-Legislación en materia de comunicación

 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones rechaza impugnar Ley Telecom

Animal Político

5 de septiembre de 2014

Notimex

 

El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) decidió no promover una controversia constitucional en contra de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, vigente desde el 13 de agosto pasado.

De acuerdo con un comunicado, el IFT rechazó, con cinco votos, la propuesta presentada por las Comisionadas María Elena Estavillo y Adriana Labardini para promover una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “en contra de determinados artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y de la Ley Federal de Metrología y Normalización.”

En su cuenta oficial de Twitter, Labardini dijo que este miércoles 3 de septiembre, junto con la comisionada María Elena Estavillo, sometió a consideración y votación la procedencia de una controversia constitucional en contra del decreto de la Ley Telecom.

“Tristemente ningún comisionado apoyó la propuesta y votaron en contra de promover la controversia constitucional del @IFT_MX ante la @SCJN”, escribió.

Asimismo señaló que la propuesta de controversia “identificó 52 artículos problemáticos: 41 de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, siete de sus transitorios y cuatro de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.”

En todos estos casos el criterio a considerar fue si hubo una posible afectación a la esfera de competencias y atribuciones constitucionales, así como la autonomía del @IFT_MX.

El IFT tenía hasta el 10 de septiembre para interponer una controversia constitucional en caso de que considerara que existe una invasión de facultades en la ley secundaria derivada de la reforma en telecomunicaciones.

Para especialistas como la presidenta de Observatel, Irene Levy, la ley aprobada por el Congreso invade las funciones del instituto y le resta la autonomía que le otorgó la propia reforma constitucional.

“Incluso al propio gobierno federal le conviene la interposición de la controversia, sólo así podrá sostener que la responsabilidad de lo que pase en el sector es del instituto porque el Ejecutivo no lo controla”, señaló la especialista.

 

 

Rechaza IFT controversia contra Ley Federal de Telecomunicaciones

Homo Zapping

Oscar Ramírez Maldonado

4 de septiembre de 2014

 

Por 5 votos contra 2 el pleno de comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) rechazó el miércoles 3 de septiembre promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional en contra de algunos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y de la Ley Federal de Metrología y Normalización.

Según informó el comunicado del IFT, la mayoría de los 7 comisionados rechazaron, la propuesta que presentaron las comisionadas María Elena Estavillo y Adriana Labardini que planteaba interponer el recurso ante la corte en contra del ordenamiento vigente desde el pasado 13 de agosto.

La comisionada Labardini señaló a través de su cuenta de Twitter (@LabardiniA) que junto con la comisionada Estavillo presentó dicha iniciativa, la cual “Tristemente ningún comisionado apoyó la propuesta y votaron en contra de promover la controversia constitucional del @IFT_MX ante la @SCJN”.

En un tuit posterior, Labardini explicó que en la propuesta de controversia se identificaron 52 artículos problemáticos (41 de ellos en la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 7 en sus transitorios, y 4 en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización).

“En todos estos casos el criterio a considerar fue si hubo una posible afectación a la esfera de competencias y atribuciones constitucionales, así como la autonomía del @IFT_MX”, puntualizó la comisionada.

Por su parte, María Elena Estavillo reconoció a través de su cuenta de Twitter la “convicción en la propuesta de controversia que sometimos al Pleno del IFT” de la Adriana Labardini.

Sobre el tema, el comisionado Fernando Borjón (@Fer_Borjon), sostuvo en Twitter en una serie de mensajes que la propuesta en cuestión fue discutida en la sesión ordinaria y “se analizó con tiempo y cada quien razonó su voto”.

En la sesión, añadió Borjón, “se manifestaron diversas opiniones en cuanto a la propuesta y se decidió por 5 votos a 2 no apoyar la propuesta…”. Borjón, finalmente, comentó que “La versión estenográfica de la X Sesión Ordinaria @IFT_MX detallará las posiciones de cada comisionado en una sesión que tomó tiempo”.

Este fue otro intento de las comisionadas, que no comparten la línea de la mayoría de los integrantes del pleno de no criticar ni litigar la Ley de Telecomunicaciones, para eliminar de la ley estos artículos problemáticos. Este ordenamiento publicado en julio pasado, ha sido criticado por distintos especialistas y organizaciones defensoras de los derechos de usuarios de Internet debido a violaciones a la reforma constitucional en la materia aprobada un año atrás.

En el seno del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) también se generó una clara división el 13 de agosto, último día para interponer una controversia constitucional. Un grupo de comisionados consideró que los artículos 189 y 190 de la Ley de Telecomunicaciones violaba el derecho a la privacidad.

 

 

IFT publica su estatuto orgánico

El Economista

Nicolás A. Lucas

4 de septiembre de 2014

 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) su nuevo estatuto orgánico, aprobado por el Pleno del organismo el 28 de agosto para adecuar sus acciones a las nuevas disposiciones jurídicas de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley Federal de Competencia Económica.

El estatuto establece que el IFT se compone, principalmente, cuenta con un pleno integrado por siete comisionados, una secretaría técnica, ocho unidades administrativas, seis coordinaciones y 29 direcciones generales.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones contará también con una Unidad de Espectro Radioeléctrico, cuya función será de administrar dicho patrimonio, mientras que la política regulatoria permanecerá a cargo de la unidad con el mismo nombre.

La dependencia crea en su nuevo estatuto el Centro de Estudios del IFT, encargado de realizar investigaciones en el campo de la competencia económica, radiodifusión y las telecomunicaciones. Su misión será la de generar información de utilidad para el regulador, la industria y la sociedad.

Integra además la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales, que se encargará de diseñar políticas para promover el libre acceso a la información plural, así como la protección de los derechos de las audiencias.

Como objetivo de contar con una mayor relación y experiencia internacional, el IFT establece una Coordinación General de Asuntos Internacionales que actuará como enlace del organismo con sus pares del exterior para la ejecución de proyectos de cooperación.

El nuevo estatuto entrará en vigor el próximo 25 de septiembre.

 

 

IFT está ahora en terreno de acción y resultados: Borjón

El Financiero

Notimex

4 de septiembre de 2014

 

La reforma de telecomunicaciones y radiodifusión no afecta la autonomía y actuar del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el cual ahora está en un momento de acción, aseveró el comisionado Fernando Borjón Figueroa.

Ello, luego de que este miércoles con dos votos en contra y cinco en favor se decidiera no presentar la controversia constitucional en contra de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, vigente desde el 13 de agosto pasado, por el tema de invasión de facultades.

Entrevistado en el marco del “Foro Internacional de la Reforma de Telecomunicaciones”, organizado por Atlantic Council, el funcionario dijo que esta decisión se tomó tras analizar el documentado presentado por dos comisionadas, tanto en lo general como en ciertos temas en lo particular.

Aclaró que el documento de las comisionadas Adriana Labardini y María Elena Estavillo, fue presentado con oportunidad, con una semana de antelación, con un análisis a nivel jurídico en distintos puntos de vista y de un tema discutido por todos desde hace tiempo.

De ahí que tras estudiar el documento por parte de cada uno de los comisionados y exponiendo razones en lo particular, “primero se hizo una votación en lo general, viendo cuales eran las probabilidades de cada uno de los temas y después sobre otros dignos de análisis”.

“Estamos ahora en un terreno de pasar a la acción, necesitamos estar en decisiones, acciones, en puntos. En pasar ya este terreno de la discusión a otra parte, a la de la acción y de los resultados que vayan en beneficio del público. Podemos vivir discutiendo o podemos vivir actuando”, subrayó.

La autonomía ya está otorgada al IFT por la Constitución y “nuestro tema es ejercerla, actuar en esa autonomía en el marco de la Ley; la autonomía se construye con las acciones”, abundó Borjón.

Señaló el hecho de tener una reforma constitucional que dio a este organismo un gran paso a nivel judicial y que son los juzgados especializados.

Además, estimó, una discusión a nivel controversia constitucional no es una decisión que un juez o la Suprema Corte resuelva en un mes, es una decisión que toma tiempo, más de un año, por lo que “en el inter, preferimos la parte de la acción”.

 

 

Ifetel está ahora en terreno de acción y resultados, indica el comisionado Fernando Borjón

Sin Embargo

Redacción

4 de septiembre de 2014

 

México, 4 Sep. (Notimex).- La reforma de telecomunicaciones y radiodifusión no afecta la autonomía y actuar del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), el cual ahora está en un momento de acción, aseveró el comisionado Fernando Borjón Figueroa. Ello, luego de que este miércoles con dos votos en contra y cinco en favor se decidiera no presentar la controversia constitucional en contra de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, vigente desde el 13 de agosto pasado, por el tema de invasión de facultades. Entrevistado en el marco del “Foro Internacional de la Reforma de Telecomunicaciones”, organizado por Atlantic Council, el funcionario dijo que esta decisión se tomó tras analizar el documentado presentado por dos comisionadas, tanto en lo general como en ciertos temas en lo particular. Aclaró que el documento de las comisionadas Adriana Labardini y María Elena Estavillo, fue presentado con oportunidad, con una semana de antelación, con un análisis a nivel jurídico en distintos puntos de vista y de un tema discutido por todos desde hace tiempo. De ahí que tras estudiar el documento por parte de cada uno de los comisionados y exponiendo razones en lo particular, “primero se hizo una votación en lo general, viendo cuales eran las probabilidades de cada uno de los temas y después sobre otros dignos de análisis”. “Estamos ahora en un terreno de pasar a la acción, necesitamos estar en decisiones, acciones, en puntos. En pasar ya este terreno de la discusión a otra parte, a la de la acción y de los resultados que vayan en beneficio del público. Podemos vivir discutiendo o podemos vivir actuando”, subrayó. La autonomía ya está otorgada al Ifetel por la Constitución y “nuestro tema es ejercer la autonomía, actuar en esa autonomía en el marco de la Ley; la autonomía se construye con las acciones”, abundó Borjón Figueroa. Señaló el hecho de tener una reforma constitucional que dio a este organismo un gran paso a nivel judicial y que son los juzgados especializados. Además, estimó, una discusión a nivel controversia constitucional no es una decisión que un juez o la Suprema Corte resuelva en un mes, es una decisión que toma tiempo, más de un año, por lo que “en el inter, preferimos la parte de la acción”.

 

 

Radio comunitaria e indígena, las desprotegidas de la reforma telecom

El Economista

Nicolás A. Lucas

4 de septiembre de 2014

 

La reforma al sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión abre la puerta para que los gigantes de la radio puedan ingresar a nuevos mercados en grupo o en solitario y a negocios históricamente ambicionados por este sector, como al proceso de adjudicación de las dos nuevas cadenas de televisión digital abierta, licitación al que algunos radiodifusores ya confirmaron su intención de participar.

Pero la nueva legislación, tanto las modificaciones constitucionales, como las reformas a una docena de leyes reglamentarias del rubro, deja en la indefinición a las radios comunitarias e indigenistas, ahora denominadas por la ley como “medios sociales”.

Como aspecto positivo, la reforma al sector reconoce en la legislación la figura de radio comunitaria, lo que brinda certidumbre jurídica a estas emisoras, pero como factor negativo, envía a éstas a transmitir por anchos de banda, si los hay disponibles, que son costosos de operar, que nadie escucha o cuyas transmisiones no serán captadas por los nuevos aparatos de radio recepción.

Los proyectos de ley obligaban en un principio que las radios comunitarias no tuvieran mayor potencia de alcance de cobertura que 20 Watts, el equivalente a poco más dos manzanas de una colonia o un kilómetro a la redonda desde su punto de origen.

También sanciona con mayor seriedad al ciudadano o grupo de ellos que de manera irregular comiencen a operar una de estas frecuencias. La ley perfila que la sanción para este delito tenga más peso para quien lo cometa, que para quien sea condenado por el delito de trata.

La reforma reconoce en la industria de la radiodifusión (televisión y radio) cuatro ordenamientos para categorizar a las emisoras de radio: comerciales, privadas, públicas y para uso social, éstas últimas deben tener como fin el fomento de los aspectos culturales, educativos, científicos o los valores de su comunidad.

Se les prohíbe además conseguir financiamiento privado, es decir, comercializar su tiempo aire, luego que las modificaciones establecen que deberán mantener sus operaciones con las aportaciones que el Estado les canalice. En este sentido, la reciente legislación determina que el 1% del gasto anual del gobierno federal, así como el 1% del presupuesto de los gobiernos estatal y/o municipal debe ir al financiamiento de las radios comunitarias o indígenas.

El financiamiento que el gobierno debe mantener para estas emisoras brinda la seguridad de que contarán con un sustento económico para sus operaciones, pero podría comprometer su libertad de expresión. Tampoco existe certeza de que los recursos federales lleguen con celeridad y en su totalidad a estos organismos, pues el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no ha emitido aún los mecanismos que reordenen la actividad de las radios comunitarias, coincidieron expertos.

La Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, la CIRT, mantuvo una intensa actividad durante la discusión de la reforma telecom para que las radios comunitarias no contaran con la posibilidad de comercializar sus tiempos. La industria argumentó que al ser de objeto social, las comunitarias y las indígenas no deben lucrar con las señales del espectro radioeléctrico por las que transmiten.

Permitirles esta acción, vulnera a la industria, había venido argumentando la CIRT, pues los radiodifusores invierten en el despliegue de redes, generan fuentes de empleo, además de que deben pagar una contraprestación por el aprovechamiento del espectro bajo su concesión.

COMUNITARIAS DISCRIMANADAS

Pero el obligarlas a que sólo sobrevivan con los recursos que provea el Estado las condena a “alinearse”, a comprometer su línea editorial y demuestra que los industriales de la radio comercial no quieren más competencia que cuenta con mucha exposición, pero que crece menos cada vez. De acuerdo con datos de la CICOM, el negocio de la radio ha reportado ingresos sobe los 5,700 millones de pesos por año, desde el 2011.

“Tan se notó la presión de las cámaras industriales, que es tan obvia la discriminación de siempre. Se nota la mano de la CIRT, ellos cabildearon mucho para imponer varias de sus condiciones. Se pudieron hacer varias cosas, como permitirles comercializar sin que ello afectara los intereses de los industriales, pero los radiodifusores no quieren porque no quieren que se les toque su statu quo; están acostumbrados a que ese es “su” espectro y a que no entre nadie más”, dijo Aleida Calleja, ex presidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc).

En cuanto a anchos de banda para que las comunitarias y las indigenistas puedan transmitir, la reforma perfila una reserva espectral del 10% de la banda de Frecuencia Modulada (FM) en su parte “más elevada”. En la banda de Amplitud Modulada (AM), la nueva legislación envía al rango de los 1,600 y 1,700 Kilohertz (KHz) la transmisión de estas emisoras.

En ambos casos, es complicado que una radio comunitaria pueda operar con relativa facilidad.

En la banda de FM, los medios de uso social tienen la posibilidad de transmitir entre los 106 y los 108 Megahertz (MHZ), pero tal espectro ya está ocupado por otras estaciones de radio, por ejemplo, en la ciudad de México, tres emisoras, dos comerciales y una pública, utilizan tales frecuencias.

En la banda de ampliada de AM, desplegar la infraestructura necesaria para transmitir señales de radio por las frecuencias que van de los 1,600 a los 1,700 KHz es “demasiado costoso, se necesitan terrenos para antenas, dinero, y dinero precisamente lo que no tienen ellos”, dijo la ex presidenta de la AMARC y también de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).

Además, el espectro de la banda de AM asignado a las radios sociales ya no es recibido por la mayor parte de los aparatos de recepción debido que el dial de los actuales equipos, en su mayoría, alcanzan a captar señales de AM que llegan hasta los 1,600 Kilohertz.

SE ENSAÑARON CON LOS INDIGENISTAS

Con políticas como la que fija la reforma al sector, alrededor de 15 millones de mexicanos tendrían una opción menos de radio. Las estaciones comunitarias e indígenas, por su misión, tienen el potencial para llegar a ese número de personas en todo el país, pero las nuevas regulaciones pondrían en el camino de la desaparición a varias de ellas.

“Las radios comunitarias son las más castigadas, parece que se ensañaron con ellas. El hecho de enviarlas a la parte más elevada de la banda de FM es un aspecto discriminatorio, mientras que a la radio comercial no se le establece que sólo puede ir por una porción específica del espectro. Todo ello va contra el principio de equidad. Mandarlos al final es como mandarlos al patio de atrás. Aparte de que no pueden comercializar, quién los va a escuchar y eso si hay espectro”, mencionó Gabriel Sosa Plata, analista en telecomunicaciones.

Para que las radios comunitarias e indígenas contaran con el acceso a la banda de FM, al ancho de banda asignado y donde podrían transmitir hasta tres emisoras por plaza, el IFT debe reordenar el espectro; modificar la norma que establece que entre frecuencia debe haber 800 KHz de espacio para evitar las interferencias.

La tecnología permite que este espacio pueda “achicarse” hasta los 400 KHz, con lo que habría una eficiencia del espectro para que entraran nuevos jugadores y los medios sociales.

“Esto que quieren hacer ahora parece bueno hace 20 años, pero ahora ya no es bueno. En la banda ampliada de la AM es casi imposible operar por los altos costos, casi del doble que en FM. Además, la radio en AM ya va de salida. Ojalá no lo hayan hecho adrede.

Falta que el IFT salga a decir que lanzará un programa en el que anuncie acciones de poner disponible algún espectro disponible y allí diga cuántas comunitarias puede meter. Para eso no tiene porqué pedir permiso a los industriales”, añadió Sosa Plata.

MÉXICO NO VE POR SUS COMUNITARIOS

La radio indigenista y comunitaria tiene una misión de promover los valores de la comunidad, de perpetuar aspectos culturales y la lengua de los pueblos que la operan.

En América, salvo México, los países de la región han destinados porciones enteras del espectro para este tipo de estaciones. En Brasil el gobierno perfila que cada municipio cuente con al menos una radio comunitaria. Argentina acaba de disponer de un ancho de banda específico para este fin. Mientras que en Colombia el regulador va cada región a supervisar la operación de las emisoras comunitarias.

La Organización Internacional de Telecomunicaciones realiza continuamente recomendaciones para que los Estados asignen porciones específicas del espectro para las estaciones sociales, pero han sido poco atendidas en México.

“La radio comunitaria permite a la sociedad integrarse como país. En México la normatividad es muy magra. Se hizo poco por ellas y mucho porque no se tocara el entorno económico de la radiodifusión comercial. La CIRT cabildeó muy activamente y ahora ellas tienen que vivir del presupuesto público, lo que puede comprometer su derecho legítimo de preservar costumbres, valores o su lengua”, argumentó Jorge Fernando Negrete, director general de Mediatelecom Policy & Low.

REFORMA DEBE REFORMARSE

La Asociación Mundial de Radios Comunitarias diseña desde hace un mes una estrategia legal y reúne los argumentos para presentar un amparo en juzgados civiles y especializados en telecomunicación lo que considera es una afectación a los intereses de los “radiodifusores sociales”.

La iniciativa estaría acompañada además por la Amedi y otros organismos civiles. El argumento principal de los quejosos será el de la afectación a la libertad de expresión al prohibirles comercializar su tiempo aire y a vivir sólo del dinero público, lo que compromete su línea editorial.

El siguiente argumento será el de la discriminación, el que los obliga a transmitir por ciertas frecuencias.

Cualquier acción legal demorará entre uno y dos años y en el camino pudieran perecer algunas emisoras comunitarias, acepta Aleida Calleja.

Pero la ex presidenta de la Amarc confió en que algunos obstáculos podrán rebasarse, “si no en la Suprema Corte, sí en la Corte Interamericana”.

“Sin duda podrán esperar acciones judiciales de amparo, porque es el sector que fue más discriminado. Porque se violan asuntos de libertad de expresión, de igualdad ante la ley; de derechos humanos en el sentido de que las leyes tienen que tener progresividad en cuanto a los derechos humanos. Podrán haber buenos resultados, los comunitarios tienen un buen historial de haber ganado ya otros amparos”, enfatizó Aleida Calleja.

 

 

Gobierno autoritario, oposición desdibujada

Homo Zapping

Javier Corral Jurado

4 de septiembre de 2014

 

Pasó el primer tercio del gobierno de Peña Nieto. La propaganda oficial que satura los medios de comunicación estos días no sólo es magnificadora de logros y realizaciones, es también engañosa. La Presidencia de la República no realiza un ejercicio de rendición de cuentas, no cree en eso, se vuelca por la publicidad, el spot repetido mil veces, la apuesta por la imagen televisiva que fabricó un político de éxito, cumplidor; en la que basó su candidatura, con la que se hizo de la Presidencia y ahora reiterando el script busca inventar a un estadista, sobre quien el país se pregunta aún, qué lo define, hasta dónde sabe, quién realmente de su equipo le mueve los hilos?

En la propaganda Peña Nieto ha resultado un éxito, reformador que salva a México “sin buscar el aplauso”; de su mano firme, el país camina seguro a un paraíso de beneficios. Pero la realidad es otra. Los problemas de fondo no sólo no se reducen, crecen y se diversifican. A la ineficacia para enfrentar la economía – estancada -, sumó una reforma fiscal con efectos inflacionarios. Decreció el empleo y brillan por su ausencia las promesas de la reforma laboral. El problema de la inseguridad sólo cambió en la estrategia mediática, ahora se maquillan cifras y se ocultan los hechos. Las muertes por homicidios dolosos superan la cifra que con Calderón. No hay plan alguno que raje en serio el desafío de la desigualdad. La cruzada contra el hambre, es una vulgar campaña por los votos.

El saldo político en estos dos años es de una preocupación doble. Avanza la regresión y represión autoritaria, sin mayores contrapesos; la indiferencia social está marcada mucho más por el miedo, que por la abulia. Es que la impunidad y la corrupción regresan galopantes. El uso del poder para chantajear, intimidar, amenazar, está reinstalado como característica intrínseca al régimen autoritario. Volvieron las auditorías como instrumento eficaz para meter al orden cualquier desintonía o denuncia.

Si no fuera por las reformas aprobadas en el Congreso, si no tuviera el control de medios de comunicación que ejerce, si no fuera por el silencio de la oposición domesticada, Peña enfrentaría un verdadero juicio de la opinión pública y la evaluación sería muy distinta a la que se presume, por cierto, bajo ese lenguaje anacrónico y adulador del Presidente que se vuelve Dios, porque todo lo ordena, todo lo piensa, todo lo impulsa; de él son las ideas, la concepción y la visión, aunque no sepamos en qué pensamiento están planteadas.

El Pacto por México fue traicionado; pasó de ser uno de los momentos más esperanzadores de la política nacional, a ser la confirmación de la mediocridad de nuestra clase política, de sus medios mirajes, dobleces, hipocresías y las ambiciones personales por encima de los objetivos institucionales, tanto partidistas como gubernamentales. Al final se impuso una lógica no sólo electoral, sino electorera, que vació de contenido las importantes reformas constitucionales que aquel instrumento había hecho posible. En las leyes secundarias, o en la integración de los órganos reguladores, se apuñalaron los principales valores y objetivos. Las reformas terminaron fortaleciendo al gobierno y a los monopolios, no al Estado ni a la sociedad. Abonaron como en ningún momento de nuestra aguada transición democrática, al presidencialismo y al centralismo. El tiempo dio la razón a los impugnadores del Pacto, que no sólo dio legitimidad a Peña, sino más poder.

Sucedió así porque la oposición en México carece de fuerza y autoridad moral. No sólo están divididos los dos principales partidos que debieran ser el contrapeso frente a la regresión autoritaria; buena parte de sus estructuras directivas en el país están corrompidas. Atraviesa el PAN una de sus mayores crisis de identidad cultural, ética e ideológica. No puede reinstalarse en la oposición, porque carga ya con demasiadas omisiones, pifias y corruptelas de su pasado inmediato y su momento actual; atrapado en el acuerdo de impunidad, no tiene otro camino que el de tratar de colocarle el supuesto ADN panista a las reformas que fondean e impulsan al PRI para una larga vida en el poder. El triunfo ideológico para el PAN, el poder para el PRI, buena fórmula del entreguismo.

El entreguismo no sólo ha dejado mudo al PAN frente al gobierno, ahí está la posición de la bancada senatorial en la sesión de Congreso General, intocado Peña Nieto hasta con el pétalo de una rosa. El silencio se vuelve el más absurdo y grotesco rostro de la complicidad.

El PRD está en la misma de siempre con la diversidad de sus corrientes internas, pero ahora en una lucha inaudita entre ellas por acreditar quiénes son los más negociadores, no importa los resultados y que en las ofertas distintas el gobierno compré cada vez más barato. Es la negociación con Peña Nieto, la nueva obsesión de las tribus; la cercanía con el gobierno, se pretende traducir ingenuamente como “moderación” de la izquierda. Presiden las dos cámara del Congreso, porque son “oposición responsable”. Ningún riesgo juega el gobierno al darles la conducción de los trabajos drel Congreso porque, ni siquiera en año de elecciones y consultas populares, le representan contrapeso o peligro alguno. Nadie como Miguel Barbosa Huerta al servicio del PRI en el Senado de la República.

Y ahora se anuncia, desde esa oposición debilitada, que concedió al gobierno de Peña Nieto todo lo que pidió y con creces, que el reto frente a las reformas es su seguimiento puntual y un combate frontal a la corrupción política; una agenda legislativa se compromete públicamente con esa causa. ¿Desde que fuerza moral se podrá exigir?. ¿Desde los moches?, ¿Los video-escandalos?, ¿Las negociaciones con Televisa?, ¿Los pagos de reformas con cargos directivos en el Congreso?. ¿Con qué instrumentos se harán valer las iniciativas?, ¿Porqué concedería el PRI cambiar su modus operandi si el gobierno ya tiene en la bolsa las reformas que quería y cómo las quería?. Luego quejarse y gritar del ambiente de parcialidad, regresión y represión no sólo será hipócrita, sino ridículo.