Tema: Transparencia y acceso a la información

Subtema: Diagnósticos sobre transparencia

 

Policia Federal entrega resultados en materia de transparencia

El Financiero

Redacción

28 de septiembre de 2018

Informativo

 

La Policía Federal refrendó su compromiso con la transparencia puesto que ha cumplido con dar respuesta a las solicitudes de información, redujo los casos de reserva y sensibilizó a los integrantes de la corporación sobre la rendición de cuentas.

Lo anterior, en cumplimiento con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

De diciembre de 2012 al 15 de septiembre de 2018, recibió siete mil 371 solicitudes de información sobre múltiples temas, de las cuales el 82.56 por ciento fueron atendidas en forma satisfactoria.

El resto no fue posible entregar la información por casos fuera de competencia o aquellas consultas sobre datos reservados, propios de la actividad policial.

Aún y cuando existe un plazo de 20 días para atender la solicitud de información de un peticionario, periodo que se puede ampliar hasta 30 días, actualmente la Policía Federal ha reducido los tiempos de respuesta al ciudadano a un periodo de 15.89 días promedio para entregar la información requerida.

Además, desde 2015, ha estado en los primeros lugares de capacitación en materia de transparencia y en 2016 logró rebasar la meta establecida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), al capacitar a 39 mil 759 integrantes de la corporación.

Esta práctica ha sido reconocida por el INAI durante cuatro años consecutivos, periodos en que la Policía Federal ha refrendado el reconocimiento de Institución y Comité de Transparencia 100 por ciento capacitado.

En el rubro de Rendición de Cuentas, la Policía Federal a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, ha puesto a disposición de la ciudadanía mil 490 contrataciones con diversas empresas, así como las versiones públicas de 468 procedimientos de contratación por adjudicación directa.

Por lo que corresponde a Transparencia Focalizada, puso al alcance la información que ha sido recurrente en las solicitudes en temas como: aseguramientos, infracciones de tránsito en carreteras federales, prevención de accidentes en carreteras federales, datos del Centro Nacional de Atención Ciudadana, información de áreas operativas como la División de Gendarmería, información estadística de denuncias de la Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos, los cuales fueron determinados a través de un análisis a las solicitudes de acceso a la información.

Las personas interesadas pueden acceder a esta información de una forma sencilla, colocando en su motor de búsqueda, la frase “Transparencia focalizada Policía Federal” y así se podrá ingresar al apartado en la materia dentro del portal gob.mx .

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Tema: Transparencia y acceso a la información

Subtema: Diagnósticos sobre transparencia

 

Demeritan reporte sobre transparencia

El Diario NTR

Grettel Rosales

29 de septiembre de 2018

Informativo

 

El reporte de la evaluación que hizo el Observatorio del Gasto al gobierno de Jalisco en cuanto a la calidad de transparencia presupuestal fue demeritado por Guillermo Muñoz Franco, coordinador general de Transparencia e Información Pública Ejecutivo local.

“No sé cuál sea su metodología, no lo conozco honestamente al Observatorio del Gasto, pero ahí están los resultados en materia de transparencia fiscal y presupuestal, en transparencia en programas públicos y las evaluaciones que nos han hecho los órganos nacional e internacional, incluso las calificadoras Fitch Raitings califican al gobierno dándole un alta calificación crediticia, me parece que estas casas evaluadoras nacionales y órganos en materia de transparencia nos dan buenas calificaciones”, declaró Muñoz Franco.

Ayer, este medio dio a conocer que dicho observatorio entregó a la Cámara de Diputados un reporte de Transparencia Presupuestaria, en el que Jalisco se posiciona en penúltimo lugar del índice, tan sólo debajo de Colima y a la par de Veracruz.

De acuerdo con Alberto Bayardo Pérez Arce, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), dicha evaluación mide la calidad de las políticas que se ponen en marcha en materia de transparencia, por lo que la información es de suma relevancia.

El funcionario estatal insistió en que los reconocimientos que ha recibido en gobierno estatal en transparencia presupuestal en los últimos años por parte del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) también incluyen la calidad de la información.

“El Imco no sólo evalúa el acceso a la información, sino la calidad de la información, porque su criterio va con una orientación de un desglose de criterios, donde no nada más es acceso a la información, sino calidad de la información”.

Agregó: “No nada más es subir información, sino la calidad de la misma y que ésta también lo evalúan los órganos nacionales e internacionales (Inai e Itei)”.

Sin embargo, Bayardo Pérez Arce dijo que lo que mide el Observatorio del Gasto va más enfocado en conocer qué se hizo, cómo se hizo y por qué se hizo así el gasto, que en dar a conocer la rendición de cuentas como tal.

En este sentido, Manuel Guadarrama, director de Finanzas Públicas del Imco, reconoció que existen dos métricas que realizan en materia presupuestal: índice de información presupuestal estatal y otra en versión municipal que se realiza desde 2008.

Detalló que esta medición busca conocer la disponibilidad de la información de las finanzas públicas de los estados y Municipios, pero además mejorar la calidad de estos datos, por lo que revisan en los presupuestos de egresos e ingresos, así como en el presupuesto ciudadano de las entidades o Municipios.

Sin embargo, también detalló que desde el año pasado el Imco realiza un ejercicio complementario al de información presupuestal: índice de información del ejercicio del gasto, con el cual sí se revisa en qué se aplican los recursos con los que cuenta los gobiernos estatales y municipales.

“El Imco no sólo evalúa el acceso a la información, sino la calidad de la información, porque su criterio va con una orientación de un desglose de criterios”

Guillermo Muñoz, coordinador de Transparencia del estado

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Tema: Transparencia y acceso a la información

Subtema: Diagnósticos sobre transparencia

Advierten que al próximo gobierno podría no aplicarse la 3de3

El Economista

Leopoldo Hernández

28 de septiembre de 2018

Género: Informativo

 

El Grupo Parlamentario del PAN en el Senado llamó al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción para que a partir del 1 de diciembre entre en vigor el Formato Nacional de Declaración Patrimonial y de Intereses.

Apenas el 13 de septiembre, el órgano colegiado aprobó que el formato entre en vigor en abril del 2019, lo que impide que la ciudadanía conozca la situación patrimonial de los servidores públicos próximos a dejar la administración.

“Las declaraciones de salida del actual gobierno y las declaraciones de entrada del gobierno entrante no les aplicaría la disposición de hacer públicas con estos formatos sus declaraciones patrimoniales al respecto, es decir, ésta deja fuera a los funcionarios del gobierno entrante, casualmente, y también de la declaración saliente a que estén obligados a publicar, con estos formatos, la información”, dijo Damián Zepeda, coordinador de los panistas.

En tribuna, Julen Rementería sostuvo que si continúa la propuesta para que sea a partir de abril del año entrante la aplicación del nuevo formato de las declaraciones 3 de 3, los actuales y nuevos servidores públicos lo harían conforme al actual, lo que limita a los ciudadanos conocer esa información de acuerdo al formato “novedoso” que presentó el Sistema Nacional Anticorrupción.

La gente, refirió, el 1 de julio votó por que en este país se acabara la corrupción, por lo que a los legisladores corresponde hacer valer ese mandato ciudadano de saber la situación patrimonial de los servidores públicos.

“No permitamos pues, en esta ocasión, en este momento en que habrá una transición en el gobierno federal, el que se vaya sin la obligación que tienen unos y otros, los que entran y los que se van, de presentarle, no a nosotros, no al Sistema Nacional Anticorrupción, sino al pueblo de México, cuál es la situación de su patrimonio”, dijo.

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Tema; Transparencia y acceso a la información

Subtema: INAI

 

Corrupción y transparencia: inconsistencias del INAI

Animal Poítico

Sarahí Salvatierra y Janet Oropeza

28 de septiembre de 2018

Informativo

 

Este 28 de septiembre que se celebra el Día Internacional del Derecho a Saber, se presenta una buena oportunidad para evaluar qué tanto podemos acceder a información pública sobre corrupción, el segundo problema que más preocupa a la ciudadanía.[1]

El sexenio que está por terminar estuvo caracterizado por escándalos de corrupción a nivel federal y estatal, que implicaron desvíos multimillonarios de recursos y a funcionarios del más alto nivel. Por ejemplo, en estados como Veracruz, Quintana Roo o Chihuahua, los gobernadores estuvieron relacionados con estos hechos. En San Luis Potosí, todos los partidos en el Congreso participaron en un esquema de desvíos.[2]  A nivel federal, el propio presidente o sus más allegados colaboradores como Emilio Lozoya con Odebrecht o Rosario Robles con la Estafa Maestra se vieron implicados en esquemas de sobornos o desvíos.

En el contexto mexicano de corrupción generalizada, la labor de escrutinio ciudadano sobre el actuar y los recursos públicos ha cobrado mayor relevancia. Al contar con esta información de manera oportuna y accesible, la ciudadanía tiene la posibilidad de detectar actos de corrupción y poder denunciarlos ante las instancias pertinentes u organismos de derechos humanos cuando estos actos impiden el pleno ejercicio de derechos. Incluso, una vez estos casos han salido a la luz pública, la ciudadanía debe contar con información para monitorear el seguimiento que se les da por parte de instancias de control o de procuración de justicia.

¿De dónde venimos?

Es importante señalar que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública mexicana, aprobada en 2015, ha sido reconocida como una de las mejores leyes. La misma establece que no se podrá reservar información relacionada con actos de corrupción o violaciones a derechos humanos.[3] Es decir, prohíbe explícitamente la reserva de esta información por la gravedad e impacto que estos casos tienen en la vida de las personas.

Posteriormente, en 2016 se dio otro paso fundamental al aprobarse siete leyes anticorrupción, las cuales crearon un mecanismo de coordinación para el combate a la corrupción, el llamado Sistema Nacional Anticorrupción, que tiene -entre sus integrantes- al órgano garante del derecho de información: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Las leyes también modificaron el Código Penal para establecer un nuevo catálogo de delitos de corrupción, pero que no será vigente en tanto que no se cuente con un Fiscal Anticorrupción.

La aprobación de los marcos normativos descritos antes refleja la relevancia pública que el combate a la corrupción ha adquirido en los últimos años. Sin embargo, algunas disposiciones de estas leyes aún no se han materializado y, como se explica más adelante, generan un desafío para garantizar el pleno acceso a información relacionada con actos de corrupción.

¿Dónde estamos?

De forma cada vez más recurrente, la ciudadanía solicita a instituciones públicas información relacionada con actos de corrupción y el seguimiento a los mismos (pliegos de observaciones, recomendaciones, denuncias, investigaciones, sanciones, entre otros). Cuando estas instituciones se niegan a entregar información, el papel del INAI como órgano garante es muy relevante para determinar si esta se otorga o no. Al respecto, el pleno del INAI ha recibido varios recursos de revisión[4] sobre estos casos y ha desarrollado principalmente dos posturas.

En la primera, que podríamos considerar la más garantista, el INAI ha ordenado entregar la información convencida de que el acceso a ésta permite a la ciudadanía hacer un escrutinio y control del actuar público y exigir a la autoridad mejoras en sus condiciones de vida, resaltando el uso instrumental de este derecho. Lo anterior, porque el INAI reconoce que los actos de corrupción afectan derechos humanos y especialmente a las personas en situación de mayor vulnerabilidad.[5]

Como ejemplo podemos mencionar la resolución RRA 3926/18, en donde el INAI ordenó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el órgano fiscalizador, entregar los oficios mediante los cuales el Gobierno de Quintana Roo solventó, entre 2014 y 2018, las observaciones referentes al Fondo para la Infraestructura Social Estatal ejercido en 2013. Es importante señalar que este Fondo financia obras, acciones sociales básicas e inversiones para beneficiar directamente a población en extrema pobreza y a localidades con alto o muy alto nivel de rezago social. [6]

Al determinar la entrega de la información, el INAI argumentó que la propia ASF había documentado irregularidades que revelaban malos manejos de este fondo, destinado a mejorar la vida de la población en alta situación de vulnerabilidad y a generar condiciones de mayor igualdad. También ratificó que acceder a esta información permitiría  a la ciudadanía evaluar las acciones del gobierno, colaborar e identificar posibles actos de corrupción e incluso mejorar su situación de vida.  En este caso, la apertura de la información se relaciona con oficios enviados a la ASF.

La segunda postura se refiere a la reserva de la información que realizan la entidades públicas, cuando ésta  se encuentran en un proceso de investigación judicial en curso. Lo anterior porque la Ley General de Transparencia y Acceso la Información, en su artículo 113 señala que la información contenida en investigaciones judiciales no podrá ser proporcionada en tanto no se haya dictado una sentencia definitiva ya que podría menoscabar la conducción de las investigaciones. Bajo este criterio, en algunos casos graves en donde particulares han solicitado versiones testadas de la carpeta de investigación, instituciones como la Procuraduría General de la República (PGR), suelen reservar totalmente la información.

Al respecto, los comisionados han debatido en qué casos se debe de determinar la entrega de la información. Para unos  es necesario que los delitos de corrupción del Código Penal Federal entren en vigor; que determinada conducta de un o una servidora pública encuadre  con el delito de corrupción previsto en el Código;  y que la PGR -en tanto no se nombre al Fiscal Especializado en materia anticorrupción- o un Tribunal, determine mediante una sentencia que se trata de un acto de corrupción[7]. Aunque ha prevalecido la anterior postura, otros comisionados han valorado entregar esta información por el interés público que conlleva un asunto relacionado con un escándalo de corrupción.

En la práctica, estas resoluciones se traducen en que ninguna entidad pública podrá entregar información sobre los avances de las averiguaciones previas o carpetas de investigación por actuaciones irregulares de servidores públicos hasta que exista certeza de culpabilidad mediante una sentencia que sea emitida por juez o jueza aún cuando la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información prohibió la reserva de esta información en casos de corrupción y aun cuando el INAI cuenta con las facultades para abrirla, al ser la máxima autoridad en el tema.

Por ejemplo, en el caso Odebrecht, el pleno del INAI sí ha obligado a abrir información numérica de la investigación como el número de fojas del expediente y el de servidores públicos que han sido llamados a declarar. Sin embargo, no se han abierto versiones públicas de las investigaciones judiciales en curso.

El camino pendiente

Si bien el INAI ha instruido la apertura de la información en algunos casos de corrupción, es importante que tambié haga uso de sus facultades y asuma una posición más garantista para asegurar el acceso a información -oportuna y en versiones públicas- sobre las investigaciones de hechos de corrupción, y no sólo hasta que se haya emitido una sentencia. Sin la apertura de esta información, la ciudadanía carece de elementos para poder realizar un escrutinio del desempeño de las entidades públicas en el combate a la corrupción y también prevalece la desconfianza en el sistema de justicia. Una mayor apertura podría ser clave para que el país deje de tener un triste récord en materia de impunidad: 95% de los actos de corrupción quedan impunes.