Transparencia y acceso a la información
INAI
Urge que el Senado apruebe la ley para proteger datos, afirma el Inai
La Jornada
Andrea Becerril
Domingo 24 de abril de 2016
El comisionado pide que el dictamen dé más fuerza a la regulación de información delicada
El comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) Francisco Javier Acuña Llamas consideró urgente que el Senado apruebe la legislación secundaria que permitirá a ese órgano tener competencia plena para intervenir en la prevención de “casos lamentables”, como la reciente filtración del padrón electoral mexicano, publicado en el sitio de Internet de Amazon.
Ojalá, agregó, que ese hecho, que permitió difundir en la red nombre y dirección de más de 87 millones de mexicanos, haga que los senadores cobren conciencia sobre la necesidad de avalar la Ley General de Protección de Datos, una de las normas reglamentarias de la reforma constitucional en materia de transparencia, pendiente de aprobarse en el Congreso.
Destacó que los acelerados cambios tecnológicos que se viven propician el surgimiento de hackers, de filtraciones y que se vulnere la seguridad de las bases de información del gobierno y de organismos autónomos.
Pidió a los senadores considerar incluso que en el proyecto de dictamen que discuten se dé más fuerza a la regulación de los “datos sensibles”, como los contenidos en el padrón electoral, con la finalidad de que se habilite correctamente a los responsables de esas bases a cuidarlas con esmero “y absoluta probidad”.
Además, solicitó habilitar correctamente a los supervisores de las bases de datos. En la coyuntura actual, explicó, el responsable del cuidado de la información contenida en el padrón es el Registro Nacional de Electores y lo será el Inai cuando entre en vigor la ley en la materia.
Expuso que tiene información de que el proyecto de dictamen va muy avanzado e incluye disposiciones relevantes, como dotar al Inai de medidas precautorias para prevenir, por ejemplo, que se inmovilice una base de datos, pero no estaría de más establecer acciones más exigentes para evitar que se vulnere el padrón de electores.
Presidente de la Comisión de Supervisión, Vigilancia, Verificación y Sanciones del Inai, Acuña Llamas dijo que reconoce al Congreso la aprobación reciente de la Ley General de Transparencia, que faculta a ese instituto en materia de acceso a la información, pero falta la ley que le dará la competencia en protección de datos no sólo en la administración pública federal.
Advirtió que el Inai “no está cruzado de brazos” respecto del Ejecutivo federal y sus dependencias, donde tienen plena competencia, pero con la Ley General de Protección de Datos, ese órgano garante podrá supervisar a otros sujetos obligados, entre ellos, el Instituto Nacional Electoral (INE), para evitar fugas o filtraciones similares a la reciente en Amazon.
Acuña Llamas recordó que ha habido otras fugas o robos de información contenida en el padrón electoral. Una de ellas en 2003, cuando el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) entregó a la Secretaría de Gobernación los discos con toda la información de los electores mexicanos –para elaborar la cédula de identidad– pero alguien la sustrajo y quedó en manos de Choice Point y del Departamento de Estado de Estados Unidos.
“En 2010 el entonces IFE reconoció que el padrón electoral estaba disponible en Tepito, junto con otras bases de datos importantes.”
Expuso que además de aprobar la ley, también es urgente que el INE elabore un reglamento para la protección del padrón electoral desde la perspectiva de la protección de datos personales.
Transparencia y acceso a la información
Diagnósticos sobre transparencia
Ley de transparencia: expectativas y nuevos retos
El Universal
24 de abril de 2016
Todo empezó con una sencilla adición de 10 palabras al artículo sexto de la Constitución, como parte de la reforma política que impulsó Jesús Reyes Heroles en 1977: El derecho a la información será garantizado por el Estado, fue la primera disposición normativa en la Constitución que refería un derecho relacionado con la información de interés público.
Si bien en un principio, la esencia de dicho derecho formó parte de una reforma electoral en la que los partidos fueron los beneficiarios directos, al contar con una garantía constitucional para difundir sus plataformas políticas en medios, también es cierto que al haberse integrado al capítulo de las garantías individuales, en el artículo que se refiere a la libertad de expresión, propició, con el paso del tiempo, que la SCJN modificará sus criterios previos, para establecer nuevos precedentes en favor de los derechos ciudadanos y en consistencia con los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte. Esta fue la manera en como evolucionó en un primer momento la transparencia y el derecho a la información en nuestro sistema legal.
En un segundo momento, tocó al Poder Legislativo desarrollar e impulsar el marco normativo de la transparencia, por medio de la creación de legislación secundaria y constitucional, lo que posibilitó la universalidad de ambos derechos, dado que se establecieron, por mandato de ley, nuevos principios, procedimientos e instituciones, encargadas de proteger el derecho a saber de la cosa pública, con las obvias limitaciones que impone la seguridad nacional y los datos de orden personal, que no tienen incidencia en el interés público.
Con ese espíritu se han creado todas las leyes de la materia desde 2002. Sin embargo, la realidad y las mañas han superado las buenas intenciones de legisladores y miembros de la sociedad civil que hemos participado en este esfuerzo para crear gobiernos más transparentes y, en consecuencia, más responsables frente al ciudadano.
Bajo el amparo de un federalismo mal entendido, diversos gobernadores, con los respectivos congresos locales, se aprovecharon de la autonomía política que tienen para la creación de legis-
lación que se deriva de la Constitución federal, para hacer caso omiso de los principios y obligaciones mandatadas en materia de transparencia. Si acaso, han simulado la creación de instituciones garantes a modo y cooptadas, lo cual ha hecho que la universalidad de un derecho fundamental quede notablemente limitada en algunos estados. Es claro que no son todos los gobernadores, pero las resistencias en favor de la transparencia se han manifestado en diversas ocasiones y maneras, lo que ha dado origen a un sistema asimétrico, en donde algunos estados en efecto garantizan la protección de este derecho y otros, lamentablemente, lo restringen pese a que la Constitución dice otra cosa.
Es por ello que se creó una ley general que fue aprobada el año pasado, con el fin de que toda autoridad en cualquier nivel y orden de gobierno respete y observe, de manera homogénea, los principios, derechos y obligaciones de ley.
Como complemento, el Congreso aprobó en días pasados una legislación que tiene como fin armonizar todas las disposiciones de orden federal con lo establecido por la ley general. Inicia un momento con retos de implementación, pero con las mismas expectativas ciudadanas frente al poder.
Si bien la tarea es colectiva y preponderantemente institucional, son los órganos garantes estatales y nacional los que tienen la mayor responsabilidad para hacer realidad la efectiva protección de un derecho clave para la democracia. Tienen las herramientas y las competencias. Esperemos que tengan la voluntad y la independencia.
Académico por la UNAM
Transparencia y acceso a la información
Diagnósticos sobre transparencia
Mural
Opinión invitada / Zoé Robledo
23 de abril de 2016
Las distopías se fundan en absolutos porque los extremos siempre acaban por construir caos. En su novela Las intermitencias de la muerte, Saramago se imagina un mundo sin muertos; caso contrario a la película Hijos del Hombre, donde Cuarón plasma una humanidad sin nuevos nacimientos. En su novela Sumisión, Houellebecq se imagina un país gobernado por sus minorías migrantes y Sergio Arau se imaginó Un día sin mexicanos. En todos los casos se confirma una regla: la preponderancia de extremos crea inestabilidad.
Hoy la distopía predilecta de muchos mexicanos es un país sin políticos. ¡Que se vayan todos! Tras décadas de escándalos políticos de corrupción e impunidad absoluta, la ciudadanía ha construido justificadamente un estigma. Pero ante la atractiva tentación de la desaparición de los políticos, vale la pena una reflexión: el mundo sin políticos es tan viciado como el mundo con un exceso de ellos.
Los vicios no vienen de la profesión sino de un sistema sin contrapesos, sin vigilancia y sin castigos. La diferencia entre los políticos mexicanos y los de países del primer mundo es que allá existen sistemas efectivos que les impiden hacer lo que en México el sistema tolera y fomenta. No se trata de un problema cultural sino sistémico. Como dijo el economista Daniel Kaufmann, “lo importante es cambiar los incentivos; un sistema que premia la anticorrupción y expone la corrupción. Esencialmente, cuando los incentivos cambian, la cultura puede cambiar rápidamente”. La solución a la impunidad política es arraigar a la clase gobernante a la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas.
El 15 de diciembre de 2014, en la entrega de la medalla Belisario Domínguez, propuse una idea: Declaración patrimonial en versión pública, declaración de impuestos de los últimos cinco años y declaración de intereses. Transparentar las motivaciones de los políticos e impedir que alguien entre con la intención de hacer negocios. En las últimas semanas 634 mil 134 ciudadanos han expresado no estar de acuerdo con la distopía de un país sin políticos. Estos ciudadanos creen que una medida para acabar con la corrupción pasa por redactar una buena ley que limite al poder: la #Ley3de3.
Hoy hay algo más: #Ley3de3 plus, documento que retoma el texto de la iniciativa ciudadana y agrega una nueva redacción construida a través de una nueva mayoría: PAN, PRD y organizaciones civiles. Los partidos de Oposición, en un momento pos-Pacto, y la sociedad como protagonista que decide y no sólo opina, van juntas en la defensa de una sola propuesta. El plus, además de las redacciones, es el consenso.
¿Con #Ley3de3 plus se resuelve todo? No. La otra parte está en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). En el entendido de que la corrupción no es un fenómeno individualizado sino fruto de redes estructurales, lo que se necesita para desmantelarla es un sistema. Este está conformado por una mesa de siete patas compuesto por la Auditoría Superior de la Federación, el Consejo de la Judicatura, la Secretaría de Control Interno, el Tribunal Administrativo, la Fiscalía Anticorrupción, el INAI y un Comité de Participación Ciudadana de 5 integrantes. ¿Quién lo preside y coordina? En el consenso de nueva mayoría (PAN, PRD, organizaciones) son los ciudadanos; electos de manera abierta, profesional y transparente, por un periodo de 6 años y serán compensados por su trabajo.
El modelo de vigilancia cívica se inspira de uno de los momentos más altos del diseño de instituciones en nuestro país: El IFE ciudadano y el IFE de notables. Cuando en México se robaban las elecciones, la solución fue darle poder a los ciudadanos. Hoy que el problema es la política con dinero y el dinero con la política, hay que retomar ese ejemplo.
La #Ley3de3 plus y el SNA ciudadano pueden ser el paso más importante para combatir la corrupción. Ante ello, el PRI y el Verde tienen dos opciones, o se unen a las exigencias ciudadanas suscribiendo esta propuesta o se oponen a ella. La disyuntiva es clara: decidir proteger a los ciudadanos o erigirse como los guardianes de las cosas como están.
El autor es Senador por Chiapas.
opinion@mural.com
.
.
.
Transparencia y acceso a la información
Diagnósticos sobre transparencia
Rechaza PRD aplicar 3 de 3 a particulares
El Universal
Juan Arvizu
24 de abril de 2016
Idea es una trampa contra iniciativa anticorrupción, dice Zoé Robledo
La bancada del PRD en el Senado rechazó la iniciativa 3 de 3 para particulares, por considerar el proyecto “una idea irrealizable” y señaló que en ningún momento ha estado en las propuestas de las organizaciones civiles promotoras del mecanismo anticorrupción para funcionarios públicos.
“Ninguna redacción plantea 3 de 3 para particulares, en ese sentido, no la apoyamos”, señalaron los legisladores, que en su evaluación calificaron la propuesta como “una trampa”.
Aseguraron que el mismo 3 de 3 para funcionarios tendría problemas para verificar la veracidad de las tres declaraciones —la patrimonial, fiscal y de intereses—, ya que se debe considerar el trámite de 128 senadores, 500 diputados, 32 gobernadores, el Presidente de la República, los miembros de su gabinete, todos los legisladores locales, los alcaldes, ministros de la Corte y órganos autónomos del Estado.
“Sólo revisar la veracidad de las declaraciones es un reto, por ello se plantea que dicho análisis sea aleatorio, y si se quiere agregar el trámite para particulares… eso más bien se aprecia como una trampa contra el mecanismo”, dijo el senador Zoé Robledo Aburto.
El legislador señaló que “aplicar a los particulares ese requisito es un sinsentido que no ha estado en la discusión, ni estará”.
La bancada del PRD, junto con la del PAN, respaldan la iniciativa 3 de 3, y se han confrontado con PRI y PVEM por esta propuesta, partidos que, en palabras del perredista, tratarán de dejar en la voluntad de los funcionarios la decisión de si sus declaraciones se hacen públicas o no.
Destacó que PAN y PRD, junto con las organizaciones de la sociedad civil, impulsan un proyecto al que llaman “3 de 3 plus”, que añade a la iniciativa ciudadana obligaciones que se sancionarían como delitos no graves, así como nueve tipos de corrupción.
Para el ataque a la corrupción, en “3 de 3 plus”, agregó, “metimos una directriz que tiene que ver con los funcionarios al frente de oficinas de atención ciudadana, en las que suele ocurrir corrupción cotidiana en trámites, como ‘mordidas’ cuando una persona solicita una licencia o permiso”.
En los tipos de corrupción, panistas y perredistas incluyeron una “cláusula antimoches”, que destaca la sanción a esta práctica realizada por diputados.
El “moche” se presenta cuando los legisladores, al gestionar recursos, prometen a una empresa darle una obra a cambio de dinero, comentó el senador perredista.
.
.
.
Transparencia y acceso a la información
Diagnósticos sobre transparencia
Transparencia y anticorrupción, ¿cómo lo arreglamos?
Excélsior
Francisco Javier Acuña
24 de abril de 2016
El periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión concluirá en breve y la percepción de la sociedad ubica los temas de transparencia y anticorrupción como el motivo principal de la concentración legislativa de estos meses. En cierta forma así ha sido, después de un largo y virtuoso proceso, la semana cerró con una nueva Ley Federal de Transparencia (LFT).
Con la nueva LFT la Federación cumplió con la exigencia de armonizar la ley de la materia con las exigencias de avanzada que establece la Ley General de Transparencia (LGT) que fijó como plazo el próximo 5 de mayo. En cambio, a menos de dos semanas sólo nueve congresos locales han hecho lo propio, sabemos que, por lo menos, en más de diez entidades federativas habrá, también, ley local alineada a la LGT (unas 20 de 33).
La Constitución ordena la creación de instrumentos normativos de vanguardia para culminar el sistema nacional de transparencia y acceso a la información pública y la conexión funcional de aquel con un Sistema Nacional de Anticorrupción.
En el contexto de esos apremios del Poder Legislativo federal, ante una sociedad civil organizada que ha dado una pertinaz batalla para conseguir que se legisle para poner diques a la corrupción, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) organizó el foro La Información en el Combate a la Corrupción. ¿Cómo nos arreglamos? evento coordinado por mi colega Joel Salas, excelentes mesas temáticas, un prestigiado elenco de panelistas y moderadores que articularon palabras e ideas para esbozar los lastres visibles y los invisibles de la corrupción en México.
En animado debate se vislumbró el fenómeno de la corrupción y sus más evidentes manifestaciones. Y como suele ocurrir en estos ejercicios, se presentaron gráficas y resultados de encuestas y mediciones, algunas alarmantes sobre la ubicación de México en la tabla de los países más corruptos.
Ahí se reconoció y fue unánime que la corrupción no es una cuestión cultural, o sea irremediable, por radicar en el ADN de los mexicanos, lejos de ello, la corrupción entre muchos otros factores aflora, expande y arraiga y es un freno a la potencia de la sociedad, un impuesto al desarrollo humano y por tanto una hipoteca gravosa a la democracia, sus costos pesan como una densa losa sobre la conciencia nacional que ofuscada pudiera convencerse de ser la corrupción un maleficio insuperable.
Tampoco es cierto que la transparencia conduzca en automático a la anticorrupción. La transparencia no es destino en sí mismo, debe tener una justificación socialmente útil y en esa dimensión es que se debe concluir la hazaña legislativa que implica el bloque de leyes o instrumentos normativos en que se sustenta el SNA.
Sin embargo, la agenda legislativa en el Senado se ha trabado por las diferencias que entraña el #3de3.
Lo que confronta visiones parlamentarias son algunas de las condiciones jurídicas que implicarán la obligatoriedad del #3de3 y su extensión al funcionariado público y a otros agentes estatales (habilitados por autorizaciones y concesiones públicas).
Después de escuchar posiciones de los coordinadores parlamentarios de las bancadas ninguno se opone radicalmente al #3de3 y los candidatos a gubernaturas (de “todos los colores”) para los comicios del próximo 5 de junio han adoptado voluntariamente el #3de3 y muchos políticos en ejercicio de mandato (también, militantes de todos los signos y emblemas).
Curiosamente, #3de3 no es el nombre de esa ley de responsabilidades públicas que será aprobada en el paquete de las siete normas y vías complementarias para combatir la corrupción. Ojalá, como dice el título de esta reflexión exista la elasticidad política senatorial para que venga el ¿cómo lo arreglamos? Y que eso sea de modo adecuado y si es pronto mejor.
.
.
.
Transparencia y acceso a la información
Protección de datos personales
Embajada en EU no creyó el hallazgo
El Universal
Carolina García
23 de abril de 2016
“En mis manos está algo peligroso”, escribió el estadounidense Chris Vickery luego de hallar la Lista Nominal de Electores de México en la nube de Amazon el 14 de abril.
Vickery es un investigador de seguridad de la empresa MacKeeper, quien dijo que se sorprendió al descubrir que 82 millones de datos de mexicanos estaban en un archivo público, sin ningún tipo de contraseña.
Sólo un día después de hallar el listado se puso en contacto por teléfono con la embajada mexicana en Washington, donde le pidieron “pruebas” a través del correo mexembusa@sre.gob.mx.
“Les mandé los detalles con dos ‘pantallazos’ de la base de datos al correo electrónico que me dieron ese día. La embajada nunca me respondió”, dijo Vickery a EL UNIVERSAL.
Se puso en contacto con el INE el 19 de abril. “El INE fue de mucha ayuda y responsable. Considero que actuaron apropiadamente al quitar esa base de datos”, agregó.
Vickery dice que confirmó que la base de datos era real porque le preguntó a un estudiante mexicano de la Universidad de Harvard sus datos, que aparecieron en el archivo.
“Su reacción fue seria. Entendió el potencial de la base de datos en las manos equivocadas”.
.
.
.
Transparencia y acceso a la información
Protección de daos personales
Ven falta de control de la lista nominal
El Universal
Pedro Villa y Caña
23 de abril de 2016
El mal uso del padrón electoral ha sido un hecho recurrente en los últimos años. En la venta, difusión y empleo indebido de información de millones de personas contenidas en esta base de datos ha estado involucrado el crimen organizado, empresas e incluso partidos políticos.
De acuerdo con un recuento realizado por EL UNIVERSAL, en mayo de 2003 se reveló que la empresa Choice Point vendió al gobierno de Estados Unidos bases de datos de uso exclusivo del Estado mexicano, desde 2011. A partir de ese momento se hicieron investigaciones que permitieron conocer que en 2001 la empresa Soluciones Mercadológicas en Bases de Datos vendió en 335 mil dólares a Choice Point la base de datos del padrón electoral del entonces Instituto Federal Electoral.
Esta base de datos incluía información de 58 millones de votantes mexicanos. El IFE denunció a los implicados en la venta bajo los supuestos de revelación de secreto, delitos de carácter electoral y de traición a la patria.
A raíz de esa demanda, en enero de 2004 los cuatro inculpados por la venta del padrón obtuvieron el beneficio de la libertad mediante el pago de una fianza, luego de que un juez federal les concedió la suspensión contra la orden de aprehensión girada en su contra.
Haces seis años, el 19 de abril de 2010, EL UNIVERSAL dio a conocer que la base de datos del padrón de electoral, información de corporaciones policiacas, así como el registro vehicular y de licencias estaba en venta por 12 mil dólares en el barrio de Tepito. En la investigación se comprobó que en tres memorias con capacidad de 160 gigabytes, el comprador podía obtener esos datos.
El 14 de mayo de ese año, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) investigó la vinculación de ex servidores de Zacatecas con la venta del padrón electoral, tras la detención de Carlos Alberto Luna Ayala, quien poseía las bases de datos del IFE que comercializaba por internet.
El 16 de febrero de este año, la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral impuso una multa de 76 millones de pesos a Movimiento Ciudadano (antes Convergencia) por negligencia en el resguardo del padrón, mismo que llevó a la pérdida de información de millones de mexicanos y su difusión en internet.
0 Comments