Por Miguel Ángel Granados Chapa / marzo de 2009

Revista Proceso (www.proceso.com.mx)

En una sociedad poco habituada al ejercicio de las libertades, el periodismo tiene que unir al vigor de su tarea informativa la fuerza de la convicción, pues de lo contrario se estrella contra los intereses creados cuando no con la indiferencia social, que es parte de la raquítica convivencia ciudadana, remanente del autoritarismo largamente padecido.

Así, al mismo tiempo que se esmera en ofrecer a sus lectores el resultado de investigaciones y reflexiones que develen lo oculto y lo impregnen de sentido, una publicación comoProceso, que nació como respuesta contra la violenta censura gubernamental, tiene que blandir además de sus propias armas, las del trabajo periodístico, las de la defensa jurídica de su derecho a decir, que es el de los lectores a leer información sustantiva que, aunque en ocasiones tenga la apariencia de pertenecer al ámbito de la vida privada, es en realidad asunto de interés público porque público es el escenario donde transitan sus protagonistas y público es el poder de que se valen.

No acaba de salir de un intrincado vericueto judicial montado por Marta Sahagún, cuando ya Proceso se enfrenta a otra forma de acoso judicial, esta vez más abiertamente peligroso porque implica la posibilidad de sanciones  que incluyen pena corporal: el gobernador de Colima presentó ante el Ministerio Público de su entidad, que depende de él, dos denuncias “contra quienes resulten responsables” de muy cabal información sobre la intolerable presencia del narcotráfico en la vida pública colimense, en el ejercicio del poder y en la disputa electoral.

Hace ya muchos años, en el tiempo en que se suponía capaz de reemplazar a su marido en el Poder Ejecutivo e inaugurar una época en que desaparecería la pareja presidencial, pues ella sola se bastaría para ejercerlo, como dispone la ley, la esposa de Vicente Fox demandó por la vía civil a Proceso, por dar cabida a un notable reportaje de la periodista Olga Wornat, que incluyó documentos sobre la anulación del matrimonio eclesiástico de la señora originalmente casada con Manuel Bribiesca. Indebidamente, por que el daño moral sólo se produce cuando procede de actos ilícitos –la publicación de un anónimo, por ejemplo, carente de los registros legales que le dan identidad—un juez dio entrada a la demanda, evidentemente presentada no por una señora común y corriente sino potenciada por su condición de cónyuge del Presidente de la república, según este mismo reconoció sin ambages. Tampoco debió ser admitida tal demanda porque no se entró en la intimidad de la persona afectada. Lo que se hizo fue dar mayor publicidad que la que por su propia naturaleza estaba destinada a tener, a un documento en que la antigua señora de Bribiesca se explayó en narrar las vicisitudes de su vida de pareja, antes y durante la duración del matrimonio que consiguió anular. El documento estaba dirigido a muchos ojos, los que tenían participación en el procedimiento judicial eclesiástico, y por ello no era reservado. No era un diario que sólo la presunta dañada escribiera y leyera, y que fuera objeto de un latrocinio o una infidencia.

Sin embargo, el proceso judicial condenó a la periodista por afectar la reputación de la esposa del Presidente ¡a partir de un texto redactado por ella misma y entregado a varias personas para que lo conocieran! ¡Un retrato trazado por ella misma, por lo cual no cabría esperar una deformación de su imagen que resultara lesiva de su honra! Proceso, por su parte, fue exonerado porque el juez consideró que se había limitado a portar el mensaje que provocó el daño moral.

Esta parte del resultado de su pretensión, el que no se condenara al semanario en igual o semejante medida en que se hacía con la periodista llevó a la demandante al juicio de amparo, cuya revisión reposó durante largos meses en los escritorios del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, encabezado por el magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata, uno de los siete integrantes de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a quienes, con fundada razón, ampliamente documentada, José Antonio Crespo consideró responsables del fraude con que concluyó la elección presidencial de 2006.

La causa de la demora consistió en que ese juicio, su abordamiento por la Judicatura federal, iba a desembocar en la fijación de un criterio con arreglo al cual se resolvieran otras demandas contra periodistas encausados por practicar su oficio o rendir testimonio de hechos que les constan. Ese criterio consistiría no en conciliar derechos humanos que en una democracia pueden ser y son compatibles, sino en imponer el valor de uno por encima de otro, con las consecuencias funestas de tal postergación. La sentencia que muy probablemente iba a ser aprobada el jueves 19 (cuando el asunto estaba en la lista de los expedientes a revisar) valoraría en más el derecho a la intimidad que el de los ciudadanos a saber y el de los periodistas a comunicar, algo contrario a principios firmes del derecho internacional de los derechos humanos.

Eso significaba, en el caso concreto, que triunfaran las pretensiones silenciadoras de la señora Sahagún frente a Olga Wornat y Proceso, que también sería sancionado. Y para la sociedad en su conjunto, la apertura de un grave riesgo, la inhibición de las libertades de informar y de publicar, con las consecuencias funestas que ello implica para la convivencia democrática en que nos afanamos no siempre con éxito. Por fortuna, antes de que el asunto concluyera en la jurisdicción del tribunal colegiado, la Suprema Corte le dio aviso de que, por su probable trascendencia, examinará el caso y eventualmente lo atraería. En buena hora ocurra esto último, pues las repercusiones sociales de la sentencia que se dicte ameritan que el asunto sea discutido abiertamente por el pleno del máximo tribunal, ante las cámaras del canal judicial y no en la discreta penumbra de un colegiado de rango inferior.

Una semana antes de este suceso, el viernes 13, se inició otro que, como dije arriba, puede tener consecuencias aun más graves que las decisiones resultantes de la iniciativa judicial de la esposa del expresidente de la República. En un rasgo supremo de inverecundia, el gobernador de Colima, Jesús Silverio Cavazos Cevallos presentó ante su empleado, el procurador de justicia de esa entidad, Arturo Díaz Rivera, dos denuncias por la publicación del reportaje titulado Colima: todos están en el narco, aparecido en el número 1687 de este semanario, que comenzó a circular el domingo primero de marzo.

   Aunque el Ejecutivo local pretendió que las denuncias corresponden una a su condición de persona particular y otra a su carácter de representante del pueblo colimense, a quien consideró agraviado con la publicación de un texto basado en expedientes judiciales y reportes de oficinas gubernamentales de inteligencia. Sin embargo, al día siguiente del trámite ministerial convocó en su carácter de gobernador a una conferencia de prensa para hablar de la doble vertiente en que supone discurrirá el procedimiento. Cavazos Cevallos se hizo acompañar por su señora esposa, por la secretaria de Gobierno y por los abogados contratados exprofeso, que es de suponerse serán pagados por la oficina del gobernador, con recursos públicos. El político colimense arguyó que “no se vale que se hagan imputaciones sin ningún fundamento” y que “no es correcto que sin elementos fehacientes y tan sólo con elucubraciones (sic) personales de alguien que se dedique al periodismo pueda dañar la imagen pública de persona alguna”. El reportaje no incluyó imputación alguna a su persona. Sólo refirió que dos de sus hermanos han tenido problemas judiciales por su relación con delitos contra la salud.

Otras personas mencionadas en el reportaje buscaron simplemente desmentir. Si bien se reservaron de modo expreso su derecho a iniciar acciones legales, el senador Rogelio Rueda Sánchez, la señora Isaura Anguiano Chávez y Rafael Ordorica Suárez escribieron a Proceso expresando su inconformidad y disgusto por su inclusión en el material periodístico impugnado. En cambio, el gobernador decidió hacer uso de su poder para iniciar un procedimiento de carácter penal, cuya averiguación previa será realizada por el Ministerio Público encabezado por el procurador que depende del denunciante y ventilado ante un Poder Judicial que, a la antigua usanza, que es la misma de hoy en los gobiernos locales priistas, está en último término sometido también al gobernador.

Nadie se asombrará de que procedimientos penales sesgados de origen concluyan en sentencias contra quienes resulten responsables de los actos denunciados por el gobernador. Pero conocer de antemano el desenlace no significa que debamos pasivamente esperarlo y padecerlo. Declarémoslo desde hoy inadmisible y luchemos, no sólo en esta casa sino en los ámbitos más anchos del periodismo en general, contra una agresión que en cualquier momento, por cualquier motivo, en cualquier estado, puede dirigirse a cualquiera de nosotros, oficiantes de la prensa