Censura

TPP limitará acceso a información y abrirá puertas a censura, advierten expertos

Homo Zapping

Monitoreo Informativo

31 de octubre 2016

La libertad de expresión es parte de los derechos humanos fundamentales y podría vulnerarse en el Perú si se ratifica el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), advierten expertos consultados en materia digital.

El capítulo de Propiedad Intelectual del acuerdo suscrito por el Perú y otros 11 países, y que deberá pasar por el tamiz del Congreso para su ratificación, establece compromisos específicos para que los países protejan películas, canciones, libros y software.

Eliminar contenidos

Esta protección implicará penas de cárcel y eliminación de contenidos en la web ante una denuncia de vulneración de derechos de autor, sin la necesidad de la intervención de un juez, explica el director de la ONG peruana Hiperderecho, Miguel Morachimo.

“Eliminar contenidos se logra a través de un juez o de Indecopi, pero con el TPP los Estados obligarían a las empresas (de servicio de internet, como Claro o Movistar) a hacerlo en forma privada, abriendo la puerta a la censura privada”, detalló.

Juan Carlos Lara, director de Contenidos en la ONG Derechos Digitales, de Chile, destacó al respecto que “retirar información sin una discusión razonada de los derechos afectados, por un tribunal, implica ignorar esos derechos, e institucionalizar la censura como forma de resolver conflictos”.

Prohibido compartir

Los “candados digitales” son protecciones de seguridad para los videojuegos o software, que impiden copiarlos o alterarlos. Morachimo dice que “el TPP obliga a los países a convertir en delito no solo el romper estos candados sino también el fabricar herramientas para hacerlo”.

Si se determina que hubo un interés de lucro al ejecutar dichas acciones, el involucrado podría ir a prisión.

Derechos en riesgo

“Se pasa por alto casos como el de una biblioteca que quiere facilitarle el acceso a un libro a alguien con ceguera (lo que hace necesario adaptar el material) o el de compartir una película en clases”, dice el titular de Hiperderecho.

Para Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), estas prohibiciones vulneran los derechos de quienes pagan por productos que no podrán compartir, imprimir o utilizar como insumo para un video que deseen colgar en la red, por ejemplo.

A pesar de todas las limitaciones que –como lo señalan los expertos en derechos digitales– acarreará el TPP, la ex ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva, quien firmó el documento, sostuvo en su momento que “el capítulo de Propiedad Intelectual no se refiere a las libertades civiles de los usuarios de Internet. Lo que se busca es la protección del derecho de autor y de los derechos conexos en el entorno digital”.

En la otra orilla, Juan Carlos Lara sostiene que con estas reglas “no se regula una tecnología ni un contenido, sino nuestra interacción como sociedad” y “todo por intereses comerciales de ciertas industrias de algunos países desarrollados”.

 

Diagnósticos sobre libertad de expresión

Acecho a la libertad de prensa

El Universal

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31 de octubre de 2016

La falta de libertad de expresión o imponerle excesivas limitaciones es siempre re¡ejo de sistemas autoritarios que no permiten el escrutinio o la crítica a sus acciones. En nuestra región —América Latina— es un derecho que con frecuencia se encuentra en la mira de grupos en el poder con el  n de coartarlo.

En México, la libertad de expresión se encuentra actualmente en riesgo debido a que un proyecto de sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación —que será analizado la próxima semana— plantea modi car el derecho de réplica. La normatividad actual determina que toda persona podrá ejercer ese derecho ante aquella información “inexacta o falsa” y que le cause un agravio. El dictamen elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán plantea modi car la ley para eliminar los términos “inexacta o falsa”, y ahora cualquier persona que se sienta agraviada por la información que haya sido difundida en medios de comunicación podrá ejercer el derecho de réplica, e incluso iniciar un proceso judicial, sin importar si se trata de datos verídicos.

Impulsores del proyecto para modi car la ley señalan que hay medios que no respetan el derecho de réplica, por lo que el cambio obligaría a que se ejerciera de manera más efectiva. Si la ley actual establece lo conducente para ejercer el derecho de réplica a cabalidad ¿cuál es entonces la intención de modi carlo?

Seguramente desconocen casos que la Sociedad Interamericana de Prensa ha documentado, muchos de los cuales se presentan de manera casi cotidiana en Venezuela. Los ataques contra El Nacional han sido los más difundidos, pero el más reciente fue contra el diario El Nuevo País. Luego de publicar información sobre Petróleos de Venezuela, el propietario, periodistas y trabajadores de ese medio fueron demandados por la empresa estatal, que solicitó a la Corte que se le prohíba al periódico informar sobre la empresa.

Este año al diario Correo del Caroní, también venezolano, se le ordenó abstenerse de publicar informaciones sobre un caso de corrupción.

Un ejemplo más, ahora en Brasil: magistrados iniciaron 45 demandas contra periodistas de la Gazeta de Povo, pues se sintieron atacados en su honor, luego de que fueron publicadas las elevadas remuneraciones que reciben miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público en el estado de Paraná.

Lo mínimo que puede ocurrir en México, de aprobar la Corte el cambio, es que la clase política o grupos de poder inunden los medios de comunicación bajo formato de réplica, pero el mayor riesgo se da si decide actuar judicialmente por sentirse agraviada. El silencio amenazaría a periódicos, radio y televisión. No abramos puertas que por el momento están cerradas.

 

El secuestro de los medios de comunicación

El Universal

Carlos Loret de Mola

31 de octubre de 2016

Justo dentro de una semana, el lunes 7 de noviembre, mientras los medios de comunicación de todo el mundo estarán volcados a la cobertura de la elección presidencial en Estados Unidos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene agendado analizar un proyecto que si se aprueba como está planteado, permitirá a los políticos mexicanos secuestrar a la totalidad de los periódicos, estaciones de radio y canales de televisión.

El pretexto es el derecho de réplica. Los impulsores iniciales del golpe son los partidos Morena y PRD. Y la pluma de esta puntilla contra la libertad de expresión la tiene el ministro Alberto Pérez Dayán.

El asunto se entiende fácil: el año pasado, el Congreso aprobó la Ley de Réplica. Estableció que una persona tiene derecho de réplica cuando la información divulgada por un medio de comunicación cause un agravio y dicha información sea falsa o inexacta.

Es decir, procede la réplica bajo dos condiciones: uno, que cause agravio y dos, que sea falsa o inexacta.

Morena y el PRD se inconformaron ante la Corte. No estuvieron de acuerdo en que la información tenga que ser falsa o inexacta para que se obligue a conceder réplica.

El asunto le tocó al ministro Pérez Dayán quien contempla darles la razón. Así viene su proyecto de resolución que someterá a votación de sus compañeros ministros en una semana. Lo divulgó EL UNIVERSAL.

Quitarle la condición de que para que exista una réplica la información tiene que ser falsa o inexacta conduce a lo siguiente:

Imagínese que un periodista dice: “durante el sexenio de Peña Nieto desaparecieron 43 normalistas”. Es un hecho. No es falso ni inexacto. Pero al ser un señalamiento negativo de su administración, el presidente puede decirse agraviado y exigir réplica, ocupando con ello espacio en el medio donde se haya divulgado esa frase.

Imagínese que un periodista señala que “en las contiendas presidenciales en las que ha sido candidato, López Obrador ha desconocido los resultados o ciales”. Un hecho. Pero el líder de Morena quiere tener su réplica a fuerza y si aprueba la Corte, la va a poder tener con el pretexto de que le agravia, aunque sea una realidad incontrovertible.

Así que ante cualquier dato incluso biográ co, el político tendría derecho a echar su rollo, desviando la atención, saliéndose con la suya.

Vamos al extremo. Si un periodista dice: “Javier Duarte se fue salpicado por denuncias y escándalos de corrupción en su administración”, a Duarte se le tendría que abrir la réplica, pero también todo su gabinete que se sentirá agraviado y peor aún, si esta frase se dice en tiempos electorales, tendría derecho a réplica cualquier candidato del PRI que considere que exponer las corruptelas del mandatario agravia su campaña… ¡aunque todo sea verdad! Así que después de decir esa frase, el periodista deberá dedicar el resto de la semana a dar espacio a las réplicas y no a hacer su trabajo.

Estoy convencido de que ante cualquier denuncia periodística, debe buscarse al señalado para que dé su versión, pero lo que está por someterse a votación en la Corte es un proyecto que arrincona a la libertad de expresión y le hace el juego a una clase política desprestigiada que está buscando cómo silenciar a los medios, ahora, por la vía del secuestro.

SACIAMORBOS. El ministro Pérez Dayán está a tiempo de corregir. Dice que está dispuesto y abierto. Veremos.