Sergio Aguayo Quezada
MURAL
Buena parte de la clase política patina para negar una guerra que diezma a los periodistas y defensores de derechos humanos.
Los últimos conteos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entregados a este columnista, provocan escalofríos. Entre 2000 y 2010 los periodistas padecieron 597 agresiones además de los 88 asesinados o desaparecidos. La misma persecución padecen las y los defensores de derechos humanos. La comunidad internacional está alarmada porque estos grupos son indispensables para proteger víctimas civiles y lograr que funcione la democracia. Por espacio, concentro el texto en el caso de los periodistas.
En las estadísticas de la CNDH, 75 por ciento de las agresiones son contra la prensa escrita y sólo 8 por ciento afecta a los colegas de las televisoras. Esta diferencia podría deberse a que la letra impresa sigue siendo el principal instrumento para la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información. En las décadas de la transición, la oposición prosperó y la libertad creció porque periódicos como Excélsior, Diario de Yucatán, El Norte, El Siglo de Torreón y El Dictamen de Veracruz asumieron riesgos y pagaron costos. Sorprende, por tanto, la actual indiferencia de quienes gobiernan porque hacen todo lo posible por evadir su responsabilidad. Ello se hizo evidente el pasado fin de semana.
El sábado 12 de marzo MURAL destacó una nota de Jesús y Héctor Guerrero. En ella se informaba que Fernando Reina Iglesias, regidor del Partido Verde en Acapulco, utilizó un helicóptero de la Secretaría de Salud en Guerrero, gobernado por el PRD, para esquiar a pie desnudo a 240 kilómetros por hora en una bahía acapulqueña. Las piruetas del presunto ambientalista aparecen en un video de un minuto (puede consultarse en www.sergioaguayo.org). Dado que aquel Estado se desangra por la violencia criminal y que utilizaron un aparato que debía estar trasladando enfermos, ¿les fincarán algún tipo de responsabilidades a los funcionarios de ambos partidos?
El domingo 13 de marzo La Jornada publicó un texto de Sanjuana Martínez sobre un día en la vida del general en retiro, Carlos Bibiano Villa Castillo, cuando era director de Seguridad Pública de Torreón. El general Villa no se anduvo por las ramas: “para rescatar Torreón [del crimen organizado] hay que meterle huevos […] los correteamos y donde los alcanzamos los matamos. Aquí hay que romperle la madre al cabrón que ande mal”. Al día siguiente renunció para irse con un cargo parecido a Quintana Roo.
En las dos historias aparece la frivolidad de unos, la brutalidad de la guerra y la forma en que periodistas y medios impresos toman riesgos para informar. Las burocracias federales actúan como si no hubiera emergencia. Desde 2008 Gobernación evalúa la conveniencia de un mecanismo de protección para periodistas. Reuniones van y vienen con otras dependencias (en particular con la CNDH y Procuraduría General de la República). Los resultados son magros. A lo sumo unas cuantas medidas cautelares de dudosa eficiencia. El grueso de su tiempo parecen dedicarlo a reñir por el control del proceso. En noviembre del 2010 finalmente firmaron un convenio el Poder Ejecutivo y la CNDH, pero cuatro meses después ni se conoce su reglamento interno ni han integrado a los organismos de la sociedad civil que insisten en que se atienda el problema.
Los organismos civiles sí tienen propuestas claras y articuladas. El Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Artículo XIX, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de México, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, entre otros, están proponiendo un mecanismo único de protección para los diversos grupos vulnerables en cuyo diseño han participado organismos colombianos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Tantos retrasos de quienes gobiernan tienen como trasfondo la reticencia a asumir las consecuencias de que algunas partes del país viven una emergencia que exige poner como máxima prioridad salvar el mayor número posible de vidas. Prefieren patinar sobre la superficie de los problemas que los rebasan pese a que su desidia tiene un costo en vidas.
La miscelánea
Los organismos de la sociedad civil que protegen a migrantes de otros países también se han organizado y, encabezados por el Obispo de Saltillo, Raúl Vera López, proponen una medida concreta para frenar las extorsiones, los abusos y los asesinatos: otorgar visas temporales de protección para los transmigrantes. Como eso enfurecerá a Washington porque les permitirá acercarse a la frontera con Estados Unidos, ¿sabrán nuestros políticos darle primacía al derecho a la vida?
Es incongruente orden sobre filme.-Segob
REFORMA
Ciudad de México (16 marzo 2011).- La Secretaría de Gobernación (Segob) pedirá a la jueza federal Blanca Lobo Domínguez explicar de nueva cuenta los alcances de la resolución en la que niega una suspensión definitiva del documental “Presunto Culpable”, pero ordena difuminar la imagen del testigo Víctor Manuel Reyes.
El subsecretario de Normatividad y Medios de la dependencia, Héctor Villarreal, calificó la resolución como extraña, pues las exigencias contenidas en el fallo, dijo, no son atribuciones de la autoridad.
“Es incongruente con las atribuciones de RTC y es incongruente con lo que dice la Ley de Cinematografía y realmente nos ha metido en un escenario de cierta confusión”, indicó en entrevista para W Radio.
“Vamos a volverle a hacer una solicitud, una respetuosa solicitud a la juez de que nos pueda aclarar con mayor precisión los alcances de su resolución, por todas estas razones que hemos dicho, porque no es congruente con las atribuciones de la Secretaría de Gobernación, porque detiene conflicto con las disposiciones de la Ley General de Cinematografía”.
Señaló que Cinépolis está amparado por la ley para oponerse a modificar la cinta, pues se trata de una obra legalmente protegida, a la que sólo se le pueden hacer cambios con el consentimiento del titular de los derechos.
“La legislación mexicana protege que una obra no sea vulnerada, aquella época de recortar películas, de enlatar ‘La sombra del caudillo’, de quitarle pedazos con los besos a las películas ya pasó hace muchos años”, expresó.
“Nosotros, reitero, en respeto al Poder Judicial, en acatamiento a los mandatos judiciales, vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer y lo vamos a seguir recurriendo, impugnando, combatiendo por la vía legal”.
El documental Presunto Culpable seguirá en cartelera, pero la Secretaría de Gobernación (Segob) deberá instruir que la imagen de Víctor Manuel Reyes en la cinta sea difuminada, determinó la jueza federal Blanca Lobo Domínguez, en un hecho inédito.
La jueza décimo segundo de distrito en materia administrativa determinó negar la suspensión definitiva de la exhibición del filme, pero mientras se resuelve de fondo el juicio de amparo del quejoso, primo de la persona asesinada por la que acusaron al protagonista del documental, la imagen de éste deberá quedar a salvo.
En su fallo instruyó a la Dirección General de Radio Televisión y Cinematografía proteger los datos personales y determinar el proceso para difuminar los datos del quejoso.
Violan garantías de los ciudadanos monopolios de tv y telefonía: expertos
Los monopolios en servicios de televisión y telefonía afectan los derechos de los ciudadanos a la información y la libertad de expresión, ya que la mala calidad y las altas tarifas excluyen a millones de personas del acceso a la cultura y obstaculizan su desarrollo social y económico.
Advirtieron lo anterior integrantes de organizaciones civiles, quienes llamaron a boicotear a dichas compañías y, al mismo tiempo, presionar a las autoridades para que se haga respetar el derecho de todos los sectores a utilizar el espectro radioeléctrico del país.
En el contexto del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, especialistas y académicos dieron a conocer un Manifiesto por las garantías de los televidentes y los usuarios de las telecomunicaciones, en el cual denuncian que las prácticas monopólicas en telefonía e Internet de banda ancha nos tienen cautivos con altas tarifas, mala calidad y baja penetración.
Rechaza Australia que dé informes a potencias sobre personal de Wikileaks
Sidney, 15 de marzo. Australia rechazó hoy que suministre información sobre el personal de Wikileaks a potencias extranjeras, luego de que su fundador, JulianAssange, confrontara a la primera ministra.
La primera ministra Julia Gillard y el canciller Kevin Rudd rechazaron el reclamo de Assange, que éste hizo directamente a Gillard durante un programa de televisión en vivo, la noche del pasado lunes, en el cual sugirió que ella sea imputada de traición.
Assange sorprendió a Gillard cuando ésta apareció en un programa de preguntas y respuestas durante el cual la audiencia hacía preguntas por video, al aparecer en la pantalla para hacerle un reclamo por presuntamente dar información sobre el personal de su sitio web especializado en denuncias.
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