de atención en beneficio de sus clientes.
El sector de las telecomunicaciones es de los que tienen un mayor número de quejas ante el organismo. Con datos a febrero de 2014, acumuló cinco mil 779, lo que representa 26 por ciento de la totalidad de reclamaciones recibidas en las oficinas de la Profeco. (Notimex) – See more at: http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n3326541.htm#sthash.6SFt55HW.dpuf
IFT podrá medir la audiencia con aval del Legislativo
El Financiero
Ramiro Alonso
18 marzo 2014
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) podrá encargarse de la medición de las audiencias en el país, dado que ese indicador es un insumo indispensable en la industria de la radiodifusión audiovisual para vender publicidad, comentaron expertos.
Gabriel Sosa, especialista del sector, comentó que hace un par de semanas directivos de Nielsen expusieron ante el Consejo de Medición de Audiencias de Estados Unidos, un organismo creado por el Congreso de aquel país, que Televisa y TV Azteca han interferido de manera deliberada en el asunto de las mediciones de audiencias, después de que la empresa Nielsen-Ibope informó sobre un problema de fuga de información en junio de 2012.
“Me parece una propuesta muy interesante de analizar, tendría que venir expresamente la facultad en la Ley secundaria; creo que es bueno que haya mediciones de varias fuentes, que nadie tenga un monopolio tampoco de medir”, comentó Adriana Labardini, comisionada del IFT.
Consideró que México debe romper con prácticas o esquemas monolíticos que han permanecido en los mercados durante años, sólo que para ello es necesario que el Legislativo faculte al IFT con estas nuevas responsabilidades en la Ley secundaria de telecomunicaciones.
“Si también el IFT va a medir audiencias, bueno, pues para empezarnecesitaremos un centro tecnológico para monitorear contenidos y audiencias”, expuso.
“Todas estas cosas requieren una alta inversión en tecnología, no se trata sólo de contratar inspectores, ya ese esquema como de los 70s no es viable, si vamos a verificar una serie de temas de qué es lo que están pasando al aire, qué publicidad, qué contenidos, cuánto tiempo de publicidad, más calidad y más audiencias, pues ojalá nos pongan un centro de primer mundo que pueda tecnológicamente hacer todo esto”, expresó Labardini.
UN POCO DE HISTORIA
De acuerdo con una nota del periódico The Wall Street Journal, días después de que Nielsen adquiriera el control mayoritario de Ibope AGB en México, en junio de 2012, Televisa y Tv Azteca aprovecharon un problema de fuga de información por parte de la consultora para iniciar con una serie de denuncias civiles y penales en contra de los directivos de la firma de mediciones.
Días después, Mario San Román, director general de Tv Azteca informó que su facturación se dejaría de hacer en base a los puntos rating que alcance cada una de sus transmisiones y lo hará con base a costos por spots, después de que la metodología de medición de audiencias elaborado por Ibope resultó vulnerado.
Ibope, por su parte, emitió un comunicado en el que aseguraba que “este ataque a Ibope es también un atentado contra todos quienes formamos parte de la industria y las familias que colaboran voluntariamente en el estudio de medición de audiencias de televisión”, dijo Ibope el 18 de junio de 2012. En los últimos días Nielsen ha declinado hacer comentarios al respecto.
En marzo de 2013 la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) comentó que a través del Órgano Técnico Regulador de la Generación de Estimadores de Audiencia, se pondría en marcha
-Licitación de nuevas cadenas de TV
No “pintan” contenidos en nuevas cadenas de TV
El Universal
Irene Levy
18 de marzo de 2014
Vale la pena puntualizar algunos temas relacionados con las bases de licitación para las dos cadenas nacionales que estarán licitándose próximamente.
EL PROCESO. Está dividido en cuatro etapas. El prerrequisito para iniciar el proceso, es presentar la solicitud de opinión favorable en materia de competencia económica el 16 y 17 de junio ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL): Primera etapa (del 18 de junio al 19 de septiembre 2014): recepción de preguntas y respuestas y entrega de documentación al Instituto, como la propuesta y la garantía de seriedad.
Segunda etapa (9 de octubre al 19 de diciembre 2014): dictaminación y constancias de participación. Entrega de constancias y liberación de garantías a quienes no calificaron. Tercera etapa (22 de enero de 2015): Apertura de sobres con las ofertas de cobertura y económica. Cuarta etapa (a más tardar el 25 de marzo de 2015 en adelante): Emisión de fallo por el Pleno del IFETEL, pago de las contraprestaciones, entrega de títulos, presentación del informe al Testigo Social y publicación del mismo en el portal de Internet.
LA CONTRAPRESTACIÓN. Aún no se da a conocer el monto de la contraprestación, el IFETEL la publicará a más tardar el 15 de abril de este año. Hay que recordar que la reforma constitucional establece que la Secretaría de Hacienda tiene la facultad de emitir opinión no vinculante dentro de los 30 días posteriores a que el IFETEL la solicite. El tema con la contraprestación es que un monto muy alto, representará una enorme barrera de entrada adicional a la inversión que tendrán que hacer los ganadores.
FÓRMULA PARA DEFINIR AL GANADOR. Se calificará a los participantes a través de un sistema de puntos, en el que la oferta de cobertura tendrá un peso del 60% y la contraprestación un 40%. Creo que no se debió dar un peso tal alto a la parte económica, recordemos que la Constitución incorporó aquel principio dictado por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 26/2006 sobre el caso de la “Ley Televisa”, en el sentido de que en ningún caso el factor determinante para definir al ganador de la licitación será meramente económico. En mi opinión debieron haber incluido otros factores como los que menciono a continuación. ¿Acaso la cobertura no se traduce también en factor económico?
CONTENIDOS Y MULTIPROGRAMACIÓN. Desde luego que los participantes deberán presentar una oferta programática, pero no tiene valor en puntos, según las bases de licitación. Entiendo lo complicado que resulta que el Instituto decida qué contenidos son mejores o peores que otros. Pero no incluir en absoluto en el puntaje, a la programación, me parece un error. Tampoco se establece nada de producción independiente, ni de multiprogramación. Supongo que eso vendrá en la ley secundaria, pero creo que si ya tienen autorización las actuales televisoras, no veo por qué no incluir esto desde el inicio a los nuevos entrantes, a menos que vayan a dejar sin efectos, en el futuro, la famosa “toma de nota” que otorgó la Cofetel en su momento a las televisoras (concesionarias y permisionarias). Lo que es claro en el asunto de la multiprogramación, es que el terreno debe ser parejo.
TÍTULO NO CONVERGENTE. Según los documentos que ha subido el IFETEL a su sitio web, los títulos de concesión que se otorguen a los ganadores de las licitaciones de las nuevas cadenas de televisión no serán convergentes. Hasta ahora parece que el título será únicamente para el uso, aprovechamiento y explotación comercial de canales de transmisión para la prestación del servicio público de televisión radiodifundida digital. No permitirá, al menos en esta primera etapa, la prestación de servicios de telecomunicaciones. Los interesados tendrán, en su caso, que cumplir con los lineamientos que se expidan y con la ley secundaria –si algún día existe-.
USO DE INFRAESTRUCTURA DE TELEVISA. Mucho se ha dicho en relación a que los costos de los nuevos entrantes serán menores por el tema de la obligación que tendrá Televisa, como agente preponderante en televisión abierta, de compartirles su infraestructura (plantas transmisoras, derechos de vía, torres, sitios, mástiles, fuentes de energía). Sin embargo, la página 637 de la resolución de preponderancia a Grupo Televisa establece que tiene obligación de hacer disponible a los concesionarios de televisión su infraestructura, es decir, hasta que tengan la calidad de concesionarios podrán solicitar dicha infraestructura (por cierto, aquí dejaron fuera de la posibilidad de que los permisionarios de tv –al menos hasta que cambien su título por uno de concesión- utilicen la infraestructura de Televisa). Pero el asunto más relevante aquí es que las medidas de preponderancia son temporales, así que la infraestructura servirá a los nuevos entrantes solo al principio –time to market-; habrá que ver cómo acomoda el IFETEL esta medida de preponderancia, para que tenga verdadera utilidad.
EN LA SOBREMESA. El actual Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA), en el que descansan los permisos de buena parte de la televisión pública de nuestro país, es un organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Gobernación, sí, por soviético que parezca, así lo creó Felipe Calderón. La reforma constitucional establece que el OPMA será sustituido por otro organismo descentralizado que deberá constituirse ex profeso en la ley secundaria, y que tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro. De hecho, unos días antes de que se presentara el proyecto de iniciativa de reforma constitucional, la redacción decía que sería un órgano constitucional autónomo, pero no fue el caso. Así que uno pensaría que lo mejor es que se cree como organismo no sectorizado o, ya de perdida, vincularlo a la Secretaría de Educación Pública, ¿no? ¿Pues adivine usted qué pretenden hacer con este “nuevo” organismo? Todo indica que será un organismo descentralizado sectorizado… también a ¡Gobernación!…. sin palabras.
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