Roberto Rock L.

El 28 de abril pasado un acuerdo del pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información estrenó atribuciones que le fueron concedidas por el Congreso en materia de protección de datos personales. Culminó así una batalla ganada a los intereses de empresarios y gobernantes que consolidan su poder con el abuso de la privacidad y aun de la intimidad de los ciudadanos.

El referido acuerdo, que alude al programa lanzado desde 2009 por la Secretaría de Gobernación para establecer una Cédula de Identidad Ciudadana no alcanzó primeras planas, seguramente porque sus actores no tienen alias criminales, no portan “cuernos de chivo” ni reparten sonrisas o apretones de manos en los pasillos del poder político. Pero el asunto que abordaron lucirá escandaloso para todo observador preocupado por los derechos ciudadanos.

El planteamiento de los comisionados que preside Jacqueline Peschard es una bomba de profundidad contra la Cédula de Identidad, que pese a múltiples objeciones —muchas abordadas en entregas anteriores de esta columna—, sigue avanzando con un enorme costo y, ahora se sabe, ignorando criterios legales y advertencias de expertos nacionales e internacionales sobre el impacto que ese instrumento puede tener en la vida de las personas.

Gobernación pretende que la nueva cédula no sólo acopie datos de carácter jurídico y vivencial de los ciudadanos, sino múltiples rasgos biométricos, entre ellos las 10 huellas digitales, pero también el iris de ambos ojos, un elemento cada vez más empleado por las nuevas tecnologías para garantizar máxima seguridad en el acceso a un domicilio o a espacios sensibles en empresas. Es un hecho médico que en el iris de los ojos pueden detectarse también referencias sobre la salud y otros datos físicos del individuo en cuestión.

A juzgar por investigaciones recientes de EL UNIVERSAL sobre la facilidad con que cualquiera puede comprar bases de datos en poder de organismos públicos, sea en Tepito o en internet, en las actuales condiciones no pasará mucho tiempo antes de que la información que contendrá la Cédula vaya a dar a ese mercado negro.

El acuerdo del IFAI pone en relieve que evaluaciones independientes sobre el proyecto de Cédula de Gobernación plantean dudas sobre si en realidad esa dependencia tiene atribuciones legales o no para hacerse de algunos de nuestros datos personales. En democracia, el derecho de acceso a la información debe dotar de poder a los ciudadanos respecto de los datos en manos del Estado, no al revés.

El pleno del instituto estableció que el programa gubernamental puede implicar un daño a la privacidad de las personas. Y que las acciones que prevé podrían ser del todo desproporcionadas con el objetivo que públicamente dice perseguir. De ahí que emitió un amplio cuerpo de recomendaciones que Gobernación debería atender antes de proseguir con su controvertido proyecto.

Ante el riesgo de que esta Cédula derive en el futuro en una herramienta autoritaria del Estado o en filtraciones que vulneren la tranquilidad pública, es urgente que las recomendaciones del IFAI sean materia de debate público. Y ello debe ocurrir ahora. Después puede ser demasiado tarde.

Apuntes

II COFETEL. Todos los caminos hacia una reforma en materia de telecomunicaciones y medios electrónicos —que ya es lo mismo— parecen cruzar por la inminente salida del presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Héctor Osuna. El piso que le daba apoyo se desmorona bajo sus pies. II SINALOA. En un escenario cargado de tensiones, Mario López Valdez —el popular Malova— por fin se registró como el aspirante de la coalición opositora en el estado. Deberá hacer una doble campaña: afuera, contra el priísta Jesús Vizcarra; adentro, para evitar que la alianza se desmorone por falta de real compromiso de quienes lo postulan. En ese estado, como en otros donde PAN y PRD van juntos, los “cañonazos” oficiales doblan ya a más de uno. II EDUCACIÓN. Semana de buenas noticias, como el anuncio de una computadora por cada alumno en secundaria, hecho por el titular de la SEP, Alonso Lujambio. Pero brilló también la digna cancelación de un programa de la UNAM en Arizona, por órdenes del rector José Narro.

NOTA