INAI

INAI ordena a ASUR, GAP y OMA dar a conocer sus estados financieros de 1998 al 2000

El Financiero

Anabel Clemente

8 de octubre de 2017

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dar a conocer los estados financieros de 34 aeropuertos que operan en México auditados entre 2001 y 2016.

 

Además, instruyó a Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) y Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) buscar y, en su caso, entregar los estados financieros correspondientes al periodo de 1998 al 2000.

Estas resoluciones se dan luego de que la SCT clasificó la información requerida como confidencial, ya que le había sido entregada con tal carácter y contenía secretos comerciales de las empresas, lo que motivó al particular a interponer un recurso de revisión ante el INAI; en alegatos, la dependencia reiteró su respuesta inicial y precisó que no contaba con los documentos correspondientes al periodo de 1998 al 2000.

Ante ello, la comisionada Areli Cano expuso que si bien los estados financieros auditados contienen información patrimonial de las empresas, no es procedente su clasificación pues existen disposiciones normativas que prevén su publicación.

“Así será posible conocer el estado de salud financiera que dichos consorcios han registrado en el trayecto de su última década, y también pondrán, bajo el escrutinio público, el desempeño logrado por los particulares al amparo de las concesiones otorgadas por el Estado Mexicano”, señaló.

Recordó que el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, vigente del 2001 al 13 de junio de 2014, aquellas de carácter autónomo, como las concesionarias en cuestión, están obligadas a publicar los estados financieros en el periódico oficial de la entidad en donde residan, o si cuentan con varios domicilios, en el Diario Oficial de la Federación.

Respecto de la inexistencia de los documentos de 1998 al año 2000, se determinó que, si bien se turnó la solicitud a la Dirección General de Aeronáutica Civil, área encargada de tramitar las concesiones para operar aeropuertos y requerir la información financiera necesaria, la dependencia no motivó su respuesta, razón por la cual no se tiene certeza de la exhaustividad de la búsqueda.

 

Protección de datos personales

La lucha de LinkedIn por nuestros datos personales

El Financiero

Rana Foroohar

8 de octubre de 2017

Una cosa que me queda cada vez más clara conforme reporto sobre la economía digital es que se va a necesitar un replanteamiento del marco jurídico en el que se han desarrollado los negocios durante muchas décadas.

Muchas de las principales leyes que rigen el comercio digital (el cual es cada vez más la mayor parte del comercio) se desarrollaron en la década de 1980 o de 1990, cuando el Internet era un lugar completamente diferente.

Consideremos, por ejemplo, la Ley de Fraude y Abuso de Computadoras (CFAA, por sus siglas en inglés). Esta ley de 1986 convirtió en un delito federal el hecho de participar en “acceso no autorizado” a una computadora conectada al Internet.

Fue diseñada para evitar que los “hackers” piratearan los sistemas corporativos o gubernamentales. El mito es que la ley fue inspirada por Juegos de Guerra, la película de 1983 protagonizada por Matthew Broderick.

Aunque pocos piratas informáticos parecen haber sido disuadidos por esta ley, está siendo utilizada en batallas territoriales entre compañías que buscan monetizar el producto básico más valioso del planeta: nuestros datos personales.

Ejemplo: LinkedIn contra HiQ, que bien podría convertirse en un parteaguas en Silicon Valley. LinkedIn es la plataforma de red profesional predominante, una especie de Facebook para las empresas.

HiQ es una compañía de “extracción de datos”, que tiene acceso a los datos disponibles públicamente de los perfiles de LinkedIn y posteriormente los mezcla en su propia ‘caja negra’ cuantitativa para crear dos productos: Keeper, el cual les informa a los empleadores cuáles de sus empleados se encuentran en mayor riesgo de ser reclutados por otras compañías; y Skill Mapper, el cual proporciona un resumen de los conocimientos que poseen los trabajadores individuales.

LinkedIn le permitió a HiQ hacer esto durante cinco años, antes de desarrollar un producto muy similar a Skill Mapper, punto en el cual LinkedIn le envió a la compañía una carta de “cesar y desistir”, y la amenazó con invocar la CFAA si HiQ no dejaba de aprovechar sus datos de usuario.

Los abogados de LinkedIn argumentaron no sólo que esto constituía una violación de la confianza de los usuarios, sino que su cliente era una “entidad privada con derecho a controlar el acceso a su propiedad privada”, es decir, no sólo a sus servidores, sino a los datos de los consumidores que se encuentran en ellos.

Nada de esto es inusual en Silicon Valley. Las compañías de extracción de datos son omnipresentes y algo insidiosas, al igual que las grandes compañías que ven a las pequeñas empresas experimentar con nuevas ideas y, luego, tratan de robárselas y/o aplastarlas una vez que alcanzan una masa crítica (ya sea con una carta de cesar y desistir, o mediante una adquisición).

Recientemente he recibido muchísimas llamadas de pequeñas empresas tecnológicas que se quejan de prácticas anticompetitivas por parte de las compañías más grandes de la plataforma. La mayoría no se expresa públicamente por miedo a que nunca les llegue otra ronda de financiación o un trabajo (Silicon Valley tiene un impresionante código de “omertá”). Pero HiQ se dio cuenta de que no tenía nada que perder, porque si no podía utilizar los datos de LinkedIn, igualmente quedaría fuera del negocio.

La Corte de Distrito del norte de California, la cual se ocupa del caso, estuvo de acuerdo, y le otorgó un mandamiento judicial para continuar la extracción mientras se desarrolla la batalla legal.

Mientras tanto, un caso que podría haber sido importante principalmente para los conocedores del sector digital está recibiendo un enorme impulso publicitario por parte del profesor de Harvard Laurence Tribe, el eminente estudioso de derecho constitucional del país. Tribe se incorporó al equipo de defensa de HiQ porque cree que el caso es “sumamente importante”, no sólo en términos de establecer reglas competitivas para la economía digital, sino en el ámbito de la libertad de expresión. Según el Prof.

Tribe, si aceptamos que el Internet es la nueva plaza de la ciudad, y “los datos son un tipo central de capital”, entonces deben estar disponibles libremente para todos; y LinkedIn, como compañía privada, no puede decidir repentinamente que los datos públicamente accesibles a través de búsquedas de Google son su propiedad privada.

Quizá a la gente no le gusta lo que HiQ está haciendo; pero al igual que los delincuentes sexuales tienen derecho a usar el Internet, los extractores de datos tienen derecho a ganarse la vida en el espacio público, al menos por ahora. La preocupación es que si a las compañías privadas se les permite decidir quién puede participar en el mercado digital de ideas, entonces podrían excluir a quien quieran.

Por su parte, LinkedIn argumenta que, si los usuarios supieran que sus datos estuvieran disponibles libremente sin restricciones para la recopilación y el acceso por parte de terceros, serían menos propensos a ponerlos en línea. Éste es un buen punto, y quizá uno que los consumidores y los usuarios del Internet en general deberían considerar con más atención.

Teniendo eso en cuenta, deberíamos pensar mucho más cuidadosamente sobre el grado de información que revelamos y todas las innumerables maneras en que puede utilizarse.