Miguel Ángel Granados Chapa
11 Mar. 11
Súbitamente lanzada a la fama, si bien de modo indeseable, la jueza Blanca Lobo resolverá hoy si otorga la suspensión definitiva a Víctor Manuel Reyes Bravo, quejoso contra la autorización para exhibir “Presunto Culpable”. Después de que el martes el sexto tribunal colegiado en materia administrativa revocó la suspensión provisional que quitó de la pantalla durante unas horas ese documental ya célebre, es difícil que la juzgadora persevere en su posición inicial. Es de anticiparse que ya no ordene suspender la exhibición pública de la cinta, y pida al demandante esperar a la resolución de fondo del asunto.
El juicio de garantías solicitado por Víctor Manuel Reyes Bravo, testigo de cargo contra José Antonio Zúñiga en el documento grabado por Layda Negrete y Roberto Hernández, puso en el centro de la opinión pública el funcionamiento de la justicia penal del fuero común, el de la justicia de Amparo y las posibilidades de la censura. Quiero referirme ahora a este último tema, a reserva de referirme a los dos restantes una vez conocida la resolución de la juzgadora número doce en materia administrativa en el Distrito Federal.
La Secretaría de Gobernación, al rendir en este caso el informe previo que le demanda la Ley de Amparo, habrá seguramente alegado que la orden judicial que quitó de la cartelera “Presunto Culpable” era incumplible porque carece de facultades para prohibir la exhibición y distribución y aún más la publicidad en torno de esa cinta. En efecto, no hay en la legislación facultades de ese género atribuidas a ninguna autoridad. Pero sí hay, y en eso me detengo ahora, más allá del caso particular, legislación que aplicada con mala fe puede redundar en medidas contrarias a la libertad de expresión.
Partamos de reconocer que en esta materia se han producido avances, pues salimos de un régimen legal propio de una sociedad cerrada, susceptible de padecer el padrastrismo gubernamental cuidadoso de la virtud de los gobernados, a uno más respetuoso de la mentalidad de los ciudadanos. Pero todavía persiste el dirigismo estatal en esta materia.
En la época del cine silente y en las dos primeras décadas del sonoro prevaleció un sistema que no vacilaba en emplear abiertamente la palabra censura para describir la actividad gubernamental en este campo. La ley de la industria cinematográfica de 1949 eliminó esa fea palabra (y en su reglamento la reemplazó por supervisión), pero mantuvo la obligación de recabar la autorización para la exhibición pública, que se otorgaría “siempre que el espíritu y contenido de las películas en figuras y en palabras no infrinjan el artículo 6o. y demás disposiciones de la Constitución General de la República”. El reglamento respectivo, expedido en 1951, contenía en su capítulo décimo las reglas para la supervisión, necesaria para expedir la autorización requerida.
El reglamento mencionaba el artículo séptimo constitucional, amén del sexto citado en la ley, como pauta para extender o negar la autorización. Reproducía los criterios de la ley de imprenta de 1917, ya anacrónica al mediar el siglo pasado, para determinar qué eran los ataques o la falta de respeto a la vida privada y los ataques a la moral y al orden o la paz pública, o las circunstancias en que provocaba algún delito o se hacía la apología de algún vicio. El reglamento clasificaba las cintas autorizadas en cuatro categorías: las permitidas a niños, adolescentes y adultos, las permitidas a adolescentes y adultos, las permitidas únicamente para adultos y las permitidas para adultos en exhibiciones especialmente autorizadas.
Dada la flojedad de la ley bajo un régimen autoritario, no fue infrecuente que se negara la autorización sólo discrecionalmente o en la vía de los hechos. De esa manera fueron prohibidas cintas como la de Julio Bracho basada en “La Sombra del Caudillo” de Martín Luis Guzmán, o “La Rosa Blanca”, de Roberto Gavaldón, hecha sobre el relato del mismo nombre de B. Traven. Ni los afectados por la prohibición llegaban a saber a ciencia cierta la causa de la decisión, pues una característica del Gobierno autoritario era infringir el artículo 16 al no fundar ni motivar sus decisiones.
La ley federal de cinematografía de 1992 y el reglamento emitido ¡nueve años! más tarde establecieron el actual régimen de autorizaciones, que se extiende también a los videos. Dice el artículo 24 de la primera: “Previamente a la exhibición, distribución y comercialización de las películas, éstas deberán someterse a la autorización y clasificación correspondiente, ante la autoridad competente, de conformidad a lo que establezca el reglamento”. El artículo 25 establece las categorías para la clasificación, que es ahora un mecanismo para afectar la extensión del público que puede ver una cinta: AA: películas para todo público, que tengan además atractivo infantil y sean comprensibles para niños menores de siete años. A: para todo público. B: para adolescentes, de 12 años en adelante (que puede ser modulada anotando que, su caso, no son recomendadas para menores de 15 años). C: para adultos mayores de 18 años. y D: las que sólo pueden ver adultos por contener “sexo explícito, lenguaje procaz o alto grado de violencia”. El artículo 18 del reglamento permite negar la autorización a las “películas con escenas explícitas, no ficticias, de violencia, tortura o actividad sexual o genital, o cualesquiera otra para cuya filmación se presuma la comisión de un delito o alguna violación a las leyes, así como la apología de dichas conductas”.
Pide Cofetel jueces informados
Cofetel dijo que los integrantes del poder Judicial y reguladores deben generar condiciones propicias para las telecomunicaciones
Ciudad de México (11 marzo 2011).- La actuación del Poder Judicial puede acelerar la competencia en la industria de telecomunicaciones, por lo que resulta indispensable que ministros, magistrados y jueces, tomen decisiones bien informadas en los temas de telecomunicaciones, afirmó la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
“Esto hace ver que cada día es más necesario tener tribunales con salas especializadas en telecomunicaciones y regulaciones económicas, ya que muchas veces nos enfrentamos con conceptos muy técnicos como el poder sustancial de mercado o el espectro radioeléctrico”, dijo Gonzalo Martínez Pous, comisionado de la Cofetel.
Durante el Primer Seminario en Materia de Telecomunicaciones para Jueces de Latinoamérica, Gonzalo Martínez dijo que la actuación del poder Judicial puede acelerar el proceso de competencia en la industria, pero es indispensable que las autoridades colaboren en forma conjunta.
Por su parte, Mony de Swaan, presidente de la Cofetel, dijo que los integrantes del poder Judicial y los órganos reguladores deben generar condiciones propicias para el sano desarrollo de las industrias de las telecomunicaciones y la radiodifusión.
De Swaan recordó el caso de la controversia de tesis pendiente de resolverse por la Suprema Corte de Justicia de la Nación referente a la posibilidad o no de suspender, a través de un amparo, la decisión de las tarifas de interconexión, destacando el beneficio que obtendría el usuario final con la reducción de tarifas, en el caso en que la decisión de Cofetel se aplique de forma inmediata.
“La conclusión de la mesa fue que en México las contribuciones del poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han sido muy buenas y las han sabido integrar”, agregó Martínez Pous.
Por la complejidad y tamaño de los asuntos, los asistentes al seminario y nosotros llegamos a esa conclusión, mencionó el comisionado.
“Los jueces y magistrados decían que lo importante es tomar decisiones, razonadas, fundadas, porque por lo técnico de los temas, tienen que allegarse a todo esto”, comentó Martínez Pous.
Además, expresó, la Corte ha dado a la Cofetel más autonomía; por ejemplo en el cambio de paradigmas de las licitaciones, que no sólo se basaron en lo económico, y en el tema de refrendo en concesiones.
“Esas aportaciones de la Corte han sido positivas y han transformado al sector”, aseguró el comisionado de la Cofetel.
Esperan en julio resolución a demandas
Los operadores también están a la espera de que dos procedimientos que fueron interpuestos en 2006 y 2010 sean resueltos
Ciudad de México (11 marzo 2011).- El grupo anti Telcel/Telmex informó que será hasta que finalice el primer semestre del año cuando se verán algunos resultados de las demandas, interpuestas contra las empresas de Grupo Carso ante la Comisión Federal de Competencia (CFC).
“Primero se da admisión de la denuncia en la CFC para ver si se hace la investigación, que estaría en dos o tres semanas, y el periodo de investigación puede durar hasta seis meses”, explicó Francisco Borrego, director Jurídico de Grupo Salinas.
Agregó que aún no saben cuántas serán en total, pero seguirán siendo presentadas en las semanas siguientes ante la CFC en espera de su fallo.
“Las demandas siguientes están relacionadas con cuestiones de competencia económica y prácticas monopólicas absolutas de Telcel y Telmex”, dijo Borrego.
Declaró que en el entorno competitivo que se vive hoy en día, el mercado de telefonía móvil es relevante, sin embargo, se ha visto distorsionado por la conducta de Telcel y Telmex, por lo que resulta necesario que se rompan estas prácticas monopólicas que afectan principalmente a los usuarios de este servicio tan importante en la actualidad.
Salvador Rocha Díaz, representante legal de Iusacell, dijo que ante la presentación de las demandas, esperan que la autoridad actúe con imparcialidad y apego a las normas jurídicas, tanto con las denuncias interpuestas por Telmex como las de Grupo Iusacell y otras compañías que son por prácticas monopólicas absolutas.
“El objetivo es lograr un mercado de telefonía más equilibrado, justo y beneficiar a los usuarios de telefonía del País”, expresó Rocha Díaz.
Por su parte, Axtel reiteró que los operadores que no entregaron su demanda el pasado miércoles, lo harán en los próximos días.
“Además de que se procederá a la ampliación de la denuncia presentada el miércoles y el ofrecimiento de pruebas adicionales ante la Comisión Federal de Competencia”, afirmó Axtel.
Los operadores también están a la espera de que dos procedimientos que fueron interpuestos en 2006 y 2010 sean resueltos.La de 2006 se trata de una denuncia por desplazamiento de mercado ocasionada por Telcel por dar a sus usuarios tarifas menores a las de interconexión por llamadas locales.La otra es por el incumplimiento, de Telmex, en la entrega de enlaces dedicados.
Niega Cablevisión bloquear a Telmex
Cablevisión afirmó que Fox no les permite anunciar comerciales de sus competidores
Ciudad de México (10 marzo 2011).- Cablevisión aseguró que no borra ni modifica contenidos de las señales en cadenas de televisión estadounidense, ya que sería causa para que los programadores les rescindieran los contratos.
“Cablevisión no borra ni modifica contenidos de las señales en ningún momento, de hecho los contratos establecen que no podemos alterar los contenidos de las mismas. Lo anterior sería una causa para que los programadores nos rescindieran los contratos ya que estaríamos afectando los derechos de autor. Si esto fuera así ya no estarían dichas señales en nuestros paquetes de programación”, dijo Guillermo Salcedo, director de Mercadotecnia de Cablevisión.
Javier Mondragón Alarcón, director de regulación y asuntos jurídicos de la Telmex, dijo en entrevista con MVS Noticias que la empresa de televisión por cable de Televisa había bloqueado los anuncios de Telmex que pasan a través de Fox o de otras cadenas de televisión estadounidense.
“Han celebrado contratos con las empresas productoras de los programas de televisión para prohibirles que anuncien cualquier producto o servicio de quienes ellos consideran su competidor”, indicó Mondragón.
En tanto, Salcedo aseguró que Fox no les permite anunciar comerciales de sus competidores, así como ellos no pueden anunciar productos que compitan con las plataformas de distribución de sus canales.
“En cuanto al tema de la prohibición de que anuncien productos que compiten con Cablevisión, dicha cláusula existe en todos los contratos de programación a nivel mundial y aplica para todas las plataformas de distribución”, mencionó el director de Mercadotecnia de Cablevisión.
CFC determinará en 15 días vías por denuncias de Telmex y televisoras
CFC precisó que tiene que revisar dentro de los siguientes 13 días si las cinco denuncias tienen mérito para que se inicie investigación.
México, DF. La Comisión Federal de Competencia cuenta con 15 días hábiles para determinar si inicia o no una investigación formal derivada de las denuncias cruzadas entre Telmex -Telcel y Televisa-TV Azteca, por presuntas prácticas monopólicas.
El presidente de la CFC, Eduardo Pérez Motta, precisó que la secretaría ejecutiva del organismo tiene que revisar dentro de los siguientes 13 días si las cinco denuncias recibidas hace dos días tienen mérito para que se inicie formalmente una investigación o no.
Inicia transmisiones UAMradio en el 94.1 de FM en Distrito Federal
La emisora tendrá una cobertura de 5 a 8 km. desde la ubicación de sus cuatro antenas de transmisión.
México, DF. La comunidad de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) podrá desde este viernes sintonizar en el 94.1 de la Frecuencia Modulada UAMradio, con una cobertura de 5 a 8 kilómetros desde la ubicación de cada una de sus cuatro antenas de transmisión.
Más de 40 mil alumnos de esa casa de estudios podrán escuchar 24 horas de programación continua, que durante los primeros tres meses será en 60 por ciento una barra musical, mientras que el resto de la programación incluirá debates y análisis político, cultural, científico y educativo.
Crearían sitio web para denunciar corrupción
El regidor panista Sergio Sánchez Villarruel, presidente de la comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción presentó una iniciativa para crear una página web para denunciar actos de corrupción, así como a los malos funcionarios que no realizan su trabajo bajo los reglamentos establecidos y que no respetan la dignidad de las personas.
La iniciativa se mandó para su estudio a las comisiones de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, como convocante y a la comisión de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, como coadyuvante
Nombres, nombres… y nombres | Alberto Aguilar
Estado “omiso” en lío de telecomunicaciones y denuncias penales de Sky vs. ejecutivos de Dish
EL LÍO EN las telecomunicaciones es resultado de un Estado “omiso” que ha rehuido asumir su responsabilidad para resolver una problemática que afecta inversiones y las condiciones del servicio al consumidor…
Pide la SCT solicitud de reestructuración de Telmex
La dependencia precisa que se evaluará en el marco de la Ley y del título de concesión
CIUDAD DE MÉXICO, 10 de marzo.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que a la fecha no ha recibido solicitud de autorización sobre una eventual reestructura corporativa de Telmex.
En un comunicado, la dependencia precisó que “de llegarse a presentar documentación relacionada con la misma, se procederá a evaluarla en el marco de la Ley y del título de concesión respectivo”.
Hace unos días la empresa informó que se escindiría en dos para dar servicio a áreas rurales y urbanas.
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