Tema: Libertad de expresión

Subtema: Agresiones contra periodistas o medios

 

Piden pena de muerte a cinco por asesinato de periodista en Estambul

Milenio

AFP

16 de noviembre de 2018

Informativo

 

El fiscal general saudita pidió la pena de muerte para cinco acusados del asesinato del periodista Jamal Khashoggi, “drogado, asesinado y descuartizado” en el consulado saudita de Estambul, aunque eximió de toda culpa al príncipe heredero Mohamed bin Salmán.

El asesinato el 2 de octubre del periodista, crítico del poder saudita y colaborador del Washington Post, se convirtió en un escándalo de nivel mundial.

Estados Unidos anunció sanciones económicas contra 17 responsables sauditas implicados en este asesinato, entre ellos personas cercanas al príncipe heredero Mohamed bin Salmán así como el cónsul general en Estambul, Mohammed Al Otaibi.

​Según el portavoz de la fiscalía, Khashoggi fue asesinado tras haber sido drogado en el consulado saudita en Estambul, donde los cinco acusados lo descuartizaron.

El príncipe heredero, apodado “MBS”, no estaba al tanto del caso, afirmó el fiscal general y portavoz, Shaalan al Shaalan, en respuesta a la pregunta de un periodista.

El subdirector de los servicios de inteligencia, general Ahmed al Asiri había ordenado que Khashoggi fuera llevado a Arabia por las buenas o por las malas. Pero el jefe del equipo de “negociadores” enviados al lugar ordenó matarlo.

Los restos del periodista de 59 años fueron luego entregados a un agente en el exterior del consulado, agregó Shaalan, citado por la agencia de noticias oficial SPA.

Sobre 21 sospechosos, el fiscal general ha inculpado hasta ahora a 11 que comparecerán ante la justicia y pidió pena de muerte para cinco.

Por su lado, el ministro saudí de Exteriores Adel Al Jubeir dijo a la prensa que el príncipe heredero no tiene “nada que ver” con el asesinato de Khasshoggi.

El departamento de Estado estadounidense evaluó que estas primeras acusaciones son “un buen primer paso” en “la buena dirección”, al tiempo que urgió a Riad a continuar con la pesquisa.

 

Libertad de expresión

Agresiones contra periodistas o medios

 

Arabia pide pena de muerte para asesinos de Jamal Khashoggi

Excélsior

AP

15 de noviembre de 2018

Informativo

 

La fiscalía de Arabia Saudí anunció el jueves que buscará la pena de muerte para cinco individuos acusados de matar al periodista disidente Jamal Khashoggi en el consulado del país en Estambul, mientras Estados Unidos procedía a sancionar a 17 funcionarios saudíes, que dijo que estaban involucrados en el asesinato.

El anuncio parece un intento de distanciar del crimen al príncipe heredero Mohammed bin Salman, quien ha sido blanco de una lluvia de críticas a nivel internacional por la muerte.

La decisión de exigir la pena de muerte, anunciada por el fiscal general saudí Saud al-Mojeb, no es algo inusual en el país.

Entretanto en Washington, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra 17 funcionarios saudíes a los que considera responsables o cómplices del crimen. Entre ellos están: Saud al-Qahtani, uno de los más estrechos asesores del príncipe heredero, y Mohammed al-Otaibi, el diplomático a cargo del consulado saudí en Estambul donde Khashoggi fue asesinado. También fue mencionado Maher Mutreb, miembro del séquito que acompaña al príncipe en sus viajes al extranjero.

Ante la intensa presión internacional, la fiscalía mencionó también a dos hombres que son parte del entorno íntimo del príncipe heredero, aunque no llegó al punto de acusarlos directamente de haber organizado el crimen. En lugar de ello, se les acusa de haber ordenado el retorno forzado de Khashoggi como parte de un operativo que, según los saudíes, simplemente salió mal.

En una conferencia de prensa poco después el jueves, el jeque Shalan al-Shalan, portavoz de la fiscalía, dijo que el crimen cometido el 2 de octubre fue bajo órdenes de un hombre que era responsable de enviar al escuadrón encargado de traer a Khashoggi de vuelta a Arabia Saudí a la fuerza.

No reveló el nombre de ese individuo, pero dijo que era parte de un escuadrón de 15 personas dividido en tres: unos para negociar, otros para recabar inteligencia y otros encargados de logística.

en la mañana del crimen, el capitán del grupo negociador se dio cuenta de que no iban a poder traer a Khashoggi a la fuerza “por lo cual decidió matarlo en el lugar”.

Ello parece contradecir una declaración saudí anterior, que citaba como fuente a la inteligencia turca, de que el asesinato fue premeditado.

Al-Shalan dijo que los asesinos de Khashoggi comenzaron a tramar el complot el 29 de septiembre, tres días antes del crimen. Afirmó que los asesinos drogaron y mataron al escritor dentro del consulado, lo desmembraron y entregaron los restos a un cómplice no identificado para que se deshiciera de ellos. Los restos no han sido hallados.

El lúgubre fin de Khashoggi, quien como columnista del Washington Post era un mordaz crítico de la monarquía saudí, causó controversia alrededor del mundo y suscitó sospechas de que un operativo de semejante envergadura no pudo haberse realizarse sin por lo menos la anuencia del príncipe heredero.

Turquía no quedó convencida por las explicaciones saudíes.

No consideramos que estas explicaciones hayan sido satisfactorias”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu.

Los que dieron las órdenes, los verdaderos culpables, tienen que ser descubiertos. A este proceso no se le puede poner fin así”, agregó.

El gobierno turco exige que los sospechoso sean enjuiciados en Turquía.

 

Libertad de expresión

Agresiones contra periodistas o medios

 

Buscan pena de muerte para 5 implicados en caso Khashoggi

El Universal

AFP y EFE

16 de noviembre de 2018

Informativo

 

Riad.— El fiscal general saudita pidió ayer la pena de muerte para cinco acusados en el caso del asesinato del periodista Jamal Khashoggi, “drogado, asesinado y descuartizado” en el consulado saudita de Estambul, pero eximió de toda culpa al poderoso príncipe heredero. Estados Unidos calificó de “un paso en la buena dirección” las acusaciones.

El asesinato —el 2 de octubre— de este periodista, crítico del poder saudita y colaborador —entre otros— del diario The Washington Post, se ha convertido progresivamente en un escándalo planetario.

Este jueves, EU anunció sanciones económicas contra 17 responsables sauditas implicados en este asesinato, entre ellos personas cercanas al príncipe heredero Mohamed bin Salmán, así como el cónsul general en Estambul, Mohammed Al Otaibi.

Las sanciones suponen la primera respuesta concreta del gobierno del presidente Donald Trump al crimen de Khashoggi. El secretario de Estado de EU, Mike Pompeo, aseguró en un comunicado que algunos de los 17 sancionados trabajaban para la familia real en el momento del asesinato de Khashoggi; otros ocupaban puestos de responsabilidad en ministerios y oficinas del gobierno.

Según el portavoz de la fiscalía saudita, Khashoggi fue asesinado tras haber sido drogado en el consulado saudita en Estambul, donde los cinco acusados lo descuartizaron.

El príncipe heredero, apodado “MBS”, no estaba al tanto del caso, afirmó el fiscal general y portavoz, Shaalan al Shaalan, en respuesta a la pregunta de un periodista.

El subdirector de los servicios de inteligencia, general Ahmed al Asiri había ordenado que Khashoggi fuera llevado a Arabia por las buenas o por las malas. Pero el jefe del equipo de “negociadores” enviados al lugar ordenó matarlo. Los restos del periodista de 59 años fueron luego entregados a un agente en el exterior del consulado, agregó Shaalan, citado por la agencia de noticias oficial SPA.

Sobre 21 sospechosos, el fiscal general ha inculpado hasta ahora a 11 que comparecerán ante la justicia y pidió pena de muerte para cinco.

Por su lado, el ministro saudita de Exteriores, Adel Al Jubeir, dijo a la prensa que el príncipe heredero no tiene “nada que ver” con el asesinato de Khasshoggi.

El Departamento de Estado estadounidense evaluó que estas primeras acusaciones son “un buen primer paso” en “la buena dirección”, al tiempo que urgió a Riad a continuar con la pesquisa. La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, descartó que hubiera coordinación entre Riad y EU para hacer coincidir los anuncios de las acusaciones con las sanciones.

Por otra parte, el fiscal general saudita pidió a Turquía firmar un acuerdo “especial” de cooperación para la investigación sobre el asesinato. Turquía alegó que considera “insuficiente” la explicación de la fiscalía saudita. “Este asesinato fue planificado por anticipado”, alegó el canciller turco Mevlüt Cavusoglu, quien descartó que los asesinos hayan querido primero llevar a Khashoggi a Riad.

 

Libertad de expresión

Agresiones contra periodistas o medios

 

Mecanismos de protección a periodistas y defensores no funcionan en América Latina: RSF

Animal Político

Lizbeth Padilla

15 de noviembre de 2018

Informativo

 

Los cuatro mecanismos de protección a periodistas y defensores de derechos existentes América Latina no funcionan. En ellos hay falta de recursos humanos y financieros, señaló Emmanuel Colombié, director del despacho Américas de Reporteros sin Fronteras.

Aunque dijo, su existencia “es una señal positiva de que el gobierno considera el problema (de los ataques a la prensa y defensores) como importante y central”.

Colombié señala que los mecanismos de México, Colombia, Honduras y Guatemala funcionan mal.

“Entrando en detalles, hay muchos problemas porque los equipos de los mecanismos no tienen capacitación suficientes para trabajar y proponer medidas, hay falta de recursos humanos y financieros”, explicó el representante de Reporteros sin Fronteras durante el encuentro Periodismo en Debate 2018, organizado por la Universidad de San Francisco de Quito.

El mecanismo colombiano es el más viejo del continente. Éste nació en agosto de 2000 y es el modelo en el cual se basa el de México.

Sin embargo, tiene fallas, pues hubo casos de corrupción, en que escoltas de periodistas protegidos eran infiltrados que daban información sobre los protegidos, recordó Colombié.

En el caso de México, el representante de RSF señaló que hay ineficiencia, pues periodistas y defensores que estaban dentro del mecanismo fueron asesinados.

El consejo del mecanismo mexicano fue notificado en octubre pasado que 727 defensores de derechos humanos y periodistas quedarán sin medidas de protección por falta de presupuesto.

En el pasado Examen Periódico Universal (EPU) de Derechos Humanos, que se llevó a cabo en Ginebra, Suiza, las naciones pidieron a México reforzar el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, y terminar con la impunidad de sus asesinados.

En lo que va del sexenio, más de 40 periodistas y al menos 110 defensores de derechos humanos han sido asesinados.

Desde Ginebra, el subsecretario de Derechos Humanos, Rafael Avante, explicó que en los últimos seis años, el mecanismo había dado protección a 1,030 periodistas.

Sin embargo, dijo, “pese a estos esfuerzos, debemos reconocer y lamentar los homicidios que se han cometido en contra de estas personas, tres de las cuales, eran beneficiarias de este mecanismo”.

Colombié señala que si bien la iniciativa de crear mecanismos para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos debe venir del gobierno, también se deben trabajar con la sociedad civil y los periodistas “para tener el mejor mecanismo posible”.

“No existe el sistema perfecto, pero hay que promover que exista”, añadió. Este dijo es el caso de Ecuador, donde en enero pasado dos periodistas del diario El Comercio y un conductor del medio fueron secuestrados y asesinados por disidentes de las FARC, en la frontera con Colombia.

Tras este hecho, organizaciones de periodistas impulsan la creación de un mecanismo de protección para Ecuador.

Qué falla en los mecanismos

En su reporte, América: Situación de los Mecanismos de Protección para los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional señala las fallas de estas figuras.

Sobre el mecanismo colombiano señala que si bien “ha salvado vidas y tras años de aplicación, ha hecho avances en relación con la adopción de un protocolo para implementar un plan de protección colectiva”, sus medidas previstas “siguen siendo principalmente policiales”.

Lo que ha sido criticado por organizaciones de la sociedad civil, pues algunas medidas de emergencia tienen repercusiones negativas en los derechos humanos de las personas protegidas.

Uno de los retos que afronta, dice AI, es la impunidad sobre los ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos.

Honduras comenzó con su mecanismo en 2015. A tres años de su implementación, Amnistía señala entre sus fallas que no se ha superado el enfoque policial de las medidas de protección, de debe también garantizar la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones.

Al igual que Colombia, debe luchar contra la impunidad en los ataques en la adopción de medidas para luchar contra la impunidad en los casos de ataques contra ellos.

En Guatemala, dice AI, “no existe ningún enfoque sistemático o coordinado de las autoridades de la protección de las defensoras y defensores”. La impunidad también es un reto para las autoridades cuando proporcionan protección: “la adopción de medidas efectivas para contrarrestar el uso indebido del sistema de justicia contra defensores y defensoras, y la estigmatización de éstos”.