Alberto Aziz Nassif

13 de octubre de 2009

El conflicto que se desató con la negativa a dar la “toma de nota” a la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), bajo el argumento de que su elección interna tuvo inconsistencias graves, terminó con un decreto que liquida a la empresa Luz y Fuerza del Centro (LyFC). El SME ni siquiera sospechaba de la liquidación, estaban esperando el resultado de su audiencia en Los Pinos.
El problema de fondo es la legalidad de la decisión. De acuerdo con diversos juristas, existe un problema de legalidad en este caso, porque la materia de trabajo no desaparece, independientemente de quién sea el patrón. No es lo mismo que cuando se decide cerrar una empresa que produce chicles: en ese caso simplemente desaparece, pero aquí el servicio sigue. La pregunta importante es si los conflictos se resuelven de acuerdo con las reglas legales vigentes o de acuerdo con otro tipo de criterios. Había mecanismos legales para modificar las condiciones de la empresa y cambiar el contrato colectivo de trabajo, pero no se quiso emplear esa vía. En cambio, lo que vimos fue un golpe espectacular, por cierto, decisiones que hacen gobiernos con cierta debilidad para ganar imagen.

Nota Completa:
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