Libertad de expresión
Agresiones contra periodistas o medios
Twitter suspende otras 235 mil cuentas por promover el terrorismo
Sin Embargo
EFE
18 de agosto de 2016
Twitter anunció hoy la suspensión de otras 235 mil cuentas por promover el terrorismo en los últimos seis meses y condenó nuevamente el uso que se hace de la red social para hacer apología de acciones terroristas.
“El mundo es testigo de una nueva oleada de ataques terroristas mortíferos y abominables. Condenamos enérgicamente estos actos y seguimos comprometidos en eliminar la promoción de la violencia y el terrorismo en nuestra plataforma”, dijo Twitter en un comunicado.
La empresa californiana explicó también que ha ampliado el tamaño de los equipos que buscan cuentas que defiendan el terrorismo y la violencia, lo que ha permitido que se reduzca el tiempo de actuación a la hora de lidiar con esos problemas.
“En el futuro vamos a seguir invirtiendo tanto en tecnología como en otros recursos para afrontar este problema y actualizaremos los progresos que estamos logrando de manera regular”, añadió la red social en el mismo comunicado.
Desde que Twitter empezó hace un año a responder a las críticas por el uso que se hace de su plataforma para hacer apología del terrorismo y la violencia ha suspendido un total de 360 mil cuentas, según detalla hoy el periódico The New York Times.
La compañía se defiende de las críticas asegurando que no existe un “algoritmo mágico” que permita identificar contenido terrorista, pero añade que sigue trabajando con sus expertos para estrechar el cerco a los extremistas.
Libertad de expresión
Agresiones contra periodistas o medios
Artículo 19 denuncia amenazas contra corresponsal de The Guardian en México
El Economista
Redacción
19 de agosto de 2016
El corresponsal en México de The Guardian José Luis Montenegro fue amenazado vía Twitter debido a la reciente publicación de un artículo en el que da a conocer que un amigo del presidente Enrique Peña Nieto, Ricardo Pierdant, pagó el impuesto predial de una propiedad en el estado de Florida, en Estados Unidos, que se encuentra a nombre de Angélica Rivera, la primera dama.
De acuerdo con Artículo 19, el periodista fue amenazado a través de la red social Twitter, en la que el usuario @jovenplacebo lo menciona junto a una amenaza explícita: “Joven @jl_montenegroj el jefe ha solicitado MESURA en sus textos, esto de antemano para que nadie salga lastimado”. Al tuit lo acompaña una imagen de dos balas. El 15 de agosto, Montenegro recibió otra amenaza, ahora del usuario @manuelpmane: “@jl_montenegro pinche pseudoperiodista. Estamos sobre ti, la patrona ya dio la orden”, junto con una imagen de una persona con pasamontañas y una pistola en la mano.
En el año 2014, Biscayne Oceans Holdings LLC, cuyo principal accionista es Grupo Pierdant, pagó 29,703.82 dólares por concepto de impuesto predial de un departamento propiedad de Rivera, ubicado en Miami, Florida.
Artículo 19 es una organización dedicada a la defensa del derecho a la libertad de expresión y acceso a la información.
Libertad de expresión
Diagnósticos sobre libertad de expresión
CDHDF documenta violaciones al derecho de manifestación y el ejercicio periodístico
Aristegui Noticias
Redacción AN
19 de agosto de 2016
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la recomendación 11/2016 en la que exhortó a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a indemnizar a personas cuya libertad personal e integridad personal fueron vulneradas durante protestas ocurridas entre agosto y octubre de 2013.
Durante cuatro protestas sucedidas en ese lapso se documentaron violaciones a la libertad de expresión, la defensa de los derechos humanos, la libertad personal, al debido proceso y al libre ejercicio periodístico, informó este viernes la comisión.
“Se ha podido identificar el mismo patrón en la actuación de las autoridades; el cual consiste en realizar encapsulamientos, detenciones ilegales o arbitrarias, uso indebido y desproporcionado de la fuerza, incluso se han documentado casos de tortura”, dijo Perla Gómez Gallardo, titular de la Comisión.
De acuerdo con el organismo, durante las protestas realizadas el 1 de septiembre con motivo del primer informe de gobierno de Peña Nieto, los cuerpos de seguridad hicieron un uso indebido y desproporcionado de la fuerza en contra de manifestantes e impidieron la actividad de fotoperiodistas y ciudadanos que pretendían exhibir públicamente la forma en que se reprimía.
La CDHDF recordó que ha exhortado en cuatro ocasiones al congreso local para que derogue los delitos de ataques a la paz pública y ultrajes a la autoridad debido a que violentan el derecho a la libertad de manifestación y criminalizan su ejercicio.
“No obstante, la ilegalidad e ilegitimidad de dichos tipos penales, subsisten, aunque no contribuyen a la creación de una sociedad democrática, al restringir el derecho a la libertad de expresión“, aseguró Gómez Gallardo.
La Recomendación 11/2016 -explicó la presidente de la CDHDF- es el resultado de la investigación de dos expedientes de queja que corresponden a los actos de manifestación y protesta realizados el 31 de agosto (contra la Reforma energética), 1° de septiembre (con motivo del primer Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto) y 3 de septiembre de 2013 (con motivo de las detenciones realizadas el 1° de septiembre); así como la detención de una persona agraviada en relación con hechos ocurridos después de la manifestación del 2 de octubre de 2013 en la Agencia 50 de la PGJDF. En dichos expedientes se documentaron violaciones a la libertad de expresión en el ejercicio de la manifestación pública y el libre ejercicio periodístico, así como al derecho a defender los derechos humanos, al derecho a la libertad personal, a la integridad personal y al debido proceso.
Recomienda CDHDF a gobierno y delegaciones ordenar a ambulantes
Asimismo, la comisión emitió la recomendación 10/2016 a las autoridades delegacionales y a las secretarías de Gobierno, de Desarrollo Económico y de Seguridad Pública por omisión en el ordenamiento, supervisión y aplicación de la normatividad en el desarrollo del comercio informal en el espacio público de la Ciudad de México, argumentando que impacta a la calidad de vida de las personas que habitan y transitan en las zonas donde se ejerce.
“Es importante recalcar que este organismo no pretende descalificar ni mucho menos, criminalizar la actividad comercial descrita en la recomendación, sino que la misma sea debidamente regulada y ordenada, y que en los espacios públicos en que se realice, las autoridades mitiguen los impactos que se generan a las personas que habitan y transitan por ellos”, indicó Gómez Gallardo.
Libertad de expresión
Agresiones contra periodistas o medios
Amenazan a corresponsal de The Guardian que reveló propiedades de Angélica Rivera
Aristegui Noticias
Redacción AN
19 de agosto de 2016
José Luis Montenegro, corresponsal en México de The Guardian, fue amenazado días después de que informara sobre la existencia de un departamento de lujo a nombre de la primera dama Angélica Rivera, en un complejo residencial de Estados Unidos.
De acuerdo con la organización Artículo 19, el periodista comentó que el 12 de agosto por medio de Twitter fue mencionado por el usuario @jovenplacebo, quien advirtió: “Joven @jl_montenegroj el jefe ha solicitado MESURA en sus textos, esto de antemano para que nadie salga lastimado”. El tuit incluía una imagen de dos balas y posteriormente la cuenta fue borrada.
Montenegro recibió otra amenaza el 15 de agosto por parte del usuario @manuelpmane, quien le envió una imagen de una persona con pasamontañas y una pistola en la mano, diciendo: “@jl_montenegroj pinche pseudoperiodista. Estamos sobre ti, la patrona ya dio la orden”.
“En este contexto, los actos desplegados contra Montenegro se enmarcan en la respuesta especialmente virulenta contras las y los periodistas que revelan posibles actos de corrupción por parte de las autoridades de más alto nivel en México”, dijo Artículo 19 en un comunicado.
El 9 de agosto The Guardian publicó una investigación periodística de Montenegro en la que expone un posible conflicto de interés en el que se involucran Angélica Rivera, esposa del Presidente, y el empresario Ricardo Pierdant.
En 2014 la empresa Biscayne Ocean Holdings LLC, propiedad de Pierdant, pagó la suma de 29 mil 703 dólares por concepto del impuesto predial por un departamento ubicado en Miami, Florida, propiedad de la primera dama.
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