Diagnósticos sobre libertad de expresión

Libre expresión, con obstáculos en AL

El Universal

Diana Lastiri

3 de noviembre de 2016

En Latinoamérica el derecho a la libre expresión ha tratado de ser coartado mediante la defensa de derechos como la réplica, propiedad intelectual, la honra, entre otros, mediante enfrentamientos legales entre periodistas y funcionarios gubernamentales.

En Argentina, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández diversos comunicadores fueron procesados por denunciar hechos de corrupción, por lo que muchos periodistas comenzaron a hacer denuncias en las redes sociales.

En lo que va de 2016, unos 400 comunicadores fueron procesados por el gobierno venezolano acusados de difamación, injuria y calumnia.

En Ecuador, luego de la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación en 2013, los periodistas han encontrado en internet un espacio para ejercer su derecho a la libertad de expresión, porque se han utilizado las leyes sobre propiedad intelectual para eliminar información y otros contenidos que, regularmente, se refieren a denuncias de corrupción por parte de funcionarios del gobierno.

El 28 de octubre un juez encarceló al periodista Fernando Villavicencio y al ex asambleísta Cléver Jiménez, opositor al gobierno de Rafael Correa, por presuntamente divulgar datos reservados de altas autoridades.

Los informes pertenecían al procurador General del Estado, al mismo Correa y al secretario jurídico de la presidencia, por lo que también están acusados de injurias contra el presidente, además de pagar una multa por 145 mil dólares en total.

Villavicencio se dedica a presentar investigaciones en un portal de internet sobre casos de corrupción en organismos del Estado. Derivado de ello, han huido del país el ex ministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja, y más de 10 funcionarios gubernamentales; sólo fue detenido Alex Bravo, ex gerente de Petroecuador.

Diversos casos han sido llevados ante las cortes supremas de cada país y algunos de ellos llegaron incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Con relación al derecho de réplica, rectificación o respuesta, la Convención Americana de Derechos Humanos establece que “toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley”.

En México, la norma que reglamenta el ejercicio de este derecho es la Ley del Derecho de Réplica.

EL UNIVERSAL consultó algunos ejemplos contenidos en el Banco de Jurisprudencia sobre libertad de expresión en América Latina.

En Colombia, la Corte Constitucional resolvió un amparo interpuesto por el médico Daniel Andrés Correa contra el canal Teleantioquia en el que solicitaba la eliminación de un reportaje para proteger su derecho al buen nombre y la honra.

En el reportaje, transmitido el 11 de febrero de 2015, dos mujeres señalaban al médico como responsable de sus complicaciones posquirúrgicas; sus casos fueron expuestos y se incluyeron entrevistas a ambas pacientes.

El médico consideró que Teleantioquia no realizó una verificación idónea de la información suministrada por las mujeres, por lo que le solicitó que rectificaran el contenido del reportaje o su eliminación.

Teleantioquia argumentó que cumplió con los requisitos de veracidad e imparcialidad en la emisión de la información, puesto que indicó que fue “suficientemente diligente en la búsqueda de la verdad”.

El amparo le fue negado al médico debido a que la Corte Constitucional determinó que la libertad de información no es absoluta y que encuentra sus límites en los requisitos de veracidad e imparcialidad para garantizar el derecho a la rectificación o derecho de réplica y obliga a diferenciar entre opiniones e informaciones.

La corte concluyó que el medio satisfizo el estándar de veracidad debido a que su información es verificable y no induce a error o confusión al receptor.

 

Agresiones contra periodistas o medios

CNDH: nueve de cada 10 ataques a la prensa están en la impunidad

El Universal

Dennis A. García

3 de noviembre de 2016

De 10 casos de agresiones a periodistas o medios de comunicación en el país nueve quedan en la impunidad, alertó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), lo que impide el ejercicio de la libertad de expresión.

En el marco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, la CNDH indicó que quien atenta contra el ejercicio de la libertad de expresión también lo hace contra la sociedad mexicana y sus instituciones democráticas, por lo cual es urgente que todas y cada una de las agresiones o crímenes contra periodistas se investiguen, esclarezcan y sancionen conforme a derecho.

Los datos del organismo señalan que del año 2000 a la fecha se tienen registrados 119 homicidios de periodistas, de los cuales 12 corresponden a mujeres, 20 periodistas desaparecidos y 50 atentados contra las instalaciones de diversos medios de comunicación.

“Del análisis de las indagatorias relacionadas con homicidios y desapariciones de periodistas, así como de atentados a medios de comunicación, este organismo nacional determinó que sólo en 10% de los casos existe sentencia condenatoria y en el 90% restante hay impunidad, lo que genera un clima adverso para el ejercicio periodístico y genera espacios de autocensura”, señaló.

En algunas de las propuestas en la Recomendación General 24 sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México, la CNDH pidió que en cada indagatoria relacionada con agravios a periodistas se esclarezcan los hechos y se agoten todas las líneas de investigación, sobre todo la relacionada con el ejercicio de la labor periodística, y que las mismas se determinen a la brevedad.

En la recomendación, el organismo también pidió que las procuradurías de justicia cuenten con fiscalías o unidades especializadas en la investigación y persecución de los delitos contra el ejercicio periodístico, especialmente en aquellas entidades donde se advierte una alta incidencia de ataques a periodistas y medios de comunicación.

“Esta fecha conmemorativa fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para condenar todos los ataques y la violencia contra periodistas, y es ocasión propicia para que la CNDH reitere su compromiso de trabajar conjuntamente con todos los actores sociales para erradicar la violencia contra quienes ejercen labores en el ámbito de la comunicación y exija poner fin a la impunidad, con el objetivo de que los crímenes sean esclarecidos y los responsables llevados ante la justicia”, agregó.