Purificación Carpinteyro
10 Mar. 11
Hace tiempo que los tambores de guerra comenzaron a batir, pero el Estado, específicamente los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, prefirió hacer caso omiso a las alertas, secretamente deseando que el estallido no ocurriese durante su gestión. Ni el Legislativo legisló ni el Ejecutivo ejecutó, abdicando a su deber de establecer las leyes y marcar directrices y políticas para el desarrollo del más pujante sector de la economía nacional, y el más crítico para la competitividad del país: las telecomunicaciones.
La confrontación que estamos presenciando no surgió espontáneamente, sino que es resultado del embate que desde hace tiempo libran en forma menos pública los más poderosos grupos empresariales. Dos reyes que dominan, cada uno su parte, lo que hasta hace poco eran dos mercados. Y si hoy se mantiene la separación desde un punto de vista meramente formal, es por las barreras artificiales creadas por la regulación, que impiden a uno competir con el otro en condiciones de igualdad y en terrenos nivelados.
Actualmente cualquier red de transmisión de señales -llámese red telefónica fija o móvil, red coaxial de televisión por cable, comunicación satelital o de radiodifusión- es técnicamente capaz de transmitir voz, audio y video, convertidas en información codificada en un sistema binario, de ceros y unos (prendido o apagado): el digital. Por ello, cualquiera que detente una red de transmisión de comunicaciones tiene el potencial de prestar todos los servicios, desde telefonía hasta televisión, pasando por la cada día más relevante internet.
Es claro que esta conflagración es una guerra a muerte por la hegemonía: es el interés de uno por prevalecer frente al otro, acaparando el poder económico y político que la dominancia del sector conlleva. El resto de los jugadores se alinean con unos o con otros, dependiendo su posición como competidores en esos mercados.
Es obvio que los operadores de telecomunicaciones y las empresas de cable se alinearían en un frente contra su rival: el binomio Telmex/Telcel. Los primeros, como Axtel-Avantel, Marcatel, Iusacell y Nextel, por la necesidad de establecer condiciones para la competitividad en un mercado que Telmex domina sin cuestionamientos, y de cuya red pende la subsistencia de esos grupos; y el resto, encabezado por Televisa y TV Azteca, que marginalmente compiten en telecomunicaciones, pero que fundamentalmente buscan impedir a cualquier costo la competencia de Telmex en el mercado de la televisión, para lo que echan mano del argumento las prácticas monopólicas. Es decir, el burro hablando de orejas.
En este último grupo, además de Televisa y TV Azteca, se encuentran las subsidiarias de la primera: Cablevisión, Cablemás y TVI, además de otros operadores de cable más pequeños, que ni siquiera prestan servicios de telecomunicaciones -por lo que la interconexión ni les va ni les viene-.
Pero el problema ya trasciende y, sin importar quién inició la guerra, no son buenos los augurios para el país. El reciente anuncio de Telmex de su plan de dividirse en dos compañías, una de las cuales -Telmex Social- se dedicará a prestar servicios en las áreas rurales y marginadas, es una bomba atómica de efectos potencialmente devastadores para el país. Es tanto como anunciar que se separará la carne del hueso, para llevarse el filete y dejarle el hueso al Estado.
Pero como todo, este plan ya había sido anunciado. En un extenso artículo publicado por The New Yorker, en su edición de junio 2009, Lawrence Wright narra la reunión entre el presidente Felipe Calderón y Carlos Slim en Los Pinos, que se llevó a cabo en marzo de 2008. Wright escribió que en el encuentro, Slim amenazó con vender Telmex; algo que Slim negó aduciendo que lo que dijo fue: “Díganme lo que quieren. Si quieren que venda, está bien. Si quieren que nos dividamos en dos o tres partes, también”. Añadiendo: “Lo único que no voy a hacer es destruir Telmex”.
Tres años después, Telmex ha decidido partirse en dos y crear Telmex Social, dividiendo activos, pasivos y capital entre las empresas resultantes; y pese a lo que puedan opinar otros mejor pensados, este anuncio trae malas noticias para el país. No es cuestión de transparencia en los costos de atender a las poblaciones marginadas, ni de favorecerlas con mayores inversiones. Esta decisión facilitará ejecutar el plan expuesto por Slim en aquella mítica reunión: dividir la empresa, para repartir el filete y abandonar el hueso.
La siguiente pregunta es ¿habrá alguien interesado en comprar a Telmex Social?
Acusa IFAI amenaza para ‘matar’ su labor
De no aprobarse que las decisiones del IFAI sean definitivas, se contribuiría a convertir al órgano en una burocracia inútil, según María Marván
Ciudad de México (10 marzo 2011).- La comisionada del IFAI, María Marván Laborde, aseguró que de no aprobarse en la Cámara de Diputados las reformas a la Ley en materia de transparencia que plantean que las resoluciones del instituto sean definitivas e inatacables, modificación que los legisladores decidieron reservar, se podría “matar” al organismo.
“Lo que hay detrás es el querer disminuir la importancia y la fuerza del IFAI haciendo sus decisiones no definitivas. Si prospera en esta ocasión que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa revise las resoluciones del IFAI es tanto como matar al IFAI”, dijo.
Destacó que esa reserva que hicieron los legisladores del artículo 59 sobre la inatacabilidad de las decisiones, preocupa al IFAI, porque no aprobarlo sería tanto como hacerlo una “burocracia inútil”, explicó.
Agregó que de no aprobarlo, los legisladores sólo mostrarán voluntad de echar a perder la tarea del IFAI.
“No todo el Legislativo, hay quienes están actuando en contra tanto legisladores, como servidores públicos que hablan con los legisladores para que la ley pase sin ese artículo”, mencionó.
Durante su participación en el Seminario Internacional sobre la Ley Modelo Interamericana de acceso a la información pública y su aplicación en México, Marván Laborde acusó además que la transparencia y el ejercicio de este derecho se han visto amenazados también por parte de los gobiernos.
“El acceso que tienen las personas a la información, es decir su derecho a saber no puede ser regateado por los gobiernos”, destacó.
Por otra parte, Pedro Salazar, secretario académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que el no aprobar este artículo sería devastador no sólo para el IFAI, sino para la ciudadanía.
Cofetel dijo que es un resultado importante porque refleja nuevamente que el órgano regulador ha actuado conforme a derecho
Ciudad de México (10 marzo 2011).- El juez segundo de distrito en materia administrativa, Alfredo Cid, declaró infundado el recurso interpuesto por Grupo Iusacell, en el que se solicitaba una incidencia de violación a la suspensión en el caso de la pasada licitación 21.
Gonzalo Martínez Pous, comisionado de la Cofetel, dijo que es un resultado importante porque refleja nuevamente que el órgano regulador ha actuado conforme a derecho y el poder judicial les ha dado la razón.
“Decían que actuábamos contra derecho al dar el fallo durante la licitación y que por eso algunos comisionados no habían firmado, pero ahora el poder judicial poco a poco nos ha dado la razón”, dijo Martínez Pous.
Expresó que este es un hecho relevante, ya que la empresa que promovió el litigio aseguró que el regulador había violado la ley al fallar en favor de Nextel durante la licitación 21.
Recordó que hasta hoy quedan vivos 41 amparos contra la licitación 21, y que por ello es posible que Nextel no pueda hacer uso comercial de la red.
Al menos en cuatro ocasiones diversos jueces han declarado infundados los argumentos de Iusacell u otras filiales de Grupo Salinas.
La resolución del juez, agregó Martínez Pous, demuestra también que la licitación se llevó a cabo en tiempo y forma.
Por su parte, Francisco Borrego, representante legal de Grupo Salinas, declaró que impugnaran la resolución del juez.
Acceso a información pública no es concesión del gobierno: Ifai
El acceso a la información pública gubernamental no puede ser regateado por los gobiernos, porque “no es una concesión graciosa de gobiernos paternalistas o liberales”, advirtió la comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, María Marván.
Al participar en el Seminario Internacional sobre la Ley Modelo Interamericana sobre acceso a la información pública, destacó que el derecho de acceso a la información pública reconoce una de las libertades esenciales del ser humano, por lo cual sus alcances no se limitan a ciudadanos, sino que se extiende a todas las personas.
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