INAI

Debemos mejorar resoluciones.-Guerra

Zedryk Raziel

15 de marzo de 2017

El comisionado del INAI Óscar Guerra reconoció que el Pleno del órgano de transparencia debe mejorar el sustento de sus resoluciones para lograr que los sujetos obligados cumplan con la entrega de información pública.

Durante una sesión, Guerra aconsejó a sus colegas no dar por sentado el criterio de que cualquier dato estadístico, por ser general, debe ser publicado.

Los comisionados debatieron la posibilidad de requerir al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) abrir información general sobre autorizaciones libradas por juzgados especializados para la intervención de comunicaciones privadas, propuesta que no prosperó.

Guerra hizo referencia a un caso de diciembre de 2016 en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio la razón al INAI en una resolución que exigía al Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen) dar a conocer el número de personas y aparatos de telecomunicaciones intervenidos con autorización judicial en 2014.

Sin embargo, el fallo de la Corte, que resultó de una controversia presentada por el Ejecutivo federal por motivos de seguridad nacional, incluyó una fuerte crítica al INAI, especialmente a su criterio general de que toda información estadística es pública.

“No quiero, pero todos sabemos que recientemente la Corte resolvió, en un recurso de la Consejería Jurídica, una cuestión similar, no igual, similar, porque se hablaba más de asuntos estadísticos”, planteó.

“Si bien es cierto (que la Corte) nos dio la razón, también nos llamó la atención.

“Y la razón nos la dio en términos de decir que sí se podría entregar esa información que se solicitaba, en ese caso, al Cisen, tal como se determinó, pero eso, y eso es muy importante para nuestros recursos, para nuestras argumentaciones, (…) que el argumento que con sólo ser información estadística versus es pública, pudiese parecer un argumento, una motivación, pues, si no simplista, muy débil, automática”, reconoció.

Guerra sugirió que ese antecedente debía servir al INAI para robustecer sus resoluciones, argumentando caso por caso por qué cierta información debe ser publicada, más allá del criterio de que los datos estadísticos son públicos.

“Yo creo que, en este caso, esto nos llama obviamente a mejorar en nuestras resoluciones, nuestras motivaciones”, dijo.

REFORMA dio a conocer hoy que la Corte suspendió de manera indefinida una resolución del INAI en la que el órgano de transparencia ordenó al Estado Mayor Presidencial (EMP) abrir las bitácoras de vuelo de toda su flota de aviones y helicópteros de 2015 y 2016.

Impugnada por la Consejería Jurídica de la Presidencia, la resolución del INAI fue defendida por algunos comisionados con el argumento de que la difusión de datos estadísticos a cerca de los vuelos no comprometería la seguridad nacional.

 

INAI ordena a la ASF entregar versión pública de auditoría a Sagarpa

MVS

Notimex

15 de marzo de 2017

Esto, luego de una petición de un particular.

Por instrucciones del INAI, la Auditoría Superior de la Federación deberá entregar versión pública de algunos contenidos de la auditoria que realizó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), respecto al “Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural”.

Al presentar el asunto ante el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el comisionado Óscar Guerra Ford, explicó que un particular solicitó el expediente completo de la auditoría practicada por la ASF al referido programa de la Sagarpa.

En respuesta, la ASF rechazó entregar la información, bajo el argumento de que había juicios en curso, derivados del ejercicio de revisión y revelar la información interferiría con ellos, informó el INAI en un comunicado.

El particular se inconformó y presentó ante el INAI el recurso RRA 0001/17, donde argumentó que, según la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infomración, no se puede invocar el carácter de reservado a una infomración, cuando ésta se relacione con actos de corrupción.

Según refirió el comisionado Guerra Ford ante el pleno, para resolver este asunto “tuvimos varias reuniones con la ASF, con la cual hubo un intercambio importante de fundamentos y motivaciones sobre las reservas que aplican y las que no “.

El comisionado destacó la posición de la ASF respecto al principio de máxima publicidad, al analizar a detalle cada uno de los documentos del expediente y separar cada uno para definir cuáles se pueden entregar y cuáles no, con una valoración de cuáles se deben reservar de acuerdo a la ley.

Finalmente, el comisionado señaló que la ASF puede dar acceso a la siguiente información: informe de auditoría; oficios de gestión de inicio de auditoría; cédulas de resultados preliminares y finales; actas de resultados y observaciones preliminares y finales; y documentos auditados.

Sobre los procedimientos de seguimiento de acciones promovidas y que ya fueron solventadas o atendidas, se deben proporcionar oficios de conclusión o solventación de pliegos de observaciones, con su dictamen técnico simplificado de solicitudes de aclaración. La información confidencial, deberá ser resguardada.

Así, el pleno del INAI instruyó a la ASF a entregar versión pública del expediente de la auditoría en donde deberá testar la información que sirvió para el iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa, de financiamiento de responsabilidad resarcitoria, promoción del ejercicio de comprobación fiscal y averiguaciones previas en curso y la información confidencial del expediente.

 

Diagnósticos sobre transparencia

La transparencia no tiene género

El Universal

Ximena Puente de la Mora

16 de marzo del 2017

Los beneficios de la transparencia son evidentes en campos como el científico, el periodístico, o el académico. Otro en donde también deben figurar es en el del combate a la inequidad social. En ese sentido, un grupo de la sociedad que vive aún en condiciones de desventaja es el de las mujeres.

Las brechas en cuestión de género deben acortarse con políticas públicas y conciencia social. Para que existan las primeras y conlleven a mayor eficacia y eficiencia en los resultados es conveniente que vayan acompañadas forzosamente de acciones de transparencia, unidas a una puntual rendición de cuentas a la sociedad. De no ser así, la realidad se puede esconder detrás de demagogias o incluso de buenas intenciones mal ejecutadas.

Por otra parte, para lograr la conciencia social y acortar tiempos de implementación de políticas, resultan favorables los ejercicios de gobierno abierto y transparencia proactiva, asimismo, la exigencia y vigilancia social. Esto último es clave, entre otras cosas, para visibilizar las brechas de género en lo laboral, lo político y el ejercicio de los derechos humanos.

Cuando la sociedad exige su derecho de acceso a la información propulsa otros derechos, de los cuales las instituciones debemos asumirnos como catalizadores positivos. Ilustra lo anterior el caso de una persona que recientemente solicitó los informes sombra que existieran en relación a las posibles emisiones de alerta de violencia de género en estados y municipios. Con la intervención del Inai, se recordó una lección importante: las instituciones estamos obligadas a entregar no sólo la información que generamos, sino también toda aquella que obre de alguna forma en nuestros archivos. Y más allá, comprender y apoyar a esa sociedad que quiere conocer, que necesita saber acerca de temas tan sensibles como ese.

Aunque la inequidad subsiste y se puede atribuir a problemas estructurales que debilitan la consolidación democrática y el desarrollo social, hay campos en los que, con afán y unión se ha avanzado. Según un reporte de Parametría, el Banco Mundial da cuenta de que en los últimos 10 años la representación de las mujeres en los parlamentos en el mundo ha crecido casi 13 puntos porcentuales, aun así, apenas ha alcanzado el 23%. México, gracias a las reformas de los últimos años, casi dobla esa cifra logrando una representación de 42% en las tareas legislativas. No obstante, al contrastar esto con las 7 mujeres gobernadoras que ha tenido el país en toda su historia —y sólo una actualmente—, o con que de acuerdo con la OCDE, 60% de las mujeres que trabajan en México se desenvuelven en el sector informal, es claro que aún hay mucho que hacer.

Cuando hablo de inequidad de oportunidades no emito juicios de valor en relación a si es mejor o peor el desempeño de hombres o de mujeres. Lo hago así puesto que esta es una lucha de todos para un propósito mayor: el beneficio general, y eso solo se logrará cuando se trastoquen las dinámicas sociales existentes. Por eso es conveniente exigir transparencia en las cuatro direcciones que sugiere el profesor David Heald en toda organización: hacia arriba, cuando las autoridades pueden ver lo que hacen los subordinados; hacia abajo, cuando los subordinados pueden obtener información de sus superiores; hacia afuera, cuando se puede observar y comprender lo que sucede en el contexto social y cultural; y hacia adentro, cuando la sociedad entera puede ver lo que sucede en sus instituciones.

La transparencia visibiliza la inequidad de género, también los logros, presiona a las autoridades a abrir los ojos, a evitar la secrecía o los nocivos convencionalismos y estereotipos, enriquece el debate. En otras palabras, empodera a la sociedad y, en ese sentido, fortalece la democracia y debilita a la burocracia.

Son muchos los campos en los que la equidad de género debe avanzar. Por lo pronto existe ya una visión global: la ONU ha planteado una representación laboral de género 50-50 para 2030. Por eso, desde donde estemos, como mexicanas y mexicanos, invito a que hagamos un frente unido a favor de la inclusión y la equidad de género, transformemos nuestras dinámicas sociales, seamos autocríticos y corrijamos inercias, exijamos transparencia.