INAI
Ordena INAI a Cámara de Diputados dar a conocer 109 solicitudes de juicio político
MVS
Ernestina Álvarez
10 de septiembre de 2017
La orden incluye a ex diputados locales y federales, así como los exgobernadores.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Cámara de Diputados dar a conocer la información relacionada con 109 solicitudes de juicio político y las resoluciones de desechamiento, principalmente de servidores públicos pertenecientes al Gobierno de Jalisco, incluyendo ex diputados locales y federales, así como los ex Gobernadores Emilio González Márquez, Francisco Ramírez Acuña y Alberto Cárdenas Jiménez.
El comisionado ponente, Joel Salas, indicó que la información debe proporcionarse porque permite a la ciudadanía vigilar, toda vez que el juicio político se inicia cuando un servidor público atenta contra los intereses públicos fundamentales, por ejemplo, la violación de derechos humanos, un ataque a las instituciones democráticas o la usurpación de atribuciones, entre otros.
Un particular solicitó la información en Excel, pero la Cámara de Diputados, respondió que no generan la información solicitada en formato e instruyó a qué fueran revisadas en un vínculo electrónico porque se encuentran en la Gaceta Parlamentaria y en un recurso de revisión señaló que la información solicitada es confidencial, ya que son datos personales y forma parte de un juicio.
El pleno del INAI determinó que si bien la Cámara de Diputados no cuenta con obligación normativa para elaborar un documento en Excel debió de ofrecer al particular el acceso a la versión pública de los documentos en consulta in situ.
Además, omitió enviarle la copia de las solicitudes de juicio político requeridas, por lo que deberá ponerlas a disposición en versiones públicas protegiendo los datos personales.
 
Diputados deben abrir juicios políticos: INAI
El Universal
Alberto Morales
11 de septiembre de 2017
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) ordenó a la Cámara de Diputados dar a conocer la información relacionada con 109 solicitudes de juicio político y las resoluciones que desecharon las mismas en marzo de 2017.
Mediante una solicitud de información a la Cámara Baja, un ciudadano requirió, en formato Excel, diversa información respecto de 109 casos de juicio político desechados en marzo de 2017 por la Subcomisión de Examen Previo.
También solicitó copia de las solicitudes de juicio político y de las resoluciones emitidas a los servidores públicos pertenecientes al gobierno de Jalisco, incluyendo ex diputados locales y federales, así como los ex gobernadores Emilio González Márquez, Francisco Ramírez Acuña y Alberto Cárdenas Jiménez.
La Cámara de Diputados respondió que dicha unidad administrativa no genera la información solicitada en formato Excel e informó que algunas de las resoluciones pueden consultarse en la Gaceta Parlamentaria, para lo cual remitió un vínculo electrónico. Inconforme con la respuesta, el ciudadano interpuso el recurso de revisión ante el Inai, mediante el cual señaló que el sujeto obligado no le dio acceso a la información solicitada en formato Excel y no se manifestó con relación a la petición de obtener “copia de las solicitudes de juicio político”, pues sólo se pronunció respecto a las resoluciones.
Del análisis de la ponencia del comisionado Joel Salas señaló que si bien la Cámara Baja no cuenta con obligación normativa para elaborar un documento ad hoc, debió de ofrecer al particular el acceso a la versión pública de los documentos fuente que contienen los rubros solicitados en otras modalidades de entrega, como lo es la consulta in situ.
Además, la Cámara no remitió al particular la totalidad de la información solicitada, pues omitió enviarle la copia de las solicitudes de juicio político requeridas. Por lo anterior, de acuerdo al proyecto del comisionado Salas Suárez, el pleno del instituto modificó la respuesta de la Cámara de Diputados y le instruyó poner a disposición del solicitante la consulta in situ de la versión pública de las 109 solicitudes de juicio político y de las resoluciones de desechamiento que recayeron en las mismas.
 
Protección de datos personales
Archivos y Memoria
Sin Embargo
Ana Cristina Ruelas
11 de septiembre del 2017
 
El Principio 3 para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad de Naciones Unidas señala que el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y, por ello, se debe conservar adoptando medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al Estado para preservar los archivos y otras pruebas relativas a violaciones de los derechos humanos y el derecho humanitario y para facilitar el conocimiento de tales violaciones. Esas medidas deben estar encaminadas a preservar del olvido la memoria colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas.
A propósito de la discusión inacabada sobre la Ley General de Archivos (digo inacabada porque la dejaron en la congeladora el pasado período legislativo y ha pasado un año de haberse publicado en noviembre de 2016) me encontré con una entrevista que le hicieron recientemente al Comisionado Presidente del INAI en el bimensuario Congresistas y que fue publicada en julio de este año. A través de sus palabras, el Comisionado puso en relieve la necesidad inminente de una legislación en archivística, con perspectiva de derechos humanos.
A lo largo del encuentro, señaló que aún existen temas pendientes que se “vuelven un problema” al momento de avanzar en la legislación, como lo es el de la “Galería uno” del Archivo General de la Nación, la cual contiene las transferencias de los “registros y documentos que había en Gobernación, en los sótanos de Bucareli” que además “llegó como un meteorito y el Archivo no le podía decir a su jefe, el Presidente de la República, que no le recibía ese montón de papeles, porque no hubo el expurgo previo que tenía que haber habido”.
De esta manera, el Comisionado cuenta que “la Galería Uno se volvió la manzana de la discordia, porque la propia dirección del AGN no puede destruirla y la quiere dejar así, como un testimonio de lo que llegó”. Sin embargo advierte que “[El AGN] Ha tenido que proteger su acceso a consulta” pues derivado de la Ley vigente “hay que respetar los archivos confidenciales históricos”. Según el Comisionado, este tema se vuelve complicado pues hay que tomar en cuenta que “por más que uno diga esa información es ya histórica. Se dice a quién le va a afectar que se sepa lo que ahí está. Efectivamente los principales actores de esas historias buena y malas, pues ellos están exentos de la problemática, sí, pero hay quienes son defensores de los hijos, de los parientes de aquellos que fueron verdugos por obediencia jerárquica como son las matanzas del 68 o del 71.Dices aquellos verdugos ya murieron, pero el problema no es ellos necesariamente sino quienes suceden de ellos, ellos, la gran mayoría tuvieron que actuar seguramente por obediencia jerárquica y no por voluntad propia”
Los archivos, son testimonios diversos de las atrocidades de la historia y por esta razón se vuelve imperante que el Estado asegure su preservación y promueva su libre consulta. En este sentido, aun cuando dicha consulta pueda significar una afectación a la vida privada o intimidad de alguna persona, aun cuando los defensores de los hijos o parientes de los verdugos sientan vergüenza por los hechos de su familiar, la sociedad en general tiene un interés mayor por que hechos así no se vuelvan a repetir: una sociedad ignorante es una sociedad condenada al “siempre más”. Los archivos se enmarcan como un referente de la lucha contra la impunidad, precisamente porque las víctimas pueden hablar a través de ellos y viceversa. Por esto, una legislación de archivos que no reconozca su papel, es una legislación que contribuye y fortalece el pacto de impunidad.
Además, después de casi 30 años y de diversas discusiones en el marco internacional de la defensa de derechos humanos, no se puede exponer a la sociedad mexicana a la falta de verdad de las atrocidades sucedidas en el país, con argumentos que hacen referencia a la “obediencia debida o jerárquica”.
Desde 1978, en países de Centro y Sudamérica proliferaron las leyes de impunidad que tomaron la forma de leyes de amnistía, prescripción e indulto con el propósito de prevenir la investigación y el castigo de graves violaciones a derechos humanos. Estas leyes, reconocían la obediencia debida como una justificación para estos crímenes. Sin embargo, lejos de advertirse como leyes que buscaban la reintegración y la paz, fungieron como instrumentos de legitimación de la violencia y para evitar el castigo de los agentes del Estado.
En contraste, las sentencias del tribunal de Nürenberg, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, reconocieron que “[e]l hecho de que una persona haya actuado en cumplimiento de una orden de su Gobierno o de un superior jerárquico no la exime de responsabilidad conforme al derecho internacional, si efectivamente ha tenido la posibilidad moral de opción”. Incluso, el Tribunal Militar Internacional de Nüremberg estableció que “Las órdenes superiores, aún dadas a un soldado, no pueden considerarse como un atenuante cuando se han cometido crímenes espantosos y enormes consciente, cruelmente y sin excusa o justificación militar .Finalmente, en 1961, en la sentencia del juicio de Eichmann en Jerusalén, la parte juzgadora señaló que la cadena de mando no podía justificar las atrocidades cometidas por quienes siguen órdenes.
Definitivamente, aún son discusiones inacabadas que requieren celeridad para que, finalmente, se apruebe una Ley. Sin embargo, no podemos dejar de pugnar por una ley que coadyuve a la mejora de la gestión pública y sea parte de la construcción de la verdad. La sociedad merece menos corrupción e impunidad.
 
Bancos y ‘fintech’ pelean por cómo acceder a los datos del cliente
Mediatelecom
Juande Portillo (Cinco Días)
10 de septiembre de 2017
La banca vive estos días una cuenta atrás hacia el inicio de la que promete ser la mayor revolución de su historia reciente. La entrada en vigor de la segunda directiva europea de pagos (la PSD2) a comienzos del próximo mes de enero devolverá a los particulares el control de sus datos financieros, obligando a los bancos tradicionales que les dan servicio a compartir su información con las nuevas firmas financieras tecnológicas, las fintech, que el cliente elija. Unos y otros se preparan actualmente para sumarse a un salto tecnológico y cultural cuyos últimos detalles regulatorios siguen siendo objeto de un apasionado debate.
“PSD2 es el mayor cambio para la banca comercial de toda su historia”, asevera Arturo González, responsable de Infraestructura Financiera de la Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI), y una de las voces que interviene en la negociación europea por parte del nuevo sector emergente. “La directiva lo que dice es que las credenciales y toda la información que una entidad tiene de un usuario es suya, y que el usuario tiene derecho a cederla a un tercero”, apunta.
Es decir, que si un particular decide utilizar una aplicación para hacer transferencias, o con la que recibir consejos sobre sus hábitos de ahorro, podrá autorizar el acceso a sus datos bancarios y su entidad de referencia no podrá negarse a facilitar la información.
“El objetivo último de la directiva es generar mayor competencia y mayor transparencia en los servicios financieros en beneficio del usuario final”, resume González, que también es consejero delegado de la fintech Eurobits, que recopila datos bancarios para aplicaciones financieras.
“Sin duda, esta directiva va a cambiar el status quo del mercado financiero en España”, avanza Alberto Cerrada, director de procesos financieros en Worldline Iberia, consultora que asesora a la banca en este proceso de transformación. “Va a obligar a las entidades a tomar posición y a desarrollar estrategias”, expone, porque “los bancos van a tener que abrir sus plataformas, compartir su información con los nuevos actores” y hacerlo “sin cobrar”. “PSD2 implica para la banca lo que ocurrió hace unos años en el mercado de las telecomunicaciones, una liberaliación del merado que propició la aparición de nuevos actores”, ilustra.
“El ánimo de la directiva es avanzar en la protección del consumidor, ahondar en la transparencia de los servicios relacionados con instrumentos de pago y regular de forma efectiva la entrada de estos nuevos jugadores, que hasta ahora no estaban regulados de una manera detallada”, explica Roser Martí Basomba , responsable de proyectos de tarjetas de Banco Sabadell.
Semejante transformación se llevará a cabo en dos fases. Una primera, que arranca el 13 de enero de 2018, en la que se obligará a todas las firmas de iniciación de pagos y a las que ofrecen servicios de información sobre cuentas a solicitar autorización para poder operar. Las que obtengan el permiso se verán libres de ataduras para acceder a los datos bancarios de sus clientes, pues las entidades financieras tradicionales que les pongan trabas serán investigadas y podrán ser sancionadas.
La siguiente etapa depende de la regulación que se está negociando todavía pero se espera que se apruebe en otoño de 2018 para entrar en vigor en abril de 2019. A partir ahí, la banca deberá contar con una suerte de interfaz específica (el conocido como sistema de APIs) a través del que las fintech podrán acceder a sus datos.
Este modelo de acceso está siendo actualmente el más enconado asunto de debate entre los representantes de la industria financiera tradicional y las firmas emergentes. Incluso la Autoridad Bancaria Europea (EBA) tomó cartas en el asunto en los últimos meses cuando se opuso a que si el canal que ofrece el banco no es suficientemente bueno, la fintech pueda elegir seguir accediendo como ahora, a través de su canal de banca electrónica (por screen-scraping).
La postura encendió los ánimos de los nuevos competidores digitales del sector bancario. “Una entidad financiera va a tener que desarrollar, publicar, mantener y medir un API para un tercero, gratis, y ese tercero puede competir con sus servicios. El incentivo para hacerlo bien es muy reducido”, asume el representante de la asociación de fintech española. “Cuestionamos abiertamente la parcialidad de la EBA”, denuncia, celebrando que la Comisión Europea esté más en la tesis de que si el ascensor no funciona, la fintech podrá seguir accediendo al banco por la escalera.
Retos para todos
“Cada actor involucrado dentro de PSD2 tiene sus retos. El de los bancos es abrir sus plataformas a terceros. Y, otro muy importante, garantizar la seguridad”, detalla el consultor de Worldline, añadiendo que el principal reto de “las fintech es idear, inventar servicios de valor en base a la información a la que van a poder acceder” que les haga más competitivos que a los propios bancos.
“Es un reto, pero también es una oportunidad”, aseguran en Banco Sabadell. “Desde el banco se ve desde este punto de vista. Es un reto porque pueden surgir incertidumbres de desintermediación con el cliente, pero también como una oportunidad de explorar las nuevas posibilidades de negocio que hay. Y creo que todo el sector lo hará”, vaticina la representante de la entidad.
“Lo que hace PSD2 es dividir un banco en dos trozos, la trastienda y el frontal de la tienda, o la fábrica y la red de distribución de productos, de forma que la red de distribución del banco compita con terceros por los productos con el objetivo de que haya más competencia y más transparencia con las mismas reglas para todos”, aduce González. “A lo que lleva es a que los bancos sean fábricas de producto que compiten con otras fábricas de producto”, resume el representante de AEFI.
“Los bancos entran en competencia con las fintech” y, a partir de ahí, detalla el experto de Worldline, puede ser que a la entidad le resulte interesante llegar a acuerdos con terceros, “aumentando sus canales de distribución”, que opten por poner su plataforma a disposición de terceros que quieran ofrecer sus servicios en ella o que se especialicen en ofrecer nuevos servicios a partir de los datos de la clientela.
“El banco quiere mantener su relación con el cliente y mejorar esos servicios que le ofrecen ahora. Estamos estudiando posibilidades para ver cómo se enfocan esos servicios y productos que puedan ser interesantes para el cliente”, avanzan desde Banco Sabadell, que se encuentra en una situación similar a la del resto de entidades del sector.
Así, los bancos tradicionales se preparan tecnológicamente, para impulsar plataformas digitales que aúnen sus servicios con los de los nuevos competidores, y estratégicamente para no perder combo frente a la clientela en el nuevo pulso. Las fintech, por su parte, afrontan el reto de cumplir con una nueva regulación, lo que comporta novedosas exigencias específicas, pero también les da la oportunidad de ofrecer más garantías y confianza a los potenciales usuarios. Después de todo, según la EBA, un tercio de las nuevas compañías financieras digitales no están sujetas todavía a ninguna regulación. La directiva de pagos rige a un 20%_de las nuevas firmas.