INAI

INAI pide a SEP revelar puntaje de prueba ENLACE

MVS

Notimex

21 de noviembre de 2017

El IANI instruyó a la SEP a hacer una búsqueda de los datos solicitados por un particular.

El Instituto Nacional de Transparencia pidió a la SEP entregar información sobre el puntaje promedio obtenido por alumno y escuela en la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) de Educación Media Superior, aplicada de 2008 a 2014.

Ello luego de que un particular solicitó la información y la Secretaría de Educación Pública (SEP) manifestó que los resultados se encontraban disponibles en su portal de Internet, desglosados por nivel de dominio por escuela y alumno; aunque precisó que no contaba con promedio específico.

Inconforme, el particular presentó un recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), por considerar que deben existir los puntajes, pues son un elemento fundamental en el diseño de la evaluación de la prueba.

Sin embargo, en alegatos la autoridad educativa federal reiteró su respuesta, según informó el INAI en un comunicado.

Al presentar el caso ante el pleno, la comisionada Areli Cano aseguró que la educación en México es un derecho garantizado por el Estado, que posibilita adquirir las herramientas para mejorar sus condiciones de vida y la prueba ENLACE ayuda conocer las capacidades de los estudiantes en la comprensión lectora y matemática en el Nivel Medio Superior.

Agregó que de acuerdo con el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, las actividades de evaluación del Sistema Educativo Medio Superior deben contribuir para transitar de la enseñanza basada en la transmisión de saberes hacia la educación centrada en las capacidades, que dote a los alumnos de las herramientas mínimas para aplicar conocimientos, habilidades, valores y actitudes, que les permitan responder a las exigencias de la vida cotidiana.

En este contexto, se analizó el caso y se advirtió que la SEP turnó la solicitud a un área competente, y se constató que las calificaciones de la prueba ENLACE están disponibles en una sección de la página electrónica de la dependencia, que se presentan de manera agrupada por habilidad lectora y matemática, con base en las categorías Insuficiente, Elemental, Bueno o Excelente.

Asimismo, se observó que los Manuales Técnicos describen la metodología a seguir para integrar, calificar y evaluar los resultados; establecen los sistemas de puntaje, los niveles de dominio o habilidad.

Además, se comprobó que, en cumplimiento a un recurso de revisión, la SEP entregó una base de datos con los resultados en habilidad lectora y matemática obtenidos en la prueba ENLACE de Educación Media Superior en 2008, que se encontraban desglosados por alumno y por escuela.

En ese momento, la dependencia refirió que los puntajes estaban expresados en una escala de menos 3 a 3 puntos, con base en lo cual se determinaba la competencia de cada sujeto evaluado, y se calculaban los resultados publicados.

Por ello, se concluyó que si bien la solicitud fue turnada a la unidad administrativa competente, no se desprende que se haya hecho una búsqueda exhaustiva por lo que el pleno del Instituto Nacional de Transparencia revocó la respuesta de la SEP y le instruyó hacer una búsqueda de los datos solicitados.

 

INAI pide a SEP entregar puntaje detallado de pruebas ENLACE

El Financiero

Redacción

21 de noviembre de 2017

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) entregar el balance del puntaje obtenido en la prueba ENLACE.

La información a transparentar es el puntaje promedio obtenido por alumno y escuela, en la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) de Educación Media Superior, aplicada de 2008 a 2014.

Ante un recurso de revisión, la comisionada Areli Cano Guadiana aseguró que la prueba ENLACE es una herramienta de medición útil para conocer las capacidades de los estudiantes en la comprensión lectora y matemática en el nivel medio superior.

Además, las actividades de evaluación del Sistema Educativo Medio Superior deben contribuir para transitar de la enseñanza basada en la transmisión de saberes hacia la educación centrada en las capacidades, que dote a los alumnos de las herramientas mínimas para aplicar conocimientos, habilidades, valores y actitudes, que les permitan responder a las exigencias de la vida cotidiana.

Por lo cual se constató que las calificaciones de la prueba ENLACE se encuentran en la página web de la SEP, las cuales se presentan de manera agrupada por habilidad lectora y matemática, con base en las categorías Insuficiente, Elemental, Bueno o Excelente.

Además se comprobó que, en cumplimiento a un recurso de revisión resuelto por el entonces IFAI, la SEP entregó una base de datos con los resultados en habilidad lectora y matemática obtenidos en la prueba ENLACE del año 2008, los cuales se encontraban desglosados por alumno y por escuela.

Al exponer el caso, Cano expuso que este tipo de prueba se ha aplicado a más de seis millones de alumnos en el periodo de 2008 a 2014, en cerca de 14 mil escuelas diferentes, por lo que conocer los resultados permitirá detectar áreas de mejora en la calidad y el nivel de la educación en el país.

Por lo expuesto, el pleno del INAI instruyó a la SEP hacer una búsqueda de los documentos que den cuenta del puntaje promedio por alumno y escuela, en las pruebas ENLACE, aplicadas en centros escolares de Educación Media Superior, entre 2008 y 2014, a fin de que los entregue al particular.

 

Diagnósticos sobre transparencia

Auditoría especial a Juntos Podemos de JVM

El Financiero

Salvador Camarena | La Feria

22 de noviembre de 2017

La nueva ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación posibilita que los ciudadanos soliciten a la Auditoría Superior de la Federación el realizar investigaciones sobre algún asunto en el que se presuma manejo irregular de recursos públicos federales.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) utilizó esa figura legal para que la ASF se abocara a revisar el destino de los recursos que la Secretaría de Relaciones Exteriores destinó al programa Juntos Podemos, presidido de manera honoraria por Josefina Vázquez Mota, excandidata presidencial del Partido Acción Nacional.

Hoy hay varias cosas que reportar. Primera: que el 14 marzo de 2017 la ASF dio luz verde a esa solicitud y autorizó la revisión de las “erogaciones para la atención a comunidades mexicanas en el exterior y protección y asistencia consulares”, rubro del que, según fue revelado hace 13 meses en investigaciones periodísticas, salieron recursos del gobierno de Enrique Peña Nieto para dos organizaciones que desde Estados Unidos instrumentaron las actividades que llevaron la marca de Juntos Podemos.

Segunda cosa. Ya hay resultados parciales de esa auditoría solicitada por un ente ciudadano, la primera en su tipo.

La auditoría financiera y de cumplimiento (15-0-05100-02-17001-DN-17) confirmó los hallazgos periodísticos de MCCI relativos a que en 2014 y en 2015 las asociaciones ligadas a Juntos Podemos gozaron de recursos por 3.7 millones de dólares y 26.8 millones de dólares, respectivamente. Un poco más de 477 millones de pesos al tipo de cambio de entonces. Y falta por auditar lo relativo a 2016, que es, para decirlo en términos redondos, al menos otro tanto de eso.

En las 94 páginas de ese reporte, que se puede consultar íntegro aquí (http://bit.ly/2zlKrMP), vienen detectadas las anomalías de varios programas, no sólo los ligados a JVM, del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), el organismo que fungió de alcahuete de los millonarios depósitos enviados a Juntos Podemos a través de la red de consulados de México en Estados Unidos.

Para distribuir los recursos a Juntos Podemos se utilizó, ha confirmado la ASF, la partida 44102 del IME, que debe usarse para traslado de mexicanos en el extranjero. Y a través de memorándums de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) se radicaron en los consulados de Dallas, Texas, Chicago y Los Ángeles, además de la embajada misma en Estados Unidos, los 477 millones de pesos ya referidos para 2014 y 2015.

La ASF reporta que no hay claridad sobre cómo fue que se eligió a Juntos Podemos para beneficiarla con tantos recursos. Cuestionado al respecto, el IME respondió que invitó a 53 organizaciones a participar de esos apoyos, pero sólo eligieron a dos: sí, a los ligados a Juntos Podemos. La ASF no obtuvo explicación del IME sobre cómo fue que descartaron a los otros: “en ninguna parte del documento se menciona a las otras 51 organizaciones evaluadas y los criterios que no cumplieron”.

A final de cuentas, la ASF deja asentada la falta de debido seguimiento por parte de la SRE y el IME al destino de cientos de millones de pesos entregados a Juntos Podemos. No existe claridad alguna de si los mexicanos que se prometió apoyar vieron los beneficios pagados con esos recursos. Las organizaciones matrices se negaron a informar al respecto, amparadas en que son estadounidenses, prurito que no pusieron al recibir el dinero.

La Auditoría Superior de la Federación ha confirmado lo que hace un año descubrió el periodismo. Toca al PRI-gobierno, a Josefina y al PAN explicar a los contribuyentes las razones de tanta generosidad y, sobre todo, de tanto desorden.

 

Transparencia para mejorar la explotación de recursos naturales

El Financiero

Joel Salas Suárez

21 de noviembre de 2017

En octubre, México se convirtió en el miembro 53 de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) (1).

Esta herramienta permite que los países mejoren su extracción de petróleo, gas y minerales mediante la colaboración entre el gobierno, las empresas y la sociedad civil. Como miembro del EITI, México elaborará, a través del Grupo Multipartícipe Nacional, informes anuales sobre la gobernanza del sector extractivo.

Posteriormente, esta información será difundida para fomentar el debate público y que las prácticas del sector puedan ser monitoreadas por la población.

La colaboración entre diferentes actores para transparentar y mejorar la gestión de los recursos naturales es importante por dos razones. En primer lugar, contribuye a que su explotación no cause un daño ambiental considerable. La colaboración entre la sociedad civil, el gobierno y las empresas para diseñar un esquema sustentable de explotación puede ayudar a contrarrestar los efectos del cambio climático y a no poner los ecosistemas del país y a las personas que dependen de ellos en riesgo.

En segundo lugar, una gestión más transparente de la explotación de recursos naturales sirve para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del país, especialmente de las comunidades que se encuentran en contacto directo con los procesos extractivos. Los datos sobre la remuneración que recibe el gobierno por la explotación de minerales o petróleo pueden incentivar que la población exija que se utilicen en políticas redistributivas o para promover el desarrollo.

El ingreso de nuestro país a la EITI es la culminación de un compromiso que el gobierno mexicano había adoptado desde que presidió la reunión del G20 en 2012 y formó parte del primer Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto. El proceso de adhesión fue lento, pero la iniciativa exige múltiples requisitos y compromisos entre actores internos para que un país pueda adoptarlo. Tras cinco años, esta incorporación es un hito de transparencia y gobierno abierto para México. Sin embargo, los esfuerzos para transparentar la explotación de recursos no se deben limitar a minerales y combustibles fósiles. Algunos países africanos como Zambia y Sierra Leona han manifestado su intención de ampliar el EITI a la silvicultura y la pesca. Esto no sólo es muestra de que el estándar fue efectivo para controlar la corrupción y mejorar las condiciones de extracción en esos países, también muestra que puede aplicarse a otro tipo de recursos.

Una de las industrias que se beneficiarían más de una herramienta como ésta es la pesca.

Actualmente hay un problema internacional con la explotación irresponsable de los recursos de mar, más del 85% de las pesquerías del mundo han superado sus límites biológicos de explotación (2). La sobrepesca pone en riesgo ecosistemas enteros y, como consecuencia, puede dar fin a las industrias pesqueras y a la prosperidad económica de quienes dependen de ellas. Por estas razones, un grupo de cinco países que se beneficiaron del EITI generaron una herramienta similar para mejorar la gobernanza de los recursos de la pesca: la Iniciativa Internacional de Transparencia en Pesquerías (3). México tiene que seguir el ejemplo de esos países y continuar la construcción de un sistema transparente de explotación de recursos naturales.

Nuestro país es uno de los mayores productores de pescado y otras especies acuáticas en el mundo. En 2014, la pesca y acuicultura tuvieron un valor de 23 mil 39 millones 564 mil 439 pesos. Esta actividad económica da sustento a miles de pescadores, sin mencionar todos los empleos relacionados que genera.

Si no explotamos estos recursos responsablemente, perderemos nuestros mares y los beneficios que otorgan a los mexicanos.

Incorporarnos al EITI fue un gran logro para la transparencia y el gobierno abierto en el país, pero no podemos concentrar nuestros esfuerzos exclusivamente en petróleo y minerales. Generar o adherirnos a una estrategia similar en materia de pesca debe ser el siguiente paso para construir un país más justo, sustentable y próspero.

1 México se convirtió en miembro pues su candidatura fue aceptada por el Consejo Internacional de la EITI. La adhesión plena ocurrirá después de la ejecución del Plan de Trabajo.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/266945/251017_Comunicado_Conjunto_SE-SENER-SHCP.pdf

2 https://www.worldwildlife.org/threats/overfishing

3 http://fisheriestransparency.org/fiti-standard

* El autor es comisionado del INAI y coordinador de la comisión de gobierno abierto y transparencia.

 

Protección de datos personales

Privacidad de dados en teléfonos celulares llega al Tribunal Supremo de EUA

Mediatelecom

Liliana Juárez

21 de octubre de 2017

El Tribunal Supremo de Estados Unidos deberá tomar un importante caso de privacidad de datos en teléfonos inteligentes el 29 de noviembre; analizará si las autoridades requieren una orden para obtener información sobre la ubicación del teléfono celular de algún sospechoso. Los operadores no han manifestado su opinión sobre el caso.

Los operadores telefónicos se han mostrado reacios a participar en disputas de privacidad de datos. De acuerdo con Reuters, de los cuatro operadoras de telefonía móvil de Estados Unidos (Verizon Communications Inc, AT&T, Sprint y T-Mobile US) sólo Verizon se pronunció a favor de la protección estricta de la privacidad de datos de los usuarios.

En general, el grupo de comercio de la industria inalámbrica CTIA se ha alejado del caso… el más significativo en años sobre la privacidad de los usuarios de telefonía móvil. “Han estado en silencio durante casi todo ese tiempo”, dijo Alex Abdo, abogado de la Universidad de Columbia en Nueva York.

CTIA, AT&T y T-Mobile se rehusaron a comentar sobre el caso. La vocera de Sprint, Lisa Belot, dijo que la compañía no había tomado una posición al respecto.

Los jueces escucharán una apelación de un hombre llamado Timothy Carpenter que fue condenado por robos a mano armada en Ohio y Michigan. La policía ayudó a establecer que Carpenter estaba cerca de la escena del crimen gracias a información sobre la ubicación de su teléfono celular.

Los abogados de Carpenter argumentan que la policía necesita una “causa probable” y, por lo tanto, una orden de arresto, a la luz de las protecciones de la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos contra búsquedas irrazonables.

Por su parte, el Departamento de Justicia dijo que no era necesaria una causa probable, sino los “motivos razonables” menores para demostrar que los registros son “relevantes y materiales” para una investigación.

Un fallo que favorezca a Carpenter sentaría un precedente que podría aplicarse a otras formas de datos.

En los últimos años, el Tribunal Supremo se  ha pronunciado dos veces en contra de las autoridades en casos sobre las nuevas tecnologías.

De acuerdo con la agencia británica, a pesar del crecimiento masivo de los datos que almacenan las compañías telefónicas y tecnológicas, la ley de Estados Unidos casi no ha cambiado.

El registro de ubicación de teléfonos celulares es cada vez más importante para las investigaciones criminales. Las autoridades necesitan solicitar la información a los cuatro operadores de telefonía inalámbrica.  

Las compañías manejan miles de solicitudes de la aplicación de la ley anualmente para estos datos.