INAI

INAI ordena al PRI transparentar gastos de su líder nacional

El Financiero

Redacción

23 de octubre de 2017

CIUDAD DE MÉXICO.- Las facturas y gastos erogados en giras de trabajo, alimentación, representación, hospedaje y transportación del presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), durante el primer semestre de 2017, deberán ser públicos por orden del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El comisionado Oscar Guerra Ford dijo que ello permitirá conocer los gastos con cargo a los recursos públicos asignados al partido político, en este caso, específicamente, al líder del PRI.

Pese al reconocimiento del PRI por ser uno de los partidos que ha cumplido con sus obligaciones de transparencia, el pleno del INAI encontró que al responder una solicitud de información sobre los gastos de su dirigente nacional, no realizó una búsqueda exhaustiva de los datos solicitados.

“La información presentada indica que el sujeto obligado no llevó a cabo una búsqueda exhaustiva para localizar las facturas que dan cuenta de los gastos generados, mismos que podría conocer la Secretaría de Finanzas y Administración, pues le corresponde administrar los recursos financieros, humanos y materiales del partido; así como presentar los informes de ingresos y egresos trimestrales”, destacó el INAI en un comunicado.

El pleno del INAI encontró también un descuido en la entrega de información del mismo partido que vulnera los datos personales, ya que al entregar los recibos de nómina, el sujeto obligado reveló un dato confidencial de su dirigente nacional, por lo que propuso dar vista al Instituto Nacional Electoral (INE) para que resuelva lo conducente, ante un posible incumplimiento a la protección de datos personales.

 

El INAI exige al PRI que diga a los ciudadanos cuánto gastó Ochoa Reza y en qué, en 6 meses de 2017

Sin Embargo

Redacción

23 de octubre de 2017

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) solicitó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) transparentar los gastos de su dirigente nacional, Enrique Ochoa Reza, durante el primer semestre de 2017.

La solicitud del INAI al PRI para transparentar los gastos de su dirigente nacional derivó de una escueta respuesta que recibió una persona por parte de Ochoa Reza, quien sólo proporcionó la versión pública de los comprobantes de pago del 1 de enero al 30 de junio de 2017, una factura de hospedaje de un viaje a Nueva York y la versión pública de comprobante fiscal del pago por servicio de transporte aéreo, contratado con la empresa United Airlines, así como facturas por concepto de arrendamiento de vehículos.

Inconforme con la respuesta, el particular presentó recurso de revisión ante el INAI, en el que manifestó que recibió la información incompleta, pues no incluye los conceptos alimentación, mientras que la factura de transportación no presenta el destino del viaje y tampoco se informa lo relativo a diversos gastos originados en el desarrollo de las funciones del dirigente nacional del PRI.

El análisis del INAI concluyó que en la factura del transporte aéreo no se visualiza en su totalidad el contenido de los datos asentados, situación que resta certeza jurídica al documento.

Por otra parte, Enrique Ochoa no realizó una búsqueda exhaustiva para localizar las facturas que dan cuenta de los gastos generados en la gira de trabajo realizada en Saltillo, Coahuila, el 27 de febrero de 2017.

“No realizó ningún tipo de manifestación en lo referente a los gastos de alimentación y de representación, ni aquellos relacionados con las funciones del dirigente nacional del PRI”, explicó el INAI.

De acuerdo con el organismo, la información presentada por Ochoa Reza indicó que el dirigente del PRI no llevó a cabo una búsqueda exhaustiva para localizar las facturas que dan cuenta de los gastos generados, “mismos que podría conocer la Secretaría de Finanzas y Administración, pues le corresponde administrar los recursos financieros, humanos y materiales del partido; así como presentar los informes de ingresos y egresos trimestrales”.

Por lo anterior, el Pleno del INAI, a petición del comisionado Guerra Ford, modificó la respuesta de Enrique Ochoa y le instruyó entregar, de forma legible y completa, el comprobante fiscal digital por concepto del pago por servicio de transporte aéreo contratado con la empresa United Airlines e iniciar el destino del viaje, así como el documento que dé cuenta del reembolso por el boleto de avión del viaje realizado a Nueva York, Estados Unidos.

Asimismo, deberá realizar una búsqueda exhaustiva en la Secretaría de Finanzas y Administración para localizar las facturas de cualquier gasto generado durante la gira de trabajo del presidente nacional del PRI en Saltillo, Coahuila, así como los gastos de alimentación y de representación en el desarrollo de las funciones del dirigente.

Enrique Ochoa es el último dirigente del PRI Un balance realizado por la Unidad de Datos de SinEmbargo refiere que, los estados que perdió el tricolor de 2012 a 2017 [Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz], comparados con los que recobró en ese mismo periodo de tiempo [Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa y Sonora], le dejan cuando menos un déficit de 10.1 millones de electores.

 

Diagnósticos sobre transparencia

Reconstrucción efectiva con transparencia

El Financiero

Óscar M. Guerra Ford

24 de octubre de 2017

El derecho de acceso a la información pública y a la protección de los datos personales son protegidos por la Constitución y garantizados por el INAI partiendo de los principios de máxima publicidad y que quienes ejerzan o utilicen tienen la obligación legal y moral de transparentar el uso y destino, es decir, rendir cuentas a la sociedad.

Desde hace unos doscientos años, el economista y político John Stuart Mill reflexionaba que, transparentar las acciones del gobernante, es una prerrogativa de la sociedad, pues son los ciudadanos quienes los eligen, por tanto, la información que se genere por la acción de los primeros, les pertenece a los ciudadanos.

Esto lo traigo a colación porque existe una preocupación razonable de los mexicanos por conocer el uso y destino de los recursos que el gobierno destine para las obras y acciones de la reconstrucción nacional. En un primer estimado, fue señalado un costo de 38 mil millones y en una segunda estimación, se contempla que sean 48 mil millones de pesos, que equivale al presupuesto anual de la UNAM, de las ayudas de pensión a 5 millones de adultos mayores en todo el país o a 11 veces los recursos anuales que se destinan a las estancias infantiles de las madres trabajadoras operadas por la Secretaría de Desarrollo Social.

Según la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al 5 de octubre de 2017, se han gastado 6 mil 844 millones de pesos; 60% de los cuales se concentran en los estados de Oaxaca y Chiapas. Sin embargo, es necesario que esta información se encuentre en datos abiertos y con mayor detalle para conocer cada una de las acciones, apoyos y programas, así como la población beneficiaria.

Recientemente, los diputados aprobaron la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2018 y, haciendo modificaciones a las variables macroeconómicas como el tipo de cambio y el precio de petróleo, estiman recaudar unos 43 mil 300 millones de pesos adicionales, con lo cual, prácticamente se estaría atendiendo el costo de la tragedia.

Una alternativa para obtener los recursos para la reconstrucción, sin aumentar impuestos ni la deuda pública, sería aplicar recortes al gasto programable de los gobiernos federal y estatales. Por ejemplo, en el primero se podría reducir la partida 2600 de Combustibles, lubricantes y aditivos; pues para el año 2017, la Cámara de Diputados aprobó 124 mil 645 millones de pesos para esta. Para 2018, el Ejecutivo Federal propone destinarle 158 mil 211 millones de pesos. Considerando el impacto inflacionario anual de 6.5%, esta partida debería tener un monto máximo de 132 mil 747 millones de pesos. Con lo cual se liberarían 25 mil 464 millones de pesos.

Otra partida 2300, Materias primas y materiales de producción y comercialización puede aportar 4 mil 782 millones de pesos. Para 2017, los diputados aprobaron 31 mil 344 millones de pesos para esa partida, en cambio, para 2018, se está proponiendo una asignación de 38 mil 164 millones de pesos.

Por su parte el sector privado está realizando una tarea importante de recaudación de Fondos para la reconstrucción. Por ejemplo, la Fundación Carlos Slim destinará 2 mil 373 millones de pesos, para ayuda humanitaria, reconstrucción de centros de salud, escuelas, mercados y para la protección estructural al patrimonio cultural en las zonas afectadas. Esta fundación transparentó la lista de las personas físicas y morales que realizaron las mayores aportaciones.

De igual manera, el Consejo Coordinador Empresarial, a través del Fideicomiso Fuerza México, ha logrado recaudar 132 millones de pesos y 2.7 millones de dólares, además el Comité Técnico de este fideicomiso firmó un convenio con el INAI para transparentar las donaciones económicas y materiales al Fideicomiso y asegurar un uso eficaz y eficiente de esos recursos.

Por tanto, es claro que la apertura sin restricciones a la información sobre las acciones destinadas a la reconstrucción puede ser un instrumento útil para la recuperación de la confianza social en las instituciones del Estado. En ese sentido, el INAI juega un papel decisivo en las instancias en que participa, pues ha propuesto una serie de acciones puntuales que contribuyen a transparentar todos los esfuerzos para la reconstrucción nacional.

Las acciones que propone el INAI están además orientadas para que puedan replicarse por los órganos garantes en todas las entidades federativas, especialmente en aquellas donde los siniestros fueron más impactantes; por ello, la coordinación y transparencia de las acciones que realicen todas las instancias públicas y privadas serán fundamentales para rendirles cuentas a la sociedad y reiterar que esa respuesta inmediata, humana y solidaria que se brindó durante la emergencia, es claramente correspondida con cada acción transparentada del quehacer gubernamental.

 

Protección de datos personales

La participación ciudadana y la protección de los datos personales

Mediatlecom

Armando Alfonzo Jiménez

23 de octubre de 2017

Las democracias

En el transcurso del tiempo, han existido diversas formas de gobierno, muchas de las cuales se han configurado a la luz del concepto “democracia”.

Si bien es cierto, la raíz griega de la palabra “democracia” ha subsistido a nuestros días (demos: pueblo, krátos: poder o gobierno) también es cierto que han sido los modelos de democracia puestos en la práctica, de acuerdo con las distintas épocas y con base en las peculiaridades de cada país que ha asumido a esta forma de gobierno como régimen político propio.

Así, muchos autores han hablado de democracias con múltiples adjetivos (liberal, popular, socialista, representativa, participativa, constitucional, entre otras).  

Aunque la democracia en su origen partía de la idea central de participación de los “ciudadanos” es importante no perder de vista dos cuestiones:

1) En la antigüedad, el término democracia era restrictivo a quienes gozaban de la condición de ciudadano.

2) Con el paso del tiempo y debido al crecimiento de la población fue imposible que un número creciente de ciudadanos participara directamente de la discusión de los asuntos públicos.

En este sentido, con la revolución francesa de 1789 emergieron aportaciones al concepto y a la práctica de las democracias:

El sistema de representación política, mediante el cual los ciudadanos, ante la imposibilidad física de tomar parte de los asuntos políticos, eligen a sus mandatarios quienes se guiarían por los intereses de quienes los eligieron.

El principio mayoritario como reflejo de la voluntad general del pueblo.

Pero las experiencias de los modelos de democracia no fueron lo exitoso que las mayorías supusieron y, entonces, esta forma de gobierno en muchas latitudes entró en crisis y fue altamente cuestionada.

Con el objeto de rescatar lo valioso de la democracia, es que los modelos más recientes han adoptado rasgos para que el ejercicio de gobierno cuente con mejores parámetros de legitimidad y de respeto a la dignidad de la persona.

Para los efectos de estas líneas, nos referiremos a los múltiples mecanismos de participación de los ciudadanos en la vida pública.

Aunque el más emblemático de estos instrumentos es muy conocido –el ejercicio del voto o el sufragio- hay otros medios que sirven para incidir en temas de relevancia política: la iniciativa legislativa popular, la consulta ciudadana, la revocatoria de mandato, el presupuesto participativo, la auditoria social, el plebiscito y el referéndum.

En todos los casos, las autoridades públicas –en algunas naciones las electorales- son las responsables de conducir adecuadamente dichos procesos.

La protección de datos personales frente a la participación ciudadana

Una de las tareas más delicadas de los organismos públicos, a cargo de los mecanismos de participación ciudadana, es la relativa al resguardo y administración de la información de los ciudadanos, en los que se incluyen datos personales.

Las instancias públicas encargadas de integrar el registro de electores cuentan con la necesidad de identificar claramente a los ciudadanos que formarán parte de los mecanismos de participación ciudadana para llevar a cabo un efectivo control de los procesos y dar certeza de la autentificación de sus resultados.

Por otra parte, también los órganos públicos mencionados tienen bajo su alta responsabilidad la eventual acción de compartir con otros actores la información de los ciudadanos, por ejemplo, a los partidos políticos.

Esa transmisión de información, la cual incluye datos personales, convierte esa operación en sumamente sensible, por lo que se deben adoptar todas las medidas de seguridad apropiadas para su debido resguardo.

De ahí la trascendencia de la protección de datos personales en posesión de las autoridades, incluidas las electorales, y de otros sujetos como los partidos políticos.

Los organismos públicos están obligados a tomar todas las acciones para que la información de los ciudadanos esté completa, actualizada y sea totalmente verídica.

Asimismo, los entes públicos deben tomar todas las precauciones y medidas de seguridad necesarias para transmitir la información, que incluye datos confidenciales, cuando esto sea estrictamente necesario.

En el caso de los partidos políticos u otras agrupaciones que tengan incumbencia en los mecanismos de participación ciudadana, también deben asumir todas las medidas de seguridad para la protección de datos personales.

La información confidencial expuesta de manera indebida puede conllevar a la comisión de delitos como la usurpación de identidades, la extorsión o propiciar molestias inadecuadas para los ciudadanos.

Un caso de riesgo para los datos personales: el censo del referéndum en Cataluña

En el reciente ejercicio de consulta ciudadana para determinar o no la independencia de Cataluña, la Generalitat no cuidó los datos personales de más de cinco millones de ciudadanos (algunos dígitos del carnet de identidad ciudadana [DNI], fecha de nacimiento y código postal).

De acuerdo con Rosario G. Gómez del reconocido periódico El País [8 de octubre de 2017] en Internet se puede encontrar, con cierta facilidad, tales datos confidenciales.

El gobierno autonómico, muy probablemente, al administrar los padrones municipales, los registros de Población de Cataluña, del fisco o del sistema de salud, no adoptó las medidas de seguridad indispensables para evitar la indebida difusión de dichos datos personales en la red.

Lo anterior ha derivado en una investigación, por parte de la Agencia Española de Protección de Datos, para deslindar responsabilidades.

Indudablemente, uno de los más grandes y serios retos que enfrenta la era digital es, justamente, la protección de los datos personales.

Sin nuestro consentimiento expreso ningún órgano del poder público, empresa o persona tiene el derecho de conocer y hacer uso de nuestra información confidencial. Es parte toral de nuestro derecho fundamental a la privacidad.

 

Europa: industria se opone a modificación de directiva de privacidad electrónica

Mediatelecom

Redacción

23 de octubre de 2017

Grupos de la industria de las telecomunicaciones en Europa se opusieron a la directiva sobre la privacidad electrónica (ePrivacy) aprobada por el Comité de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos del Interior (LIBE) del Parlamento Europeo al considerar que dicho comité ha empeorado la legislación para el sector.

La directiva ePrivacy se aplica específicamente a la privacidad de las comunicaciones electrónicas, especialmente la protección de la confidencialidad y los datos personales. Fue propuesta por primera vez por la Comisión Europea en enero.

La industria de las telecomunicaciones ha expresado su inconformidad en gran medida a la directiva, bajo el argumento de que ambas coinciden y contradicen la Directiva General de Protección de Datos de la Unión Europea, que entrará en vigor en mayo de 2018.

La Asociación Europea de Operadores de Redes de Telecomunicaciones (ETNO) señaló que el comité parlamentario ha creado nuevas discrepancias con la Regulación General de Protección de Datos (GDPR) en su voto y llamó a los legisladores a remediar los problemas.

Asimismo, la directiva ePrivacy cubre cuestiones como el uso de cookies de seguimiento en sitios web y aplicaciones. El LIBE introdujo protecciones adicionales al consumidor en su versión de la legislación para abordar asuntos como lo que las empresas pueden hacer con los datos personales recopilados en línea. Estas fueron bien recibidas por la organización European Digital Rights, la cual dijo que “se necesitan reglas claras para la privacidad por defecto” en software y hardware para garantizar la confianza y la competencia leal en el mercado.

Por su parte, la GSMA mencionó que la directiva ePrivacy va más allá del principio básico de proteger la confidencialidad y crear un conjunto de obligaciones incompatibles con el GDPR. Explicó que cualquier regla que restrinja el uso de datos personales debería ser “calificada y proporcional al riesgo de daños a la privacidad que podrían sufrir los consumidores si se usan indebidamente sus datos y no debería discriminar en función del sector industrial o de tecnología”.

El grupo alemán de la industria digital Bitkom advirtió que la legislación del comité parlamentario podría amenazar tanto a los servicios tradicionales de Internet como el Internet de las cosas (IoT) emergente al prohibir en gran medida el procesamiento de datos personales y permitir muy pocas excepciones. Además, se corre el riesgo de crear confusión legal con las reglas específicas más allá del GDPR para ciertos sectores.

Antes de que la nueva directiva entre en vigor, los Estados miembros de la UE también deben aprobar la legislación a través del Consejo. A continuación, se necesitarán negociaciones tripartitas entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión para acordar una versión final de la directiva.