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El IFAI en la FIL de Guadalajara

Excélsior

Francisco Javier Acuña

08 de diciembre de 2013

 

La FIL de Guadalajara, el máximo evento cultural del continente americano, refleja el pulso (la sístole y la diástole) del empeño democrático nacional. En ese escaparate de novedades editoriales, acuden los referentes del pensamiento contemporáneo, intercambian reflexiones y vislumbran nuevas rutas para consolidar los remedios pacíficos a los enormes desafíos nacionales, y a pesar de las enormes medidas de seguridad que se tomaron cuando fue inaugurada, la FIL da desde hace años nicho a la transparencia cual termómetro de los latidos promisorios de la República.

 

Inevitablemente, repercuten en la FIL las resonancias paralelas de las jornadas parlamentarias del Congreso de la Unión que van —todo lo indica— directas a cristalizar las reformas: la Político-Electoral y, todo y todas para asegurar, la Energética (la madre de todas las expectativas y ambiciones nacionales y nacionalistas), por tanto, los nuevos escenarios del IFAI como nuevo órgano garante transversal de la transparencia nacional.

 

Mientras pasan los trámites finales de la aprobación de la reforma constitucional, la COMAIP y el IFAI no pueden perder tiempo, y eso parece que lo tienen claro y han de ser fieles centinelas de la asimilación de las nuevas reglas.

 

Mediante seminarios y encuentros entre el IFAI, su actual pleno y estructura, la COMAIP, las principales organizaciones de la sociedad civil como Fundar, Transparencia Mexicana, Artículo 19, la Red Rindan Cuentas, académicos del CIDE, la UNAM, otras instituciones de enseñanza superior y una lista de organizaciones de la sociedad civil, con tenacidad, han estado reclamando un escenario más consistente en la redacción infraconstitucional.

 

Así las cosas, falta ver cómo aterrizarán los alcances de estas ansiadas transformaciones que, al margen de polémicas, han sido la racha más fructífera de reformas urgentes e importantes que no habíamos podido sacar desde hace 20 años.

 

Los beneficios democráticos de este impresionante paquete de reformas estratégicas deben cuajar en leyes secundarias, salvándose de quedar aplazadas o descafeinadas de sus alcances más benéficos (según los consensos de senadores y diputados).

 

En ese contexto, se debe reconocer el papel de la COMAIP en favor de los equilibrios que posibilitan la subsistencia de la causa de la transparencia, por lo que el libro de Miguel Castillo, ex presidente de la COMAIP, que explica diez años de esa conferencia, es un legado. En breve culminara su mandato de comisionado del órgano de Yucatán, seguro tendrá mucho más que hacer por la causa desde otras trincheras. Adelante que falta mucho…

 

 

Ley SOPA del PRI va contra administradores de sitios: Amprofon

El Economista

Julio Sánchez Onofre

8 de diciembre de 2013

 

La iniciativa de ley del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el poder, que busca detener la distribución de contenidos en línea que infrinjan derechos de autor y propiedad intelectual, no pretende castigar a los usuarios de Internet que descarguen el contenido sino a los administradores de los sitios que lo alojen y distribuyan, aseguró Gilda González Carmona, directora general de la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas (Amprofon).

 

“En la ley, como está en la iniciativa (del PRI), en ningún momento dice que la descarga (del contenido protegido) la esté sancionando. Está diciendo que aquél que (la) pone a disposición y nada más si está administrando un sitio. Deja fuera redes sociales, correos electrónicos, blogueros”, afirmó González Carmona en entrevista telefónica.

 

Esta propuesta, presentada el 3 de diciembre por el coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y rubricada por los diputados Aurora Denisse Ugalde Alegría y Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, ha sido calificada como una versión mexicana de la Stop Online Piracy Act (SOPA) de Estados Unidos, pues contempla el castigo a infractores con el bloqueo al acceso a Internet, multas y cárcel.

 

En el documento presentado por el PRI se plantean sanciones administrativas por parte del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) de 30 hasta 20,000 días de salario mínimo (1,893 a 1.26 millones de pesos) a los infractores, así como acciones penales que van de seis meses a seis años y 3,000 días de salario mínimo (189,360 pesos) a los administradores de un sitio que distribuya contenido presuntamente objeto de infracción.

 

“Si no eres el administrador del sitio que está poniendo a disposición del sitio, no veo por qué tú como usuario podrías ser sancionado. Penalmente tiene que estar tal cual está la redacción (de la iniciativa). Yo lo veo en el contexto de qué conducta estás haciendo. Si el dueño de un sitio pone a disposición enlaces a esos archivos, entonces voy contra esa persona. No (contra) aquél que hace el link, o aquél que entró al sitio”, argumentó González Carmona, también presidenta ejecutiva de la Coalición por el Acceso Legal a la Cultura (CALC).

 

Este argumento crea escepticismo en la comunidad de internautas. En una carta publicada por la Fundación Wikimedia, que encabeza proyectos de acceso libre al conocimiento y colaboración como Wikipedia, advirtió que la iniciativa del PRI presenta ambigüedades que representarían “un riesgo legal innecesario a cientos de personas que participamos en proyectos de cultura libre y de interés colectivo”.

 

Wikimedia cita la propuesta de adicionar una fracción IV al Artículo 424 del Código Penal Federal para imponer de seis meses a seis años de cárcel “al administrador de un sitio en internet que ponga a disposición del público en general, enlaces o archivos electrónicos que permitan la reproducción, distribución o la comunicación pública de obras protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor, sin contar con la debida autorización del titular de los derechos”.

 

El argumento que expone en la misiva el presidente de Wikimedia México, Iván Martínez, es que la naturaleza de proyectos como Wikipedia se basa en la inserción de enlaces de archivos protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor, basados en el conocido derecho de cita y con la prohibición de incluir contenidos plagiados.

 

Dada la naturaleza colectiva de Wikipedia, existe potencial de uso de enlaces que pongan contenido a disposición de los usuarios sin que esto sea necesariamente un delito o menoscabe los derechos de autor.

 

“La propuesta de ley tal cual está expuesta simplemente imposibilitará la existencia de proyectos como el nuestro en territorio mexicano, ya que el movimiento Wikimedia y la Fundación Wikimedia no cuentan con los recursos humanos, financieros o tecnológicos que puedan monitorear dichos enlaces. Amén de que en otros países como los que ustedes (los legisladores Ugalde y Gutiérrez de la Garza) citan en la propuesta de ley han considerado que el hecho de enlazar no es en sí mismo un delito”.

 

En estos casos, González Carmona argumenta que en la iniciativa existe el mecanismo de enviar un aviso preventivo a quien presuntamente cometa una infracción. Pero el texto de la iniciativa agrega que este aviso “es independiente y no es un requisito previo para la sustanciación del procedimiento administrativo”.

 

La Amprofon y otras representaciones de la industria editorial, cinematográfica y del entretenimiento han sido promotoras de este tipo de regulaciones en Internet que sancionan la distribución de producciones protegidas con derechos de autor.

 

Ley SOPA del PRI allana camino al TPP 

El Economista

Julio Sánchez Onofre

7 de diciembre de 2013

 

La nueva iniciativa de ley que penaliza con cárcel la distribución de contenidos en línea que infrinjan derechos de autor y propiedad intelectual acompaña las normativas que exige la integración de México al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por su sigla en inglés), un tratado multinacional cuyas discusiones se realizan con la máxima secrecía para los ciudadanos de los países involucrados.

 

Este acuerdo ha sido criticado por sus negociaciones poco transparentes pero gracias a documentos filtrados en Wikileaks, un sitio de transparencia internacional dirigido por el activista Julian Assange, se ha descubierto que busca endurecer la protección de la propiedad intelectual, incluyendo las plataformas digitales.

 

“Sin duda (la iniciativa de ley) es una reacción tanto a los requerimientos que en el futuro cercano, 2014 y 2015, vamos a necesitar para entrar al TPP”, dijo Manuel Valencia, director de Programas Académicos de Negocios Internacionales del Tec de Monterrey, Campus Santa Fe, en entrevista telefónica.

 

El 3 de diciembre, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, presentó una iniciativa de ley rubricada por los diputados Aurora Denisse Ugalde Alegría y Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza que en esencia una versión mexicana de la Stop Online Piracy Act (SOPA) de Estados Unidos, que generó repudio internacional y fue bloqueada en el 2012.

 

La iniciativa propone sanciones administrativas por parte del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) de 30 hasta 20,000 días de salario mínimo (1,893 a 1.26 millones de pesos) a los infractores, así como acciones penales que van de seis meses a seis años y 3,000 días de salario mínimo (189,360 pesos) a los administradores de un sitio que distribuya contenido presuntamente objeto de infracción.

 

Manuel Valencia, del Tec, consideró que este tipo de legislaciones serán necesarias e inevitables ante el crecimiento de la oferta de productos digitales que cobran por el consumo de contenidos.

 

“Van a haber intereses económicos importantes, ya va a haber mucha competencia de empresas que hagan negocios en línea”, dijo.

 

Para María Elena Meneses, coordinadora de la Cátedra Sociedad de la Información del Tec de Monterrey, es criticable que se busque dar un trato similar a todos los que realizan descargas de Internet.

 

“No puedes comparar a un traficante de medicamentos con un muchacho que descarga una canción. Eso, metodológicamente, es improcedente. No lo puedes comparar”, dijo la catedrática.

 

Para Manuel Valencia, la iniciativa del PRI puede interpretarse como un “coqueteo” con Estados Unidos y a sus intentos por tener mayor acceso a las redes de información y comunicación.