Por: Ana Vicencio

Una nueva ley de medios, por Felipe Vicencio Álvarez, es el primer artículo del Informe de Medios de Comunicación y Derecho a la Información en Jalisco 2010 del Quid.

En este artículo, Vicencio recoge los puntos más importantes de la iniciativa de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales que se presentó en las cámaras de diputados y senadores en abril de 2008.

Este proyecto de ley, consecuente con la convergencia, conjuga la Ley de Radio y Televisión y la de Telecomunicaciones en un intento más por emprender una reforma legal adecuada que cubra la obsolencia de estas leyes y la invalidez de algunas de sus disposiciones.

Entre los principales aportes de la iniciativa, que Felipe Vicencio recoge en su artículo, se encuentra la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, un órgano con real autonomía, a diferencia de la actual COFETEL, que pueda regular el sector de manera independiente alejado de los intereses de las televisoras y la autoridad en turno.

Para fomentar un trato equitativo, con derechos y certidumbre para todos los explotadores del espectro, uno de los cambios más relevantes es homologar la figura de concesión para todos los usos, con o sin fines de lucro. Los medios comunitarios y estaciones indígenas se reconocen y se permite que las asignaciones de uso público y social puedan recibir ingresos por publicidad para favorecer su viabilidad financiera.

Los medios de Estado se definieron en la propuesta, y para evitar convertirlos en propagandistas del gobierno, se obliga constituir organismos públicos descentralizados que aseguren su autonomía editorial y de gestión.

A los concesionarios se les obliga a someterse a una evaluación al final del periodo de su concesión y a recibir un refrendo sólo si el cumplimiento de los requisitos se encuentra en igualdad de circunstancias que otros participantes. Además, para evitar la concentración, se toman medidas como evitar que un operador dominante en una región adquiera más frecuencias, que un operador de televisión adquiera frecuencias para radio o viceversa.

El contenido de la programación debe coincidir con los propósitos de la Constitución (como evitar la apología de la violencia, promover la tolerancia, la equidad de género y la no discriminación), además de considerar las necesidades de los niños. En publicidad, por ejemplo, se prohíbe en horarios infantiles transmitir comerciales de productos alimenticios que no tengan la autorización de la Secretaría de Salud.

Los concesionarios tienen la obligación de que al menos la mitad de su programación sea de producción nacional y al menos 20% de productores independientes, de incorporar el sistema de subtitulación para personas con discapacidad y de poner a disposición del público un código de ética y un defensor de la audiencia.

Finalmente, la propuesta garantiza por primera vez un procedimiento eficaz para ejercer el derecho de réplica.

Como era de esperarse, el poder mediático reaccionó ante la propuesta. Algunos legisladores, atendiendo a las órdenes de Televisa, promovieron un ajuste parcial que seguía intentando ofrecer a las televisoras un refrendo automático. Más tarde, el inicial apoyo de los grupos parlamentarios del PAN desapareció, alegando que necesitaban más tiempo para analizar la propuesta. Con los procesos electorales en puerta parece imposible, al menos en esta legislatura, retomar la iniciativa.

Para Vicencio, no puede concebirse una “Reforma de Estado” si se pasa por alto el poder de las empresas mediáticas, si no se legisla para acotar su papel en la sociedad y se faculta al gobierno para recuperar la conducción de la política en materia de medios. El nuevo Congreso Federal llegará con esta tarea pendiente.

Para leer el artículo completo consulta el informe del Quid 2010 en este blog.