Libertad de expresión
Censura
Denuncian medios que Evo los “asfixia”
El Universal
EFE
22 de agosto de 2016
La Paz.— La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), que agrupa a la mayoría de los diarios del país, denunció ayer que los rotativos “con independencia editorial” son víctimas de una “asfixia publicitaria” por parte del gobierno del presidente Evo Morales.
La ANP señaló en un comunicado que el Ejecutivo “dispuso la suspensión de la publicidad estatal a los diarios con independencia editorial”, con lo que se consumó “un nuevo atropello a la libertad de expresión” y se ha puesto en riesgo la fuente laboral de “cientos de periodistas, personal administrativo y de talleres de imprenta”. “Lamentamos que una extendida campaña dirigida a desprestigiar el trabajo responsable de nuestros medios asociados se transforme en una agresión económica a manera de castigo contra el ejercicio de un periodismo alentado por la búsqueda de la verdad”, indicó en el escrito la ANP.
Mencionó, además, que la exclusión de estos medios de recibir anuncios publicitarios de entidades estatales vulnera la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2000.
Para la ANP, esta medida es una consecuencia “del trabajo transparente cumplido antes, durante y después” del referéndum del pasado 21 de febrero, en el que los bolivianos rechazaron una reforma constitucional para permitir que Evo Morales vuelva a ser candidato presidencial en 2019.
El mandatario y otros dirigentes del gobierno y de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), atribuyeron su derrota electoral, la primera en 10 años, a una supuesta “guerra sucia” en las redes sociales durante la campaña.
El Ejecutivo también ha acusado a la oposición, a Estados Unidos y a algunos medios y periodistas de conspirar para que Morales perdiera en la consulta.
Libertad de expresión
Agresiones contra periodistas o medios
Homo Zapping
Artículo 19
21 de agosto de 2016
José Luis Montenegro, corresponsal en México de The Guardian, fue amenazado días después de que informara sobre la existencia de un departamento de lujo a nombre de la primera dama Angélica Rivera en un complejo residencial de un contratista del gobierno mexicano.
El periodista dijo a ARTICLE 19 que el 12 de agosto por medio de Twitter fue mencionado por el usuario @jovenplacebo, ahora inexistente: “Joven @jl_montenegroj el jefe ha solicitado MESURA en sus textos, esto de antemano para que nadie salga lastimado (sic)”. El tuit incluía una imagen de dos balas.
Montenegro recibió otra amenaza el 15 de agosto, esta vez por parte del usuario @manuelpmane, quien le envió una imagen de una persona con pasamontañas y una pistola en la mano: “@jl_montenegroj pinche pseudoperiodista. Estamos sobre ti, la patrona ya dio la orden (sic)”.
El 9 de agosto The Guardian publicó una investigación periodística de Montenegro, en la que expone un posible conflicto de interés en el que se involucran la Presidencia de México, encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto, y el empresario Ricardo Pierdant.
En 2014, la empresa Biscayne Ocean Holdings LLC, propiedad de Pierdant, pagó la suma de $29,703.82 dólares por concepto de impuesto predial por un departamento ubicado en Miami, Florida, propiedad de la primera dama. De acuerdo con las fuentes citadas por Montenegro, Grupo Pierdant es una empresa que podría concursar en el Gobierno Federal por la construcción de puertos marítimos.
ARTICLE 19 reitera que la búsqueda, publicación y difusión de información que revelan posibles actos de tráfico de influencias, conflicto de interés y/o corrupción por parte de autoridades, debido al interés público que genera, es un discurso especialmente protegido por el derecho a la libertad de expresión y no debe estar sujeta a mecanismos de censura directa o indirecta como lo han sido las amenazas, ataques cibernéticos, inicios de procesos legales y actos intimidatorios en contra de periodistas y medios de comunicación.
En marzo de 2015, ARTICLE 19 se pronunció acerca de los continuos ataques contra la periodista Carmen Aristegui y su equipo de investigación, luego de la publicación del reportaje “La casa blanca de Enrique Peña Nieto“. Un año después, en junio, documentó el inicio de un proceso legal por daño moral por parte de la empresa MVS Radio en contra de la comunicadora y de la editorial Penguin Random House, a causa del supuesto perjuicio ocasionado a partir del prólogo del libro del mismo nombre.
En este contexto, los actos desplegados contra Montenegro se enmarcan en la respuesta especialmente virulenta contras las y los periodistas que revelan posibles actos de corrupción por parte de las autoridades de más alto nivel en México.
Debido a ello, ARTICLE 19 urge a las autoridades a garantizar la labor periodística de quienes investigan y revelan presuntos actos de corrupción de funcionarios públicos y el derecho de la sociedad a estar informada, especialmente sobre temas de carácter público.
ARTICLE 19 exige a las autoridades federales a llevar a cabo las medidas necesarias para salvaguardar la integridad del periodista.
ACTUALIZACIÓN 20/08/16: El periodista José Luis Montenegro valora, con la asesoría de ARTICLE 19, las acciones a tomar para garantizar su integridad. Su decisión hasta el momento es no incorporarse al Mecanismo de Protección, debido a que el reportaje que suscitó las amenazas se refiere a la esposa del jefe del Ejecutivo federal. Sin embargo, esto no cierra la posibilidad de que eventualmente se activen los medios institucionales previstos en la ley.
Es importante mencionar que ARTICLE 19 hizo de conocimiento al Mecanismo que la demanda hacia las autoridades federales de la presente alerta se enmarca en los deberes constitucionales generales que pesan sobre el gobierno de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, incluyendo obligaciones de abstenerse como de actuar positivamente para evitar el menoscabo de derechos humanos.
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