Tema: Transparencia y acceso a la información

Subtema: INAI

 

Ordenan a la SEMARNAT revelar datos sobre la contaminación

La Jornada

Fernando Camacho Servín

17 de octubre de 2018

Informativo

 

Ciudad de México. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales le ordenó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que dé a conocer información diversa sobre los sitios más contaminados del país en los últimos doce años.

En la sesión del Pleno de ayer, se explicó que una persona le había solicitado a la Semarnat la versión pública de la información sobre los lugares contaminados en México de 2006 a la fecha, desglosado por año, estado, municipio, fuente y tipo de contaminante.

Inicialmente, el sujeto obligado le envió a la solicitante un conjunto de datos equivocados, lo que llevó a la particular a interponer un recurso de revisión. En la fase de alegatos, la Semarnat trató de subsanar el error y le envió un listado de sitios contaminados, pero sólo de 2008 a 2018, sin incluir los años 2006 y 2007.

Al estudiar el tema, la comisionada Blanca Lilia Ibarra documentó que la Semarnat sí contaba con la información que no había entregado, pues realizó un levantamiento de datos en las entidades federativas respecto de los años 2006 y 2011, del que se desprende que existen 333 sitios potencialmente contaminados y 21 sitos declarados contaminados.

De igual forma, descubrió que se cuenta con un estudio sobre el impacto de los residuos tóxicos en la población, desglosados por entidad, de 1992 a 2011. Por tal razón, propuso revocar la respuesta del sujeto obligado y llamarlo a entregar toda la información que le habían solicitado. El proyecto fue avalado por unanimidad.

 

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Tema: Transparencia y Acceso a la información

Subtema: Diagnóstico sobre transparencia

 

Tenemos la mejor Ley de Transparencia en el mundo

Animal Político

Ana Cristina Ruelas

17 de octubre de 2018

Opinión

 

La participación de la sociedad civil en los procesos legislativos durante el último periodo de sesiones del Senado de la República abrió la puerta hacia un espacio que tenemos que mantener.

A lo largo de este sexenio, la oportunidad que se tuvo para incidir en legislaciones, como la reforma constitucional en materia de transparencia y la ley general respectiva, permitió que contaran con estándares que garantizan el derecho de acceso a la información, e impulsan la transparencia gubernamental como un valor institucional. También fincó las bases para iniciar procesos de co-creación entre sociedad y gobierno.

En particular el proceso legislativo de la Ley General de Transparencia ha sido una importante experiencia que, en el marco de una nueva legislatura, no se puede olvidar.  Esta ley logró convertirse en la mejor del mundo por una razón: los partidos políticos trabajaron, de la mano con la sociedad, para resolver un problema público bien reconocido (la asimetría de información entre distintas poblaciones y la falta de mecanismos para exigir el derecho a la información).

Desde el inicio de las discusiones las reglas fueron claras. En conjunto con un grupo de Senadores/as de las tres fuerzas parlamentarias, prominentes en ese momento, se determinó que trataríamos de llevar al consenso cada uno de los artículos de la ley, que únicamente en casos en los que hubiese un total desacuerdo, dicho articulado sería encorchetado a fin de que los mismos Senadores/as llegaran a una determinación final. Además, otra regla suponía que la ley integraría todos los avances jurisprudenciales y criterios que han sido reconocidos por cortes nacionales e internacionales.

De esta manera, la participación entre las partes fue igualitaria, dotando a todos/as de la posibilidad de debatir y defender nuestras posiciones para encontrar el consenso e identificar mejores prácticas y maneras para combatir los obstáculos para acceder a la información.

En este proceso, logramos que el Estado reconociera, por ejemplo, que no puede criminalizar a la búsqueda, recepción y difusión de información; que la información relacionada con violaciones de derechos humanos y actos graves de corrupción no puede estar sujeta a reserva alguna, fomentando el deber del Estado de recordar y hacer del conocimiento público las atrocidades del pasado; también la ley promueve la difusión activa de información de interés público y genera mecanismos diversos de exigibilidad del derecho de acceso a la información.

Aún queda un largo camino por recorrer para que el acceso a la información sea verdaderamente universal e inclusivo, es decir que la información sea accesible para todos/as (incluidos/as aquellos/as en mayor situación de vulnerabilidad), hoy por hoy, tenemos información que antes no teníamos, hoy somos conscientes de la corrupción y la impunidad gracias -también- al acceso a la información pública.  No obstante, falta mucho por cumplir, falta estado de derecho y falta que el Estado nos rinda cuentas.

El reto sigue siendo mayúsculo: encontrar mecanismos alternativos para el acceso a la información, eliminar la exclusión que la brecha digital supone a las poblaciones en situación de vulnerabilidad e impulsar un proceso de digitalización real con capacitaciones técnicas, multiculturales y lingüísticas; así como asegurar que la información que se acerca a la gente sea relevante y accesible para todas y todos. Sin embargo, un proceso de parlamento abierto como el de la Ley General de Transparencia nos mostró otra forma de participar en la vida pública, de exigir nuestros derechos y el cumplimiento de los más altos estándares internacionales.

 

* Ana Ruelas es abogada y maestra en Administración Pública y Política Pública, actual directora de la oficina regional de @article19mex para México y Centroamérica.

 

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Tema: Transparencia y Acceso a la información

Subtema: INAI

 

INAI ordena a Semarnat entregar datos sobre sitios contaminados del país

Aristegui Noticias

Redacción AN

17 de octubre de 2018

Informativo

 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) deberá entregar versión pública de los sitios contaminados en el país entre 2006 y 2017, ya que en el pasado se entregó información equivocada, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Al presentar el asunto ante el Pleno, la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena afirmó que el acceso a la información contribuye a ejercer otros derechos como la protección del medio ambiente.

“El Inai, en su carácter de organismo garante, tiene el deber de contribuir a la consolidación de una democracia también ambiental y una gobernanza efectiva”, aseveró.

Subrayó que la Organización Mundial de la Salud estima que 12.6 millones de personas mueren todos los años a causa de los riesgos ambientales (95 % son niños y adultos que viven en países en vías de desarrollo) entre los que destaca la contaminación atmosférica, relacionada con una de cada 10 muertes a nivel mundial.

Señaló que México no ha sido ajeno a la tendencia mundial de impulsar acciones para proteger el medio ambiente. En la modernización del TLCAN, ahora llamado T-MEC, se incluyeron cláusulas especiales para ampliar los compromisos de su protección.

Sobre el caso, el particular solicitó versión pública de los sitios contaminados en México de 2006 a 2018, desglosado por año, entidad federativa, municipio, fuente y tipo de contaminante o residuos peligrosos dominantes, así como los números correspondientes a la lista general y estatal.

La Semarnat proporcionó información equivocada, por lo que el particular interesado se inconformó e interpuso un recurso de revisión ante el Instituto.

En alegatos, el sujeto obligado intentó subsanar su respuesta entregando el listado de sitios contaminados en México correspondiente al periodo comprendido entre 2008 y 2018; sin embargo, omitió los años 2006 y 2007.

En el análisis del caso, a cargo de la comisionada Ibarra Cadena, se advirtió que el sujeto obligado realizó un levantamiento de datos en las entidades federativas en 2006 y 2007, del que se desprende que existen 333 sitios potencialmente contaminados y 21 declarados con esta condición.

Además, se cuenta con un estudio sobre el impacto de los residuos tóxicos en la población de 1999 a 2011, en el cual la información se encuentra desglosada por entidad. (Con información de Ntmx)

 

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Tema: Transparencia y Acceso a la información

Subtema: ITEI

 

El ITEI impone arresto a ex alcalde y ex directora del DIF de Amatitán

El Informador

Redacción EI

17 de octubre de 2018

Informativo

 

El Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (Itei) impuso arresto administrativo por 12 horas al ex presidente municipal de Amatitán, David Calderón González y para la ex directora del DIF municipal Yulia Calderón Zepeda, en ambos casos por no atender en su momento los requerimientos del Itei para la publicación de información fundamental en sus respectivos portales de internet.

“Esta ordenando el Itei que se informe a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Amatitán para que sea quien ejecute este arresto y regularmente se lleva a cabo en donde establezca el reglamento del municipio en materia de seguridad, en este caso tendrían ya que ser en los separos”, dijo Cynthia Cantero Pacheco, Comisionada Presidente del Itei describió las acciones que derivarán del ordenamiento del Pleno.

Asimismo, se aprobaron dos amonestaciones con copia al expediente laboral de Héctor Manuel Rodríguez Serratos titular de la Unidad de Transparencia e Información de Tala, por no entregar información sobre uso de suelo y diversas facturas, tiene 10 días hábiles para entregar la información a los particulares que la solicitaron.

El Itei orden a la Fiscalía General del Estado acceso en versión pública a ciertas carpetas de investigación o averiguaciones previas, por primera vez el Pleno del instituto aplica la excepción de “violaciones graves a derechos humanos” prevista en la ley, para ordenar la entrega de carpetas de investigación en curso relacionadas con el delito de desaparición forzada de personas, y también porque por primera vez se aplica tal excepción sin que se encuentre acreditada la participación de servidores públicos en la comisión de este delito.

Además ordenó a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Jalisco entregue información relativa a un proceso pasado para obtener nombramientos de notarios públicos o justifique su inexistencia; de la misma forma, se ordenó la entrega a Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco (SIOP) de información sobre acciones en Banco Estatal de Proyectos de Inversión Pública, de las obras ejecutadas de la partida presupuestal 4247; también se ordenó a la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) entregue información sobre entrega de 500 mil pesos al “Centro Fox” realizada en el año 2010 a través de la partida 4331; igualmente, se ordena al Consejo de la Judicatura publique información respecto de la Fracción 11 apartado VIII.

Los municipios que fueron requeridos para entregar información diversa son, Concepción de Buenos Aires, Ixtlahuacán de los Membrillos, Sayula, Tamazula de Gordiano, Zacoalco de Torres y en el caso de Tala son varios los requerimientos, además de las sanciones señaladas.