Tema: Transparencia y acceso a la información

Subtema: Protección de datos personales

 

Autoridades sin facultad, con acceso a clientes de telefonía

EL UNIVERSAL

Carla Martínez

6 de octubre de 2018

Informativo

 

El 31.4% de las solicitudes de información recibidas por empresas de telefonía provienen de

autoridades sin facultades, reveló el informe ¿Quién no defiende tus datos?, de la organización R3D.

 

“Entre 2016 y 2017 datos como la ubicación geográfica, los números con los que se sostuvieron llamadas y conversaciones mediante mensajes de texto, entre otros datos, de más de 26 mil usuarios fueron compartidos con autoridades no identicadas, potencialmente sin facultad legal para realizar dichos requerimientos”, señala el documento.

 

El análisis fue realizado por la organización R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales con

datos de 2016 y 2017 del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en cumplimiento de los

Lineamientos de Colaboración en Materia de Seguridad y Justicia, vigentes hasta principios de

este año.

 

En los años analizados los concesionarios autorizados de telecomunicaciones recibieron 140

mil solicitudes de acceso a datos conservados y 6 mil referentes a geolocalización, de las

cuales en 97% de las ocasiones la información fue entregada. De acuerdo con el informe, Telcel y Telmex entregaron información en 100% de las solicitudes recibidas; 110 mil 214 y 6 mil 402, respectivamente, Telefónica Movistar otorgó los datos en 83.4% de las ocasiones, y AT&T, en 61.5%.

 

La organización destaca que 31% de las solicitudes recibidas por Telcel fueron efectuadas por

autoridades sin facultades o no identicadas.

 

Entre las autoridades no facultadas que tuvieron acceso a la información de las personas con

servicios de telecomunicaciones destacan los institutos electorales de la Ciudad de México y

de Oaxaca, los gobiernos del Estado de México y de Colima, las secretarías de Marina, de

Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)

 

“La entrega de datos conservados o localización geográfica autoridades no facultadas en el ejercicio de la vigilancia pone en peligro la privacidad y la seguridad de los usuarios de servicios de telecomunicaciones y representa una violación a la legislación mexicana en la materia”, asegura el informe.

 

R3D explica que las autoridades que pueden solicitar los datos de los usuarios son la Procuraduría General de la República (PGR), las Procuradurías y Fiscalías de las entidades

federativas, la Policía Federal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Sobresale que la PGR tiene el mayor número de solicitudes, con 18% del total.

 

El análisis menciona que el IFT decidió eliminar las obligaciones de transparencia en abril de

2018, por lo que la sociedad no podrá seguir conociendo la manera en que las empresas de

telecomunicaciones entregan información de los usuarios a las autoridades.

 

Al respecto, el IFT explicó que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública establece que los sujetos obligados en materia de seguridad pública y procuración de

justicia deben publicar el listado de solicitudes a las empresas en esta materia.

 

“La autoridad encargada de supervisar y vigilar el cumplimiento de esta ley es el Inai”, detalló.

[hr]

Tema: Transparencia y acceso a la información

Subtema: Otros

 

Revisarán órganos de transparencia

Mural

Rolando Herrera

5 octubre de 2018

Informativo

 

La senadora Olga Sánchez Cordero, quien a partir del 1 de diciembre ocupará la Secretaria de Gobernación, anunció que la próxima administración hará una revisión de las instituciones de transparencia y rendición de cuentas, incluidos los órganos autónomos, para evitar dispendios y duplicidades.

Ante los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) e integrantes de órganos garantes locales, sostuvo que existe una burocracia que no ha dado los resultados que se esperaban.

“Desde la perspectiva del nuevo Gobierno, que encabezará Andrés Manuel López Obrador, el Presidente Electo, se deben de revisar las instancias relacionadas con la transparencia y rendición de cuentas del Gobierno federal, incluyendo los órganos autónomos, con la finalidad de rediseñar la Administración Pública Federal, no solo para evitar la duplicidad de funciones, sino para lograr mayor contundencia en la información transparentada”, advirtió.

Al participar en la Semana Nacional de Transparencia, Sánchez Cordero dijo que si bien México pertenece desde hace algunos años a la iniciativa del Gobierno Abierto, las acciones que se han adoptado únicamente ha atendido a la forma y no al fondo.

“El resultado adverso, derivado de esta situación, es que se crean en todas las instancias órganos de vigilancia, sí, de auditoría, de contraloría; se elaboran, sí, múltiples bases de datos, pero, ojo, no necesariamente relacionados entre sí y, tampoco, de acceso al ciudadano”, señaló.

En referencia al Sistema Nacional Anticorrupción, pero sin mencionarlo directamente, dijo que se han hecho reformas en las que el Gobierno ha diluido su responsabilidad al pasar a manos de ciudadanos acciones de combate a la corrupción que le corresponde desarrollar a la autoridad.

“Se aprueban leyes que parecen traslapar las responsabilidades de funcionarios públicos, se validan las malas prácticas, porque, como los procedimientos están ciudadanizados, el Gobierno diluye su responsabilidad directa y el problema se agrava dado que estas estrategias representan, obviamente, costos presupuestarios”, indicó.

Sánchez Cordero dijo que para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el trabajo que hace la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se le pedirán a esta institución, que forma parte del Poder Legislativo, que simplifique sus informes de auditoría.

Estos informe, expuso, deben de explicar de manera clara y sencilla los hallazgos reportados y permitir a los ciudadanos saber qué ocurrió en cada caso, si se presentó una denuncia o, si no se hizo, las razones de ello.

[hr]

Tema: Transparencia y acceso a la información

Subtema: Otros

 

Revisarán órganos de transparencia

Reforma

Rolando Herrera

6 octubre de 2018

Informativo

 

La senadora Olga Sánchez Cordero, quien a partir del 1 de diciembre ocupará la Secretaria de Gobernación, anunció que la próxima administración hará una revisión de las instituciones de transparencia y rendición de cuentas, incluidos los órganos autónomos, para evitar dispendios y duplicidades.

Ante los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) e integrantes de órganos garantes locales, sostuvo que existe una burocracia que no ha dado los resultados que se esperaban.

“Desde la perspectiva del nuevo Gobierno, que encabezará Andrés Manuel López Obrador, el Presidente Electo, se deben de revisar las instancias relacionadas con la transparencia y rendición de cuentas del Gobierno federal, incluyendo los órganos autónomos, con la finalidad de rediseñar la Administración Pública Federal, no solo para evitar la duplicidad de funciones, sino para lograr mayor contundencia en la información transparentada”, advirtió.

Al participar en la Semana Nacional de Transparencia, Sánchez Cordero dijo que si bien México pertenece desde hace algunos años a la iniciativa del Gobierno Abierto, las acciones que se han adoptado únicamente ha atendido a la forma y no al fondo.

“El resultado adverso, derivado de esta situación, es que se crean en todas las instancias órganos de vigilancia, sí, de auditoría, de contraloría; se elaboran, sí, múltiples bases de datos, pero, ojo, no necesariamente relacionados entre sí y, tampoco, de acceso al ciudadano”, señaló.

En referencia al Sistema Nacional Anticorrupción, pero sin mencionarlo directamente, dijo que se han hecho reformas en las que el Gobierno ha diluido su responsabilidad al pasar a manos de ciudadanos acciones de combate a la corrupción que le corresponde desarrollar a la autoridad.

“Se aprueban leyes que parecen traslapar las responsabilidades de funcionarios públicos, se validan las malas prácticas, porque, como los procedimientos están ciudadanizados, el Gobierno diluye su responsabilidad directa y el problema se agrava dado que estas estrategias representan, obviamente, costos presupuestarios”, indicó.

Sánchez Cordero dijo que para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el trabajo que hace la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se le pedirán a esta institución, que forma parte del Poder Legislativo, que simplifique sus informes de auditoría.

Estos informe, expuso, deben de explicar de manera clara y sencilla los hallazgos reportados y permitir a los ciudadanos saber qué ocurrió en cada caso, si se presentó una denuncia o, si no se hizo, las razones de ello.