Putin promulga ley de medios “agentes del extranjero” en Rusia

El Informador

AFP

25 de noviembre de 2017

La ley obliga a los medios de comunicación a transparentar su situación financiera y precisar que trabajan bajo el yugo extranjero

El presidente ruso Vladimir Putin promulgó el sábado la ley que permite clasificar a medios de comunicación como “agentes del extranjero”, en reacción a la obligación impuesta al canal ruso de televisión RT de registrarse bajo dicha denominación en Estados Unidos.

Aprobada por unanimidad por la Duma (cámara baja) a mediados de noviembre y por el Consejo de la Federación (cámara alta) esta semana, la ley fue publicada el sábado en la página web oficial de los documentos jurídicos de las autoridades rusas y entra en vigor inmediatamente.

El texto permite clasificar a todo medio internacional que opere en Rusia bajo la controvertida denominación de “agente del extranjero” por decisión del ministerio de Justicia.

Esta ley es presentada como una respuesta al registro en Estados Unidos como “agente del extranjero” de RT, controlada por el Estado ruso.

Duramente criticada por las ONG Human Rights Watch y Amnistía Internacional, la ley obliga a las entidades concernidas a proporcionar a las autoridades información sobre su situación financiera y a precisar en los documentos que producen que están clasificadas como tales.

El texto extiende a los medios de comunicación una ley de 2012 que hasta ahora sólo concernía a las organizaciones no gubernamentales.

Las radios Voice of America y Radio Free Europe/Radio Liberty, financiadas por el Congreso de Estados Unidos, fueron los primeros medios advertidos por Moscú de un posible registro bajo esta denominación.

 

La libertad en internet amenazada

El Informador

Luis Ernesto Salomón

25 de noviembre de 2017

La navegación en internet parte de la neutralidad de parte de las empresas propietarias de la infraestructura, sobre la que se despliega la red. El Gobierno de Estados Unidos ha propuesto eliminar las normas que aseguran la neutralidad, lo que ha abierto un debate no solamente técnico, sino respecto a la defensa de la libertad de expresión y de acceso a la información que trasciende las fronteras por su impacto potencial en el mundo.

Este conjunto de regulaciones que fueron introducidas en 2015, están dirigidas a garantizar la llamada neutralidad de la red y consisten esencialmente en tres principios que hasta ahora son obligatorios para las empresas de telecomunicaciones:
1.- No bloqueo. Los proveedores de banda ancha no pueden bloquear el acceso al contenido de aplicaciones, servicios o dispositivos, siempre que sean lícitos.

2. No bandwidth throttling. Los proveedores no pueden perjudicar o degradar el tráfico de internet sobre la base de contenidos, aplicaciones, servicios o dispositivos que no sean nocivos.

3.- No priorización de alguna parte del tráfico sobre el resto a cambio de cualquier tipo de contraprestación. No hay vías rápidas para los clientes propios de las compañías en detrimento del tráfico general.

La propuesta de eliminar estas regulaciones fue presentada por el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Ajit Pai, quien por cierto trabajó para el gigante de las telecomunicaciones Verizon. La propuesta probablemente será discutida en la próxima reunión de la FCC el 14 de diciembre. Esto abriría la puerta para que las empresas que manejan el tráfico pudieran interferir en los contenidos, discriminarlos y establecer cobros para dar mayor prioridad o velocidad.

Pero lo más importante es que potencialmente podrían controlar los contenidos que se emiten y a los que acceden sus clientes, para generar ingresos o para otros fines que pueden incluir los políticos. Esto constituye una amenaza a los principios esenciales de la libertad personal y por eso ha desatado un debate entre las organizaciones sociales que defienden los derechos civiles y el Gobierno.

Parte esencial del argumento a favor de la neutralidad es considerar la calidad de servicio público al acceso a internet. Esto porque en muchas naciones incluida la nuestra, se considera un derecho fundamental el acceso a la red. A partir de lo cual las empresas proveedoras del servicio lo hacen en función de un servicio que debe ser regulado para garantizar la neutralidad que permita el ejercicio de este derecho en términos equitativos.

Pero por otra parte es claro que la infraestructura para prestar estos servicios requiere de innovación y mantenimiento constante que debe ser pagado, también de forma equitativa por los usuarios que no son solo consumidores sino titulares de un derecho fundamental. Y esta última consideración, la necesidad de incentivar las inversiones, es la que las autoridades norteamericanas alegan para justificar la eliminación de las regulaciones.

Hay muchas razones para creer que al eliminar la regulación las empresas abusarían en lugar de autoregularse. Hay casos en México y en Estados Unidos en el pasado, que muestran que las empresas telefónicas habrían bloqueado contenidos con servicios que les implicaban competencia como las llamadas, los chats y servicios de video gratuitos.

Y ahora podríamos imaginar como el proveedor podría bloquear o hacer lentos los servicios de streaming como Netflix, o Amazon Prime, para favorecer a sus propias empresas. Implica también el potencial establecimiento de pagos adicionales para un acceso a ciertos contenidos o empresas, lo que supone la discriminación del acceso en sí mismo. El escrutinio y decisión de acceso a los contenidos a los que se accede, o peor aún, a los que se pretende difundir son una amenaza fundamental. Por eso se ha formado un frente de empresas de contenidos y software junto con organizaciones civiles han manifestado su preocupación y se aprestan a dar una batalla legal para defender la neutralidad de internet.

Ha quedado claro que ni las empresas de telecomunicaciones, ni tampoco las que gestionan la información libre, son almas de la caridad, y que cada una desde su interés se manifiesta a favor en contra de medidas como esta. En el caso las últimas se sienten afectadas, y los argumentos en el caso coinciden con sus intereses, pero sin duda que también cabe preguntarse respecto a su naturaleza monopólica o la calidad y seguridad con la que gestionan la información no supone también una amenaza a la libertad, dada su dimensión y creciente poder.

Es de enorme relevancia que México tome posición con respecto a la defensa de las libertades y derechos de los consumidores de nuestro país mediante un pronunciamiento en favor de la defensa de la neutralidad de la red. La libertad de expresión para difundir contenidos, el libre acceso a la información global y la consideración del acceso a internet como servicio público son argumentos ineludibles que están por encima de cualquier consideración económica o de equilibrio en las inversiones

 

Medios foráneos en Rusia serán ‘Agentes extranjeros’ con nueva  ley

El Financiero

Reuters

25 de noviembre de 2017

El presidente ruso, Vladimir Putin, rubricó el sábado una nueva ley que permite a las autoridades calificar a los medios foráneos como “agentes extranjeros”, en respuesta a lo que Moscú califica como una presión inaceptable por parte de Estados Unidos sobre la prensa rusa.

La nueva ley fue aprobada de forma acelerada en las dos últimas semanas en ambas cámaras del Parlamento ruso, y permitirá a Moscú obligar a los medios foráneos a calificar las noticias que difunden a la población local como obra de “agentes extranjeros” y revelar sus fuentes de financiación.

El sábado se publicó una copia de la ley en la base de datos legislativa digital del Gobierno ruso, precisando que entraba en vigor el mismo día.

Las medidas de Rusia contra los medios estadounidenses son consecuencia de las acusaciones de que Moscú interfirió en la elección presidencial del año pasado en Estados Unidos en favor de Donald Trump.

Funcionarios de inteligencia estadounidense han acusado al Kremlin de usar compañías mediáticas que financia para influir en los votantes del país norteamericano, y Washington ha pedido desde entonces a la emisora estatal rusa RT que registre una compañía afiliada en Estados Unidos como un “agente extranjero”.

Moscú ha negado en repetidas ocasiones haberse entrometido en los comicios y asegura que las restricciones a las empresas de medios rusas en Estados Unidos son un ataque contra la libertad de expresión.

El Ministerio de Justicia ruso publicó la semana pasada una lista de nueve medios respaldados por Estados Unidos que podrían verse afectados por los cambios.

Asimismo, aseguró que se había comunicado con Voice of America (VOA) y Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) -ambos apoyados por Washington-, junto con otras siete empresas informativas rusas o en idioma local dirigidas por RFE/RL.