En 5ta ronda de TLCAN, planean cerrar temas de telecom y regulatorios

El Financiero

Daniel Blanco

14 de noviembre de 2017

La quinta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), que se llevará a cabo esta semana en la Ciudad de México, contempla cerrar capítulos  como el de telecomunicaciones y el de prácticas regulatorias, mencionó este martes el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.

“Son capítulos con gran nivel de avance, otros que nosotros tenemos interés y que en los que hemos estado muy activos. Un ejemplo es el capítulo anticorrupción, para poder regular los mecanismos de participación en licitaciones públicas, etcétera. Sí hay varios capítulos que están muy cerca de ser cerrados, algunas diferencias por librar, pero que creemos que pueden ser cerrados en esta ronda”, dijo Guajardo en el marco del Foro IP Statistics for Decision Makers del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

El secretario mencionó que en esta quinta ronda de negociación, México reaccionaría a las propuestas que puso sobre la mesa Estados Unidos en materia automotriz y de la cláusula ‘sunset’ o cláusula de caducidad, que plantea que el acuerdo comercial expire cada cinco años o menos, dependiendo si las partes deciden renovarlo.

Guajardo aseguró que la respuesta nacional a esas iniciativas se daría con base en los comentarios del mundo empresarial tanto de México como de Estados Unidos.

“Una cosa es que te digan que el objetivo es 85 por ciento del valor automotriz en América del Norte, y otra cosa es que te expliquen cómo técnicamente se puede lograr entendiendo cómo funciona la industria. Una cosa es decirlo y otra cosa es analizar las capacidades de la industria para lograrlo”, explicó el titular de Economía.

El Gobierno estadounidense ha propuesto elevar en el TLCAN el porcentaje de contenido regional en la industria automotriz al 85 por ciento y asegurar que el 50 por ciento de ese total sea para su país.

Hasta el momento, en el acuerdo comercial el 62.5 por ciento del material del que está hecho un auto o camión ligero debe ser de Norteamérica para entrar al mercado sin pagar arancel.

¿Y el TPP?

El secretario mencionó que el Acuerdo de Asociación Transpacífico o TPP 11 es un pacto de suma importancia para ligarse con Asia y también parte de la estrategia de integración del gobierno, pero no considera que podría ser un sustituto del TLCAN.

“La única manera en la que podría ser un sustituto de TLCAN es que, si un Gobierno norteamericano considera incorporarse al TPP, así podría ser un sustituto de TLCAN porque TPP tiene la imagen de un sustituto de TLCAN modernizado. En la ausencia de EU, es un complemento en nuestra estrategia de política internacional”, detalló Guajardo.

Con información de Reuters.

 

México Conectado tendrá 900 MDP de presupuesto, detalla SCT

El Informador

SUN

14 de noviembre de 2017

Édgar Olvera precisó que han reforzado las labores para evitar que los sitios “caigan” durante el cierre de la administracin

El programa México Conectado contará con 900 millones de pesos de los mil 600 millones que requiere para cumplir con su meta.

Édgar Olvera, subsecretario de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), dijo que habían solicitado 500 millones de pesos y el Congreso dará 400 millones de pesos adicionales al programa México Conectado.

“Se nos vencen 27 mil sitios entre 2017 y 2018, renovarlos implicaría más o menos una inversión de mil 400 millones, tenemos el apoyo de 900 millones de pesos y estamos haciendo economías para que no se nos caiga ni un solo sitio al cierre de la administración”, destacó Olvera tras su intervención en la Jornada Telecomunicaciones: cobertura y acceso.

Con esos 900 millones de pesos, hacen falta 500 millones de pesos para cerrar bien el sexenio, reiteró.

“Creo que la meta la estaríamos ajustando a estabilizar el programa, los 101 mil sitios y terminar el sexenio con eso”.

Por otra parte, aseguró que este año se concretará el acceso a postes y ductos de la CFE.

 

Publicidad oficial: decisión histórica

Sin Embargo

Gabriel Sosa Plata

14 de noviembre de 2017

La decisión que tomará la Suprema Corte en torno de la regulación de la publicidad oficial podría modificar radicalmente la relación entre el gobierno y los medios de comunicación, al acotarse las posibilidades para que se premie o se castigue a periódicos, revistas, emisoras de radio, de televisión y portales periodísticos con más o menos recursos del presupuesto destinado a las campañas de comunicación.

Los beneficios para la libertad de expresión y el derecho a la información serían enormes, congruentes con los principios de un Estado democrático, ya que dejaría de utilizarse el dinero de los contribuyentes para orientar líneas editoriales desde las oficinas de funcionarios públicos.

La sesión en la Primera Sala de la Corte se llevará a cabo mañana. Hay una enorme expectativa de lo que ahí suceda porque de otorgarse el amparo a la organización Artículo 19, se afectarían directamente, como se advierte, intereses políticos y económicos. Esto explica la falta de interés de legisladores, líderes partidistas y algunos medios de comunicación para entrarle a un tema tan espinoso, pese al mandato legal que se estableció en la reforma política de 2014 y al compromiso público del presidente Peña Nieto de regular la publicidad oficial.

Si la sentencia es favorable a Artículo 19, el Poder Legislativo estará obligado a elaborar y aprobar una ley reglamentaria del artículo 134 de la Constitución, que asigne con criterios objetivos, imparciales y transparentes los recursos de la publicidad oficial, a través de un órgano externo, y no al revés, como ahora sucede: de forma poco transparente y discrecional.

Hay quienes consideran que un cambio en las reglas del juego en la asignación de los recursos de la publicidad oficial, llevaría a la quiebra a decenas de medios de comunicación y al desempleo a muchos colegas. No debería ser así. El proyecto de resolución del ministro Arturo Zaldívar reconoce que el presupuesto destinado a este rubro es indispensable para que muchos medios de comunicación se mantengan en operación, pero su asignación discrecional es una amenaza a la libertad de expresión, lo que es inaceptable.

Efectivamente, hay decenas de periódicos y revistas, al igual que emisoras de radio, que viven sobre todo de los recursos públicos. Sin este dinero, contenidos culturales, de divulgación científica, de orientación sobre salud o alimentación, de atención a las personas con discapacidad o personas adultas mayores, de reconocimiento y divulgación de las culturas indígenas, no podrían producirse, ya que no son de interés para la mayoría de los anunciantes comerciales, al ser “mercados” poco atractivos.

La publicidad oficial también puede directa o indirectamente contribuir en los objetivos de las políticas públicas y eso es lo que se buscaría reforzar con el nuevo diseño institucional que surja a partir de lo que resuelva la Corte. De esta manera, se quitaría a burócratas un poderoso instrumento de control político y de enaltecimiento de su imagen a través de spots, entrevistas alejadas del periodismo profesional, inserciones propagandísticas en periódicos, revistas y sitios web, para transitar hacia un modelo que en el que los recursos sean destinados para garantizar el derecho a la información de la sociedad, fortalecer la libertad de expresión, el periodismo y los contenidos de calidad.

De ganarse el amparo, no habrá un cambio inmediato. Es más, podría no ocurrir, si el Congreso aprueba una ley que efectivamente reglamenta el artículo 34 constitucional, pero simula terminar con la discrecionalidad en la asignación de los recursos. Es un riesgo que no debe presentarse, lo que obligaría a seguir muy de cerca el proceso de presentación, dictaminación y aprobación o rechazo de iniciativas de ley que no traicionen los objetivos de una regulación democrática de la publicidad oficial.

Por lo pronto, una felicitación a Artículo 19 por llevar hasta la Corte un caso que hará historia.

ROGELIO HERNÁNDEZ: ¡DE ACUERDO!

Un periodista al que respeto y admiro mucho, Rogelio Hernández López, dedicó su columna “Miradas de reportero” (que se publica en varios medios impresos y digitales) a ofrecer un “Plan B” ante la contrarreforma en derechos de las audiencias. La escribió en respuesta al texto que publiqué en Sin Embargo, el pasado 31 de octubre, en el que expongo las implicaciones de que al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) lo hayan dejado sin “dientes” para la tutela de dichos derechos.

Hernández López considera que hay una sobrerregulación de los medios y que el problema de fondo es “el modelo mercantil del sistema de comunicación social prevaleciente en México y sus contradicciones, mismas que no podrán diluirse (ni siquiera un poco), sólo con una ley tan específica como esta de las telecomunicaciones”.

Hay una enorme concentración de muchos medios en pocas manos; por lo tanto, dice, debería recuperarse la propuesta que hizo el maestro Miguel Ángel Granados Chapa de “un nuevo sujeto económico, tutelado por el Estado”, conformado por los medios públicos, los medios sociales y comunitarios, así como por los periódicos digitales e impresos producidos por asociaciones no lucrativas de periodistas.

“Esos medios de comunicación, que no buscarían como objetivo esencial el beneficio financiero –según la idea cardinal de Granados Chapa– tendrían entre otras las siguientes facilidades: el otorgamiento de créditos blandos para su instalación u operación básica, subsidios en la importación de equipos y materiales; créditos para la adquisición de papel; tarifas postales y de transportación aérea y terrestre preferenciales; régimen tributario especial, etcétera”, dice el periodista, y describe otras posibilidades para robustecer ese “nuevo sujeto económico”.

Le respondo a Rogelio Hernández que estoy de acuerdo con su propuesta y que parte importante del trabajo que he desarrollado en la academia y el periodismo ha sido en la misma línea de combatir los monopolios y fortalecer la competencia en la radiodifusión y las telecomunicaciones, los medios públicos, comunitarios e indígenas, al igual que acabar con la discrecionalidad en la asignación de la publicidad oficial.

La pluralidad y diversidad en los medios de comunicación tradicionales y en las plataformas digitales son esenciales para la democracia, los derechos de expresión e información y los derechos humanos. Por eso, estoy convencido de la importancia del reconocimiento y tutela de los derechos de las audiencias (y los lectores) porque se busca en esencia lo mismo que propone Rogelio: mejorar la calidad de los contenidos y del periodismo, así como diversificar las voces en la radio, la televisión, los medios impresos e internet. También son necesarios para evitar los estereotipos, los contenidos no aptos para niñas y niños, la discriminación, el sexismo o la cosificación de la mujer que se refleja en los programas que producen no sólo medios comerciales, sino también medios públicos y comunitarios. Es decir, ampliar la oferta, competencia o pluralidad de medios no garantiza por sí misma la defensa de las audiencias. De ahí la importancia de establecer en la ley los derechos de las audiencias y sus mecanismos de protección, además, claro, de fortalecer los medios públicos, comunitarios e indígenas.