Diagnósticos sobre libertad de expresión

La SIP expresa preocupación por regulaciones que lesionan la libertad de expresión en México

El Economista

Redacción

31 de enero de 2017

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó, a través de un comunicado su beneplácito ante la controversia constitucional interpuesta por el gobierno federal mexicano ante las disposiciones del órgano regulador IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones) de México, que en diciembre pasado publicó una serie de lineamientos cuya aplicación lesionaría la libertad de expresión en el país y “la certeza de que pueden generar un clima de censura previa sobre comunicadores”.

Los lineamientos, bajo argumentos de “la defensa de los derechos de las audiencias”, puntualizó la SIP, se entrometen en los contenidos de los medios de comunicación electrónicos, establecen criterios de “veracidad”, imponen divisiones expresas sobre noticias y opiniones, espacios de publicidad, entre otras cortapisas, imponiendo fuertes multas que, ante infracciones reiteradas, pueden derivar en la clausura de los medios.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), órgano autónomo del Poder Ejecutivo mexicano, pretende aplicar los referidos lineamientos a partir del 16 de febrero próximo. Los mismos devienen de un reglamento de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en vigencia desde 2014.

Sin embargo, la Presidencia de México presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la controversia constitucional contra la referida ley, argumentando que la misma es contraria a la Constitución por anticipar actos de censura. Al mismo tiempo, envió una petición al IFT para que posponga la entrada en vigencia de los citados lineamientos.

“Escuchamos con alivio la solicitud de la Presidencia en este tema, sobre el cual habíamos expresado nuestra inquietud ante autoridades del IFT durante una visita a México la semana pasada”, expresó Matt Sanders, presidente de la SIP. Sanders, Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, y Ricardo Trotti, director ejecutivo de la SIP, se reunieron el jueves pasado en la Ciudad de México con María Lizárraga Iriarte, Assuán Olvera Sandoval y Edgar García, funcionarios del IFT.

Sanders, director senior y gerente general del Deseret Digital Media, Utah, indicó que del análisis de los citados lineamientos del IFT se desprendió la certeza de que pueden generar un clima de censura previa sobre comunicadores de medios de comunicación, por lo que “nos sumamos con toda firmeza al llamado hecho al IFT para posponer la entrada en vigencia de este reglamento hasta que sean discutidos con mayor profundidad y en particular hasta que la SCJN resuelva sobre el fondo de su legalidad”.

Roberto Rock, director de La Silla Rota, de México, destacó que la controversia constitucional presentada por el Ejecutivo federal señala que existe el riesgo de que los lineamientos se constituyan en “claros instrumentos de censura”.

La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos.

 

Censura y audiencias, un ‘reality show’ exagerado por las televisoras

Homo Zapping

Jenaro Villamil

31 de enero 2017

Después de una intensa campaña en los espacios informativos de las principales cadenas de televisión abierta y de los noticieros radiofónicos en contra de los llamados Lineamientos para la Defensa de las Audiencias publicados el 21 de diciembre pasado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la presidencia de la República “descubrió” que existen ocho artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que contravienen la Constitución porque le otorga facultades a este organismo autónomo facultades para regular los derechos de las audiencias.

Así lo informó este 31 de enero el consejero jurídico de Los Pinos, Humberto Castillejos, quien anunció que la controversia del Ejecutivo Federal sólo se concentra en estos 8 artículos de la ley secundaria que irían en contra del derecho a la información y los derechos de las audiencias establecidos en el artículo 6 de la Constitución.

Muchas voces que apoyaron la reforma de telecomunicaciones destacaron que era un exceso darle atribuciones a un organismo eminentemente técnico, como es el IFT, para regular contenidos y derechos de audiencias en medio de un contexto de profundos cambios de los medios analógicos a los medios digitales, así como de presiones de los gigantes del sector como son Televisa, América Móvil, TV Azteca y los principales grupos radiofónicos.

Sin embargo, el Congreso aprobó así la ley y la dejaron pasar. En esos momentos, se vivía el mejor momento de la relación entre el gobierno federal y las televisoras. Ahora, hasta los mismos senadores y diputados federales del PRI, PRD y PAN que expresaron su apoyo a la reforma de telecomunicaciones se han expresado indignados y escandalizados porque los lineamientos “establecen la censura previa”, atentan la libertad de expresión, atentan contra la industria.

En otras palabras, los lineamientos son peor que Donald Trump para la industria mediática. Cualquiera que sintonice un noticiero en los últimos días escuchará las opiniones airadas de los conductores, analistas y legisladores. Hasta el jefe de Gobierno, Miguel Angel Mancera, se volvió especialista en derecho a la información y un adalid de la libertad de expresión.

Nunca se había visto y escuchado a tantos políticos y legisladores preocupados por unos lineamientos de defensa de los derechos de audiencias que se demonizaron para crecer la percepción del riesgo. Ni siquiera con la oleada de crímenes a periodistas o a los innumerables casos de censura que ocurren todos los días en la industria mediática se escucharon tan indignados a los legisladores. Ni siquiera con los cientos de trabajadores despedidos de las televisoras se preocuparon por salir en defensa de los derechos de los trabajadores de la información.

La especialista Irene Levy escribió en su reciente artículo en El Universal que “lo contenido en los lineamientos no va más allá de lo que se incluyó en la reforma de telecomunicaciones: en la propia Constitución en 2013 y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014; nada en los lineamientos es nuevo, ahí sólo se establecen los cómos. Es más, se ordena al IFT a expedir los lineamientos, no fue una ocurrencia. No sólo hacen el ridículo los legisladores que ahora critican lo que aprobaron, sino que obligan a que los ciudadanos nos preguntemos a qué intereses responden”.

Según Levy, “la vía para cambiar lo que ahora reclaman, es modificando la Constitución y la ley. Pretender que el IFT abrogue los lineamientos o que los posponga es pedirle que incumpla la Constitución y, sobre todo, es debilitar al órgano autónomo. ¿A quién conviene neutralizarlo? ¿A quién conviene abrir la puerta a la modificación constitucional y legal? ¿A cambio de qué?”

Tal parece que el Poder Ejecutivo decidió neutralizar este asunto y cobrarle el favor al poder mediático concesionado con esta controversia constitucional que deberá resolver la Suprema Corte de Justicia.

Todo un reality show político-jurídico que no tiene qué ver estrictamente con los derechos de las audiencias y mucho menos con la libertad de expresión o el derecho a la información sino con el negocio de la publicidad política encubierta en los contenidos y el apoyo de las televisoras al gobierno de Peña Nieto en momentos de profunda debilidad de ambos.

El mismo presidente del IFT, Gabriel Contreras, afirmó en otro artículo que el tema más polémico para los medios electrónicos concesionados fue el deber de distinguir la información noticiosa de las opiniones de quien las presenta. En la práctica, afirmó Contreras, no debe suponer ningún límite a la libertad de expresión, simplemente una distinción entre información, publicidad y opinión.

En su desplegado público, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) destacó que el punto más delicado de los lineamientos del IFT es que ponen reglas ahí donde ha prevalecido la discrecionalidad y el intercambio de dinero público por comentarios favorables en pantallas y estaciones de radio a favor de los políticos.

“Para los concesionarios de la televisión abierta, la radio y los sistemas de audio y video restringido (TV de paga), las audiencias siempre han asumido un papel residual y secundario, considerándolas en el mejor de los casos como consumidores de los bienes y servicios que se anuncian en las estaciones de radio, pantallas de TV y sistemas de TV de paga”, afirmó la AMEDI.

“Los medios de comunicación y sus representantes están molestos porque los lineamientos aprobados por el IFT los obligan a identificar la publicidad y eso afectará su negocio”, sentenció la AMEDI. Y destacó que “los anunciantes y los intereses económicos y políticos de los concesionarios ya no pueden estar por encima de los derechos de las audiencias”.

Gabriel Sosa Plata, defensor de los derechos de las audiencias en MVS, destacó que el “nado sincronizado” en contra de los lineamientos del IFT incluyó también a la Iglesia católica. En el semanario Desde la Fe, la Arquidiócesis de la Ciudad de México también se envolvió en la bandera de la libertad de expresión y estableció que los lineamientos parecen “abrir más desacuerdos que consensos en cuanto a los derechos de las audiencias en relación a la libertad de expresión y el derecho a la información”.

Hasta alcaldes de Jalisco aparecieron “gratis” en los noticieros nacionales hablando de un tema que eminentemente no es su asunto ni es su especialidad.

A los únicos que no acudieron ni los legisladores, ni las televisoras y tampoco el IFT de manera metódica, profunda y consistente fue a las propias audiencias de los medios. Quizá porque la auténtica revolución de las audiencias se está generando en otros espacios, en otras plataformas y en otros medios que no viven de este negocio descarado del infomercial político.

Un instrumento en apariencia noble como los Lineamientos de la Defensa de las Audiencias del IFT destapó la “caja de Pandora” y el auténtico tema de censura entre medios y poder político: la promoción no explícita y costosa con dinero público.

 

Crean Twitter alternativos de instituciones para evitar censura de Trump

El Informador

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31 de enero de 2017

Oponentes del presidente Donald Trump crearon cuentas alternativas no oficiales en Twitter de algunas instituciones para evitar las restricciones impuestas por el gobernante sobre la publicación de datos sobre el cambio climático.

La NASA, el Servicio Forestal, la Agencia de Protección Ambiental, el Servicio de Parques Nacionales, la Agencia de Alimentos y Medicamentos y el equipo de la Casa Blanca, entre otros organismos, cuentan ya con cuentas alternativas tras el comunicado del Gobierno que explicaba la restricción, la semana pasada, al personal de la Agencia de Protección Ambiental de EU.

Estas cuentas alternativas, que utilizan como prefijo las palabras “alt” (alternativo) o “rogue” (granuja), para diferenciarse de las oficiales, nacieron como resistencia a la prohibición de publicar datos sobre cambio climático en comunicados de prensa, actualizaciones del blog o publicaciones en redes sociales.

“No podemos esperar a que el presidente Trump nos diga que somos noticias falsas”, asegura la cuenta alternativa de los Servicios de Parques Nacionales (@NotAltWorld), creada por el movimiento “#Resistance”, creado para hacer frente a Trump.

Por su parte, la cuenta no oficial de la NASA (@RogueNASA) afirma preocuparse por los árboles, por “nuestros amigos musulmanes detenidos y deportados”, y añade que los “tiempos desesperados exigen medidas desesperadas”.

“Dicen que el veto a los musulmanes es necesario por el 11-S, pero ninguno de los países de origen de los terroristas del 11-S está incluido en el veto”, denuncia la cuenta alternativa del supuesto “equipo de resistencia extraoficial dentro de la Casa Blanca” (@RoguePOTUSStaff), que advierte que no revelará la identidad de sus integrantes a nadie.

Trump ha hecho público en numerosas ocasiones su rechazo a los controles medioambientales y a la existencia del cambio climático, pero este movimiento comenzó tras la censura de Trump por un retuit de la cuenta oficial del Parque Nacional de Badlands, en Dakota del Sur, a favor del expresidente Barack Obama y los mensajes sobre cambio climático que, según BuzzFeed, habían publicado un antiguo empleado.