Por qué y para qué

Federico Reyes Heroles

MURAL

Dos problemas ahogan a México, la violencia y la percepción de la violencia. Están conectados, sin embargo también tienen coordenadas independientes. En El Salvador, Colombia o Brasil y otros, hay mucha más violencia que en México, pero la percepción ni remotamente es de caos. En México la opinión pública muestra severísimas deformaciones. Siendo que la violencia está en pocas entidades -cinco concentran más del 80 por ciento de las muertes violentas-, la percepción de terror invade sin embargo ya a todo el territorio. En esos Estados y Ciudades la inseguridad es muy alta. La percepción corresponde a la realidad. Pero, ¿cómo explicar lo que ocurre en el resto del País? Un ciudadano atemorizado sin motivos concretos no es un ciudadano bien informado, por el contrario. Sus decisiones estarán sustentadas en una lectura deformada de la realidad. Las percepciones son hechos en tanto que la gente cree en ellas y actúa en consecuencia. Seamos autocríticos, como país algo estamos haciendo mal desde el Gobierno, desde los distintos foros en que se aborda el tema y también desde los medios.

En paralelo el asesinato de periodistas ha escalado sensiblemente. Es parte muy importante del problema pues ha agravado el deterioro de la imagen de México en el mundo, con todas las consecuencias negativas que ello trae en inversión y empleo para los mexicanos. Además en los últimos años varias plazas informativas se han perdido. En ellas los reporteros, periodistas y directivos de medios han decidido -por razones de seguridad- no tocar temas que tengan vinculación con los grupos de narcotraficantes. Seamos claros, el narco-terrorismo ha sido exitoso. Lo primero entonces es admitir que ellos sí tienen una estrategia y que está funcionando. México se había enfrentado a actos aislados de terrorismo, pero nunca a una estrategia de terror. En ese sentido todos somos novatos y la novatez la está pagando México. Éstos son algunos de los dolorosos retos a los que responde el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia.

Contrario a los temores que algunos han expresado, el Acuerdo nace con la preocupación central de seguir informando e incluso recuperar plazas perdidas. Por ello el énfasis en la protección a los miembros del gremio. Nada más lejano al documento que ceder en la obligación informativa. Pero, eso sí, de entrada se admite que vivimos tiempos de excepción que exigen cánones de excepción. Por ello el Acuerdo propone una contra-estrategia informativa para evitar así que sea la sorpresa o la mera reacción las que marquen los procesos informativos. Si los narcos tienen una estrategia, lo mínimo que podemos hacer es tener otra, como se ha hecho con éxito en Estados Unidos, España o Colombia y otros.

El simple hecho de anunciar la acción puede ayudar. Un ejemplo, declarar “este medio no transmitirá textos de narcomantas” disminuye en el acto el incentivo de usar esa vía. Lo mismo puede ser para mutilados, degollados, etcétera. Quien quiera leer los textos o ver las imágenes que vaya a YouTube. En la sociedad contemporánea es -por fortuna- imposible impedir la circulación de información o imágenes. Pero entre este hecho y la magnificación que propician los espacios informativos que llegan a cientos de miles e incluso a decenas de millones hay una distancia enorme. Se trata entonces de ejercer a fondo el derecho a decir lo que se quiere decir y sólo eso, escapando así de la trampa de decir lo que ellos quieren que se diga. De esta forma se deja de ser vocero involuntario del crimen.

Falso que se busque controlar y homogeneizar la información. Es mejor leer el documento sin prejuicios. Los protocolos buscan proteger a los periodistas, a las víctimas, a los menores e incluso a los propios detenidos que no deben de ser presentados como culpables hasta que haya sentencia o confesión. Pero sobre todo se busca proteger a la sociedad y su derecho a informarse debidamente. Para eso están los criterios generales que buscan además cohesión frente a las agresiones. Sin embargo será cada medio el que establezca y module su interpretación de los hechos. Será el propio ciudadano el que seleccione al medio e incluso al comunicador cuyos criterios le parezcan más apropiados. Por ello es muy conveniente que cada espacio -en ejercicio de su libertad- haga públicos sus criterios. Que el ciudadano, en plena libertad, decida. La verificación del cumplimiento recae en el propio medio. El Acuerdo sólo establece un órgano ciudadano de observación de los criterios editoriales. Punto.

Por supuesto que habrá tropiezos, pero el rumbo es el correcto, el que corresponde a una sociedad plural y libre. Pero también es la respuesta de una sociedad madura y democrática en la cual todos debemos defender nuestras libertades y al Estado que las garantiza.

En democracia quien atenta contra el Estado es un enemigo común y merece condena. Sólo podemos ser libres en un Estado fuerte. Eso es lo que está en juego.

 

Piden rastrear a ‘Antena’

Pretenden confirmar origen de mensajes con los que hostigan a comunicadores

Grupo REFORMA

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) pedirá la intervención de la Policía Cibernética en la investigación en torno a Alberto Jiménez Martínez, “La Antena”, a quien periodistas locales acusan de presunto hostigamiento.

Ayer, el segundo visitador de la CEDHJ, Javier Perlasca, señaló que el objetivo de buscar la ayuda de la Policía Cibernética es detectar el origen de las páginas, correos y perfiles por medio de los cuales presumiblemente “La Antena” —quien es director de área en la Secretaría de Finanzas— ha enviado las amenazas en contra de los periodistas.

Además, la Comisión dictó nuevas medidas cautelares, ahora dirigidas a las Policías municipales de la zona metropolitana, para la protección del gremio de comunicadores.

“En particular, que vigilen y estén atentos a prestar apoyo inmediato de seguridad y protección a cualquier llamada de auxilio o solicitud que se haga a favor de ellos, cuando así lo requieran o a través de este organismo”, describe un comunicado de la comisión.

 

Las medidas que envió la CEDHJ también incluyen la petición de apoyo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, explica un boletín del organismo.

El titular de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, aseguró a los comunicadores que cuentan con el apoyo de la Comisión.

Además, solicitó al Procurador General de Justicia del Estado, Tomás Coronado Olmos, que inicie un acta de investigación de estos hechos, los cuales pudieran integrarse en delitos y en una averiguación previa.

El Ombudsman pidió a los comunicadores que denuncien en caso de haber sido víctimas de alguna agresión por parte de Jiménez Martínez, ya que estas acciones podrían ayudar a esclarecer estos casos.

Asimismo, Álvarez Cibrián solicitó al Secretario de Finanzas, Martín Mendoza López, un reporte del cargo y las actividades que realiza Jiménez Martínez en la dependencia a su cargo.

“Que por su conducto (el de Mendoza López) se le requiera para que rinda su informe de ley sobre los hechos (en) materia de la queja 1983/2011, iniciada de oficio”, se señala en el comunicado.

“También, que informe sobre el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas el 24 de marzo y aceptadas al día siguiente, en las que se le pidió que ordenara a Jiménez Martínez abstenerse de todo acto que pudiera atentar contra los derechos a la libertad de expresión, a la legalidad, seguridad jurídica e integridad personal de los periodistas”.

Exigen remoción

La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi Jalisco) pidió que se remueva a “La Antena” de sus cargos públicos y se realice una investigación sobre los casos de intimidación a los comunicadores locales.

La Amedi exhortó que se tomen la medidas necesarias para garantizar el derecho a la información y de libertad de expresión de los jaliscienses, incluyendo al gremio de los periodistas.

La Secretaría de Finanzas declinó hacer cualquier pronunciamiento en torno al caso.

Gana Cofetel casos por la licitación 21

MURAL

Éste era el único caso en el que Grupo Iusacell había obtenido una sentencia favorable

El único litigio con sentencia favorable para Grupo Iusacell contra la licitación 21, fue ganado por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel); además, el órgano regulador obtuvo también un fallo a favor por una supuesta violación en la entrega de títulos de concesión a Nextel.

 

El comisionado Gonzalo Martínez Pous dijo que de los más de 80 juicios que a la fecha ha interpuesto Grupo Iusacell contra la licitación 21, sólo en uno había obtenido alguna sentencia favorable, y fue el amparo resuelto por el juez noveno de distrito Álvaro Tovilla sobre la falta de motivación de los “spectrum caps” de la licitación, es decir, los límites de espectro decididos para ser ofertados en las bases.

Contra esa sentencia, Cofetel interpuso un recurso de revisión que analizó el décimo séptimo Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa.

“Resolvieron revocar la sentencia del juez noveno y sobreseer el juicio de amparo, entonces ahí les ganamos la única sentencia de fondo que ellos (Grupo Iusacell) tenían a su favor de todos los juicios”, declaró.

De todos los juicios, explicó el comisionado, la única sentencia favorable de fondo que tenía Iusacell era esta, por falta de fundamentación y motivación en cuanto a los “spectrum caps” y tras la revisión del Tribunal Colegiado se le dio la razón a la Cofetel.

También ayer se ganó el juicio en el que Grupo Iusacell acusaba a Cofetel de violar la suspensión por lo que Nextel no podía usar el espectro ganado.

“Un juez de Saltillo había dicho que habíamos violado una suspensión y este juez determinó que no podía Nextel utilizar jurídica o materialmente los títulos de concesión”, expresó Martínez Pous.

La CEDHJ pide a las dependencias de seguridad proteger a periodistas

El organismo solicitó el apoyo de la Policía Cibernética para investigar los mensajes en Internet

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) determinó dictar de nueva cuenta medidas cautelares con respecto a las agresiones que han recibido periodistas por parte del funcionario público Alberto Jiménez Martínez, alias El Antena, las cuales en esta ocasión son dirigidas a la Secretaría de Seguridad Pública del estado y a las corporaciones de seguridad metropolitanas para la protección de periodistas.

“Hoy mismo estaremos transmitiendo otras medidas cautelares dirigidas al director de Seguridad Pública del estado y a los directores de seguridad municipales de los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara, a fin de que en apoyo y colaboración vigilen y presten medidas de seguridad y protección a los periodistas”, señaló el segundo visitador general, Javier Perlasca Chávez, quien está a cargo de la investigación que se realiza derivada de la queja de oficio 1983/2011 que abrió el organismo el pasado jueves, día en que emitió por primera vez medidas cautelares en torno al tema.

Desecha Corte amparo contra ley electoral

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el amparo que promovió un grupo de intelectuales para impugnar la reforma constitucional de 2007 en materia electoral, la cual establece, entre otras cosas, la prohibición a que los particulares contraten propaganda en radio y televisión.

Por 7 votos contra 4, la mayoría avaló la enmienda y determinó que la Corte no puede revisar en un juicio de amparo, si una reforma constitucional se apega a las reglas previstas en el artículo 135 de la propia Carta Magna. El pasado 31 de enero, la votación sobre el tema había dado lugar a un empate de 5 votos contra 5, al faltar un ministro.

RSF condena bloqueo a diarios argentinos

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) condenó hoy el bloqueo de distribución de los diarios argentinos “Clarín” , “Olé” y “La Nación” el pasado fin de semana por grupos sindicales, un procedimiento que “agrava los conflictos” .

“RSF expresa su completa desaprobación por el bloqueo que impidió la distribución de los tres periódicos (…) interceptados a la salida de la imprenta y retenidos durante doce horas” , señaló la organización defensora de la libertad de prensa en un comunicado.

Para RSF, “obstaculizar la difusión de un periódico constituye en sí un ataque a la libertad de publicación, que es un componente de la libertad de expresión”.

Responsable IFE de contratar spots: SCJN

Con siete votos y cuatro en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Naciòn (SCJN) desechò el juicio de amparo que promovió un grupo de intelectuales para impugnar la reforma constitucional de 2007, que prohíbe a terceros contratar propaganda electoral en medios electrónicos.

 

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo dijo que el máximo tribunal de justicia tendría que revisar el procedimiento que llevó a crear esa modificación en cuestión electoral.