Los consorcios mediáticos dominan a los políticos, no al revés: García Castillejos

Homo Zapping

30 de junio de 2014

Jenaro Villamil

Angel Garcia CastillejosLos políticos que pretendan controlar los medios audiovisuales o las telecomunicaciones caen “en un espejismo”. En realidad, ocurre lo contrario: “son los operadores de telecomunicaciones y medios audiovisuales los que tienen el poder sobre los políticos. Los gobiernos se vuelven rehenes de estos consorcios y la democracia acaba siendo suplantada por la mediocracia”.

Esta es una de las conclusiones de Angel García Castillejo, ex consejero de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en España, doctor en Derecho Constitucional y en Ciencias de la Información, al reflexionar sobre el poder y la importancia de los grandes monopolios de estas industrias.

“El sector de las telecomunicaciones no mueve pasiones sino intereses. Y esto son muy poderosos. Por eso es tan difícil regularlo, porque todos los que se encuentran involucrados en la generación de contenidos son conscientes de su capacidad de influir sobre la población y sobre los políticos”, alertó el especialista.

Para García Castillejos, la convergencia tecnológica no ha disminuido sino potenciado el poder de estos conglomerados. Telecomunicaciones y medios audiovisuales “tienden a fundirse, a tal grado que el 70 por ciento del volumen de datos por internet son contenidos audiovisuales”.

En entrevista con Proceso, en el marco de una serie de conferencias que ofreció en la capital del país, García Castillejos advirtió que “el caso mexicano” le llama la atención “de manera negativa” porque “se intenta abordar una regulación que deje fuera los servicios de la televisión restringida”.

“Abordar la regulación sin tener la realidad de la televisión de paga me parece que es mirar al pasado. Este es un buen ejemplo de la capacidad que tienen los grupos mediáticos para dominar sobre los legisladores y los gobiernos”, afirmó, en clara referencia a la discusión que actualmente se da en el Senado sobre regular por “servicios” o por “sectores” a los monopolios.

Otro de los temas polémicos que abordó el especialista fue el de la llamada “tarifa de interconexión cero” que ha generado la animadversión del preponderante en telefonía, Telmex y América Móvil, y se ha convertido en una fuerte demanda de Televisa, TV Azteca y Telefónica.

“No se pueden plantear tarifas de interconexión cero porque, en primer lugar, no es rentable. Desde otro punto de vista, es coartar la decisión del regulador para establecer una política de telecomunicaciones en cualquier país. Acaba provocando una incapacidad de actuación del regulador. Por último, hay un alto riesgo de que provoque parasitismo o desinversión”, resumió García Castillejos.

-¿Entonces como se puede regular a un gigante como Telmex, claramente monopólico? –se le cuestionó.

-Lo que hay que generar es competencia, basándose en la capacidad de los competidores y no en las sanciones reguladores. Por ejemplo, en España utilizamos las tarifas asimétricas por un periodo transitorio, en tanto se utilizan para la maduración de los competidores. Es como el caso de un árbol pequeño. Para que pueda llegar a crecer por sus propios medios se le pone una guía en el tronco. Una vez que ha crecido, se le quita.

“Telmex no es más grande de lo que era Telefónica en España, o France Telecom en Francia o British Telecom en Gran Bretaña. Telefónica en España pasó de ser un monopolio absoluto en 1996 a tener el 50 por ciento del mercado y, ahora, es más fuerte, más eficiente, más convergente y ofrece mejores servicios que cuando era monopolio absoluto.

“El planteamiento erróneo es creer que debes atar de manos al operador mayoritario para que los demás crezcan. La regulación y la competencia hay que tener claro para quién debe servir: más y mejores servicios para el consumidor, más accesibilidad. Estoy convencido de que cuando Telmex o Telefónica se vean obligados a competir, mejorarán sus ofertas, pero no se pueden promover políticas que desincentiven la inversión, como el caso de la tarifa de interconexión cero”.

-¿Qué puede ocurrir si se queda la tarifa de interconexión cero?

-Si en México terminan por estrangular a Telmex le provocarán un gran perjuicio no a Carlos Slim sino a toda la población. La habilidad de un regulador es su flexibilidad. No puede ser rígido.

-¿Y en el caso de la televisión de paga y la necesidad de regularla? ¿Debe ser por servicios?

-Se deben regular por servicios en todos los casos. Necesitamos, como reguladores, una mentalidad neutral tecnológicamente, es decir, que no beneficie ni privilegie a ninguna plataforma, llámese televisión abierta, televisión por cable, por satélite o por web. Para mí es incomprensible que un sector como la televisión de paga no sea regulado como servicio.

-El otro punto delicado en México ha sido la regulación del internet y el tema de la neutralidad de la red. ¿Cómo garantizar una buena legislación?

-En primer lugar, la política debe garantizar el acceso universal a la banda ancha. El acceso libre a la información es un derecho humano. Y cuando hablamos de neutralidad de la red no hay que caer en estereotipos que beneficien a las grandes compañías norteamericanas que promueven conceptos para capitalizarlos.

“Cuando hablamos de neutralidad de la red hablamos también de infraestructuras rentables. Se trata de generar una situación de equilibrio en la que los prestadores de servicios no acaben canibalizando a los que traen la infraestructura. Si los operadores tradicionales se dan cuenta que ya no es rentable su negocio van a dejar de invertir en infraestructura.

            -Reforma en telecomunicaciones

Demanda PRI votar Telecom y Energética

El Universal

Carina García

30 de junio de 2014

El presidente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, planteó que es hora de votar las leyes secundarias de la reforma energética y de telecomunicaciones, temas en lo que dijo tener ya los votos suficientes. “Nosotros no iríamos con la misma confianza al pleno si no hubiéramos hecho cuentas” dijo el líder priísta al considerar que el PRI cuenta ya con votos mayoritarios no sólo para la votación, sino para una eventual defensa en tribunales.

Camacho Quiroz demandó “no podemos esperar eternamente” pues “hay un momento en que se tiene que dar por concluido el debate y pasar a las votaciones”. “Nos importan -dijo- los consensos pero las mayorías son igualmente legitimadoras, en aras de que una reforma constitucional que nos costó mucho trabajo y mucho tiempo construir no quede en un intento fallido, trunca, por falta de legislación ordinaria” y eso aplica para ambas regulaciones secundarias.

El líder priista participó en el Consejo Mundial de la Internacional Socialista, y al término, en entrevista, dijo tener confianza “mesurada” pero no desbordante en alcanzar la mayoría legislativa en ambas materias. “Nuestra confianza es razonable sin ser desbordante porque en política cada vez más hay que caminar con pies de plomo”.

En todo caso los acuerdos “no deben ser una atadura. Si en algunos asuntos podemos llegar a acuerdos, enhorabuena, si no, que cada partido y cada persona se reserve el ejercicio de sus derechos con mejor le convenga y considere” El dirigente priista rechazó que haya negociación entre PRI y PAN con la reforma energética como moneda de cambio, pues cada asunto se valora en sus méritos.

El PRD ve riesgos de regresión autoritaria por “Ley Telecom”

El Informador

1 de julio de 2014

El Universal/ OEAG

Ante líderes de izquierda de todo el mundo, el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, denunció riesgos de “regresión autoritaria” por la propuesta gubernamental de ley secundaria de telecomunicaciones, pues “podría favorecer a los grandes intereses que monopolizan la opinión pública” del país.

Los cambios a la Constitución alcanzados mediante el Pacto por México buscaron “desmonopolizar el manejo de los medios de comunicación y avanzar en la democratización del espacio radioeléctrico”, pero esos preceptos democratizadores no se contemplan en la ley secundaria de telecomunicaciones a discusión, expuso.

En la apertura de los trabajos del Consejo Mundial de la Internacional Socialista, que agrupa a 155 partidos socialistas, socialdemócratas y laboristas, entre ellos el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Zambrano señaló a ese organismo político y su gobierno de aplicar políticas “de derecha” y ser corresponsable de una situación económica y social preocupante.

Esta, además, sostuvo, podría agravarse con la reforma energética promovida por el gobierno priista.

“En congruencia con estas reflexiones, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) sostiene que el diferendo que tenemos entre los dos partidos pertenecientes a la IS, el gobernante PRI y el principal partido de izquierda, el PRD, sobre el tema energético debe resolverse dramáticamente, mediante una consulta popular en las elecciones federales de 2015…y desde luego esperamos que la reforma en telecomunicaciones culmine con base en los acuerdos con los que construimos las reformas constitucionales del 2013”.

En contraparte, el presidente del PRI, César Camacho Quiroz, defendió las reformas emanadas del Pacto por México y que han implicado cambios al 64% de la Constitución y 21 nuevas leyes.

La de telecomunicaciones, resaltó, permitirá acabar con los monopolios y ofrecer servicios de mayor calidad, la financiera hará posible inclusión social.

Y la energética permitirá aprovechar los energéticos en beneficio de los mexicanos.

Por si parte el presidente de la Fundación Colosio, Adrián Gallardo, advirtió que el único riesgo para la seguridad energética de México es que no haya reforma energética.

Sostuvo que las reformas en curso tienen como fin reactivar la economía, pues es la mejor política contra la desigualdad.

Acusan a Gobierno de proteger monopolios

Mural

Claudia Guerrero

30 de junio de 2014

Francisco Búrquez, vicecoordinador económico del PAN en el Senado, acusó al Gobierno federal y al PRI de proteger a los monopolios con una reforma disminuida en materia de telecomunicaciones.

En conferencia, el legislador federal denunció que la propuesta para que la preponderancia se determine por sectores sólo busca proteger la concentración de las empresas que han acaparado los mercados. Advirtió que cualquier duda o laguna que el Congreso deje en la legislación secundaria equivaldrá a 10 o 15 años a favor de los monopolios y su capacidad de lucro.

Según el panista, existe la sospecha de que el Gobierno busca un acuerdo con las grandes empresas, con miras a los procesos electorales del 2015. “El Gobierno quiere proteger a los monopolios. Se están prefigurando acuerdos muy graves que apuntan a una elección de Estado”, denunció. Búrquez advirtió que el PAN debe cuidar al máximo la reforma secundaria para garantizar la competencia en el sector.

En este sentido, llamó a los senadores a legislar con claridad para ayudar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a tomar decisiones. “No podemos dejar interpretaciones ambiguas. En esta reforma el PAN se está jugando su futuro y su credibilidad. El PAN tiene que demostrar si está con el PRI o está con los ciudadanos”, emplazó.

-Caso Carpinteyro

Preponderancia y privacidad

El Universal

Alejandro Encinas

1 de julio de 2014

La difusión de la llamada telefónica que presenta a la diputada Purificación Carpinteyro proponiendo negocios a un particular ante la inminente aprobación de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, ha puesto en evidencia -una vez más- la prevalencia de dos prácticas por igual deleznables.

Por un lado, la impunidad con que se intervienen de manera ilegal las llamadas telefónicas, lo mismo por el Estado con fines políticos, que el espionaje industrial, entre particulares o el de delincuentes para extorsionar, lo que demuestra cómo el espionaje y la invasión a la privacidad de los ciudadanos se ha generalizado. Por otro, la corrupción y el patrimonialismo con el que se ejerce la función pública en el país, donde funcionarios o representantes populares asumen el manejo de los recursos públicos o los espacios de representación en beneficio propio.

Por ello el dictamen de estas leyes, como debería corresponder a todo proceso legislativo, debe ser público, transparente, de cara a la nación, dejando de lado las negociaciones extraparlamentarias, en las que lo mismo participan las direcciones de los partidos, que algunos grupos parlamentarios, legisladores en lo individual y los consorcios que detentan los monopolios en la televisión, la radio y las telecomunicaciones, quienes son los factores reales en esta negociación. Este debate debe atender tres asuntos fundamentales:

Garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos. El derecho a la información, a la libertad de expresión y a la no censura; el derecho de los usuarios a servicios de calidad bajo tarifas justas; el de las audiencias para acceder a una oferta que permita elegir entre distintas opciones de comunicación que reconozcan la pluralidad cultural, étnica y política de nuestra sociedad, que inculquen valores cívicos de convivencia, tolerancia, democracia y no discriminación; el derecho de réplica; el de las personas con capacidades diferentes; la objeción de conciencia de los comunicadores; los derechos laborales de los trabajadores del sector que serán afectados por esta reforma, y en particular el derecho a la privacidad de los ciudadanos en sus comunicaciones telefónicas, en la red o bajo cualquier modalidad.

Garantizar la democratización de los medios, la competencia efectiva entre éstos y ampliar la oferta a los ciudadanos, eliminando los privilegios que detentan los monopolios en radiodifusión y telecomunicaciones. Para que la competencia sea realmente efectiva es necesario que el criterio de preponderancia se defina por la prestación de servicios y no por sector, entendiendo que éste es un asunto del interés público que no puede resolver el mercado, por lo que el Estado debe cumplir su papel regulador permitiendo el desarrollo de los medios públicos, sociales, comunitarios e indígenas, los que deben constituirse en una alternativa real a los medios comerciales, gozando de igualdad en el acceso al espectro radioeléctrico, autonomía, independencia editorial y recursos suficientes, y fortalecer la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Que éste sea un verdadero órgano constitucional autónomo, que regule a los medios, vigile contenidos y de certeza al ejercicio de los derechos de los ciudadanos, eliminando toda injerencia del Gobierno federal.

Las nuevas leyes deben dar paso a un sistema de medios de comunicación abierto, plural y democrático, que rompa con el monopolio y manipulación que prevalece sobre la opinión pública, para que los mexicanos puedan acceder a la información necesaria para participar en asuntos públicos.

Faltan excusas de telebancada en caso Carpinteyro: PRD

El Universal

Carina García

30 de junio de 2014

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, consideró que el caso de la diputada Purificación Carpinteyro no está cerrado, pues ahora toca que los doce legisladores de la llamada “telebancada” también se excusen de participar en la votación de la regulación secundaria de telecomunicaciones.

Carpinteyro “no es la única a la que se le tenía que exigírsele esa actitud que se excusara, sigue presente la excusa de los doce diputados, mujeres y hombres de la telebancada, que están tanto en el PRI, como en el Verde principalmente y también senadores de la República, que tienen un claro conflicto de intereses y no han dicho que no se van a excusar”. Pidió por ello estar muy pendientes de su desempeño.

En el caso de las bancadas del PRD la Cámara de Diputados y el Senado, confió en que haya votación unitaria y congruente con la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, según la cual el concepto de agente económico preponderante debe establecerse por servicios y no por sector. “Yo estoy absolutamente convencido y esta es mi interpretación, porque además yo participé (en la reforma constitucional) junto también con los senadores que hoy tienen en sus manos el tema de telecomunicaciones.

Dijo que no “tira línea” a sus legisladores pero “voy a estar muy cerca de ellos, sí, porque es mi obligación y eso no quiere decir que los esté vigilando, lo tenemos acordado”. Por ello confió en que será innecesario advertir si habrá sanciones o no en caso de que el voto no sea como el consensuado.

En el caso Carpinteyro el líder perredista instó a estar atentos pero no sólo en ella. Hay “que estar muy vigilantes (…) quien está impedida, porque ustedes ya saben la razones es la diputada Purificación Carpinteyro, pero todos los demás saben perfectamente que estamos definiendo temas que van a ser fundamentales, para el futuro inmediato de nuestro país.

            -Leyes secundarias

En AN es libre el voto sobre telecom, afirma Gil Zuarth

El Universal

Alberto Morales

30 de junio de 2014

Los senadores del PAN votarán en conciencia y libertad el tema para definir la preponderancia por “sector o por servicio” en las leyes secundarias en telecomunicaciones, afirmó el senador Roberto Gil Zuarth.

“En nuestra dinámica interna no hay línea de voto, en las previsiones democráticas en Acción Nacional los legisladores tiene plena libertada para votar en conciencia, y si una posición prospera, se tiene no sólo el derecho de plantear las reservas ante el pleno del Senado, sino separarse de la definición mayoritaria”, dijo en entrevista en la antigua casona de Xicoténcatl.

El legislador panista comentó que al interior de su bancada mañana se analizarán tres temas que siguen sin definición: preponderancia por sector y por servicio; interconexión a costo cero y el tratamientos para concesionarios públicos que puedan publicitar sus espacios. En su visión, Gil Zuarth consideró que el tema de la preponderancia está en un régimen transitorio no es parte de la definición del contenido de la ley.

“La preponderancia aparece en un régimen transitorio, que mandata al Instituto Federal de Telecomunicaciones a determinar si en los sectores que tengan ciertos servicios en telecomunicaciones y radiodifusión, determinar si uno es preponderante, eso ya sucedió”. Explicó que el texto constitucional no está redactado de tal manera que obligue al legislador a regular la preponderancia, sino que esa es una facultad del órgano regulador.

Ve PRD riesgos de regresión autoritaria por ley telecom

El Universal

Carina García

30 de junio de 2014

Ante líderes de izquierda de todo el mundo, el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, denunció riesgos de “regresión autoritaria” por la propuesta gubernamental de ley secundaria de telecomunicaciones, pues “podría favorecer a los grandes intereses que monopolizan la opinión pública” del país.

Los cambios a la Constitución alcanzados mediante el Pacto por México buscaron “desmonopolizar el manejo de los medios de comunicación y avanzar en la democratización del espacio radioeléctrico”, pero esos preceptos democratizadores no se contemplan en la ley secundaria de telecomunicaciones a discusión, expuso.

En la apertura de los trabajos del Consejo Mundial de la Internacional Socialista, que agrupa a 155 partidos socialistas, socialdemócratas y laboristas, entre ellos el PRI, Zambrano señaló a ese partido y su gobierno de aplicar políticas “de derecha” y ser corresponsable de una situación económica y social preocupante. Esta, además, sostuvo, podría agravarse con al reforma energética promovida por el gobierno priísta.

“En congruencia con estas reflexiones, el PRD sostiene que el diferendo que tenemos entre los dos partidos pertenecientes a la IS, el gobernante PRI y el principal partido de izquierda, el PRD, sobre el tema energético debe resolverse dramáticamente, mediante una consulta popular en las elecciones federales de 2015…y desde luego esperamos que la reforma en telecomunicaciones culmine con base en los acuerdos con los que construimos las reformas constitucionales del 2013”.

En contraparte, el presidente del PRI, César Camacho Quiroz, defendió las reformas emanadas del Pacto por México y que han implicado cambios al 64% de la Constitución y 21 nuevas leyes. La de telecomunicaciones, dijo, permitirá acabar con los monopolios y ofrecer servicios de mayor calidad, la financiera hará posible inclusión social. Y la energética permitirá aprovechar los energéticos en beneficio de los mexicanos.

Por si parte el presidente de la Fundación Colosio, Adrián Gallardo, advirtió que el único riesgo para la seguridad energética de México es que no haya reforma energética. Sostuvo que las reformas en curso tienen como fin reactivar la economía, pues es la mejor política contra la desigualdad.

Corral y Lozano hablan sobre preponderancia

El Universal

Javier Lozano / Javier Corral

1 de julio de 2014

Un falso debate

La preponderancia considera a todo un sector, no un mercado en particular Javier Lozano (Senador del PAN)

Se ha desatado un falso debate en medio de la confección de la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones por cuanto hace al alcance de la figura de Preponderancia. Es por servicios y no por sector, aducen los que presionan para lograr que la ley diga algo que va en contra de la Constitución. En efecto. Letra, espíritu e interpretación del texto constitucional no dejan lugar a duda de que la Preponderancia debe declararse respecto de un sector en su conjunto (telecomunicaciones o radiodifusión) y no por servicios o mercados específicos.

La Preponderancia es una figura novedosa en nuestro derecho y a nivel internacional. Se distingue del poder sustancial o dominancia en los mercados relevantes, según lo define la Ley Federal de Competencia Económica. La Preponderancia considera el tamaño de un grupo económico que acumula 50 por ciento o más de un sector, a efecto de dictarle medidas asimétricas que eviten que se afecte la competencia, la libre concurrencia y, por ende, al consumidor final.

El Decreto de reforma constitucional del año pasado dispone en su artículo octavo transitorio que “el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones e impondrá las medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales”. Y continúa diciendo en su segundo párrafo: “para efectos de lo dispuesto en este Decreto se considerará como agente económico preponderante, en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, a cualquiera que cuente, directa o indirectamente, con una participación mayor al cincuenta por ciento, medido este porcentaje ya sea por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, por el tráfico de sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas”. En pocas palabras, la suma de servicios y mercados (considerando suscriptores, audiencias, redes o tráfico) constituyen un sector, ya de telecomunicaciones ya de radiodifusión.

El espíritu del legislador no deja lugar a dudas. Dice el dictamen del Decreto de reformas a la Constitución, del Senado de la República: “estas comisiones destacan la atinada incorporación del concepto de preponderancia en el marco constitucional, que se diferencia del concepto tradicional en la literatura económica y legislación en materia de competencia, conocido como ‘poder sustancial’ o ‘dominancia’ en mercados relevantes. El concepto de preponderancia considera a todo un sector, a diferencia de un mercado en particular, idea que resulta relevante en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión toda vez que se trata de economías de redes, y por el desarrollo de la convergencia tecnológica y de infraestructuras”.

Y la autoridad en la materia, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, por escrito dirigido al Senado con motivo del foro celebrado a principios de abril, informó que esa autoridad “determinó la existencia de un agente económico preponderante por sector, partiendo de la interpretación del texto constitucional y del dictamen de la Cámara de Senadores en el proceso que dio lugar a la reforma constitucional”.

A pesar de todo lo anterior, el proyecto de Dictamen que será discutido esta semana en el Senado, plantea en su artículo 262 reproducir literalmente el dispositivo constitucional a fin de que sea el Instituto Federal de Telecomunicaciones el que resuelva lo conducente para ulteriores declaratorias de Preponderancia —por sector o por servicio— para lo cual deberá fundar y motivar su actuación. En todo caso, el propio Instituto tiene la facultad constitucional de declarar agentes dominantes con poder sustancial (en cualquier mercado relevante) y dictarles medidas asimétricas similares a las que le son aplicables a los agentes preponderantes. La presión por torcer la ley es evidente. Y su autoría, también. No se saldrán con la suya.

Otro regalo a Televisa

La definición constitucional fue clara al usar el concepto servicios, que derivan en mercados Javier Corral (Senador del PAN)

Aunque no es el único tema con el que Enrique Peña Nieto y sus aliados en el Senado buscan burlar varias disposiciones de la reforma en Telecomunicaciones para favorecer a Televisa, el de la preponderancia tiene mayor relevancia porque trastoca uno de los grandes objetivos: abrir a la competencia mercados dominados y concentrados por unos cuantos. La burla es pretender declarar un sólo “preponderante” por sectores, esto es, uno por telecomunicaciones y otro por radiodifusión, cuando la Constitución estableció hacerlo por servicios.

El concepto preponderancia, nuevo en la regulación de la competencia económica, se introdujo para imponer medidas especiales “asimétricas” a un agente económico de gran tamaño, para eliminar barreras a la competencia y proteger a usuarios finales. El artículo octavo transitorio, fracción III, párrafo segundo del decreto constitucional dice: “Se considerará como agente económico preponderante, en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, a cualquiera que cuente, directa o indirectamente, con una participación nacional mayor al 50%…”.

La definición constitucional fue clara al usar el concepto de servicios, que derivan en mercados. Tan es así, que para medirlo la misma disposición establece como criterios “…número de usuarios, suscriptores, audiencia, por el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas…”. Estos criterios corresponden a telefonía fija y móvil, tv de paga, radio y tv abierta, así como internet. Y estos mercados son operados por distintos agentes económicos, no por uno solo.

El párrafo tercero de la fracción III establece: “Las obligaciones impuestas al agente económico preponderante se extinguirán en sus efectos por declaratoria del IFT una vez que conforme a la ley existan condiciones de competencia efectiva en el mercado de que se trate.” Esta disposición es contundente; ¿cómo podría ser un agente económico declarado preponderante por sector, y perder esa calidad por el mercado de que se trate cuando ya exista competencia efectiva?

Para echar abajo el falso “dilema” de la preponderancia, el artículo Segundo Transitorio ordena: “Las medidas de fomento a la competencia en televisión, radio, telefonía y servicios de datos, deberán aplicarse en todos los segmentos de forma que se garantice en su conjunto la competencia efectiva en radiodifusión y telecomunicaciones”.

El mandato es abrir a la competencia mercados concentrados, pero la estrambótica interpretación “por sectores” del oficialismo televisivo quiere proteger a la empresa de Emilio Azcárraga para que no sea declarado preponderante ni en tv de paga, ni en tv abierta, porque la primera no es un sector, sino un servicio en ese conjunto, y en la segunda no tiene más de 50% de la audiencia de toda la “radiodifusión”: radio y tv. Éste es el argumento en el que Televisa basa el juicio de amparo que promovió contra la decisión del IFT que lo declaró preponderante en radiodifusión.

El único dilema real es si se someterá a Televisa para que enfrente la competencia; es el único caso en el mundo que concentra directamente tanto televisión abierta (60% de la audiencia) como restringida (62% de suscriptores), lo que le da un enorme poder en la producción, compra y distribución de contenidos, así como en venta de publicidad. Usa ese poder como cañón ante la clase política para chantajear, cooptar y conseguir leyes a su medida o expandirse a negocios como telefonía, casinos, espectáculos o deporte.

Dejar sin declaratoria de preponderancia a cualquiera de las dos plataformas de transmisión, es una simulación para que le de vuelta a las medidas asimétricas. Y no declararla preponderante en ninguna de las dos sería el ridículo mayor del gobierno de Peña Nieto y el Congreso. ¿Cómo explicaría “El Salvador” de México que la política de combate a monopolios mediáticos sólo fue constitucional, y no se concretó en la legislación secundaria, ni en la acción administrativa? Algún día deberá explicar y asumir las consecuencias de haberle dejado la pluma presidencial a los personeros de Televisa. Y quizá entonces tampoco pueda echar mano tan fácil del teleprompter.

Se hacen trajes a la medida

El Universal

Ricardo Alemán

1 de julio de 2014

En el frontispicio de las Cámaras de Diputados y Senadores, junto a los nombres en letras doradas de los héroes patrios y de sus apotegmas distintivos —“el respeto al derecho ajeno es la paz”—, pronto podrían aparecer llamativos anuncios en viejo neón que identifiquen una de las tareas más depuradas del Congreso mexicano.

Y de prosperar la iniciativa, en cualquier momento podríamos ver en un lugar especial del frontispicio de los recintos de San Lázaro y Reforma, leyendas como las que antaño identificaban a los ya desaparecidos sastres de barrio: “Se hacen trajes a la medida”. Y es que, en efecto, sean diputados, sean senadores del Congreso mexicano, sus especialidades en la nueva pluralidad parlamentaria son el “bordado a mano”, el “trutru” y, sobre todo, “los trajes a la medida”. Los legisladores mexicanos lo mismo remiendan que descosen; lo mismo rescatan roídas prendas que antaño vestían a “La República” que confeccionan vistosos trajes a la medida.

Y si existen dudas de las artes manuales de quienes integran el Poder Legislativo basta echar una mirada al “modelito” más reciente que produjo la curiosa “Sastrería del Congreso”. Se trata de las leyes político-lectorales; traje a la medida para amortajar al IFE y al Cofipe, para luego vestir a esa suerte de Frankenstein de pantalón corto, mangas holgadas y botones desiguales que se llama INE. Y si quieren evidencias de un “trabajo urgente” pueden echar una mirada a la flamante Comisión de la Familia, que confeccionó el Senado y que recuerda el guardarropa del siglo XVIII.

Pero en este momento el Congreso tiene en sus manos el mayor encargo en años. Elaborar las prendas de vestir de leyes como la de Telecomunicaciones y que, por intereses diversos, algunos senadores y diputados pretenden convertir en traje a la medida para satisfacción de un potentado cliente, dispuestos a pagar lo que pidan por la prenda.

Una minoría de diputados y senadores del PRD y del PAN —encabezados por el senador Javier Corral—, pretenden convertir las leyes de telecomunicaciones en traje a la medida para Televisa. ¿Por qué traje a la medida? Porque ese grupo de legisladores intenta que en las leyes secundarias de Telecomunicaciones se diga que la preponderancia de un actor en esa industria se determinará “por los servicios” que ofrece y no por su peso específico “en el sector” industrial del que forme parte.

Curiosamente, la reforma constitucional que hace meses aprobaron todos los partidos considera —de acuerdo con la autoridad de telecomunicaciones—, que la preponderancia se determinará a partir del peso de la empresa “en el sector” industrial al que pertenece. Nunca dice que la preponderancia se determinará a partir del peso “de los servicios” que ofrece. Sin embargo, los legisladores capitaneados por Javier Corral pretenden ganar en las leyes secundarias lo que perdieron en la reforma constitucional.

Argumentan que si dichas leyes establecen la preponderancia “por sector”, Televisa no sería preponderante ni en televisión abierta, “en donde cuenta con más del 50% del mercado”. Por eso, quieren un traje a la medida para sobrerregular a Televisa. Por eso, y contra la letra constitucional, quieren que la preponderancia se determine no “por sector”, sino “por servicios”.

Lo curioso es que ni el PRD, ni Javier Corral y menos los legisladores que quieren una ley a la medida para Televisa, dieron la pelea que hoy proponen —cuando se aprobó la reforma constitucional—, en el tema de la preponderancia. ¿Por qué antes argumentaron poco y hoy gritan en todos los altoparlantes posibles? Las respuestas están a la vista de todos.

1.- Porque en la constitucional no iban a perder lo más por lo menos.

2.- Porque hoy quieren recuperar lo perdido en la constitucional.

3.- Y porque detrás del PRD, de Javier Corral y de algunos azules vestidos de amarillos, está el poder infinito de Telmex-Telcel, que no necesita “telebancada” si puede comprar un partido político completo. Frente a esa aplastante realidad, el debate de la “telebancada” es juego de niños.

Lo cierto es que a Corral y amigos no les importa acabar con los monopolios y menos defender a los consumidores en telecomunicaciones y en televisión. No, a Corral, al PRD y a ciertos panistas vestidos de amarillos les interesa cobrar viejas rencillas y cuidar a una de las partes; defender los negocios del hombre más acaudalado del mundo. “Se hacen trajes a la medida en el Congreso”. ¿Tienen dudas? Y a pesar del poder descomunal de una de las partes, las leyes secundarias dirán que la preponderancia será “por sector”. Al tiempo.

Preocupa a Anatel temas de seguridad como geolocalización

El Universal

Carla Martínez

30 de junio de 2014

La Asociación Nacional de Telecomunicaciones (*Anatel*) propuso cambios en la iniciativa de ley relacionados con temas de seguridad como la geolocalización, almacenamiento de datos, solicitudes de información y sanciones penales.

Los operadores móviles consideran que se debe tomar en cuenta que algunos equipos de telefonía que se comercializan en el mercado, no tienen las características para aplicar la tecnología que permite la geolocalización en tiempo real; y para poder llevarla a cabo, los equipos deben estar encendidos, activos, y dentro de un área de cobertura. Por ello, la Anatel pide que la geolocalización se cumpla cuando “sea técnicamente factible”. En cuanto al almacenamiento de la información solicitan que sea por un periodo de 12 meses y no 24 meses como establece la iniciativa.

La información sensible del artículo 194, sea solicitada con antelación y que la información sea identificada con claridad y además piden 24 horas para entregar los datos solicitados por la autoridad. En cuanto a compartir los datos personales de las personas que manejan la información sensible y su almacenamiento, la Anatel pidió que se sustituya por los datos del área responsable de cada operador y no del individuo.

Respecto al *bloqueo de señales*, la organización pidió que sea de tipo colaborativo ya que los ajustes o bloqueos de señales pueden afectar la calidad de servicios que ofrecen los concesionarios. Sobre las sanciones penales, solicitaron que no se incluyan ya que “la pena corporal ahí establecida no solo es excesiva e injustificada, sino que incluso podría dar motivo a posibles abusos por parte de las autoridades solicitantes de la información”.

Preponderancia en leyes telecom, tema superado: Fayad

El Universal

Alberto Morales

30 de junio de 2014

Omar Fayad, senador integrante de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, expresó que la intención de la reforma es acabar con las asimetrías que se tienen en el sector El senador Omar Fayad (*PRI*) aseguró que el tema de la preponderancia en las *leyes secundarias de telecomunicaciones* quedó resuelto en la reforma constitucional de 2013, por lo que ya no es tema discutir sí se debe definir por sector o por servicio.

“Ya no es tema estar discutiendo si la preponderancia es por sector o por servicio. Es por sector, lo dejamos claro en el derecho transitorio y lo mandatamos al *Ifetel*; entonces, creo que quedó muy claro en la *Constitución*, que votamos todo, tuvo un amplio consenso”, dijo en entrevista. Fayad, integrante de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, expresó que la intención de la reforma no es perjudicar a nadie, sino acabar con las asimetrías que se tienen en el sector.

Aseguró que en el rubro de los concesionarios públicos o sociales no se les debe permitir la comercialización de sus espacios, de lo contrario hablaría de una concesionaria más comercial, que tendría que sujetarse a las reglas comerciales. Fayad mencionó que los temas que metían ruido al dictamen como el regular los contenidos de internet o temas relacionados con coartar el derecho a la información o a la libertad de expresión han sido eliminados.

Ya tenemos los votos necesarios.- Lozano

Reforma

Claudia Guerrero

1 de julio de 2014

El senador panista Javier Lozano adelantó ayer que el proyecto de ley secundaria en telecom que fija la preponderancia por sector tiene el respaldo suficiente para ser avalado en la Cámara alta esta semana.

“El panorama de la legislación secundaria es positivo (…) Pienso que habrá votos más que suficientes (…) No tengo duda de que vamos a salir adelante con el proyecto de dictamen”, dijo el presidente de la Comisión de Comunicaciones.

Un tema polémico es la determinación de los agentes preponderantes por sector o por servicio.

El líder del PAN, Gustavo Madero, respalda que éstos sean fijados por servicio; Lozano, por sector, tal y como lo ha determinado el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Esto también es apoyado por las bancadas del PRI y el PVEM, que suman 61 legisladores.

Sólo se necesitarían 4 votos del PAN o el PRD para alcanzar la mayoría de 65 senadores. Otros panistas que respaldan la postura de Lozano son Roberto Gil, Francisco Domínguez y José Rosas Aispuro.

El camino para impulsar la preponderancia por sector pasaría por un proyecto de dictamen que deje al IFT determinar a los agentes preponderantes por cualquiera de las dos vías (sector o servicios), el cual ya alistan legisladores del PRI y PAN en la Cámara alta.

Javier Lozano adelantó que el documento -que será puesto a la consideración de su bancada hoy- reproduce textualmente lo que establece la Constitución en su régimen transitorio, para que el órgano regulador tenga la última palabra.

El senador detalló que el concepto quedará plasmado en el artículo 262 de la nueva legislación, donde se establecerá que la interpretación es responsabilidad de los comisionados.

“No vamos a prejuzgar (los legisladores). Decidimos no irnos por sector, no irnos por servicio (en la legislación secundaria), sino reproducir textualmente lo que dice la Constitución y que sea el IFT el que en última instancia interprete, como mejor convenga para los intereses del consumidor, sobre la competencia efectiva y equitativa en los diferentes mercados lo que corresponda”, dijo.

“La propuesta es: dejemos en el 262 el texto constitucional, tal cual, para que el IFT, que es la autoridad en la materia sea quien interprete como mejor convenga”.

El 7 de marzo, el IFT informó que Televisa, en radiodifusión, y Grupo Carso y Grupo Financiero Inbursa, en telecomunicaciones, eran preponderantes en sus sectores.

Posteriormente, el 23 de junio, el Gobierno federal y las dirigencias nacionales del PAN y PRD cerraron la ronda de negociaciones para las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, pero sin alcanzar un acuerdo en el tema de preponderancia.

Ante la falta de consenso, se determinó una salida intermedia, a través de la reproducción del contenido de la Carta Magna.

Ayer, el presidente de la Comisión de Justicia, el panista Roberto Gil, aseguró que el Senado está prácticamente impedido a establecer la preponderancia por servicio en las secundarias, y no sólo por la falta de acuerdo político.

Según el legislador, si se incorpora ese concepto en estas leyes se abriría la puerta a que empresas como Telmex y Televisa recurran al juicio de amparo.

“Los efectos de la preponderancia ya están determinados y es un tanto ocioso discutir si es por sector o por servicio, en función de que el Instituto ya tomó una determinación”, dijo.

“Resolver una cosa diferente a lo que ya ha determinado el IFT en materia legal implica la apertura de la vía del amparo a quienes han sido determinados como preponderantes”.

El legislador federal sostuvo que la Constitución refiere el concepto de preponderancia en su régimen transitorio, como un asunto que deberá definir el IFT y no como algo que deberá regularse en la legislación secundaria.

El senador del PRI, Omar Fayad, aseguró que la reforma no busca proteger a las televisoras ni tiene dedicatoria.

Adelantó que su bancada votará a favor del proyecto en el que se establece que la preponderancia se determina por sector.

“El tema de la preponderancia no es tema. Lo resolvimos en la reforma constitucional, el IFT lo tomó en sus manos, lo discutió y resolvió”, agregó.

Legisladores usan preponderancia como distractor en leyes secundarias

La Jornada Nacional

1 de julio de 2014

Miriam Posada García

Los legisladores están usando el tema de la preponderancia como distractor para no abordar en la discusión de la legislación secundaria temas tan relevantes como los derechos de las audiencias, el financiamiento para las radios comunitarias, la tarifa cero de interconexión que se pretende fincar a Teléfonos de México y la anulación de laCláusula Cablecom, entre otros, coincidieron el presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Agustín Ramírez, y el consultor Fernando Butler.

Señalaron que la preponderancia es un tema claro en la reforma constitucional y en la Ley de Competencia Económica que entrará en vigor el 7 de julio, pero si no hay acuerdos deberá ser abordado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El punto clave en la definición de si la preponderancia se debe declarar por sector o por servicio es que se puede liberar a Televisa de las obligaciones que se le impusieron, porque si es por sector la suma de audiencia de radio y televisión no alcanza para declararla como tal.

Fernando Butler señaló que en la propuesta del Ejecutivo se incluyeron temas tramposos para que la gente se indignara y que con seguridad van a eliminarse, como la regulación de Internet, los cuales se han usado como distractores para ocultar otros como la necesidad de que los concesionarios sociales puedan tener financiamiento a través de publicidad para subsistir, ya que en muchas zonas marginadas del país son el único medio de comunicación y tienen gran importancia para las necesidades de las comunidades, sin que representen un riesgo para el pastel publicitario de los radiodifusores.

Señaló que los legisladores no pueden permitir que pase la Cláusula Cablecom, mediante la que se le permitiría a Televisa seguir adquiriendo empresas en el segmento de televisión restringida sin siquiera tener que notificarle al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel).

Butler identificó el riesgo de que se apruebe una ley bastante deficiente que obligue a un grupo de legisladores a interponer una controversia constitucional, con lo que coincidió Agustín Ramírez.

Los especialistas también coincidieron en que no se debe aprobar la tarifa cero de interconexión para Telmex como agente preponderante, porque no le permitirá recuperar costos, inhibirá sus inversiones y la de los concesionarios que usen su red casi de forma gratuita.

Ramírez detalló que la preponderancia que se ha pretendido colocar como tema principal podría terminar en la Corte, y destacó que la Ley de Competencia ya incluye otras herramientas como el poder sustancial de mercado o la dominancia, que requieren toda una investigación y no son inmediatos como la declaratoria de preponderancia.

Detalló que los legisladores no deben perder de vista temas cruciales en la legislación secundaria como los medios públicos, los indígenas, que la Secretaría de Gobernación no tenga injerencia en la supervisión de contenidos, que haya reglas claras sobre la publicidad, así como los temas de límites de concentración de espectro y propiedad cruzada.

Existe consenso en el Senado para avalar telecom esta semana: Lozano

Excélsior

Notimex

1 de julio de 2014

El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, Javier Lozano Alarcón, aseguró que existe consenso para celebrar un periodo extraordinario de sesiones el próximo viernes, donde se aprueben las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones.

“Tengo la impresión, la confianza que en lo general vamos a estar de acuerdo todos los senadores en ir adelante con el dictamen, pero en lo particular habrá cuatro o cinco aspectos donde no nos pondremos de acuerdo, al menos no unánimemente, lo que significa que tendremos que ir a una mayoría de votos y dejar en libertad de votar en conciencia”, apuntó.

En entrevista, el legislador del Partido Acción Nacional (PAN) dijo que “están las condiciones dadas para que este viernes en el pleno del Senado estemos discutiendo y votando este dictamen”.

Para que eso ocurra, indicó, la Comisión Permanente tiene que convocar en su sesión del jueves a la extraordinaria del pleno para el viernes. “Y para que eso ocurra nosotros tenemos que terminar nuestro dictamen, habiendo sido discutido y votado el miércoles”, abundó.

“Entonces estaríamos convocando mañana a sesión de comisiones el miércoles para esta discusión y aprobación del dictamen”, dijo el senador panista.

A su vez, el senador Armando Ríos Piter, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), explicó que su bancada definirá en las próximas horas la estrategia y postura que asumirán en temas como la preponderancia de los actores en telecomunicaciones.

El senador Omar Fayad Meneses, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), e integrante de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, aseveró que la preponderancia ya no es tema de debate.

“Ya no es tema porque la preponderancia la resolvimos en la reforma constitucional y en el derecho transitorio y quedaron estrictamente establecidas las facultades para quiénes y cómo debe interpretarse este asunto.

Ya no es tema estar discutiendo si la preponderancia es por sector o por servicio; o es por sector, lo dejamos claro en el derecho transitorio y lo mandatamos al Instituto Federal de Telecomunicaciones”, concluyó.

PAN podría definir hoy su postura en Telecom

Unomásuno

Juan Carlos Fonseca

30 de junio de 2014

Los tres grandes temas de las Leyes Secundarias en Telecomunicaciones y que todavía permanecen indefinidos son: la preponderancia por sector o por servicio, el tema de interconexión a costo cero y el tratamiento que se le dará a las concesionarias sociales, específicamente su capacidad para comercializar, como lo hace hoy la radio formalmente establecida, afirmó el senador Roberto Gil Zuarth.

El legislador panista apuntó que esos son los tres temas que han generado un debate interno, pero que será hoy cuando se escuchen las distintas voces, y en particular, el Grupo Parlamentario del PAN tomará una definición.

Indicó que en sus reglamentos y dinámica interna no existen líneas de voto, ya que los legisladores de Acción Nacional tienen plena libertad para votar, y que una posición que prevalece es que todos tienen la libertad de plantear no sólo las reservas ante el Pleno del Senado, sino de separarse de la definición mayoritaria de voto.

Hay consenso en Senado para aprobar esta semana telecom: Lozano}

Unomásuno

Redacción

30 de junio de 2014

El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, Javier Lozano Alarcón, aseguró que existe consenso para celebrar un periodo extraordinario de sesiones el próximo viernes, donde se aprueben las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones.

“Tengo la impresión, la confianza que en lo general vamos a estar de acuerdo todos los senadores en ir adelante con el dictamen, pero en lo particular habrá cuatro o cinco aspectos donde no nos pondremos de acuerdo, al menos no unánimemente, lo que significa que tendremos que ir a una mayoría de votos y dejar en libertad de votar en conciencia”, apuntó.

En entrevista, el legislador del Partido Acción Nacional (PAN) dijo que “están las condiciones dadas para que este viernes en el pleno del Senado estemos discutiendo y votando este dictamen”.

Para que eso ocurra, indicó, la Comisión Permanente tiene que convocar en su sesión del jueves a la extraordinaria del pleno para el viernes. “Y para que eso ocurra nosotros tenemos que terminar nuestro dictamen, habiendo sido discutido y votado el miércoles”, abundó.

“Entonces estaríamos convocando mañana a sesión de comisiones el miércoles para esta discusión y aprobación del dictamen”, dijo el senador panista.

A su vez, el senador Armando Ríos Piter, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), explicó que su bancada definirá en las próximas horas la estrategia y postura que asumirán en temas como la preponderancia de los actores en telecomunicaciones.

El senador Omar Fayad Meneses, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), e integrante de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, aseveró que la preponderancia ya no es tema de debate.

“Ya no es tema porque la preponderancia la resolvimos en la reforma constitucional y en el derecho transitorio y quedaron estrictamente establecidas las facultades para quiénes y cómo debe interpretarse este asunto”, comentó.

“Ya no es tema estar discutiendo si la preponderancia es por sector o por servicio; o es por sector, lo dejamos claro en el derecho transitorio y lo mandatamos al Instituto Federal de Telecomunicaciones”, concluyó.

Fuera “Telebancada” de Leyes de Telecom

Unomásuno

Ignacio Álvarez Hernández

30 de junio de 2014

Con la complicidad de los legisladores de PRI y PAN, contrario a lo que establece la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, en las leyes secundarias se introdujo un nuevo artículo en las leyes secundarias para hacer un “traje a la medida” de Televisa para engrandecer su monopolio mediante la concentración de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.

“La cláusula Cablecom-Sky, representan un ambicioso plan de negocios para la principal televisora. Se trata de un traje a la medida para la empresa que no es preponderante en TV restringida y, por tanto, puede tener nuevas concesiones o concentraciones”, alertó la diputada Julisa Mejía Guardado, al demandar que de la discusión de las leyes de telecomunicaciones y energéticas deben excusarse la “Telebancada” del y la “Petrobancada”, integrada por legisladores de PRI, PAN y PVEM.

Leyes secundarias en Telecom, Radio y TV abarcan tres ejes principales

Unomásuno

Redacción

30 de junio de 2014

Las leyes secundarias para regular la reforma constitucional en materia de Telecomunicaciones, Radio y Televisión abarcan tres ejes principales, entre ellos recuperar las facultades de rectoría y planeación del Estado en estos temas.

Según un estudio del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, dichas leyes reglamentarán las inversiones, derechos y obligaciones que contiene la reforma constitucional en Telecomunicaciones promulgada en junio de 2013.

Entre los otros ejes principales que deben definir los diputados y senadores están la creación de condiciones para ampliar el mercado, la inversión y la competencia entre proveedores y empresas participantes.

Asimismo el establecimiento de nuevos derechos para el acceso y disfrute de estas tecnologías, añade el estudio de los expertos del CESOP, que preside el diputado perredista Sebastián de la Rosa Peláez.

En el documento “Retos y perspectivas de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión”, elaborado por el investigador Efrén Arellano, se desprenden las precisiones que debe contener este marco jurídico indispensable para impulsar los beneficios de esta reforma para la población.

“Las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones que negocian los partidos políticos, deberán precisar el papel del Estado como agente regulador y promotor del sector, las formas de financiamiento para el crecimiento de la red troncal, los mecanismos para impulsar la infraestructura, así como complementar la transición de la radiodifusión digital, entre otros temas”, detalló.

Otros puntos que ponderarán en el debate de la construcción de las leyes secundarias son la necesaria homologación de trámites y eliminación de impuestos, así como la promoción de la radiodifusión sonora.

De acuerdo al estudio, la regulación de los contenidos es uno de los temas más polémicos, por ello, las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones deberá definir los derechos de las audiencias, así como los mecanismos de protección de menores.

También el equilibrio entre la dignidad humana y el derecho fundamental a la libertad de expresión, la participación de los ciudadanos en los consejos de las autoridades involucradas en el seguimiento de contenidos y, de manera relevante, las disposiciones para ampliar la participación de medios y contenidos independientes, culturales y pluriculturales.

El documento servirá de apoyo a los diputados para su análisis y dictaminación, en cuanto el Senado vote en un periodo extraordinario que podría ser el 4 de julio próximo, para que las comisiones de Comunicaciones y de Radio y Televisión de San Lázaro analicen los puntos torales de esta legislación reglamentaria.

Otros temas importantes que deberán abordar los legisladores es la expedición de una ley que regule de manera convergente el uso del espectro de radiodifusión y telecomunicaciones y la prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.

Además recupera algunas de las propuestas y planteamientos que han sido motivo de debate entre distintos actores involucrados en el tema.

¿Otra batalla perdida?

El Universal

Alberto Aziz Nasif

1 de julio de 2014

La batalla que se dará en los próximos días en el Congreso de la Unión definirá las reglas de operación de las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico, será una de las más importantes en años. Se determinarán las posibilidades de tener una comunicación libre de monopolios y agentes preponderantes o seguir con más de lo mismo; sabremos si existe en México oportunidad para tener contrapesos mediáticos, un mercado competitivo, una regulación no capturada, o si seguiremos con la preponderancia y la captura. En suma, veremos si la vulnerada democracia mexicana y la desencantada ciudadanía tienen alguna esperanza de contar con derechos efectivos para las audiencias y nuevos espacios para la diversidad cultural y la pluralidad política, objetivos que todavía se enfrentan a graves resistencias autoritarias.

El nudo de intereses que ronda la reforma de telecomunicaciones es complicado de desatar. La iniciativa del gobierno peñista dejó ver la vigencia de su alianza con el duopolio televisivo, se olvidó de sus promesas y pactos por la democratización de los medios, la competitividad del mercado y los derechos de las audiencias. Enrique Peña Nieto no hizo nada extraño sino pagar la deuda al duopolio y confirmar que era el candidato de las televisoras. En esa iniciativa se ve con mayor claridad lo que es un gobierno del PRI, es decir, un gobierno para los intereses preponderantes, como se hará también con la reforma energética en las próximas semanas.

El Frente por la Comunicación Democrática ha formulado una serie de demandas al Congreso, en donde se establece la agenda democratizadora que propuso la reforma constitucional y que hoy los intereses dominantes le quieren dar la vuelta con trucos y trampas. En esta reforma se ve sin máscaras la presencia de los intereses predominantes, pero no sólo como un lobby, sino con sus propios representantes, un grupo que se conoce como “la telebancada” formada por legisladores del PRI y del Verde, (y se pueden sumar algunos panistas) que deben excusarse de participar en el debate y votación de estas leyes por el abierto conflicto de interés que tienen (pero no lo harán), al igual que sucedió con la diputada Carpinteyro, quién no participará por la difusión de una llamada en donde propone un negocio en el área de telecomunicaciones.

La agenda democrática que propone el Frente establece los siguientes propuestas que podemos agrupar en tres partes: primero los derechos de las audiencias (réplica, los contenidos no discriminatorios, no aumentar los tiempos de comercialización de las concesiones de medios privados); el establecimiento de un sistema de medios públicos (con independencia editorial, transparencia, opciones de financiamiento, y contar con una cadena nacional para televisión y para radio); en este sistema se necesita dar oportunidad a los medios de uso social, comunitario e indígena. En varios países de América Latina (Argentina, Uruguay, Ecuador y Bolivia) se destina una parte importante del espectro radioeléctrico para estos medios.

En segundo lugar, están las reglas para contar con una competencia efectiva, terminar con los agentes preponderantes. Aquí la disyuntiva está entre declarar la preponderancia por sector, que equivale a un gatopardismo y quedarnos igual en radiodifusión (beneficiar a Televisa),o establecerla por tipo de servicios, que es la forma de poner un alto a la preponderancia. También es importante contar con los incentivos necesarios para la producción de contenido nacional independiente. Y en tercer lugar, se trata de las reglas que pueden fortalecer a un regulador autónomo (IFT), sin injerencias indebidas del gobierno y un sistema de concesiones transparente y regulado, sin controles oficiales o favoritismos.

Lo más probable es que en próximos días PRI, Verde, la telebancada y algunos votos del panismo terminen por construir el muro de defiende los intereses del duopolio. Del otro lado veremos a la desprestigiada oposición de PAN y PRD (con algunas excepciones) empujar la agenda democrática, pero sin tener los votos para sacarla adelante. Asistiremos a ver cómo la democracia en México libra en el Congreso otra batalla perdida…

Ya tenemos los votos necesarios.- Lozano

Mural

Claudia Guerrero

1 de julio de 2014

El senador panista Javier Lozano adelantó ayer que el proyecto de ley secundaria en telecom que fija la preponderancia por sector tiene el respaldo suficiente para ser avalado en la Cámara alta esta semana. “El panorama de la legislación secundaria es positivo (…) Pienso que habrá votos más que suficientes (…) No tengo duda de que vamos a salir adelante con el proyecto de dictamen”, dijo el presidente de la Comisión de Comunicaciones. Un tema polémico es la determinación de los agentes preponderantes por sector o por servicio.

El líder del PAN, Gustavo Madero, respalda que éstos sean fijados por servicio; Lozano, por sector, tal y como lo ha determinado el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Esto también es apoyado por las bancadas del PRI y el PVEM, que suman 61 legisladores.

Sólo se necesitarían 4 votos del PAN o el PRD para alcanzar la mayoría de 65 senadores. Otros panistas que respaldan la postura de Lozano son Roberto Gil, Francisco Domínguez y José Rosas Aispuro. El camino para impulsar la preponderancia por sector pasaría por un proyecto de dictamen que deje al IFT determinar a los agentes preponderantes por cualquiera de las dos vías (sector o servicios), el cual ya alistan legisladores del PRI y PAN en la Cámara alta.

Javier Lozano adelantó que el documento -que será puesto a la consideración de su bancada hoy- reproduce textualmente lo que establece la Constitución en su régimen transitorio, para que el órgano regulador tenga la última palabra. El senador detalló que el concepto quedará plasmado en el artículo 262 de la nueva legislación, donde se establecerá que la interpretación es responsabilidad de los comisionados.

“No vamos a prejuzgar (los legisladores). Decidimos no irnos por sector, no irnos por servicio (en la legislación secundaria), sino reproducir textualmente lo que dice la Constitución y que sea el IFT el que en última instancia interprete, como mejor convenga para los intereses del consumidor, sobre la competencia efectiva y equitativa en los diferentes mercados lo que corresponda”, dijo. “La propuesta es: dejemos en el 262 el texto constitucional, tal cual, para que el IFT, que es la autoridad en la materia sea quien interprete como mejor convenga”.

El 7 de marzo, el IFT informó que Televisa, en radiodifusión, y Grupo Carso y Grupo Financiero Inbursa, en telecomunicaciones, eran preponderantes en sus sectores. Posteriormente, el 23 de junio, el Gobierno federal y las dirigencias nacionales del PAN y PRD cerraron la ronda de negociaciones para las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, pero sin alcanzar un acuerdo en el tema de preponderancia.

Ante la falta de consenso, se determinó una salida intermedia, a través de la reproducción del contenido de la Carta Magna. Ayer, el presidente de la Comisión de Justicia, el panista Roberto Gil, aseguró que el Senado está prácticamente impedido a establecer la preponderancia por servicio en las secundarias, y no sólo por la falta de acuerdo político.

Según el legislador, si se incorpora ese concepto en estas leyes se abriría la puerta a que empresas como Telmex y Televisa recurran al juicio de amparo. “Los efectos de la preponderancia ya están determinados y es un tanto ocioso discutir si es por sector o por servicio, en función de que el Instituto ya tomó una determinación”, dijo.

“Resolver una cosa diferente a lo que ya ha determinado el IFT en materia legal implica la apertura de la vía del amparo a quienes han sido determinados como preponderantes”. El legislador federal sostuvo que la Constitución refiere el concepto de preponderancia en su régimen transitorio, como un asunto que deberá definir el IFT y no como algo que deberá regularse en la legislación secundaria.

El senador del PRI, Omar Fayad, aseguró que la reforma no busca proteger a las televisoras ni tiene dedicatoria. Adelantó que su bancada votará a favor del proyecto en el que se establece que la preponderancia se determina por sector. “El tema de la preponderancia no es tema. Lo resolvimos en la reforma constitucional, el IFT lo tomó en sus manos, lo discutió y resolvió”, agregó.

            -Actores preponderantes

Podrían separar a Telmex-Dish

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Vania Guerrero

1 de julio de 2014

En caso de comprobarse que existe una relación más allá de lo comercial entre Dish y Telmex, ambas empresas podrían enfrentar multas que van desde lo económico hasta la separación. De acuerdo con la Ley Federal de Competencia vigente al inicio del procedimiento entablado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), ambas empresas tendrían que pagar una multa de 8 por ciento de sus ingresos anuales por incurrir en una concentración prohibida.

Además, también podrían pagar 5 por ciento de sus ingresos por no haber notificado dicha operación a las autoridades. En caso de que se compruebe que, mediante la concentración, las compañías tenían por objeto impedir, dañar o disminuir la competencia y la libre concurrencia, el regulador podría también ordenar la separación de ambas empresas.

La concentración entre Dish y Telmex también podría llevar a que se abrieran nuevos procedimientos, entre los que se encuentra el analizar si, a través de la empresa de Dish, Telmex violó su título de concesión que, en el apartado 1.9 menciona que no puede explotar directa o indirectamente ninguna concesión de servicios de televisión.

Según Miguel Flores Bernés, ex comisionado de la extinta Comisión Federal de Competencia Económica, sería la Unidad de Política Regulatoria, y no la Unidad de Competencia, que actualmente lleva el caso, la que iniciaría el nuevo procedimiento.

En el título de concesión también se especifica que, previa autorización, Telmex podrá distribuir señales de televisión a través de su red a empresas autorizadas para prestar el servicios, en los términos de las leyes y reglamentos aplicables. Víctor Pavón-Villamayor, experto en competencia económica, lo primero que tendrá que hacer el IFT para decidir si debe sancionar o no es asegurarse que efectivamente existe una transacción que quede tipificada como una violación a las leyes de competencia.

En la antigua Ley Federal de Competencia se entiende por concentración a la fusión, adquisición del control o cualquier acto por virtud del cual se concentren sociedades, asociaciones, acciones, partes sociales, fideicomisos o activos en general que se realice entre competidores, proveedores, clientes o cualesquiera otros agentes económicos. Ayer, Dish negó tener relaciones que vayan más allá de lo mercantil o comercial con Telmex y que esta empresa sea socia, accionista, tenga directivos o disponga de un mecanismo de influencia en su administración. Cuestionada sobre el caso, Telmex no hizo comentarios.

Rechaza Dish sociedad con Telmex

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Vania Guerrero

30 de junio de 2014

Dish negó tener relaciones que vayan más allá de lo mercantil o comercial con Telmex y que esta empresa sea socia, accionista, tenga directivos o disponga de un mecanismo de influencia en su administración. Además, informó que continuará colaborando con las autoridades competentes y aportando información para que esta investigación sea resuelta conforme con los principios de competencia y libre concurrencia.

“El procedimiento está aún en curso y continuará sustanciándose conforme a la ley, por lo que no es tiempo de adelantar criterios ni especular sobre resoluciones”, expuso la empresa en un comunicado. Hoy se publicó un documento en el que se señala que el IFT determinó que la alianza entre Dish y Telmex le otorgaba a la empresa de Carlos Slim influencia sobre la administración de la firma de televisión de paga.

Al respecto, Dish señaló que dicho oficio de la Unidad de Competencia del IFT es un instrumento en el cual se realizan imputaciones “presuntivas” por parte de una unidad administrativa de la autoridad. “No implican, por ello, pronunciamiento alguno del órgano autónomo, en este caso, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. El Pleno del IFT no ha emitido pronunciamiento alguno respecto del expediente de investigación, por lo que no existe resolución alguna, ni tampoco señalamiento por parte de la autoridad”, indicó.

Según la anterior Ley Federal de Competencia, que se usaría debido a que el procedimiento se inició antes de que fuera aprobada la nueva legislación, el IFT tendría 80 días para emitir una resolución respecto al procedimiento iniciado sobre la presunta relación de sociedad entre Dish y Telmex.

El proceso iniciado por el regulador se encuentra en la etapa de presentación de pruebas documentales por parte de las empresas, la cual consta de 30 días a partir de la emisión del oficio de probable responsabilidad, el cual fue notificado a ambos actores después del 20 de mayo. Esta etapa termina esta semana. Posterior a esto, se da un periodo en el que el IFT aprobará o desechará las pruebas, se llevarán a cabo los alegatos y se emitirá la resolución, lo cual toma un máximo de 80 días.

Dish comentó que existen múltiples Oficios de Presunta Responsabilidad a los que aún no recae resolución alguna del IFT. “Es importante aclarar que el Oficio en ningún momento imputa a Dish la comisión de prácticas anticompetitivas. Por el contrario, la unidad de competencia del IFT reconoce que la conducta de Dish en el mercado de televisión restringida ha sido notablemente procompetitiva y favorable a los suscriptores”, señala.

Alertan sobre amparos de preponderantes

Mural

Claudia Guerrero

30 de junio de 2014

Si la reforma secundaria en materia de telecomunicaciones establece que la preponderancia debe determinarse por servicio, se abriría la puerta a que empresas como Telmex y Televisa recurran al juicio de amparo, advirtió Roberto Gil, presidente de la Comisión de Justicia del Senado.

En entrevista, el legislador federal recordó que desde marzo pasado el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) declaró a las dos empresas como agentes preponderantes por sector, con base en la interpretación de lo que señala la Constitución.

Según el panista, si el Senado incorpora en la ley que la preponderancia debe determinarse por servicio y no por sector, las empresas pueden ampararse y llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Los efectos de la preponderancia ya están determinados y es un tanto ocioso discutir si es por sector o por servicio, en función de que el Instituto ya tomó una determinación”, dijo. “Resolver una cosa diferente a lo que ya ha determinado el IFT en materia legal implica la apertura de la vía del amparo a quienes han sido determinados como preponderantes”.

El legislador federal sostuvo que la Constitución refiere el concepto de preponderancia en su régimen transitorio, como un asunto que deberá definir el IFT y no como algo que deberá regularse en la legislación secundaria.

“Si el transitorio dijese: la ley regulará el régimen de preponderancia, entonces tendríamos que construir la figura a nivel legislativo, pero no dice eso, dice que el IFT determinará a los agentes preponderantes y ya lo hizo”, explicó. Al preguntarle sobre los amparos existentes a pesar de la determinación del IFT, Gil contestó que corresponde a la Corte resolverlos.

“Pues ahora lo que procede es que la Suprema Corte resuelva esa disputa, si nosotros establecemos un contenido específico, le estamos quitando a la potestad Corte de determinar los alcances de un caso concreto”, respondió. Gil adelantó que mañana compartirá su preocupación con el grupo parlamentario del PAN, que está citado para discutir y fijar una posición sobre el tema.

Placa de influyente

El Universal

Alberto Barranco

1 de julio de 2014

Balance general

Hecho público un documento de que en el papel el Instituto Federal de Telecomunicaciones concluye que la empresa de televisión satelital Dish sí mantiene una sociedad con Teléfonos de México, a contrapelo de que solo mantenían una alianza de carácter comercial, es decir Telmex allanaría los cobros de los usuarios de la firma, ésta se defiende. De acuerdo a la empresa encabezada por Joaquín Vargas, ésta surgió de una alianza entre la cadena MVS y Echostar, lo que jura poder acreditar fehacientemente.

Y aunque la compañía está emplazada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones vía un oficio de presunta responsabilidad, se aduce que éste no es concluyente, es decir no hay aún una resolución en su contra. De hecho, se habla que a Televisa se le hizo una notificación similar en la presunción de prácticas monopólicas relativas en su modalidad de ventas atadas, y el expediente aún está vivo. De acuerdo a Dish, en ningún momento se le han comprobado prácticas anticompetitivas.

El caso es que los detractores de la empresa hablan de simulación y remiten a una presunta complicidad de las autoridades que en su momento revisaron el asunto, es decir la Comisión Federal de Competencia que encabezaba Eduardo Pérez Motta, y la Comisión Federal de Telecomunicaciones que a su vez tenía como titular a Mony de Swan. El asunto está que arde.

Otra por Comex

Sin ventilarse aún el arbitraje internacional a que emplazó el Grupo Comex a la estadounidense Sherwin Williams, acusándola de tirar el arpa antes de tiempo en la posibilidad de concretar una oferta de compra, la empresa de la familia Achar ya tiene un nuevo postor. Estamos hablando de PPG Industries, reputada como líder mundial en recubrimientos y materiales especializados. La propuesta, firmada y avalada por Comex, es de dos mil 300 millones de dólares, 300 menos de lo que planteaba Sherwin Williams. Con 62 años de presencia en el país, la firma mexicana que nació como negocio familiar tiene ocho centros de producción, seis de distribución y tres mil 600 tiendas en todo México. Sus ventas alcanzan a Centroamérica. Su nómina es de tres mil 500 empleos. Dado que, a diferencia de Sherwin Williams, PPG Industries no tiene mayores operaciones en México, no se vislumbra oposición a la operación por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica.

Suben a Pemex

A contrapelo de su grave sobrendeudamiento, la calificadora de deuda Moody’s elevó la calidad crediticia de Petróleos Mexicanos, saltando de BAAV a A3, en concordancia con el trato al gobierno, quien es el aval en las colocaciones. Sin embargo, se considera que el salto es consecuencia de las expectativas internacionales ante la reforma energética, por más que en las nuevas emisiones, ya con el cambio de condición de la paraestatal a empresa productiva de Estado, no habría las mismas condiciones de respaldo gubernamental. De hecho, la intención de la actual administración es desendeudar a la firma en el escenario de una posible autonomía presupuestal.

Dish reitera que no es accionista de Telmex

El Universal

Carla Martínez

30 de junio de 2014

Dish reiteró que es falsa la existencia de un acuerdo más allá de lo comercial o una concentración con Telmex. “Dish reitera una vez más que con Telmex sostiene únicamente relaciones de carácter mercantil o comercial. Telmex no es socio, no es accionista, no cuenta con directivos ni dispone de mecanismo alguno de influencia en la administración de Dish”, informó la empresa en un comunicado.

Este lunes, se dio a conocer que Dish y Telmex recibieron un oficio de presunta responsabilidad con “imputaciones presuntivas por parte de una unidad administrativa de la autoridad”. Sin embargo, de acuerdo con Dish, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no ha emitido pronunciamientos respecto a la investigación en curso.

“El procedimiento está aún en curso y continuará sustanciándose conforme a la Ley, por lo que no es tiempo de adelantar criterios ni especular sobre resoluciones”, detalló Dish. Asimismo, la empresa afirmó que el oficio no indica que Dish esté llevando a cabo prácticas anticompetitivas.

Televisa, el “preponderante” en la sucesión presidencial adelantada (Segunda Parte)

Homo Zapping

30 de junio de 2014

Jenaro Villamil

La preponderancia y “los focos rojos”

El domingo 22 de junio, en vísperas del inicio de las discusiones en Senado sobre la ley de telecomunicaciones, en un nuevo encuentro con los negociadores del PRD y del PAN, el equipo de Videgaray aceptó el cambio de “sector” por “servicio” en los artículos 260 y 262, siempre y cuando se mantuviera el tema de la “cláusula Cablecom” porque “es un compromiso del gobierno con Televisa”.

En la iniciativa original de Peña Nieto, esta cláusula estaba redactada en el cuerpo del artículo 276 para que “tratándose de nuevas concesiones o concentraciones de agentes económicos dentro de cada uno de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, el IFT a) Deberá reconsiderar la existencia o no de un agente preponderante en el sector determinado con poder sustancial”.

En otras palabras, de acuerdo al senador Javier Corral, se trata de un “artículo a la medida” para permitir que el plan de negocios de Televisa de adquirir Cablecom se fortalezca. Esta cláusula fue “reforzada” en un nuevo artículo 10 transitorio que permite a Televisa adquirir más empresas, incluyendo la sociedad con AT&T en DirecTV.

Los negociadores del PAN y del PRD aceptaron de manera ceder en este tema ante Videgaray, tal como se acredita en un mensaje denominado “Prioritarios PRD”, cuya copia obtuvo Proceso. A cambio, se acordaron otros avances que afectarían los intereses de Grupo Televisa.

Los otros acuerdos son: 1) preponderancia por servicio; 2) acceso de Telmex a televisión; 3) pago de contraprestación para multiprogramación; 4) regulación de propiedad cruzada; 5) plena autonomía del IFT; 6) producción independiente; y 6) modificar el polémico artículo de “Colaboración con la Justicia” que generó mucho descontento entre los activistas y organizaciones defensores del derecho al uso de internet libre.

En la negociación de ese domingo el gobierno federal también aceptó ir más allá. Acordaron abrir la comercialización a los medios de uso social, así como establecer una reserva del 20 por ciento del espectro -10 por ciento en AM y 10 por ciento en FM- para estaciones comunitarias y la posibilidad de que el IFT bajara spots de televisoras como medidas precautorias, según confirmaron a Proceso tres fuentes involucradas en estas negociaciones.

Estos avances iban mucho más allá de lo que Miguel Barbosa y los cinco senadores del PRD habían negociado días antes con otra parte del gobierno federal, encabezada por el consejero jurídico Humberto Castillejos, y también del “predictamen” que presentó el panista Javier Lozano.

Estos cambios prendieron los focos rojos en las oficinas de Azcárraga Jean, pero también de la Secretaría de Gobernación, encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong, y al margen de las negociaciones con Videgaray. La última versión, cuya copia tiene Proceso, le otorga facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones para regular publicidad y contenidos, salvo en el caso de la administración de los tiempos de Estado y la hora nacional.

El punto clave que expusieron negociadores del PRD, encabezados por Guadalupe Acosta Naranjo, para definir la preponderancia por “servicios” fue la redacción del numeral III del artículo 8 transitorio de la reforma constitucional en telecomunicaciones que dice:

“Para efectos de lo dispuesto en este decreto, se considerará como agente económico preponderante, en razón de su participación nacional en la prestación de servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, a cualquiera que cuente directa o indirectamente, con una participación nacional mayor al 50 por ciento, medido este porcentaje ya sea por el número de usuarios, suscriptores, audiencias, por el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas, de acuerdo con los datos con que disponga el Instituto Federal Electoral”.

La iniciativa del Ejecutivo federal (artículo 260), el predictamen del panista Javier Lozano (artículo 254) y la versión de lo negociado por Miguel Barbosa y el gobierno federal (artículo 254) ignoraban lo establecido en este párrafo del artículo 8 transitorio de la reforma constitucional y establecieron que el IFT deberá determinar la existencia de agentes económicos preponderantes por sector.

El documento presentado el lunes 23 de junio ante el Senado de la República, por un grupo de activistas como Aleida Calleja, actores como Daniel Giménez Cacho, Héctor Bonilla, y el presidente de la AMEDI, Agustín Ramírez, coincidió con el documento del Frente por la Comunicación Democrática que defiende también la regulación del preponderante por “servicio” y no por “sector”.

“El proyecto del gobierno pretende que sólo haya un preponderante por sector: uno para telecomunicaciones y uno para radiodifusión. Las telecomunicaciones están divididas en distintos servicios que son operados por distintos agentes: telefonía fija, móvil, internet y Tv de paga (cuádruple play). En radiodifusión: radio y televisión abierta. Esta pretensión tiene el propósito de proteger claramente a Televisa para dejarla libre de regulación en la televisión de paga”.

El mismo día que se presentó el documento de los “31 puntos irreductibles” de la sociedad civil, el senador panista Javier Corral hizo mención a las diferentes mesas de negociación que se abrieron con el gobierno federal, fuera del Senado y de las comisiones dictaminadoras.

El panista advirtió: “El gobierno federal ha logrado dividirnos a los del PAN y del PRD. Ha abierto varios flancos de y mesas de negociación para ver dónde compra más barato y hacer pasar la segunda temporada de la Ley Televisa”.

Efectos del Escándalo Purificación

Una de las legisladoras que participó en la redacción y revisión de los documentos que el PRD negoció con Videgaray fue la diputada Purificación Carpinteyro, cercana a Guadalupe Acosta Naranjo y al dirigente nacional perredista Jesús Zambrano, quienes participaron en este proceso.

Los comentarios de Carpinteyro se observan en algunos artículos del borrador citado. Por ejemplo, al definir al Operador Móvil Virtual (OMV), la diputada federal propuso:

“Eliminar toda referencia, tanto a comercializadores como OMV dado que los que les brindará acceso es la condición de concesionario”.

El OMV se definió como “toda persona que, sin contar con una concesión de espectro radioeléctrico, proporciona servicios de telecomunicaciones a usuarios finales mediante el uso de capacidad de una red pública de telecomunicaciones”.

Dos días después, en las grabaciones de una llamada telefónica de Purificación Carpinteyro, filtradas desde un servicio de espionaje a un medio digital, y luego retomadas por todos los medios, la diputada federal del PRD habla precisamente de hacer un negocio con un Operador Móvil Virtual, al estilo de la compañía Virgin Mobile.

El escándalo de Carpinteyro detonó también justo dos días antes que la diputada federal del PRD tuviera una reunión con un comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que había aceptado reunirse con un grupo de 30 diputados federales tanto del PRD, como del PAN, PT, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano.

Quien convocó a estos comisionados fue Carpinteyro para que los comisionados explicaran los alcances de sus atribuciones en relación con la ley secundaria de telecomunicaciones. Hasta el martes en la tarde, poco antes de que detonara el escándalo, ya habían confirmado asistir 4 de los 7 comisionados que integran el órgano autónomo. Entre ellos no estaba el presidente Gabriel Contreras Saldívar.

Carpinteyro no negó la veracidad de las grabaciones, pero también rechazó que se tratara de un conflicto de interés. Afirmó que “los verdaderos enemigos son los monopolios, no yo”.

El golpe contra la diputada federal del PRD surtió efecto. Se suspendió el encuentro entre comisionados de IFT e integrantes de la Cámara de Diputados. En el Senado, tanto en la bancada del PAN como en la del PRD se defendió dejar la predominancia por “sector” y no por “servicio”. Una larga “encerrona” de dos días de los 22 diputados federales del PRD no terminó por resolver el dilema de éste y otros puntos conflictivos de la iniciativa del Ejecutivo federal.

En conferencia de prensa, la vicecoordinadora del PRD, Dolores Padierna, admitió que “existen diferencias sustanciales” en la bancada sobre los temas de preponderancia “por sector o por servicio”, “poder sustancial del mercado”, “propiedad cruzada y medidas asimétricas”, entre oras.

Por si fuera poco, Javier Lozano, el senador panista cuyo dictamen fue desacreditado por el PRD y por buena parte de su propia bancada reapareció. Se tomó fotos con Gustavo Madero, a quien dos meses antes lo llamó “corrupto” en la contienda interna del PAN, y presumió en Twitter una comida con Miguel Barbosa, coordinador perredista.

“Comí con Lozano sin ninguna formalidad. Me comentó la ruta que él trae como propuesta para desahogar el tema de telecomunicaciones y yo no iba con una posición del grupo para decir estar de acuerdo o no”, afirmó Barbosa al referirse al encuentro con el panista.

-¿No hay incongruecia? –se le preguntó.

-Por favor, somos profesionales de la política –se defendió Barbosa.

El “Dilema” de Gustavo Madero

El otro efecto del escándalo de Madero y de las presiones de Televisa para que se aceptara el acuerdo con Castillejos –cercano también a la línea de la Secretaría de Gobernación- para dejar la regulación de predominancia “por sector” fue el deslinde del presidente nacional del PAN, Gustavo Madero.

En un comunicado emitido el 26 de junio, Madero cantinflea para decidir si debe ser “por sector” o por “servicio”. “Debe aclararse que la predominancia se declare cada vez que se presente en alguno de los servicios de un sector y no sólo cuando se dé en el conjunto de todos los servicios del sector”, afirmó.

“Debo reconocer que sobre este dilema nunca pudimos alcanzar un acuerdo con el gobierno federal ni con el PRI y que esto puede poner en riesgo la eficacia del órgano regulador, al no contar con una norma jurídica que le permita combatir a los monopolios que se pretenden someter al interés general y a las condiciones de competencia y apertura económica para dinamizar los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, generar inversión, propiciar la convergencia y beneficiar así a los 120 millones de habitantes de nuestro país”, afirmó Madero.

En entrevista, Javier Corral, quien apoyó a Madero en la contienda interna contra Ernesto Cordero, no tiene ningún dilema ni duda: “este comunicado demuestra el poder de Televisa. Fue la única capaz de juntar a Lozano con Madero. Y el documento de éste es engañoso: no hay ningún dilema. La Constitución dice que debe ser regulado por servicios”.

“El único dilema para Madero es si protege o no a Televisa”, sentenció Corral.

-¿Este comunicado tendrá consecuencias en la correlación de fuerzas de la bancada del PAN? –se le cuestionó.

-Por supuesto. Ya autorizó, como presidente del CEN del PAN, para que un grupo de senadores del PAN le den mayoría al PRI en este tema.

La “Línea” de Televisa

El mismo día que se dio a conocer el comunicado de Madero y que el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Gabriel Contreras, afirmó que la preponderancia deberá ser regulada por “sector”, Grupo Televisa publicó un desplegado de página completa para recriminar la cobertura periodística de Reforma, pero también para no dejar duda de su posición en este debate.

“Reforma no informó que la letra misma de la Constitución establece que a preponderancia es por ‘sector’ (Octavo Transitorio, Fracción III de la Constitución). La Carta Magna establece que: ‘El concepto de preponderancia considera a todo un sector, a diferencia de un mercado en particular, idea que resulta relevante en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión toda vez que se trata de economías de redes, y por el desarrollo de la convergencia tecnológica y de infraestructuras”, afirma el consorcio en el desplegado, publicado por Alejandro Olmos Cruz como su responsable.

Televisa volvió a emprender críticas contra el senador Javier Corral porque “desde hace años encabeza una campaña para descalificar a Televisa” y es una “fuente que mantiene un conflicto de interés derivado de un adeudo con Televisa por la contratación de servicios (spots publicitarios) que se negó a pagar en su momento, por lo que fue llevado a juicio, mismo que perdió, y que aún sentenciado como deudor moroso, se ha negado a pagar”.

Televisa no se fue por las ramas. Afirmó que los argumentos de una preponderancia “por servicio” “son los mismos que, el pasado 3 de abril, presentó en el Senado de la República el representante de MVS-Dish, quien también ha representado los intereses de Telcel y Telmex”.

En la noche del mismo viernes, el presidente del IFT, Gabriel Contreras, afirmó que el organismo regulador “ya determinó que existe un agente preponderante en el sector de telecomunicaciones y otro en el sector de radiodifusión”.

Al ser cuestionado si debe ser regulado por “sector” o por “servicio” Contreras sentenció: “nosotros, por esa razón, declaramos la existencia de un agente económico por sector”.

Legislando en el error: ¿preponderancia por sector o por servicio?

Mediatelecom

Ramiro Tovar Landa

30 de junio de 2014

El pasado 11 de junio se cumplió un año de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Por su contenido, los autores responsables no serán recordados por su profundidad en el conocimiento de los conceptos económicos y legales de la política de competencia y la regulación. En cambio, lo serán por haber introducido dos conceptos ad-hoc, a modo, que no aparecen ni se reconocen en la literatura económica ni en la legal internacionalmente, sea en el ámbito académico o en la práctica legal de las entidades reguladoras alrededor del mundo, para determinar cuándo un agente económico debe de ser regulado.

Esas plumas fueron desafortunadamente innovadoras al introducir el concepto de “preponderancia”. Con ello se distanciaron y renegaron de todo el cúmulo analítico que se encuentra detrás de los términos de “poder sustancial” o “dominancia” y de “mercado relevante”, emanados de la práctica de competencia y regulatoria desarrollada por teóricos y jurisprudencias legales durante décadas.

Para estos infaustos autores, ignorar los conceptos ortodoxos de la regulación y de la política de competencia les otorgó la discrecionalidad necesaria para penalizar a las empresas por tamaño y no por conducta en la industria de las telecomunicaciones, condenando a unos y privilegiando a otros.

Debe de ser motivo trágico para los economistas leales a la ortodoxia de los principios del mercado, leer en la fracción tercera del artículo octavo transitorio de la reforma en comento lo siguiente:

“III. El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones, e impondrá las medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales. Dichas medidas se emitirán en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales contados a partir de su integración, e incluirán en lo aplicable, las relacionadas con información, oferta y calidad de servicios, acuerdos en exclusiva, limitaciones al uso de equipos terminales entre redes, regulación asimétrica en tarifas e infraestructuras de red, incluyendo la desagregación de sus elementos esenciales y, en su caso, la separación contable, funcional o estructural de dichos agentes.

“Para efectos de lo dispuesto en este Decreto, se considerará como agente económico preponderante, en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, a cualquiera que cuente, directa o indirectamente, con una participación nacional mayor al cincuenta por ciento, medido este porcentaje ya sea por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, por el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas, de acuerdo con los datos con que disponga el Instituto Federal de Telecomunicaciones” [énfasis añadido].

Fue así como se consumó desechar de la práctica de la autoridad el riguroso análisis que exige la aplicación de los conceptos de “poder sustancial” y de “mercado relevante”. En cambio, fueron sustituidos por una vergonzosa regla de “mayor al 50 por ciento”, contabilizándolo “con los que se tenga a mano”. De esta manera, se desechó el ejercicio analítico de definir el mercado relevante.

No pudo ser más simple y a la vez más errada tal disposición en la reforma. No cabe duda de que la arrogancia de las reglas discrecionales desplaza la cabalidad del análisis riguroso que implican los conceptos económicos elaborados desde la teoría hasta su aplicación, siguiendo el rigor del método científico. Aún es peor que quienes los desecharon sustituyéndolos por sus propios estándares fueron quienes pregonan tomar como ejemplo “las mejores prácticas internacionales”.

La discusión de aplicar la “preponderancia” a un sector o a todos los servicios que cumplan con su “métrica” es la consecuencia inevitable de haber renunciado a la aplicación del concepto de “mercado relevante” y ser éste el que determine el ámbito de la eventual existencia o ausencia de “poder sustancial” o “dominancia” o, en sustitución de éstos, aplicar el simplismo vano del concepto de “preponderancia”.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tiene dos estándares disponibles para identificar agentes económicos a ser regulados: i) el de preponderancia, de acuerdo a la fracción III del artículo octavo transitorio, dado que los autores redactaron tal fracción refiriéndose a la radiodifusión y las telecomunicaciones como sectores y como conjunto de servicios; y ii) los criterios de mercado relevante y de poder sustancial, dado que el IFT, al ser autoridad en materia de competencia económica, debe referirse al contenido de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), conforme a la reforma al artículo 28.

Los criterios de la actual LFCE son semejantes a la de su predecesora respecto de la definición de mercados relevantes y las condiciones para que un agente económico pueda ser considerado con poder sustancial. Por lo tanto, el procedimiento para ello no requiere de discusión en la legislación secundaria si algún operador de redes de telecomunicaciones tenga que ser regulado por su “preponderancia” en un sector o por cada servicio, en su caso.

Sin embargo, las ambigüedades y, por lo tanto, la discrecionalidad, campean en donde la “preponderancia” tenga que ser por sector, dado que es lo más ajeno a lo que se pueda considerar un mercado. El criterio de “servicio” es lo más cercano a una aproximación de la definición de mercado relevante, dado que requiere que un servicio sea separable y, por lo tanto, identificable del resto de los servicios que se incluyen en un determinado sector, sea telecomunicaciones o radiodifusión.

Para darse cuenta de la magnitud del error de la redacción de las “sapientes” plumas de la reforma, baste recordar la clasificación del INEGI, desde la mayor agregación sectorial hasta la desagregación, donde se ubican los servicios de telecomunicaciones. Con ello se muestra lo erróneo y bizarro de las discusiones entre los legisladores en la Cámara de Senadores al respecto.

El INEGI, como organismo responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG), realizó la consulta pública a la Metodología del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN), como parte del proceso de actualización del clasificador para generar la versión 2013 del SCIAN.

El SCIAN México 2013 consta de cinco niveles de agregación: sector, subsector, rama, subrama y clase de actividad económica. El sector es el nivel más general; la clase, el más desagregado. El sector se divide en subsectores. Cada subsector está formado por ramas de actividad, las cuales se dividen en subramas. Las clases, por su parte, son desgloses de las subramas.

El orden de los sectores en el SCIAN tiene su base en la agrupación tradicional de actividades económicas en tres grandes grupos: actividades primarias, secundarias y terciarias. El primer sector corresponde a las actividades primarias, es decir, las relacionadas con el aprovechamiento de los recursos naturales. El segundo grupo de sectores comprende las actividades secundarias, mediante las cuales se efectúa la transformación de todo tipo de bienes, ya sea que éstos provengan del sector primario o del mismo secundario. El último grupo de actividades corresponde a las actividades terciarias, que se refieren al comercio y los servicios.

¿Dónde está el sector de telecomunicaciones y radiodifusión? De acuerdo al SCIAN, ni siquiera son sectores, sino que se ubican en las actividades terciarias de la economía en el Sector 51 “Información en medios masivos”, en el Subsector 515 “Radio y televisión” y 517 “Telecomunicaciones”, y se desagregan de la siguiente manera:

515

Radio y televisión

5151

Transmisión de programas de radio y televisión

51511

Transmisión de programas de radio

515110

Transmisión de programas de radio

51512

Transmisión de programas de televisión

515120

Transmisión de programas de televisión

5152

Producción de programación de canales para sistemas de televisión por cable o satelitales

51521 Producción de programación de canales para sistemas de televisión por cable o satelitales

515210

Producción de programación de canales para sistemas de televisión por cable o satelitales

517

Telecomunicaciones

5171

Operadores de servicios de telecomunicaciones alámbricas

51711

Operadores de servicios de telecomunicaciones alámbricas

517110

Operadores de servicios de telecomunicaciones alámbricas

5172

Operadores de servicios de telecomunicaciones inalámbricas

51721

Operadores de servicios de telecomunicaciones inalámbricas

517210

Operadores de servicios de telecomunicaciones inalámbricas

5174

Operadores de servicios de telecomunicaciones vía satélite

51741

Operadores de servicios de telecomunicaciones vía satélite

517410

Operadores de servicios de telecomunicaciones vía satélite

5179

Otros servicios de telecomunicaciones

51791

Otros servicios de telecomunicaciones

517910

Otros servicios de telecomunicaciones

Como se podrá observar, si la “preponderancia” fuera aplicable por sector, le correspondería al Sector 51, en el cual la radiodifusión y las telecomunicaciones están clasificadas como subsectores; el primero tiene dos ramas, dos subramas y cuatro clases; el segundo tiene cuatro ramas, cuatro subramas y cuatro clases.

Cabe señalar que dentro de cada clase pueden existir varios servicios, los cuales pueden o no ser sustitutos entre sí, es decir, servicios que compitan o no compitan mutuamente. Es de observarse que esta clasificación, aunque adecuada en términos de Cuentas Nacionales, es inadecuada para determinar poder sustancial o su concepto degenerado conocido como “preponderancia”, dado que no corresponde a lo que la regulación tiene como objetivo: impedir el ejercicio de poder sustancial o dominancia en un mercado relevante determinado

El mensaje de este artículo es ilustrar cómo un erróneo diseño en la reforma constitucional en telecomunicaciones, derivado de un objetivo ajeno a la precisión económica de los principios elementales de la regulación, derivará, de no corregirse en la legislación secundaria, en errores aún mayores con efectos adversos en la industria de las telecomunicaciones, que ahora converge con la radiodifusión.

En el futuro los subsectores 515 y 517 se fusionarán en “servicios de información”, gracias a la convergencia que trae el cambio tecnológico y que todavía es un privilegio exclusivo para algunas redes ofrecerla en México.

Ahora que algún legislador del Senado reconoce que vivir es errar, es necesario recordar que en la labor legislativa es más valioso evitar una mala ley que aprobar una buena. Como decía Cicerón: “Cuiusvis est errare; nullius nisi insipientes, in errore perseverare”(“Errar es propio de todo hombre; pero persistir en el error, de nadie, sino de los necios”).

Ifetel debe sancionar relación Telmex-Dish ante evidencia: Soria

Sin Embargo

30 de Junio de 2014

La evidencia que presenta el oficio de presunta responsabilidad emitido por la unidad de competencia económica del Ifetel es tan contundente que el órgano regulador tendrá que declarar la concentración indebida entre Telmex y Dish, aseguró el presidente del Idet, Gerardo Soria. “Veo difícil que cualquier documento que presenten estas empresas en su defensa desvirtúe lo que señala ese oficio, es prácticamente un hecho que la presunta responsabilidad será ratificada como una responsabilidad por el Ifetel, no encuentro cómo podrían defenderse”. En entrevista con Notimex, el presidente del Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones (Idet) enfatizó que Telmex y Dish debieron notificar una nota en términos de la Ley Federal de Competencia Económica, ya que la cantidad que Telmex invirtió en Dish excede el umbral más alto establecido. “Si bien no hubo una inversión directa en el capital social de Dish por parte de Telmex, lo que sí hicieron fue celebrar varios contratos a través de los cuales Telmex otorga el financiamiento para el inicio de operaciones de Dish y pone a su disposición su red de distribución y los servicios de cobranza a precios muy inferiores a los que cobra”. Soria refirió que de acuerdo con el oficio del Ifetel, la relación Telmex-Dish no es sólo de facturación y cobranza, sino que la empresa propiedad de Carlos Slim tiene el control de la firma de servicios de televisión satelital. “La primer violación fue no haber notificado, la segunda es haber presentado información falsa o incompleta, ya que se reservaron los contratos en donde se podía ver que Telmex controla Dish”. Una vez que el órgano regulador determine la existencia de una concentración indebida, la primera consecuencia legal que estas empresas tendrían sería la imposición de una multa con base en un cierto porcentaje de sus ingresos brutos anuales y la obligación de separarse. “Probablemente el Ifetel se quede solo en la multa, porque la unidad de competencia económica analizará los efectos en el mercado de esta alianza, puede llegar a ser en un caso extremos que considere que esto no tuvo efectos anticompetitivos y les permita seguir asociados pero que les imponga una multa grande”, indicó. Soria señaló que en caso de determinarse que estas empresas incurrieron en una simulación de actos jurídicos, otro efecto regulatorio sería la revocación de sus títulos de concesión, ya que se estarían beneficiando de manera indebida de la regla de gratuidad en materia de retransmisión de contenidos de televisión abierta. En opinión del especialista, los presidentes de la anterior Comisión Federal de Competencia (CFC) y la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) fueron omisos en su desempeño. El 7 de abril de 2011 Televisa presentó ante la entonces CFC una denuncia por concentración indebida de Telmex y Dish; sin embargo, un año después se resolvió el caso y se rechazó la denuncia de Televisa. “Se conformaron con lo que Telmex y Dish les dijeron, con eso cerraron su expediente y lo mandaron al archivo, no hicieron una investigación por su cuenta ni una visita de inspección como correspondía”. Por ello, subrayó, es conveniente que tanto los presidentes de los entonces órganos reguladores y los funcionarios directamente responsables del caso sean investigados por los órganos internos de control tanto de la nueva Comisión Federal de Competencia Económica como del Ifetel.

Asociación Telmex-Dish debe disolverse: expertos

El Financiero

Ana Martínez

30 de junio de 2014

Expertos señalaron que era obvio que el IFT resolvería que existe una concentración entre Dish y Telmex y consideraron que la asociación debe disolverse. Los castigos que se podrían imponer son la revocación de los títulos de concesión, una multa o eliminar los contratos.

La asociación entre Telmex y Dish debe disolverse luego de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) concluyó que existe una concentración entre ambas empresas, consideraron expertos del sector.

“Era evidente que el IFT iba a resolver en este sentido porque los contratos que salieron a la luz dejaban claro que toda la intención detrás de esta simulación era otorgarle el control de Dish a Telmex”, opinó Gerardo Soria, presidente del Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones.

En la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, promulgada el año pasado, se estableció que una concentración no notificada a las autoridades, que tenga efectos adversos a la competencia, deberá ser disuelta.

Otras de las penalizaciones a las que podrían hacerse acreedores Dish y Telmex son una multa y la revocación de su título de concesión.

“Cuando un agente preponderante abusa, miente y falsea información, afecta la operación de los demás jugadores”, comentó Ernesto Piedras, socio director de The Competitive Intelligence Unit.

Según los expertos, la revocación de los títulos de concesión, se aplicará a cualquier operador preponderante que se beneficie de manera directa o indirecta de la gratuidad del must offer, must carry.

En tanto que la imposición de una multa, en términos de la Ley de Competencia Económica, se establecerá dependiendo de la gravedad de la falta cometida. “Si el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica concluye que Telmex y Dish mintieron y realizaron una concentración indebida, podría imponerles una multa”, dijo Soria y agregó que también hay una violación al título de concesión de Telmex, el cual le prohíbe prestar servicios de TV de forma directa o indirecta.

QUEBRANTARON LA LEY, DICE TELEVISA

Grupo Televisa, una de las empresas que solicitó al IFT investigar la asociación Telmex-Dish a raíz de que El Financiero reveló documentos sobre el tema, consideró que ambas firmas cometieron un ‘fraude a la ley’.

“Nos preocupa el grado de simulación que han mostrado a lo largo de los años Telmex y Dish, cometiendo un claro fraude a la ley, en perjuicio de la competencia y de los consumidores”, dijeron fuentes de la empresa.

PIDEN REVOCAR CONCESIONE

El presidente de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, Federico González, consideró que si el IFT ya registró una ‘concentración indebida’ entre Telmex y Dish, la Constitución lo obliga a tomar una ‘grave y difícil decisión’ de retirar la concesión a ambos agentes económicos.

“En caso de que una empresa preponderante, como es Telmex, obtenga un beneficio con la gratuidad de la TV abierta, como lo hizo con Dish, está sujeta a la revocación de su concesión”.

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, dijo que “es un tema delicado, que tiene que quedar claro”.

A su vez, Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, emplazó al IFT a entregar a los senadores un informe sobre el tema Dish-Telmex.

“Estas prácticas nos abren los ojos para que al dictaminar las leyes secundarias abarquemos todos los supuestos y escenarios”, expuso.

Con información de Víctor Chávez y Rivelino Rueda

Niega Dish que Ifetel resolviera si hay concentración prohibida con Telmex

La Jornada Nacional

1 de julio de 2014

Miriam Posada García

Dish México desmintió que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) haya declarado que existe un concentración prohibida entre esa empresa y Teléfonos de México (Telmex).

Telmex se reservó fijar su postura sobre el caso, al igual que el Ifetel, de donde habría salido un documento de 203 cuartillas de la investigación que sigue en curso, y sobre la que los comisionados siempre han argumentado que no pueden hablar hasta que concluya y los involucrados hayan sido notificados.

Dish México puntualizó que el documento que recibió en mayo pasado del Ifetel consiste en un oficio de presunta responsabilidad (OPR), que es un instrumento definido por la Ley Federal de Competencia Económica en el que se realizan imputaciones presuntivas de una unidad administrativa de la autoridad.

Destacó que los señalamientos hechos por el órgano regulador no implican pronunciamiento alguno sobre la investigación que realiza, y mucho menos existe una resolución en la que se concluya responsabilidad de alguna de las empresas.

Señaló que existen múltiples oficios de presunta responsabilidad, sobre los que el Ifetel no ha resuelto, como es el caso del notificado a empresas de Grupo Televisa bajo el expediente E-IFT-UC/DGIPMR/ 001/ 2013, en el que se les imputa presuntivamente la comisión de prácticas monopólicas relativas consistentes en ventas atadas.

La investigación iniciada por el Ifetel es resultado de la aparición de diversos contratos en los que presumiblemente Telmex adquiriría participación accionaria de Dish e incluso podría comprarla, por lo que empresas como Televisa y Televisión Azeca a través de subsidiarias solicitaron al Ifetel que iniciara el proceso, toda vez que la relación entre Dish y Telmex presumiblemente no era sólo de facturación y cobranza.

Cada vez que el caso se ha vuelto a colocar en la mira pública Telmex y Dish, por separado han sostenido que sólo tienen una relación comercial, y que sí se informó que en algún momento Telmex podría tener participación accionaria si se cumplían una serie de condiciones.

En esta ocasión Dish precisó que el OPR que recibió del Ifetel en ningún momento imputa a esa empresa la comisión de prácticas anticompetitivas.Por el contrario, la unidad de competencia del Ifetel reconoce que la conducta de Dish en el mercado de televisión restringida ha sido notablemente pro-competitiva y favorable a los suscriptores, descartándose con ello cualquier imputación de prácticas monopólicas relativas o concentraciones prohibidas por la ley.

Dish insistió en que con Telmex sostiene únicamente relaciones de carácter mercantil o comercial. Telmex no es socia, no es accionista, no cuenta con directivos ni dispone de mecanismo alguno de influencia en la administración de Dish.

Parte de la discusión sobre este caso se refiere a que Telmex y Dish no habrían entregado información completa a la entonces Comisión Federal de Competencia, que encabezaba Eduardo Pérez Motta y que aprobó la relación comercial. Y también tiene como punto conflictivo que si Telmex fuera socia de Dish, esta empresa no podría tener el beneficio de gratuidad al que tienen derecho los concesionarios de televisión restringida que no son preponderantes al momento de transmitir las señales de televisión abierta de Televisa y Televisión Azteca.

Telecom: Un arcón de regalos para Televisa

Homo Zapping

30 de junio de 2014

Javier Corral.

El gobierno y sus aliados en el Senado de la República han decidido convocar a periodo extraordinario para aprobar la legislación secundaria en Telecomunicaciones, esta primera semana de julio. El proyecto es, presumiblemente, reglamentario de la reforma constitucional que se promulgó hace un año, pero en realidad en muchos aspectos es contrario a ésta. Se trata de una contrarreforma en su sentido más literal y jurídico: traiciona en sus objetivos más importantes el espíritu y la letra de la reforma constitucional que se presentó ante el mundo como el fin de los monopolios mediáticos, pero terminará fortaleciéndolos; es regresiva porque reduce varios de los principios constitucionales y otros francamente los ignora. Lo que viene es un golpe a la Constitución, se le vacían sus mandatos en la legislación.

La más reciente versión de ese proyecto confirma el fracaso del Estado para imponerse sobre los poderes fácticos. Es un estado fallido el que se descubre al leer las disposiciones que vuelven a otorgar a Televisa un arcón de regalos. La debilidad de una clase política que intentó enfrentar los monopolios mediáticos a través del consenso partidista en el Pacto por México, pero se dobló a la mitad de la jornada y no pudo consumar su valor en las leyes que concretan la voluntad. Son varias las razones que explican el sometimiento al poder de las televisoras.

Es increíble el desdén y la arrogancia de la clase política frente a la protesta y la exigencia sociales. Se insiste en mantener los aspectos más nocivos de esa contrarreforma presentada formalmente por Peña Nieto y diseñada por el monopolio televisivo.

El Frente por la Comunicación Democrática enlistó las regresiones y ausencias. Los derechos de las audiencias son muy limitados y deja a la autorregulación de los medios su cumplimiento. Vuelven a estar ausentes derechos básicos como el de réplica. En un absurdo legislativo se pretende que el IFT elabore lineamientos para su incorporación en los códigos de ética de los medios y propone sancionar a los defensores de las audiencias. El Estado no puede imponer a nadie una ética, y en todo caso las sanciones deben establecerse a los concesionarios de los medios, no a los defensores. Se violenta el artículo 28 de la Constitución al devolverle a la Secretaría de Gobernación la vigilancia y sanción en materia de transmisión de contenidos en radio y televisión, lo que de manera exclusiva y directa se le otorgó al órgano regulador autónomo y para lo cual la Constitución creó un consejo consultivo, previsto en el artículo 6°.

Contrastante con la forma en que se desconoce el legítimo derecho de los medios públicos y sociales para vender espacios publicitarios, así sea en mínima proporción de su programación, a la radiodifusión comercial se le incrementan a nivel de desvergüenza los tiempos de comercialización, un auténtico atentado contra las audiencias. Podrán pasar, particularmente la televisión, del actual 18% que tienen como límite, hasta un 38% o más del tiempo total de la programación, así como les dejan a su discrecionalidad la distribución de estos porcentajes en los horarios que a éstos más convengan. Y obviamente sin sanción alguna la propaganda presentada como información.

A la Secretaría de Gobernación deja el proyecto la administración de los Tiempos de Estado, cuando habíamos avanzado en una distribución proporcional y descentralizada, tanto por los Poderes de la Unión, como por los órganos constitucionales autónomos.

La gran ausencia del proyecto gubernamental, es la falta de un capítulo específico para los medios públicos que desarrolle de manera amplia y precisa los principios constitucionales establecidos en el artículo décimo transitorio del decreto, en cuanto a que deben contar con independencia editorial, autonomíaa de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas, defensa de sus contenidos, opciones de financiamiento, pleno acceso a tecnologías y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales.

Y lo que fue pensado en el artículo sexto de la Constitución para ser un Sistema Público de Radiodifusión – para desplegar y operar al menos una cadena pública de televisión y una de radio, ambas con cobertura en todo el territorio nacional,- a la par de países del mundo democrático, está a punto de convertirse en un nuevo instrumento oficial del gobierno para desplegar sus afanes propagandísticos y de control informativo. Se le pone bajo el control del gobierno federal la dirección, gestión y operación de este importante organismo.

El titulo más regresivo del proyecto gubernamental es la ausencia de medidas efectivas para generar una mayor competencia, pluralidad y diversidad de medios; están ausentes los criterios y procedimientos para la desconcentración de frecuencias y reglas a la propiedad cruzada de medios, en sentido totalmente contrario a lo establecido en el artículo 28 de la Constitución. El proyecto es claramente protector de Televisa. La clave esencial se encuentra en la tramposa definición del concepto de preponderancia (el tamaño de la concentración que un agente económico tiene en un determinado mercado) para que sea definido por servicios y no por sectores, y a partir de ello se le puedan imponer las medidas necesarias para partirlo en su caso, o someterlo a una competencia efectiva.

El gobierno y Televisa quieren que sólo haya un preponderante por sector: uno para telecomunicaciones y uno para radiodifusión. El sector de las telecomunicaciones es en realidad un conjunto de servicios que son operados por distintos agentes: telefonía fija, móvil, internet y TV de paga. En radiodifusión: radio y televisión abierta. Esta pretensión tiene el propósito de proteger claramente a Televisa para dejarla libre de regulación en la televisión de paga donde tiene más del 60% de suscriptores, sumada la televisión satelital y por cable.

Bajo el concepto de “sector” Televisa no podría ser declarada preponderante ni en Televisión abierta, porque el criterio con el que se le mediría su tamaño es el de audiencia, y no tiene más del 50% de ese conjunto de servicios. Pero la protección es tan descarada que en el caso de que se le declarara preponderante en radiodifusión, las medidas que se le imponen no resisten la prueba de la risa, entre ellas la gravosa obligación de “acatar las disposiciones de la presente ley”. El proyecto es absolutamente desigual de la manera en que regula al preponderante en telecomunicaciones, a quien le impone las medidas necesarias, pero no así a los agentes preponderantes en radio y televisión.

En el arcón de regalos para Televisa con el que Peña Nieto quiere reforzar su hipoteca mercantil, se omiten criterios específicos para el establecimiento de reglas a la propiedad cruzada de medios, esto es, límites al acaparamiento de las distintas plataformas de transmisión de contenidos; en el capítulo de multiprogramación, que se refiere a la eventual autorización de señales adicionales a los mismos concesionarios, se les exenta del cobro obligatorio de una contraprestación, y no se desarrollan criterios para atender las condiciones de concentración en la zona geográfica de cobertura que corresponda, el derecho a la información de la ciudadanía en términos de la diversidad y pluralidad de medios, conforme lo dispone el artículo Tercero transitorio de la reforma constitucional.

La botella de Champagne en el Arcón, es el artículo noveno transitorio del proyecto, y es un “Taste of Diamons”. Cuando era un artículo sustantivo de la iniciativa lo bauticé como la “Cláusula Cablecom”, porque estaba dedicada la disposición a autorizarle a Televisa terminar de ejercer la compra de la empresa de Televisión de Cable así llamada. Ahora le hemos llamado “Cláusula Cablecom Reforzada”, porque le permitiría concentrar en ese mercado hasta el 100%. Constituye una inadmisible excepción al régimen de competencia económica, y se trata de uno de los frutos de la negociación entre un grupo de senadores del PRD y el Gobierno, aunque todavía no se logra saber quién fue específicamente el autor, ni quien puso la propuesta en la mesa.

Pero es inadmisible porque no puede haber regímenes de excepción en el tema de concentración de mercados, siempre debe existir autorización previa del Instituto. Es incongruente señalar que un requisito “para irse por la libre” es que no tenga por efecto disminuir, dañar o impedir la libre competencia y concurrencia. Cualquier concentración tiene un efecto negativo en la libre competencia.

Otras ausencias y achicamientos dan ventaja también a la Televisora en la que Peña Nieto inventó su imagen, construyó su candidatura y se hizo de la Presidencia. Contrario a lo que dispuso la Constitución de garantizar en la ley medidas para fomentar de manera efectiva la producción nacional independiente, el proyecto le da la vuelta con una definición de productor independiente que sirve para que las filiales o subsidiarias del duopolio se beneficien de la regla que les incrementa el tiempo de comercialización a quienes contraten al menos el 20% de la programación total a productores independientes.

Está pues planteada la batalla que viene, y el duro golpe que se anticipa a la Constitución. Por supuesto que el gobierno aprovechó la profunda división que las bancadas del PAN y el PRD tienen en el Senado con sus respectivas dirigencias nacionales y entre sí, para abrir flancos de negociación con algunos senadores, y no con los partidos. Buscó donde conseguir las negociaciones más baratas, y las obtuvo.

Cuando el PAN y el PRD quisieron retomar la negociación, reinstalando una mesa central, ya el gobierno había ganado la partida, porque no sólo tenía ya la mayoría con la oferta de votos de varios senadores del PAN que le ha hecho el Senador Javier Lozano – defensor a ultranza de Televisa -, sino habían conseguido algo mucho más importante, enviar el mensaje de que ya tenían al PRD – vía Miguel Barbosa – dándole el añorado toque de pluralidad al proyecto. De hecho, ese flanco de negociación perredista, sirvió de pretexto para afianzar la postura del grupo de Lozano y apresurar las cosas.

La mesa central, participando directamente los Presidentes nacionales de PAN y PRD, ya no pudieron mayor cosa, ni siquiera rescatarle al IFETEL sus facultades exclusivas y directas. Con las manos vacías, y arreciada la presión de las televisoras sobre ellos, Gustavo Madero se echó para atrás, mientras que Jesús Zambrano sacó la casta. Madero emitió un engañoso comunicado sobre el tema de la preponderancia, en donde ahora resulta que para él, estamos ante “un grave dilema”, “un intrincado tema técnico”, cuando la Constitución claramente señala servicios. A partir de la existencia de un “dilema”, en la que él se inclina por servicios, no hizo ninguna recomendación a los legisladores, aceptando que ambas partes tienen razón. Una pueril autorización para que algunos senadores panistas le den mayoría al gobierno en su contrarreforma.

Las televisoras están ganando nuevamente la batalla. Lo han logrado a través de senadores que son sus empleados y de otros que quieren la protección de su pantalla en relación con sus aspiraciones políticas futuras, el gobierno obtiene lo planeado: hacer cambios cosméticos al proyecto y dejar intocados los temas esenciales del acuerdo con Televisa. Saldrá un proyecto reforzado en regalos para Televisa, no importa que Enrique Peña Nieto haga el ridículo del sexenio como “salvador de México”, el que ofreció combatirlos y a menos de dos años de gobierno los vuelve a fortalecer. Frente a este panorama lo reitero: el regreso del PRI al poder confirma la regresión autoritaria tan temida, pero la mayor tragedia es la falta de una verdadera oposición frente a ello.

Buscan presionar a Telmex por caso Dish

El Universal

Carla Martínez

1 de julio de 2014

Las autoridades buscan presionar a Telmex para que ceda ante las obligaciones que le serán impuestas en la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones con la resolución que afirma la existencia de una alianza entre la empresa y Dish, dijeron analistas.

Este lunes se filtró un dictamen confidencial que el regulador entregó a Telmex y a Dish informándoles que su relación iba más allá de una alianza comercial. “Hay dos vertientes: presionar a Telmex para que negocie el tema de infraestructura y demás obligaciones, y que se abstenga de sus litigios”, citó José Luis Benavides, abogado especialista en telecomunicaciones.

La iniciativa del Ejecutivo de ley secundaria para el sector enlista una serie de regulaciones en materia de telecomunicaciones que Telmex debe acatar en cuanto a la compartición de infraestructura, tarifas, información e interconexión, de las cuales depende su entrada a la televisión de paga, la cual se verá condicionada y afectada por la resolución mencionada.

“Este oficio va a ser sujeto de negociación política con Telmex y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el gobierno para que pueda avanzar la ley de telecom, que sigue atorada”, subrayó Benavides. Además, indicó que si la resolución definitiva indica una alianza Telmex-Dish, pueden contemplarse multas y hasta la revocación de los títulos de concesión de las empresas.

Sin embargo, la investigación se realiza antes de que entre en vigor la nueva ley, con lo que las empresas se defenderán conforme al actual marco legal. El IFT fue consultado al respecto y comentó que, por ley, no puede pronunciarse sobre un asunto que se encuentra en investigación y lo hará hasta que el proceso concluya.

Clara Luz Álvarez, ex comisionada de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones, destacó que se debe investigar la filtración de información confidencial de las empresas que está realizando un servidor público del Instituto. Explicó que no es una casualidad que se haya filtrado este dictamen por el momento de discusión que se vive sobre la ley secundaria en telecom. Telmex fue consultado pero no hizo comentarios, mientras que Dish negó nuevamente tener una relación más allá de lo comercial con Telmex.

Perfilan que el Ifetel decida preponderancia

El Universal

Alberto Morales y Carina García

1 de julio de 2014

El proyecto de dictamen de las leyes secundarias de telecomunicaciones —que será discutido a partir de mañana en comisiones del Senado— perfila a que sea el Instituto Federal Telecomunicaciones (Ifetel) el que determine si es por sector o servicio la preponderancia de una empresa en el mercado.

Contempla que Telmex entre a la televisión restringida si cumple por 18 meses con las condiciones del órgano regulador y de no hacerlo, habrá un plazo máximo de cinco años para ello. De acuerdo con legisladores que participan en la construcción del dictamen, en el caso de las multas y sanciones, se plantea una reclasificación que va desde amonestaciones públicas hasta 6% de los ingresos del concesionario.

En el caso de los medios permisionarios sociales, se plantea que éstos no puedan comercializar sus espacios ni recibir patrocinios, pero que tengan ingresos vía donativos, venta de bienes y servicios propios o bien, que tengan una asignación presupuestal, afirmó el senador Javier Lozano Alarcón (PAN), presidente de la Comisión Comunicaciones y Transportes.

El tema de la preponderancia sigue confrontando el interior de los grupos parlamentarios. En el PAN, senadores como Lozano y Roberto Gil dijeron que esto ya fue definido en la reforma constitucional. “La preponderancia aparece en un régimen transitorio, que mandata al Ifetel a determinar si en los sectores que tengan ciertos servicios en telecomunicaciones y radiodifusión, uno es preponderante, eso ya sucedió”, dijo Gil Zuarth.

Por sector: PRI

El senador Omar Fayad (PRI) coincidió con esa postura al asegurar que su partido defenderá que la preponderancia se defina por sector y no por servicio. “Hay quienes luchan por ver si se puede hacer algo por servicio, porque se verían algunas empresas beneficiadas. Pero nosotros no atendemos a los empresarios, sino a los usuarios. Estamos estableciendo reglas generales y claras, y no llevan dedicatoria de nadie”.

El coordinador del PRD, Miguel Barbosa, dijo que no tienen acuerdo sobre el tema, luego de que por dos días han revisado los artículos y no descartó votación divida. Hoy, los panistas se reunirán con diputados federales como Juan Bueno Torio y Juan Pablo Adame, así como con su presidente nacional Gustavo Madero Muñoz.

Anoche, los perredistas continuaban analizando artículo por artículo su proyecto de dictamen. El PAN en el Senado insistió en que si los estados no armonizan sus leyes a la reforma político-electoral, no votará las leyes secundarias de la reforma energética y llevarían el tema hasta el próximo periodo ordinario de sesiones, en septiembre.

El coordinador Jorge Luis Preciado afirmó que no se trata de regresar o no a las mesas de discusión, sino de cumplir lo establecido. Hasta ayer, fecha en que vencía el plazo para la armonización, sólo Nuevo León y Jalisco no habían concluido el proceso para adecuar sus leyes electorales, aunque aún podrían concretarse esas enmiendas locales hasta el domingo 6 de julio.

El líder nacional del PRI, César Camacho, acusó una “actitud irresponsable y caprichosa del PAN”; responsabilizó a los legisladores de ese partido en los congresos de Nuevo León y Jalisco de que no lleguen a concretarse las reformas. Dijo que el PAN ha insistido en la urgente armonización en las 17 entidades, por lo que al bloquearla en Nuevo León y Jalisco revela “el doble discurso del PAN, que no es demócrata, si la democracia no responde a sus intereses”.

¿Qué es la polémica definición?

El Universal

Redacción

1 de julio de 2014

La preponderancia es cuando una empresa de radiodifusión o de telecomunicaciones tiene más de 50% en el sector en términos de su cobertura, mercado, clientes o ingresos. Esta definición sirve para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), organismo encargado de regular el ramo, determine cuando una empresa es preponderante y con ello aplique una serie de obligaciones que le impondrá para evitar que mantenga la concentración del mercado y se fomente la competencia. La especialista Irene Levy, presidenta del Observatorio de las Telecomunicaciones (Observatel), explicó —en un análisis publicado en este diario el pasado 28 de junio— que la preponderancia no sanciona a una empresa, de lo que trata es de que se impongan medidas para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales. La preponderancia fue una herramienta que se creó con el objetivo de disminuir la enorme concentración que existen en los sectores de telecomunicaciones y de radiodifusión.