La jueza 54 y el interés público
Miguel Ángel Granados Chapa
Líbrenos el cielo, a todos cuantos hemos escrito sobre la licitación 21, de caer en manos de la jueza número 54 del ramo civil en el Distrito Federal. Sustenta un criterio tan pobre, y tan lesivo para la profesión de informar, que su peculiar interpretación de la ley, a partir de su propia y confesa ignorancia, acallaría a todos los medios informativos, que a menudo se ocupan de dar noticias o reflexiones críticas sobre concursos en que se asignan recursos fiscales.
En una sentencia contra un director y columnista, dos reporteras y un caricaturista -primera que desde el porfiriato se asesta contra un humorista gráfico-, la juzgadora Yassmín Alonso Tolamatl asegura que “es claro que las licitaciones efectuadas por Pemex no pueden ser consideradas como de interés público. Puesto que en primer término LA PETROQUÍMICA (así con inesperadas e innecesarias mayúsculas) es una rama de la industria que en nuestro país no ha sido desarrollada en gran escala, siendo esta una rama específica que cuenta con una terminología especial y conocimientos técnicos que el público en general e inclusive la suscrita desconoce, puesto que los expertos en tal cuestión son las empresas dedicadas a la citada rama, y por ende al carecer de los citados conocimientos, no es factible que el público en general tenga interés si sería más conveniente a los intereses de la paraestatal el comprar un buque o rentarlo, dado que dicha cuestión es inherente a la paraestatal y por el hecho de que maneje recursos que son del erario, no podría válidamente considerarse como de interés público, dado que se caería en el absurdo de que se tendría que cuestionar y por ende facultar a los periodistas para emitir opiniones subjetivas en relación a cualquier adquisición, licitación o actuar de cualquier ente de Gobierno, por lo cual en la especie no se actualiza la excluyente de responsabilidad prevista en el segundo párrafo del artículo 25 de la ley de responsabilidad civil”.
Es de esperarse que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, cuando reciba este caso en apelación, no sólo haga notar a la juzgadora la pésima sintaxis de su considerando sino evite, al ordenarle que emita un nuevo fallo, que pretenda inhibir de modo tan grotesco la actividad periodística. Si el tribunal de alzada validara el ridículo y absurdo criterio de la jueza Alonso, será preciso que los afectados acudan a la justicia de amparo, paso en que los acompañarán sin duda los periodistas que encuentren en este dificultoso razonamiento no una posición judicial sino el parecer de las opacas oficinas de prensa que buscan ocultar antes que proveer información.
La sentencia mencionada corresponde al juicio ordinario civil iniciado el 13 de abril de 2009 por las empresas Arrendadora Ocean Mexicana, S.A. de C.V., Blue Marine Technology S.A. de C.V. y Subtec, S. A. de C.V., así como sus accionistas contra Miguel Badillo, por sí mismo y como editor de la revista Fortuna, contra la reporteras Nancy Flores y Ana Lilia Pérez y el cartonista David Manrique, así como contra las empresas que editan y distribuyen esa publicación. La demanda comprende igualmente textos aparecidos en otros medios impresos y en una página de internet. En su primera instancia, la que correspondió atender a la jueza Alonso Tolamatl, el proceso terminó el 3 de enero pasado, justo al concluir el receso judicial.
La sentencia abunda en afirmaciones dogmáticas, que de ser corroboradas en la segunda instancia dejarían en estado de indefensión a los demandados. La juzgadora se atiene a la “Teoría Objetivista” (de nuevo mayúsculas, para impresionar) según la cual “los extremos a probar…es (sic, en vez de son) el ataque directo efectuado en contra de los demandados (sic, por demandantes), sin que sea necesario el acreditamiento del daño efectuado y la relación de causalidad entre el ataque sufrido y el daño efectuado”. De una cita a la exposición de motivos de la reforma de 1982 al artículo 1916 del Código civil del DF, la jueza desprende, según la mencionada teoría objetivista, “que el daño moral se causa por la realización de un hecho ilícito, entendiéndose como tal un acto contrario a las leyes de orden público y las buenas costumbres”. De ese especioso argumento resulta que el periodismo en general y los textos impugnados en este juicio son de suyo hechos ilícitos. Por eso le es fácil afirmar que el daño “ha quedado debidamente acreditado con la simple exhibición de los artículos materia de esta resolución”.
La jueza parte de esos elementos para declarar que Badillo “ejerció en forma abusiva, indebida e ilegal su derecho de expresión”. Y el mismo predicado se aplica a Nancy Flores y Ana Lilia Pérez, a y David Manrique, y se les condena “a restituir el patrimonio moral” de los demandantes, mediante la inserción, a su costa, de un extracto de la sentencia en las publicaciones de las empresas demandadas. Se les condena, igualmente, a “cesar en forma permanente el abuso indebido y exceso al derecho a la información” en contra de los demandantes.
La jueza sostiene que los materiales periodísticos en entredicho causaron “un daño moral y un daño en su patrimonio moral (sic), vida privada, imagen, decoro, honor, prestigio personal comercial”, lo cual sólo podría saberse con precisión conociendo la opinión de los lectores de dichos materiales. Por lo que a mi toca, uno de los demandantes, Antonio Juan Marcos Issa, merece todo mi respeto sin que su reputación sufra menoscabo alguno por estas publicaciones.
Cajón de sastre
En sendas cartas que aparecen en esta misma edición, Televisa y Grupo Salinas desmienten la venta de Iusacell, a que me referí en la Plaza pública de ayer. A reserva de ofrecer una respuesta más completa, admito avergonzado que cometí dos errores profesionales. En primer lugar, me dejé llevar por el afán de dar a conocer una primicia, una noticia exclusiva en un ámbito de gran importancia pública, en actitud ajena a la línea periodística de mi trabajo de información y análisis. En segundo lugar, como lo señalan los desmentidos a los que en ese punto reconozco plena razón, no inquirí a las partes sobre el hecho, omisión motivada por la firme confianza que me merece la fuente de que abrevé esa información. Al mismo tiempo que acepto la gravedad de este desliz profesional solicito a los lectores lo disculpen.
Germán Martínez Cázares
Crimen y Espectáculo
¿Es un signo de madurez democrática ver a los delincuentes apoderados de los espacios de radio, televisión y prensa?
La mediatización de la lucha contra el crimen es, sin duda, producto de una sociedad abierta, avances tecnológicos en telecomunicaciones, medios de comunicación libres, gobierno sin censura, etcétera; pero, al mismo tiempo, no podemos concluir que las comparecencias mediáticas de presuntos delincuentes consoliden nuestro Estado de derecho.
Un procurador adelanta líneas de investigación a la prensa, otro aparece en un noticiario y saca a la luz pública, de manera ilegal, santo y seña, de una “averiguación previa”. La policía federal hace ceremonias propagandísticas y anuncios con personas detenidas, armas y dinero.
Vimos a Édgar Valdez, La Barbie, tranquilo y sonriente explicando al auditorio sus fechorías, en un escenario con los logotipos de la Policía Federal a sus espaldas. Ahora, conocimos pormenores de la tarea delictiva de José Jorge Balderas Garza, El JJ, cómodamente sentado en un sillón acojinado.
Ambos sembraron sospechas de la tarea de otras policías. El famoso JJ se dio el lujo de dudar e impugnar las hipótesis de trabajo de la Procuraduría del Distrito Federal, al culpar a otro, en televisión, de disparar al futbolista Cabañas.
La grave lucha contra la delincuencia en México, en la que se apostó desde el primer día de su mandato el presidente Felipe Calderón, que está costando miles de vidas, una percepción internacional de inseguridad resentida por el turismo, la inversión y el empleo; poco a poco, peligrosamente, se convierte en espectáculo mediático.
Los juzgados están procesando a malhechores en un clima de opinión pública. ¿El marco de la ley se sustituye por la pantalla de televisión, el cuadrante de la radio o las ocho columnas de un periódico?
¿Cómo edificar confianza en la policía cuando su tarea tiene la réplica mediática de sus reos? ¿Estamos construyendo respeto a las instituciones de procurar e impartir justicia? ¿Por qué, literalmente, “prestar” desde el gobierno a un narco para entrevistarlo? ¿Se imaginan al asesino de Tucson, Jared Lee Loughner, entrevistado en CNN, antes de llevarlo al juez? ¿Por qué filtrar una conversación entre un narco y un diputado? En resumen, ¿por qué “espectacularizar” la labor por la que será recordado el presidente Calderón?
La sociedad mexicana no puede ni debe asumirse como simple espectadora de un “teatro”, donde se están jugando la vida los soldados de su Ejército. La “espectacularización” de la lucha ahuyenta la participación cívica de los mexicanos, los relega a la butaca de lejano público sin compromiso.
El espectáculo es una mercancía, lo dijo el marxista Guy Debord, hace más de 40 años en un libro, La sociedad del espectáculo, premonitorio de nuestra época. Debemos cuidar que la lucha contra la delincuencia no sea mercancía de entretenimiento.
No comparto la teoría económica de Debord, ni creo que se deba ocultar los afanes y desempeños de la lucha por la seguridad; pero, sus estrategias, pausas, formas de combatirlo, pruebas, no pueden ser mercadería audiovisual.
La crítica a la sociedad del espectáculo de Debord tiene un argumento contundente: la mercancía degrada al “ser” en “tener”. El espectáculo degrada al “ser” en simplemente “parecer”. La misma preocupación tiene Mario Vargas Llosa cuando anuncia un nuevo ensayo, La civilización del espectáculo, contra la banalización y frivolidad de la cultura.
El préstamo de El JJ a la televisión fue un error frívolo de la Policía Federal, que banaliza esa lucha y sólo persigue el “parecer” eficaz.
Defiendo esa batalla del presidente Calderón. Es real y necesaria. Pero su mediatización la puede convertir en simple apariencia para miles de ciudadanos que deben estar atentos y compartiendo esa misión.
Quizá por abusar del “espectáculo”, el gobierno federal sufre para convencer de la utilidad de esa lucha, y de que efectivamente la “va ganando”, y de que con ella, construimos un imperio de la ley.
BBC suprimirá 360 puestos de trabajo
La BBC cerrará unos 200 portales de Internet como parte de un programa de recortes en el área digital, lo que supondrá el recorte de unos 360 empleos en los próximos dos años.
Según informó hoy la emisora, el objetivo es recortar en 25% el presupuesto destinado a los portales, de 137 millones de libras (unos 160 millones de euros) a 103 millones de libras (unos 120 millones de euros) para el periodo 2013/14.
Papa advierte sobre el riesgo de tener más amigos virtuales que reales
El Papa Benedicto XVI elogió con reservas el uso de redes sociales el lunes, alabando su potencial pero advirtiendo que las amistades online no reemplazan al contacto humano real.
El pontífice de 83 años, que no tiene cuenta en Facebook, transmitió sus opiniones en un mensaje con un solemne título que cabría en un tweet: “Verdad, proclamación y autenticidad de la vida en la era digital”.
El Papa dijo que las posibilidades de los nuevos medios y las redes sociales ofrecen “una gran oportunidad”, pero advirtió sobre los riesgos de despersonalización, alienación, autoindulgencia y de tener más amigos virtuales que reales.
WikiLeaks: Cisen deja a FBI interrogar a migrantes
El gobierno del presidente Felipe Calderón permitió que personal del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) y otras agencias de seguridad de Estados Unidos interroguen a los indocumentados, principalmente centroamericanos, detenidos en México, según un nuevo cable de WikiLeaks que fue dado a conocer por el periódico español El País.
Además, el rotativo hizo públicas otras misivas de la diplomacia estadounidense en las que se señala que el Ejecutivo mexicano solicitó ayuda a gobierno de Washington para apaciguar la situación de violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Conacyt difundirá por radio en EU logros científicos mexicanos
Con el compromiso de acercar los desarrollos científicos nacionales a la sociedad, el Sistema de Centros Públicos de Investigación (CPI) del Conacyt presentó la serie radiofónica La otra revolución. Historia de la ciencia en México, la cual se ha difundido con éxito en más de 80 estaciones del país y se prevé que pronto llegará a Estados Unidos.
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