INAI

Revisarán negativa de información de SCJN

Victor Fuentes

10 de marzo de 2017

Por primera vez, el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) revisará una negativa de información sobre salarios dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Luego de cuatro meses de dudas sobre el trámite a seguir, el INAI admitió la semana pasada un recurso de revisión que cuestiona la negativa del máximo tribunal para entregar a un solicitante copia del recibo de nómina de la primera quincena de septiembre pasado del Ministro Presidente, Luis María Aguilar.

El propio INAI fue el que envió el caso a la Corte en noviembre porque tenía dudas sobre su competencia para resolverlo, no obstante que la Constitución y la Ley General de Transparencia lo faculta para revisar las decisiones de la SCJN en materia de acceso a la información, salvo las que tengan que ver con asuntos jurisdiccionales.

“La solicitud de información fue atendida y respondida por un área estrictamente administrativa de esta Suprema Corte”, explicó el Ministro Alberto Pérez Dayán el 16 de febrero, al ordenar la devolución del recurso de revisión al INAI.

En su respuesta, el Comité de Transparencia de la Corte rechazó entregar el recibo del Ministro Presidente y remitió al solicitante al Manual de Remuneraciones del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Desde hace años, el INAI ha ordenado en repetidas ocasiones a dependencias públicas entregar copias de recibos de nómina de funcionarios, suprimiendo sólo aquellos datos estrictamente personales que pudieran ser confidenciales.

De acuerdo al Manual de Sueldos del PJF, publicado el 28 de febrero, los ministros de la Corte tendrán en 2017 ingresos netos totales de 4 millones 201 mil pesos, pero la entrega del dinero es variable, pues algunos pagos se hacen una vez al año.

Desde 2016, el INAI ha revisado 20 recursos de revisión contra respuestas del Comité de Transparencia de la Corte, pero ninguno había sido sobre un tema como los salarios de los ministros u otros en materia de administración del tribunal.

Antes de la entrada en vigor de la Ley General, el INAI no tenía atribuciones sobre el Poder Judicial, por lo que la Corte, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral contaban con sus propias comisiones de transparencia como revisoras de última instancia.

En el nuevo esquema, al menos en teoría, si el INAI confirma la negativa de entregar el recibo de Aguilar, el ciudadano que lo solicitó podría promover amparo ante un juez federal, que es inferior jerárquico de la Corte y está sujeto a la administración y vigilancia del Consejo de la Judicatura Federal, también presidido por el Ministro Presidente.

 

INAI ordenan a Semarnat informar sobre deforestación en Aguascalientes

MVS

Notimex

10 de marzo de 2017

Esto luego que la dependencia se declaró incompetente para hacerlo.

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, deberá informar a un particular sobre la deforestación en zonas federales del estado de Aguascalientes, según lo instruyó el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

En un comunicado, el INAI detalló que un particular, solicitó a la Secretaría el número de árboles talados, a qué especies pertenecían, a cuántas hectáreas equivale y cuánto dinero ingresó por esta actividad al Fondo Forestal Mexicano, todo ello para las zonas federales del estado de Aguascalientes, en el periodo comprendido entre 2010 y 2016.

Según explicó el comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov ante sus colegas, la respuesta de la Secretaría consistió en declararse incompetente y remitir al particular a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional Forestal.

Ante ello, el solicitante se inconformó y presentó el recurso RRA 9285/17, pues anteriormente la Conafor se había declarado incompetente ante la misma solicitud de infomración, por lo que en alegatos, la Semarnat advirtió que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente puede tener información de la deforestación, mientras la Conafor debe tener la información del Fondo Forestal Mexicano.

Luego de señalar ante sus colegas que el Instituto de Geografía de la UNAM calcula en 500 mil el número de hectáreas deforestadas cada año, el comisionado Monterrey Chepov destacó la relevancia de esta información.

En ese sentido, consideró omisa la respuesta de Semarnat, al no turnar la solicitud a la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelo, que llevar la información estadística en materia forestal. Además, Profepa y Conafor sí podrían conocer la información solicitada.

Con base en lo anterior, el pleno del INAI determinó modificar la respuesta de la Semarnat y le instruyó buscar la información en su Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos para entregársela al solicitante.

 

Diagnósticos sobre transparencia

Comisionados de Transparencia, con supersueldos

El Universal

Edgar Ávila/Corresponsal

11 de marzo del 2017

En medio de la peor crisis financiera del estado, los dos comisionados del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Ivai) no sólo ganan más que el gobernador, sino que repartieron el salario de al menos cinco plazas vacantes a sus colaboradores más cercanos.

Dos de los tres comisionados —una plaza se encuentra vacante desde hace 10 meses—, ganan en promedio mensual bruto 165 mil 866 pesos, cuando el pago mensual bruto para el gobernador de Veracruz en turno es de 74 mil 938 pesos.

El salario del gobernador es aprobado anualmente por el Congreso del estado en el presupuesto y no contempla bonos extraordinarios.

Mientras, los comisionados Yolli García Álvarez y Rubén Mendoza Hernández, según el tabulador oficial del Ivai, tienen un salario bruto de 64 mil 364 pesos más compensaciones administrativas, ayuda para pasajes, despensa, servicios y capacitación por 25 mil 2 pesos que hacen un total de 89 mil 366 pesos.

De esta cantidad sufren deducciones por 31 mil 518 pesos por concepto del Impuesto Sobre la Renta, Seguro Social y aportaciones al Instituto de Pensiones del Estado.

Sin embargo, según los documentos oficiales, gozan de un bono bimestral por responsabilidad por 118 mil pesos que son para comisionados y para el Secretario Ejecutivo; además, tienen derecho a un bono semestral bruto por “actuación” de 105 mil pesos. De tal forma que al hacer un promedio de todos esos pagos, tienen un salario promedio mensual bruto de 165 mil 866 pesos.

A repartirse el dinero. Además de ello, el Ivai decidió repartir el salario de al menos cinco plazas vacantes a colaboradores cercanos a esos dos funcionarios de transparencia.

Con esta medida, la gente cercana a Yolli García y Rubén Mendoza ha recibido —en nueve meses— 668 mil pesos extras a su salario mensual.

De acuerdo con documentos oficiales del propio Ivai, se detalla que en un acuerdo interno decidieron que los salarios de las plazas de secretarios de Estudio y Cuenta, y auxiliares Jurídicos y Administrativos del ex comisionado Fernando Aguilera se repartieran entre sus secretarios y auxiliares a la presidenta y al comisionado.

El salario mensual de un secretario de Estudio y Cuenta es de 34 mil 500 pesos, por lo que en nueve meses que lleva el acuerdo se juntaron 310 mil pesos; mientras que a los  Auxiliares Jurídico y Administrativos se les paga 39 mil 800 pesos mensuales, de ahí que se tenga un total de 358 mil pesos. Entre los salarios de esas plazas vacantes, en nueve meses suman 668 mil pesos que fueron repartidos entre los colaboradores cercanos de Yolli García y Rubén Méndoza.

Fue el 15 de junio de 2016 cuando el entonces consejero Fernando Aguilera renunció al cargo, por lo que un mes después el consejo general del Ivai, integrado únicamente por Yolli García y Rubén Mendoza, determinaron que el salario de todos los auxiliares  fuera repartido entre sus colaboradores.

Se trató del Acuerdo ODG/ SE-82/ 14/ 07/2016, en el cual “se aprueba que las percepciones mensuales netas que correspondían a los secretarios de Estudio y Cuenta adscritos a la Ponencia III, que al día de hoy se encuentran vacantes, se asignen equitativamente  entre los secretarios  de Estudio y Cuenta de las Ponencias I y II”.

También se acordó “que las percepciones mensuales netas que corresponden al Auxiliar Jurídico adscrito a la Ponencia III y al Auxiliar Administrativo que se encontraba en apoyo a dicha ponencia y que se encuentran vacantes, se asignen equitativamente  entre los Auxiliares Jurídicos y Administrativos de las Ponencias I y II.

Los actuales consejeros dejaron establecido que esa repartición del dinero  será en “carácter de gratificación extraordinaria en razón de la carga de trabajo  adicional y como estímulo al trabajo desempeñado”.

Además, dejaron establecido que dicho acuerdo estará vigente hasta en tanto se designe y se ocupen las plazas vacantes.