19 de octubre – Reforma

Ahora que Emilio Azcárraga disolvió su sociedad con Nextel, usted podría despistarse.

Por eso, ojo. En toda esta historia ha quedado de manifiesto cómo operan algunas partes del sistema judicial mexicano, y es para asustarse.

Recuerde que la semana pasada Grupo Salinas dio a conocer que un juez demandó la separación de Nextel y Televisa.

¿Sabe cómo fue ese proceso? Imagine que mañana se le ocurre a usted que Productos ACME, por ejemplo, es una empresa que le cae gorda.

Así que lee usted la Ley General de Sociedades Mercantiles y se encuentra con que su artículo tercero prevé la liquidación de las sociedades que se dediquen a actividades ilícitas.

Redacta usted su demanda y la presenta en el Tribunal Superior de Justicia del DF.

Ahí, por estricto turno “no vaya a creer que por otra cosa” le cae el asunto al juez 27 civil, Gilberto Ruiz, quien la admite a trámite de inmediato.

Y no sólo la admite a trámite, sino que en el mismo auto admisorio, don Gilberto ordena nombrar a un liquidador de Productos ACME.

O sea, una persona que liquidará los bienes de una compañía rentable cuya gente ¡no tiene la más remota idea de que existe la demanda!

Con ese aval legal, el liquidador tiene derecho a romper cerraduras y auxiliarse con la fuerza pública para tomar posesión de las instalaciones.

¿Parece ficción? Pues eso es lo que don Gilberto hizo el viernes, cuando admitió una demanda de Iusacell contra el ahora extinto consorcio entre Nextel y Televisa.

Bastó la afirmación de Iusacell de que dicho consorcio se dedica a actividades ilícitas para que ordenaran su inmediata liquidación.

Los de Nextel se ampararon y lograron suspender la “liquidación”, pero queda la impresión de que ante los tribunales de esta ciudad cualquier cosa se puede conseguir.

Claro, ahora que el consorcio ya se liquidó solito, pues todo este caso resulta ocioso.