Transparencia y acceso a la información

 

Opacidad de poderes provoca desconfianza ciudadana: SCJN

Milenio Jalisco

Notimex

1 septiembre 2014

 

Ciudad de México

La opacidad en la actuación de los poderes públicos es el germen de la desconfianza ciudadana y el incentivo más perverso para el ejercicio indebido de las atribuciones que se le confieren a los órganos del Estado, afirmó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza.

Al inaugurar el Seminario Internacional de Transparencia Judicial 2014, Perspectiva y Desafíos de la Reforma Constitucional, destacó que un auténtico Estado democrático de derecho exige no sólo la celebración periódica de elecciones libres y competitivas, sino que reclama que el poder público actúe de cara a los ciudadanos.

El ministro presidente sostuvo que los países que, como México, viven inmersos en procesos de consolidación de sus democracias tienen un deber inexcusable con el derecho a la información, y el genuino escrutinio del poder público por parte de la ciudadanía.

Recordó que a principios de la década anterior, el Estado consagró el derecho de acceder a la información pública en el artículo sexto constitucional, bajo la convicción de que la transparencia y la rendición de cuentas deben erigirse en el correlativo esencial del ejercicio democrático de las potestades estatales.

En cumplimiento de ese mandato de la Constitución se aprobó la legislación sobre el acceso a la información, que tuvo la particularidad de incluir entre sus destinatarios a los tres poderes de la Unión, detalló el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

En ese sentido, indicó que el seminario que hoy inicia “subraya el indeclinable compromiso del Poder Judicial con la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales”.

Silva Meza explicó que el ámbito judicial federal, lejos de mostrarse indiferente a cumplir las nuevas disposiciones, trató de predicar con el ejemplo, en su calidad de garante de los derechos fundamentales.

Ello debido a que “una justicia que no es capaz de mostrar sus procedimientos ni de esclarecer sus reglas de funcionamiento, está muy lejos de ajustarse a los cánones que impone el ideal encarnado en el Estado constitucional y democrático de derecho”, aseveró.

Desde entonces, dijo, el Poder Judicial de la Federación ha emprendido diversas acciones y cotidianamente realiza esfuerzos para que todos los que participan directa o indirectamente en la tarea de impartir justicia interioricen la cultura de la transparencia.

“En su calidad de órgano del Estado obligado por la Constitución y las leyes de la materia, el Poder Judicial tiene el deber de poner a disposición de los ciudadanos la información que permita un conocimiento directo, confiable y real de sus funciones y del ejercicio de los recursos públicos que administra”, insistió.

El presidente de la SCJN también consideró que el principio de publicidad procesal, vertebrador de los procesos jurisdiccionales, encuentra en la transparencia el complemento perfecto que los convierte en uno de los deberes correlativos del derecho humano a la tutela judicial efectiva.

En la inauguración participaron la titular del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), Ximena Puente; el consejero del CJF, Manuel Ernesto Saloma Vera, y el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Alejandro Luna Ramos

Durante el seminario, organizado por la SCJN, el CJF y el TEPJF, el cual finaliza el 3 de septiembre, intervendrán ministros, magistrados, jueces y especialistas de México, España, Argentina y Chile, y se presentará el libro “Memoria Seminario Internacional de Transparencia Judicial 2013”.

 

 

La opacidad, incentivo perverso, genera desconfianza ciudadana: Silva Meza

Aristegui Noticias

Redacción

1 septiembre 2014

 

Un auténtico Estado democrático de derecho exige no sólo la celebración periódica de elecciones libres y competitivas, sino que reclama que el Poder público actúe de cara a los ciudadanos, afirmó el lunes el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza.

Al inaugurar el “Seminario Internacional de Transparencia Judicial 2014: Perspectiva y Desafíos de la Reforma Constitucional”, dijo que el encuentro subraya el indeclinable compromiso del Poder Judicial de la Federación con la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales.

Agregó que la opacidad en la actuación de los poderes públicos es el germen de la desconfianza ciudadana y el incentivo más perverso para el ejercicio indebido de las atribuciones que se le confieren a los órganos del Estado.

Silva Meza, también presidente del Consejo de la Judicatura Federal, habló en un hotel capitalino ante la comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), Ximena Puente de la Mora; el consejero de la Judicatura Federal, Manuel Ernesto Saloma Vera; el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Alejandro Luna Ramos; magistrados, jueces y especialistas de México, España, Argentina y Chile.

El ministro presidente añadió: Los países que como el nuestro viven inmersos en procesos de consolidación de sus democracias, tienen un deber inexcusable con el derecho a la información, y el genuino escrutinio del poder público, por parte de la ciudadanía.

Al destacar que el encuentro que hoy inicia, en su cuarta edición, es resultado de la colaboración institucional entre la SCJN, el CJF y el TEPJF, Silva Meza recordó que, a principios de la década anterior, el Estado mexicano consagró el derecho de acceder a la información pública en el artículo sexto constitucional relativo a la libertad de expresión, bajo la convicción de que la transparencia y la rendición de cuentas deben erigirse en el correlativo esencial del ejercicio democrático de las potestades estatales.

En cumplimiento de ese mandato de la Constitución –detalló-, se aprobó la legislación sobre el acceso a la información, que tuvo la particularidad de incluir entre sus destinatarios a los tres poderes de la Unión. El seminario que inicia este lunes “subraya el indeclinable compromiso del Poder Judicial con la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales”.

Silva Meza explicó que el ámbito judicial federal, lejos de mostrarse indiferente a cumplir las nuevas disposiciones, trató de predicar con el ejemplo, en su calidad de garante de los derechos fundamentales, pues “una justicia que no es capaz de mostrar sus procedimientos, ni de esclarecer sus reglas de funcionamiento, está muy lejos de ajustarse a los cánones que impone el ideal encarnado en el Estado constitucional y democrático de Derecho”.

Desde entonces, dijo, el Poder Judicial de la Federación ha emprendido diversas acciones y cotidianamente realiza esfuerzos para que todos los que participan directa o indirectamente en la tarea de impartir justicia, interioricen la cultura de la transparencia.

“En su calidad de órgano del Estado obligado por la Constitución y las leyes de la materia, el Poder Judicial tiene el deber de poner a disposición de los ciudadanos la información que permita un conocimiento directo, confiable y real de sus funciones y del ejercicio de los recursos públicos que administra”, aseveró.

Además, consideró, el principio de publicidad procesal, vertebrador de los procesos jurisdiccionales, encuentra en la transparencia el complemento perfecto que los convierte en uno de los deberes correlativos del derecho humano a la tutela judicial efectiva.

Silva Meza recordó que en 2011, México reformó el artículo 1° de la Constitución, para incorporar al orden jurídico nacional los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, lo que abrió nuevos derroteros para la interpretación de todos los derechos, incluidos desde luego, los de acceso a la información y publicidad procesal, a la luz de los principios de más amplia protección de las personas, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

La reciente reforma constitucional publicada el día 7 de febrero de este año, que será motivo de análisis y deliberación en este Cuarto Seminario Internacional, constituye, sin lugar a dudas, un paso más en el perfeccionamiento del derecho de acceso a la información, consideró.

Dicha reforma establece, entre otras previsiones, que el principio de publicidad no solo debe aplicar para las instituciones de gobierno, sino a todas aquellas personas que recibeny ejercen recursos públicos, así como a las que llevan a cabo actos de autoridad y que tienen incidencia en la esfera jurídica de los titulares de este derecho, precisó.