Antes críticas, Oi reestructura plan de recuperación judicial y PSA

Mediatelecom

Itzel Carreño

23 de noviembre de 2017

Después de un intento fallido por parte del operador brasileño al formular el Plan Support Agreement (PSA) para garantizar el apoyo a su plan de recuperación judicial; el consejo de administración de la compañía decidió reelaborar el documento y considerar los principales riesgos que planteaba.

El PSA fue criticado por los directivos de Oi y por la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), que incluso propuso al Consejo Directivo imponer una multa de 50 millones de reales a los directores si aprueban el plan. La agencia argumentó la medida al decir que el plan representaba un riesgo para la caja de Oi, y no garantizaba la inversión de nuevo capital, ya que planteaba el pago de tasas de forma anticipada a los acreedores.

De acuerdo con un comunicado de prensa del operador, el valor de capitalización en dinero nuevo será de hasta 8 mil millones de reales. La cual establece que un valor mínimo de 3.5 mil millones de reales hasta un máximo de 5.5 mil millones de reales provendrá de acreedores, y 2.5 mil millones de reales procederán de accionistas.

El consejo de administración mantiene el pago de tasas a los acreedores aunque el plan no se concrete en dos años. “Las condiciones precedentes para el aumento de capital son la aprobación del  Plan en 2ª Instancia en Brasil y en las jurisdicciones del Reino Unido y Estados Unidos; Ebitda mínimo de 5.750 mil millones de reales; y la compañía no debe estar bajo intervención, entre otras. Si las condiciones no se cumplen hasta el final de dos años después de la aprobación del Plan en juicio, no existe obligación de capitalización por los acreedores”, destacó Oi en el comunicado.

El pago de tasas a los acreedores que participen en la capitalización de la empresa se realizará en el momento de la capitalización y no antes, como preveía la versión anterior.

Este pago podrá darse en dinero o acciones, según el interés de la empresa. El porcentaje a ser pagado a los acreedores que aportan recursos en la empresa es de 14 por ciento del valor de la capitalización en dinero nuevo en el primer año y acumulativamente de 8 por ciento en el segundo año.

Asimismo, la disolución de las acciones con la entrada de los nuevos recursos tendrá un límite de 40 por ciento.

 

India: TRAI sugiere aligerar topes de espectro

Mediatelecom

Margarita Cruz

23 de noviembre de 2017

La Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones de India (TRAI) propuso suavizar las reglas del límite de retención de espectro para que los operadores puedan poseer más.

El regulador sugirió al Departamento de Telecomunicaciones (DoT) eliminar el límite de 50 por ciento del espectro en una sola banda de frecuencia, pero abogó por un tope de 50 por ciento en la retención del espectro combinado en las bandas de 700 MHz, 800 MHz y 900 MHz. Asimismo, propuso aumentar el límite actual del espectro móvil total en un área de servicio determinada de 25 por ciento a 35 por ciento.

Las reglas actuales del gobierno prohíben que cualquier empresa posea más de 25 por ciento del espectro asignado en una área de servicio o círculo, y más de 50 por ciento en una banda de espectro.

La TRAI explicó que el límite global de espectro de 25 por ciento se impuso cuando existían 10 proveedores de servicios de telecomunicaciones (TSPs) en un área de servicio autorizada (LSA). “Después de la consolidación en curso del sector, la cantidad de TSP en un LSA puede ser mucho menor”, agregó.

El organismo también señaló que limitar las topes de espectro en bandas de frecuencias específicas es innecesario ahora que las licencias de espectro son neutrales desde el punto de vista tecnológico. “Pedirle a un TSP que adquiera espectro en una banda diferente para implementar la misma tecnología aumenta el costo de red sin ganancias reales”, dijo la TRAI.

Sin embargo, el espectro sub 1GHz es óptimo para proporcionar una cobertura confiable en áreas grandes, por lo que debe tratarse por separado y tomar medidas especiales “para salvaguardar contra la creación de un monopolio”, dijo el regulador.

 

Reino Unido reembolsaría operadores hasta 299 mdd por espectro

Mediatelecom

Redacción

23 de noviembre de 2017

El Tesoro del Reino Unido puede deberle a la industria móvil hasta 300 millones de libras (399 millones de dólares) después de que un tribunal fallara a favor de un operador que demandó al gobierno por la subida en la tasa de licencia por espectro, según informó Financial Times (FT).

En 2015, se solicitó al regulador, la Ofcom, que aumentara las tarifas de espectro, lo que triplicó la tarifa anual de licencia de muchos operadores y dio como resultado que la industria tuviera que gastar 200 millones de libras al año en licencias.

Los operadores del Reino Unido solicitaron una revisión judicial, con el argumento de que la Ofcom había calculado erróneamente las cantidades, por ejemplo, al no tener en cuenta los costos de funcionamiento de la red.

El Tribunal de Apelación confirmó el fallo basado en las leyes de la Comisión Europea sobre inversión en infraestructura.

Como resultado, la tesorería podría tener que devolver los honorarios adicionales pagados por los operadores, que se calculan en el rango de 200 millones a 300 millones de libras, aunque la decisión podría ser tomada ante el Tribunal Supremo.

EE recibió de manera positiva el fallo del tribunal. “Estamos contentos con el resultado, ya que siempre hemos apoyado la opinión de que el triplete de las tarifas del espectro era excesivo y dañaría la inversión en redes. Con este juicio, podemos continuar invirtiendo en esas mejoras de red que realmente marcan la diferencia para los consumidores y las empresas en todo el Reino Unido”, declaró una fuente de la empresa al diario.

 

Sector empresarial propone mayor participación en CGI

Mediatelecom

Itzel Carreño

23 de octubre de 2017

Los operadores de telecomunicaciones de Brasil, participaron en la segunda etapa de consulta pública sobre cambios en el Comité Gestor de Internet (CGI), donde apoyaron el planteamiento de que el comité debe tener un mayor peso en la toma de decisiones y no sólo brindar asesoría técnica; asimismo también buscan incrementar la participación del sector empresarial.

La propuesta fue presentada por el Sindicato Nacional de Empresas de Telefonía y de Servicio Móvil Celular y Personal (SindiTelebrasil), que argumenta que las definiciones relacionadas con Internet deben ser tomadas “por medio de una agencia reguladora” y “con la creación de una superintendencia específica”.

En el modelo actual, el CGI no tiene poder vinculante, ni siquiera en temas relacionados a las funciones técnicas.

En la forma en que se distribuyen actualmente los 21 representantes, las empresas sólo tienen un voto. Por lo cual proponen una total reestructura en el proceso de toma de decisiones, donde plantean que el sector empresarial de la infraestructura tendría cuatro lugares y un voto. Al igual que el sector empresarial de contenido. De la misma forma, el tercer sector mantendría cuatro lugares, pero también daría un solo voto. Y, finalmente, el gobierno, con cinco asientos, también tendría un voto.

El cambio implica dejar cuatro asientos para la comunidad científica, pero impedir que tenga voto en las decisiones.

Anteriormente, empresas tecnológicas como Google, Facebook y Amazon, participaron en la consulta pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Comunicaciones,  donde pidieron la creación de cuatro plazas más, exclusivamente para las empresas de Internet, de modo que las cuatro ya existentes sean para los proveedores de acceso.

 

India: TRAI sugiere aligerar topes de espectro

Mediatelecom

Margarita Cruz

23 de noviembre de 2017

La Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones de India (TRAI) propuso suavizar las reglas del límite de retención de espectro para que los operadores puedan poseer más.

El regulador sugirió al Departamento de Telecomunicaciones (DoT) eliminar el límite de 50 por ciento del espectro en una sola banda de frecuencia, pero abogó por un tope de 50 por ciento en la retención del espectro combinado en las bandas de 700 MHz, 800 MHz y 900 MHz. Asimismo, propuso aumentar el límite actual del espectro móvil total en un área de servicio determinada de 25 por ciento a 35 por ciento.

Las reglas actuales del gobierno prohíben que cualquier empresa posea más de 25 por ciento del espectro asignado en una área de servicio o círculo, y más de 50 por ciento en una banda de espectro.

La TRAI explicó que el límite global de espectro de 25 por ciento se impuso cuando existían 10 proveedores de servicios de telecomunicaciones (TSPs) en un área de servicio autorizada (LSA). “Después de la consolidación en curso del sector, la cantidad de TSP en un LSA puede ser mucho menor”, agregó.

El organismo también señaló que limitar las topes de espectro en bandas de frecuencias específicas es innecesario ahora que las licencias de espectro son neutrales desde el punto de vista tecnológico. “Pedirle a un TSP que adquiera espectro en una banda diferente para implementar la misma tecnología aumenta el costo de red sin ganancias reales”, dijo la TRAI.

Sin embargo, el espectro sub 1GHz es óptimo para proporcionar una cobertura confiable en áreas grandes, por lo que debe tratarse por separado y tomar medidas especiales “para salvaguardar contra la creación de un monopolio”, dijo el regulador.

 

Sector empresarial propone mayor participación en CGI

Mediatelecom

Itzel Carreño

23 de octubre de 2017

Los operadores de telecomunicaciones de Brasil, participaron en la segunda etapa de consulta pública sobre cambios en el Comité Gestor de Internet (CGI), donde apoyaron el planteamiento de que el comité debe tener un mayor peso en la toma de decisiones y no sólo brindar asesoría técnica; asimismo también buscan incrementar la participación del sector empresarial.

La propuesta fue presentada por el Sindicato Nacional de Empresas de Telefonía y de Servicio Móvil Celular y Personal (SindiTelebrasil), que argumenta que las definiciones relacionadas con Internet deben ser tomadas “por medio de una agencia reguladora” y “con la creación de una superintendencia específica”.

En el modelo actual, el CGI no tiene poder vinculante, ni siquiera en temas relacionados a las funciones técnicas.

En la forma en que se distribuyen actualmente los 21 representantes, las empresas sólo tienen un voto. Por lo cual proponen una total reestructura en el proceso de toma de decisiones, donde plantean que el sector empresarial de la infraestructura tendría cuatro lugares y un voto. Al igual que el sector empresarial de contenido. De la misma forma, el tercer sector mantendría cuatro lugares, pero también daría un solo voto. Y, finalmente, el gobierno, con cinco asientos, también tendría un voto.

El cambio implica dejar cuatro asientos para la comunidad científica, pero impedir que tenga voto en las decisiones.

Anteriormente, empresas tecnológicas como Google, Facebook y Amazon, participaron en la consulta pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Comunicaciones,  donde pidieron la creación de cuatro plazas más, exclusivamente para las empresas de Internet, de modo que las cuatro ya existentes sean para los proveedores de acceso.

 

Amazon y Google pueden dar créditos en México aun sin Ley Fintech

El Financiero

Jeanette Leyva

23 de noviembre de 2017

Empresas como Amazon, Facebook o Google podrían dar financiamiento en el país siempre que lo hagan bajo alguna de las figuras financieras que están autorizadas, explicó Bernardo González, titular de la Unidad de Banca, Ahorro y Valores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Entrevistado al término de su participación en el Encuentro Nacional de Microfinanzas, González Rosas, explicó que hoy cualquier empresa internacional puede dar financiamiento en México siempre que lo haga bajo alguna de las figuras financieras autorizadas sin esperar a la ley Fintech que está bajo análisis.

“La Ley Fintech sólo regula el fondeo colectivo, medios de pago electrónico, Sanbox, las Appis”, expresó.

Bajo la figura de una Sociedad Financiera Popular (Sofipo) o bien una Sofom, cualquier empresa internacional puede dar crédito en el país.

La propuesta de Ley que se analiza en el Senado, indicó, será reforzada con los comentarios del sector, así como la de los legisladores, por lo que, espera, pueda estar lista antes de que concluya este periodo o que inicie el proceso electoral.

Uno de los puntos que podría fortalecerse y que fue pedido por la Comisión Federal de Competencia Económica es que las Fintech tengan acceso a las cuentas bancarias y no sean excluidos, por lo que este punto se buscará que sea más claro, ya que es una de las quejas recurrentes de varios sectores, donde señalan que los bancos no les aperturan cuentas.

Por separado, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, José Francisco Yunes, explicó que la próxima semana estarán reuniéndose para hacer los ajustes a la propuesta de ley y prevén tenerla lista antes de que concluya diciembre.

 

EU pide protecciones para Facebook y Google en renegociación de TLCAN

El Financiero

Josh Wingrove y Ben Brody | Bloomberg

23 de noviembre de 2017

La administración de Donald Trump está presionando para sumar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) protecciones legales que limitarían la responsabilidad de empresas como Google y Facebook, un nuevo capítulo en el tira y afloja de las autoridades mientras hacen equilibrio entre vigilar internet y proteger la libertad de expresión.

El representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, incluyó la propuesta en una lista de peticiones del país para el TLCAN publicada durante la quinta ronda de negociaciones, que terminó el martes.

Esto tiene lugar mientras en Estados Unidos los senadores tratan un proyecto de ley, apoyado por la hija del presidente Donald Trump, Ivanka Trump, y la directora de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, que elimina las protecciones que limitan la responsabilidad de los sitios que a sabiendas facilitan la trata con fines sexuales en internet.

Otras empresas y defensores de la tecnología sostuvieron que una legislación semejante amenaza con debilitar su industria.

Estados Unidos está presionando a Canadá y México, sus dos principales mercados exportadores, para que acuerden limitar “la responsabilidad civil de las plataformas online por contenidos de terceros”, según la lista de prioridades de negociación de Estados Unidos publicada el 17 de noviembre.

Un importante grupo de tecnología estadounidense, la Internet Association, había instado al país a usar esos términos.

Canadá y México rechazaron la propuesta estadounidense, según cuatro funcionarios al tanto de las negociaciones que hablaron a condición de permanecer anónimos.

Canadá no cree que ese tipo de disposiciones corresponda a un acuerdo de comercio y en general también se opone a reducir la responsabilidad de las empresas de internet, dijeron dos de los funcionarios.

Propuesta

En Estados Unidos, una ley de 1996 exime en gran parte a las páginas web de la responsabilidad por lo que publiquen sus usuarios. Muchos en la industria de la tecnología dicen que eso permitió que floreciera internet.

Como las páginas web involucradas en la trata con fines sexuales mencionan en su defensa las disposiciones sobre contenidos de terceros, un grupo de más de 40 senadores de ambos partidos encabezados por el republicano Rob Portman trató de crear excepciones a la ley este año para castigar a quienes a sabiendas son cómplices de la trata o la pornografía infantil.

También hay un proyecto de ley en la Cámara de Representantes.

Los legisladores sostienen que su propuesta es restringida y no perjudicaría a internet en su conjunto, mientras que los defensores de la tecnología, entre ellos la Internet Association, que incluye a Facebook, Google, Twitter y otros, afirmó que podría sofocar la libertad de expresión y limitar iniciativas de buena fe destinadas a la autovigilancia.

‘Consultas detalladas’

La propuesta para el acuerdo comercial se aplica a casos no relacionados con los derechos de propiedad intelectual y viene con una salvedad: estaría “sujeta a los derechos de los países miembros del TLCAN a adoptar medidas no discriminatorias para objetivos legítimos de política pública”.

No queda claro qué medidas podrían adoptar los países para imponer la responsabilidad en ciertos casos.

“La propuesta de comercio digital de Estados Unidos incluye consultas detalladas con el Congreso y no perjudicaría el derecho del país o de nuestros socios del TLCAN a abordar problemas importantes para el bienestar público”, dijo Emily Davis, portavoz de Lighthizer.

 

México debe alejarse de la ley Trump para internet

El Universal

Autor

24 de noviembre del 2017

México no debe replicar el esquema de legislación de la era Trump en neutralidad de la red o regulación de internet, coincidieron legisladores y reguladores.

“En México debemos alejarnos, hoy más que nunca, del modelo de legislación de la era Trump; ejemplos como el chileno nos muestran que es posible legislar en este tema con amplias mayorías parlamentarias”, dijo Zoé Robledo, senador de Morena.

Durante el foro Diálogos sobre Neutralidad de Red, el legislador señaló que los proveedores de internet no pueden ni deben decidir con base en un criterio de eficiencia económica qué contenido premian, castigan, directa o indirectamente impiden descargar o disfrutar.

La neutralidad de la red garantiza que los proveedores del servicio de internet como Telmex, Izzi, Megacable o Axtel traten los contenidos distintos, imágenes, texto y video, de la misma manera.

Robledo dijo que el regulador tiene un reto: salvaguardar los derechos digitales que se enuncian en la Constitución y al mismo tiempo habilitar el crecimiento orgánico de la conectividad de banda ancha preservando los valores fundamentales de la red.

Arturo Robles, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, afirmó que el regulador no pretende parecerse a Estados Unidos, Europa o Asia al emitir los lineamientos sobre neutralidad de la red.

“No estamos buscando parecernos a Estados Unidos ni a la Unión Europea, inclusive no queremos parecernos a los asiáticos”, puntualizó.

Agregó que bajo la realidad de México analizan cómo regular el tema.

“Hemos detectado que poner soluciones a problemas que no son nuestros no es bueno; al contrario, debemos poner soluciones a problemas que sí son nuestros”, dijo.

 

Cuestionan que se antepongan intereses económicos a derechos de las audiencias

Homo Zapping (Publicado en La Jornada)

Miriam Posada García

23 de noviembre de 2017

La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) y nueve organizaciones más instaron a senadores que se abstuvieron o votaron en contra de las modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que anulan los derechos de las audiencias, a que presenten una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los legisladores colocaron por encima de los derechos de las audiencias, incluidas personas con discapacidad, niñas y niños, los intereses económicos y políticos de los concesionarios de la radio y la televisión, en pleno proceso electoral, y crearon un régimen de excepción para la industria de la radiodifusión, según el cual la tutela de los derechos de las audiencias queda debilitada, y su transgresión sin la posibilidad de ser sancionada. Un derecho fundamental como el de las audiencias, que deriva del derecho a la información, queda desprotegido contraviniendo el principio de progresividad de los derechos humanos, lo cual es inconstitucional.

Asimismo estas organizaciones hicieron un llamado al pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para que interponga una controversia constitucional, defienda sus facultades y autonomía, y alertaron que el instituto no debe abrogar los lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias publicados el 21 de diciembre de 2016, pues de hacerlo, quedarían sin materia las controversias constitucionales promovidas por los poderes Legislativo y Ejecutivo.

Sin embargo, el presidente del órgano regulador, Gabriel Contreras, señaló que así como el Congreso ha sido respetuoso con las resoluciones del pleno, el IFT lo será con las decisiones de los legisladores, con lo que descartó la posibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad.

Las organizaciones explicaron que las reformas aprobadas violan el artículo primero constitucional; el principio de progresividad por el que una vez que se ha avanzado en la efectividad de un derecho el Estado no puede retroceder; así como del principio de protección que obliga al Estado a crear los mecanismos para impedir que particulares violen los derechos de terceros, que en este caso son los concesionarios frente a las audiencias.

Detallaron que las reformas en cuestión se aprobaron sin cumplir con los procedimientos parlamentarios, con la violación al Reglamento del Senado de la República con bancadas ausentes y en medio de una severa crisis institucional. El pleno del Senado aprobó con 72 votos a favor, 13 en contra y tres abstenciones la minuta que contenía las reformas.

Ante el resultado, 10 organizaciones hicieron un llamado a los senadores que votaron en contra de la minuta y a quienes se abstuvieron de convalidar las irregularidades legislativas y el atropello a los derechos de las audiencias, que afecta a la nación entera y las generaciones por venir que serán audiencias de la radio y la televisión, a presentar una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN.

Señalaron que entre los retrocesos de la minuta aprobada en el Senado se encuentran la violación al artículo sexto constitucional de prohibir la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa. Los legisladores también desmantelaron las facultades del IFT para regular, emitir lineamientos y aplicar sanciones a los concesionarios que transgredan algunos de los derechos de las audiencias.

Los especialistas señalaron que la reforma desnaturalizó la función social de los defensores de las audiencias al convertirlos en empleados de las empresas de radio y televisión, coartándoles su independencia. También alteró los objetivos de los códigos de ética de los medios, los cuales no podrán ser verificados por el organismo regulador.

Esta iniciativa es impulsada por la Amedi, la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias AC, Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica, Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación AC, Comunicación Comunitaria, R3D Red en Defensa de los Derechos Digitales, Red por los Derechos de la Infancia en México y el Observatorio de las Telecomunicaciones en México.