Exigen garantizar el acceso de los pueblos indígenas a los medios

Emir Olivares Alonso

El espacio radioeléctrico –al igual que otros bienes de la nación– está regulado con una lógica del mercantilismo, no de los derechos humanos, lo cual ha causado la persecución y criminalización de las radios comunitarias, aseguró Rodrigo Gutiérrez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Durante el foro La radiodifusión comunitaria: entre el ejercicio de la libertad de expresión y la persecución penal, el investigador subrayó que el Estado debe garantizar el acceso de las comunidades indígenas a medios masivos de comunicación. A su vez, Sergio Méndez, abogado de Asociación Mundial de Radios Comunitarias, indicó que el gobierno usa la ley de manera parcial para criminalizar a los operadores de radios comunitarias.

Activistas buscan evitar calumnias sobre protestas con demanda a El Informador

ANÍBAL VIVAR GALVÁN

La demanda interpuesta por varios activistas sociales en contra del diario El Informador por acusarlos de agitadores profesionales en una nota publicada el 4 de septiembre del 2009, no tiene más interés que el de reivindicar la protesta y la movilización social así como el de sentar un precedente de que no se debe denostar, mediante los medios de comunicación, a quienes realizan alguna manifestación en contra de las acciones del gobierno, aseguraron José Luis Romero Chávez, Jaime Hernández Ortiz y Moisés Guerrero Rincón, integrantes de distintas organizaciones civiles.

Los demandantes, quienes reclaman daño moral por lo aparecido en el rotativo local, adjudicaron la autoría de lo publicado a la Oficina de Comunicación Social del gobierno del estado –que en ese entonces era dirigida por Héctor Moreno– por lo que consideraron como lamentable que el medio de comunicación haya tenido que “someterse a líneas informativas” dictadas desde el propio Ejecutivo estatal.

Romero Chávez consideró que lo mencionado por el diario no cuenta con fundamento, pues las personas que aparecen en la publicación no cuentan ni con antecedentes penales ni hacen de las manifestaciones su modo de vida. El también comerciante y presidente del Consejo Estatal de Comerciantes Establecidos y Prestadores de Servicios de Jalisco recordó que gracias a la unidad de la ciudadanía se han revertido algunas iniciativas de gobierno como el placazo y la macrolimosna por lo que consideró que no se debe condenar el derecho a manifestarse.

Por su parte, Moisés Guerrero Rincón que labora como docente y forma parte de las Bases Magisteriales, aseguró que la demanda no busca mostrar una postura en contra de la libertad de prensa sino que desean aclarar que no lucran con las movilizaciones y que simplemente ejercen su derecho de expresión ante situaciones que consideran “anómalas”.

Agregó que en caso de que la sentencia del juez les sea favorable el rotativo tendrá que pedir una disculpa pública y hacer la aclaración correspondiente que los reivindique como personas y como luchadores sociales.

El profesor de educación básica no descartó que más personas que fueron citadas en la publicación también presenten algún tipo de denuncia luego de que fueron interpuestas estas tres primeras.

A su vez, el litigante y profesor universitario, Jaime Hernández Ortiz, recordó que luego de que fue presentada la publicación se realizó una manifestación a las afueras de las instalaciones del rotativo local para expresar su descontento por la nota; añadió que esta querella por daño moral está sustentada en los artículos del Código Civil que protegen el derecho a la personalidad así como en algunos pactos de Derechos Humanos que fueron firmados por México.

Tanto Hernández Ortiz como Guerrero Rincón solicitaron una indemnización por reparación del daño por dos millones y medio de pesos pues consideraron que además de la disculpa pública esto servirá como otro tipo de presión en contra de los dueños del rotativo.