Por: Ana Vicencio

Desde la detención y acusación de “terrorismo equiparado y sabotaje” a dos tuiteros veracruzanos que difundieron en Internet información falsa sobre supuestos ataques a escuelas, el tema de la libertad de expresión en la red volvió a ponerse sobre la mesa. El 24 de octubre se llevó a cabo en el Senado el foro “El Papel de Internet en un Contexto de Violencia en México”, convocado por el senador perredista Francisco Javier Castellón Fonseca.

Mientras que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisa la demanda de inconstitucionalidad emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la reforma del artículo 373 del Código Penal del Estado de Veracruz, con la que se pretende castigar con prisión a quien “afirme falsamente” la existencia de explosivos o ataques ocasionando la “perturbación del orden público”, legisladores, académicos y expertos en tecnologías coincidieron en que la libertad de expresión en Internet no se debe limitar.

Para el Congreso de Veracruz, la propagación de falsedades a través de las nuevas tecnologías de la comunicación es un “comportamiento antisocial” que no puede ampararse en la libertad de expresión porque la Constitución acota esta garantía en el caso de que se perturbe el orden público.

Aquí pueden entrar sinnúmero de consideraciones. De entrada, el delito de “perturbación del orden público” requiere definir lo que significa perturbar. La subjetividad en la interpretación podría llevar a aplicaciones arbitrarias con gobiernos que, a opinión de Castellón Fonseca, prefieren ocultar la información antes que perder su prestigio.

Dadas las condiciones de violencia en las que vivimos podemos decir que el orden público ya está trastocado. Los ciudadanos con miedo y ausencia de cobertura informativa han utilizado las herramientas a su alcance, en este caso las redes sociales, para cumplir su necesidad de informar sobre lo que sucede en su entorno, y como se concluyó en el foro, protegerse de los actos de violencia que hoy ocurren en nuestro país todos los días.

“Internet no genera violencia sino que refleja lo que pasa en la sociedad”, dijo en el foro Manuel Tamez, jefe de Asuntos Gubernamentales, Política Pública y Responsabilidad Social de Google México.

La libertad con la que se trabaja en Internet y el espíritu que la impulsó en su origen exigen libertad en su uso y aprovechamiento. Ciertamente el uso de la herramienta debe ser regulado y acotado en algunos casos (como con la protección de datos personales o la prohibición de la pornografía infantil, por decir algunos), pero en medida de lo posible es necesario defender que la plataforma mantenga un ejercicio democrático de la información, más en estos tiempos de incertidumbre. Como concluyó el foro, cualquier regulación para Internet tiene la difícil tarea de proteger los derechos de los usuarios al tiempo de garantizar la máxima libertad de expresión.

¿Qué hacer para mantener el orden público? La respuesta por supuesto no es sancionar el uso de las redes sociales y podría llevarse hasta replantear el actuar del gobierno y los poderes que controlan el país. En el tema que nos compete, la educación para la recepción crítica es una herramienta mucho más efectiva que tapar la boca.