Agresiones contra periodistas o medios

Denuncian presunta campaña de desprestigio contra periodistas en Baja California, por parte de autoridades

Homo Zapping

Silvia Higuera / Monitoreo Informativo

11 de noviembre 2016

Adela Navarro Bello, codirectora del semanario mexicano Zeta, que tiene sede en el estado de Baja California, denunció a través de un editorial un presunto plan por parte de las autoridades del estado de adelantar una campaña de desprestigio en su contra.

En el editorial del pasado 4 de noviembre, ‘Periodismo de investigación vs campañas negras’, Navarro Bello aseguró haber recibido información de diferentes personas y por diferentes medios sobre esta presunta campaña de desprestigio en su contra que estaría liderada por el Gobernador del estado, Francisco Vega de Lamadrid. Agregó que en algunos casos se habló incluir en esta campaña a la periodista Dora Elena Cortés Juárez de la Agencia Fronteriza de Noticias (AFN).

Según escribió, sobre ella misma se harían públicas “infamias” sobre su vida privada. La información sobre esta presunta campaña también se hizo pública en otros medios como los periódicos El Mexicano, El Informador, el portal AFN Noticias, Radio Enciso y redes sociales, agregó.

Navarro Bello también aseguró que los periodistas en este estado son víctimas de difamaciones desde hace tres años, cuando comenzó su mandato el actual gobernador. “Será coincidencia o un acto premeditado, pero así ha sucedido”, escribió.

“Si el tema que les preocupa es periodístico, estamos a sus órdenes y públicamente en el mismo lugar donde inició este proyecto periodístico hace ya 36 años. No nos escondemos ni acudimos al anonimato. Somos responsables, suscribimos y sostenemos lo que aquí se ha publicado por el equipo de editores, reporteros y fotógrafos”, escribió en el editorial.

Aseguró también que están disponibles para recibir información, aclaraciones o incluso si buscaban un derecho a la réplica, a pesar de que, según dijo, las autoridades siempre se niegan a dar declaraciones a este medio.

Según dijo, las razones de esta campaña estarían en las publicaciones que ha hecho el semanario sobre los malos manejos de la administración gubernamental y las conductas irregulares denunciadas por el Secretario de Desarrollo Económico, entre otros artículos.

Finalmente, aseguró que continuarán con su trabajo pues ya en el pasado se han enfrentado a otros tipos de obstáculos: han sido amenazados por narcotraficantes, así como también han sido presionados por políticos y otros gobernantes.

“A quienes desde el anonimato, con recursos públicos e infraestructura gubernamental pretenden presionar para inhibir la publicación de irregularidades, les decimos que en ZETA seguiremos, más allá de amenazas, haciendo periodismo de investigación, respondiendo a la denuncia ciudadana, cerca de la sociedad y lejos del gobierno”, concluyó el editorial.

En un artículo del 5 de noviembre, Zeta también señaló que en un evento organizado por el gobernador del estado, este se negó a contestar preguntas sobre esta presunta campaña de difamación.

A través de un comunicado, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) anunció que abrió un expediente para “investigar las posibles vulneraciones de los derechos humanos a periodistas de la Entidad”, luego de que esta campaña fuera denunciada en diferentes medios de comunicación.

“Nos pusimos en comunicación con las periodistas que han sido objeto de esta amenaza en contra de sus derechos para ejercer libremente su profesión”, aseguró la titular de la CEDH del estado, Melba Adriana Olvera, según el comunicado. “La intención es que los periodistas en nuestra entidad tengan presente que cuentan con el respaldo de la CEDHBC y de comprobarse que alguna autoridad de gobierno amenaza los derechos fundamentales, alzaremos la voz”.

La Comisión agregó que se mantendrá vigilante de estos casos, aunque no se refirió específicamente a ningún medio.

 

Ataques a periodistas en México son símbolo de una democracia dañada: Aristegui

Homo Zapping

Mariana Muñoz / Monitoreo Informativo

11 de noviembre 2016

Carmen Aristegui, una de las periodistas mexicanas más reconocidas, dijo que su país vive “una crisis profunda en materia de derechos humanos hecha de asesinatos y desapariciones de periodistas y de [otras] personas”.

Para Aristegui, el maltrato a los periodistas en el país es un símbolo de una democracia dañada.

Aristegui, presentadora del programa Aristegui en CNN Español y fundadora del sitio digital Aristegui Noticias, impartió la “Conferencia de Austin sobre el México contemporáneo” el pasado martes 2 de noviembre, en un evento organizado por el LLILAS Benson Colecciones y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas en Austin. Aristegui habló sobre democracia y libertad en México y el complicado camino que el país tiene por delante.

Gran parte del discurso de la periodista se enfocó en las violaciones a los derechos humanos que ha enfrentado el país en los últimos años, incluyendo el tema de las desapariciones. En el pasado mes de julio, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) reportó un total de 28.474 personas, según Aristegui.

“Estamos hablando de violaciones a derechos humanos realmente muy graves”, dijo Aristegui.

México ha sido clasificado como un país “no libre” por la organización de derechos humanos Freedom House. En lo que va de año, 11 periodistas han sido asesinados en México. En un caso adicional, uno fue atropellado por una patrulla en Oaxaca.

“La libertad de expresión, la libertad de información, el derecho a decir, a informar se ve absolutamente dañado, con casos de periodistas asesinados, censurados, desaparecidos, en una lista demasiado larga y demasiado impune en los últimos años”, afirmó Aristegui.

La periodista enfatizó que el asesinato no es la única manera de dañar la libertad de expresión, sino que existen otras como el uso de las herramientas jurídicas.

Aristegui hizo referencia al caso del periodista Sergio Aguayo, quien fue demandado por el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, seis meses después de haber publicado un artículo sobre la detención de Moreira en España por una investigación de lavado de dinero; caso que llevó al exgobernador a estar encarcelado por una semana.

“Humberto Moreira se enfrenta, finalmente, a una justicia: la española, que con ese acto muestra que las instituciones mexicanas son virtuosas en la protección de los corruptos […] es una vergüenza que las instituciones mexicanas no sancionarán a Moreira por endeudar a Coahuila -su estado- por 36 mil millones de pesos [mexicanos], mientras que en España lo apresaron por la transferencia irregular de sólo ¡tres millones y medio de pesos!”, escribió Aguayo en la nota publicada en Reforma.

Acerca de la demanda que exige una indemnización de 10 millones de pesos mexicanos (casi US 525.000 dólares), Aguayo declaró en su sitio que “será una batalla jurídica larga y desgastante, pero tengo elementos para armar una buena defensa ante los tribunales”.

Aristegui también enfrenta un cúmulo de demandas. Entre estas, una interpuesta por Joaquín Vargas, propietario de la empresa MVS, para la cual Aristegui dirigió y presentó un programa durante seis años. En la demanda “por daño moral”, se le exige retirar de circulación el libro La Casa Blanca de Peña Nieto, la historia que cimbró un gobierno publicado en octubre de 2015, y eliminar el prólogo escrito por la periodista antes de volver a ponerlo a la venta.

“De lo que se trata es de intimidar, de fastidiar y de impedir que estos periodistas sigan haciendo su trabajo. Se pretende hacer uso del poder judicial para imponer la censura, dañar a los periodistas y saciar ánimos de venganza”, declaró Aristegui en un video publicado en julio de este año a través de Aristegui Noticias, donde da a conocer la demanda.

Pero hay más en la historia entre Aristegui y MVS. En 2015, MVS despidió a dos periodistas de la unidad de investigaciones especiales del programa de radio que tenía Aristegui con la empresa. Algunos dicen que los despidos estaban conectados con las investigaciones hechas por los reporteros, incluyendo el reporte de la casa blanca. Aristegui fue despedida después de que demandara la restitución de sus empleados.

El caso de Apatzingán

A pesar de su despido y de ser sacada del aire por MVS, Aristegui mantiene su lucha por una prensa libre en México.

Aristegui Noticias, una plataforma digital que ella creó en el año 2012, ha dado la posibilidad a periodistas de sacar a la luz reportajes que han sido rechazados por otras publicaciones, como fue el caso de Laura Castellanos y su reportaje sobre la masacre de Apatzingán.

En la madrugada del 6 de enero de 2015, agentes federales dispararon contra un plantón de civiles desarmados en Apatzingán, Michoacán, dejando un saldo de 16 muertos y decenas de heridos.

Las víctimas formaban parte del grupo de autodefensa Fuerza Rural, quienes realizaban un plantón en los portales del Palacio Municipal de Apatzingán. El acontecimiento inicialmente fue clasificado por Alfredo Castillo, excomisionado para Michoacán, como producto de “fuego amigo”, pero el reportaje de Castellanos reveló otra verdad de un crimen de lesa humanidad.

Al recibir el Premio Nacional de Periodismo por el reportaje que tituló #FueronLosFederales, Castellanos dijo que cuando dio el reporte a El Universal, el diario se negó a publicarlo, ella supuso que por cuestiones políticas y electorales. Castellanos es una periodista ‘freelance’ que producía reportajes especiales para El Universal.

En su discurso, Aristegui declaró que Castellanos acudió a ella, y junto a su equipo de noticias revisó el reportaje y determinó que era importante darle la plataforma para que saliera a la luz. Así, junto a la revista Reforma y la cadena Univisión en Estados Unidos, prepararon un paquete de información, no sin antes enfrentar de nuevo las repercusiones.

“Vino una cosa que ya también forma parte de nuestros tiempos, y que nos habla de nuestras vulnerabilidades”, dijo Aristegui. “Nuestro portal recibió un ataque digital de tal manera que nos tumbó el día anterior de que saliéramos [al aire]”.

El portal de noticias sufrió dos ataques cibernéticos que lo mantuvieron fuera de servicio durante más de 7 horas durante el primero, y aproximadamente 5 horas durante el segundo. Aristegui le pidió a la organización Artículo 19 que les albergara la información mientras se resolvía el problema. Al respecto, este hizo un llamado a las autoridades para que garantizaran el libre flujo de información, con especial atención a los medios digitales.

“Me pareció muy importante la decisión de Laura de sortear de esa manera un fenómeno de censura […] Y cómo estos tres medios encontramos que sí, que había que publicar [el reporte]. En primer lugar, por la información misma, pero también como una posibilidad gremial y de periodistas de abrir espacio a esa periodista que de no ser así no habría podido dar a conocer a la sociedad mexicana una matanza tan terrible como la de Apatzingán”, comentó Aristegui.

Aristegui explicó que el reportaje después fue retomado por la organización Human Rights Watch y por otros organismos internacionales, y que las personas que declararon se sintieron vulnerables y temerosas de las consecuencias que les pudiera traer su testimonio.

“El miedo está instalado en las víctimas, el miedo está instalado en los medios, y el miedo es un factor que desde luego no abona a la libertad de información y a la difusión de asuntos relevantes para la sociedad mexicana”, concluyó la periodista.