Editorial Quid – Fabián Ramírez Flores

En el año pasado se registró el mayor número de muertes contra periodistas por parte de la delincuencia organizada, según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). 2009 fue el año más violento para la libertad de prensa donde se reportaron 12 muertes de comunicadores, le siguieron los años 2008 y  2006 con diez homicidios en cada uno.

La organización Reporteros Sin Fronteras señala a 22 periodistas muertos en los ochos meses transcurridos de 2010, de esos, diez son mexicanos, mientras que en el fatídico 2009 76 periodistas fueron asesinados en el mundo de los cuales 12 fueron en México, el equivalente a 15.7% a nivel global.

De acuerdo con el último informe dos mil nueve de esta organización, titulado Un combate Peligroso, Los entresijos de la Impunidad, México es uno de los países en el mundo donde más atentados han sufrido los comunicadores. Nuestro país, al lado de Afganistán y Somalia, se ha convertido en uno de los territorios donde menor seguridad existe para garantizar la práctica periodística.  En distintas ocasiones la CNDH ha señalado que la libertad de expresión “está en riesgo cuando hay espacios y acciones que atentan contra la actividad de los comunicadores”.

Desde el año 2000 se registraron 61 homicidios de periodistas y durante “la guerra contra el narco”, desde diciembre de 2006 a la fecha, 11 periodistas se encuentran desaparecidos según datos de la CNDH. Mientras que otras organizaciones como la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex), informa que han muerto de forma violenta más de setenta periodistas en la última década.

En diferentes ocasiones estas organizaciones han hecho varios llamados enérgicos a las instituciones encargadas de la seguridad pública del país para que lleguen hasta las últimas consecuencias en las investigaciones de las muertes perpetradas contra periodistas.

El pasado 3 de mayo, Día Internacional de la Libertad de Prensa, la CNDH expresó que los atentados contra los comunicadores son preocupantes, no sólo porque se trata de agravios a la integridad y vida de personas, sino porque la libertad de expresión “es un bien social indispensable en la democracia”.

Pero ante todos estos llamados de las organizaciones ¿qué están haciendo las empresas mediáticas para proteger a sus periodistas? ¿Ya se han planteado esquemas, o en el mejor de los casos, se han implementado programas que garanticen la seguridad de los comunicadores por parte de las empresas para las que laboran?

Ante el panorama de inseguridad y violencia  ¿En Jalisco los periodistas se sienten apoyados por sus lugares de trabajo para denunciar las amenazas, advertencias, los reclamos, los sobornos y cualquier otra práctica del crimen organizado que atenta con la libertad de expresión?

La seguridad de los periodistas no sólo debe ser obligación del Estado sino también una preocupación y acción del propio gremio periodístico, situación que se ha debatido muy poco hacia los públicos pero que al interior de los propios medios no deja de ser un tema pendiente que se construye con dos efectos básicos de la violencia: el miedo y el silencio.