Mauricio Merino

La razón principal que motivó la reforma al Artículo 6º de la Constitución en julio del 2007 fue combatir la disparidad de interpretaciones y medios que se oponían al derecho de acceso a la información pública en las entidades federativas —y en la Federación. La reforma quería fijar un piso mínimo de obligaciones y garantías a favor de ese derecho fundamental, a fin de evitar que su cumplimiento quedara sujeto a la discrecionalidad de los funcionarios locales o federales. De ahí que ese cambio haya sido leído, en su momento, como un triunfo indiscutible para la transparencia del poder político en México.

Sin embargo, para cumplirse de veras era indispensable que los legisladores —federales y estatales— modificaran las leyes de transparencia en un plazo máximo de dos años con el propósito de armonizarlas con el nuevo mandato de la Constitución. Pero la mayoría de los representantes del pueblo no cumplieron con esa misión, sino que más bien la defraudaron en nombre de argumentos burocráticos opuestos de plano a la transparencia. Vueltos en contra de la Constitución, de sus principios y de sus fines, buena parte de esos legisladores —que no todos, por fortuna— ha convertido las buenas noticias del 2007 en los desengaños del 2010.

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