Libertad de expresión

Diagnósticos sobre libertad de expresión

¿Quién está detrás de la campaña contra los defensores de derechos?

El Universal

Ricardo Raphael

17 de marzo de 2016

 

“La enseñanza que dejó este penoso litigio es que cuando se juzgan altos oficiales (militares) … quien se atreva a investigarlos o sancionarlos su vida se convierte en un infierno.”

Esta sentencia es de Ramiro Bejarano, columnista del diario colombiano El Espectador, además de docente y experto en temas de Derecho Procesal. Por más de una razón viene al caso en nuestra coyuntura mexicana; fue escrita cuando la Corte Suprema de su país, por una mayoría débil, evitó que el coronel Luis Alfonso Plazas Vega gastara 30 años de su vida tras las rejas.

Esta decisión revirtió la sentencia emitida antes por un tribunal que había condenado al oficial por el delito de desaparición forzada. Así son los procesos judiciales, a veces con ellos se logra que la justicia triunfe y otros hacen que la duda permanezca; no son ni pueden ser perfectos.

Lo que el jurista Bejarano no podía prever es que meses después el caso Plazas Vega iba a servir en nuestro país para intrigar a la fiscal que lo persiguió. Y es que el infierno se ha extendido sobre tierras mexicanas.

La fiscal incendiada es Ángela Buitrago, integrante del GIEI y una de las investigadoras clave en el caso de los jóvenes desaparecidos en Iguala.

Por su trayectoria en Colombia, Buitrago goza de gran prestigio nacional e internacional. Y es que, a pesar de la derrota en el caso Plazas Vega, ha perseguido muchos otros expedientes donde sí obtuvo éxito: encarceló a gobernantes acusados de enriquecimiento ilícito, asesinatos políticos y espionaje telefónico, entre una larga lista de asuntos.

En fecha reciente vino el coronel aludido a México para declarar que Buitrago fabricó testimonios en su contra. Miente: una cosa es que los integrantes de la Corte colombiana hayan declarado que las pruebas legales aportadas no proporcionaban certeza sobre la responsabilidad de Plazas Vega y otra muy distinta es que se hayan calificado los testimonios de las víctimas como artificiales.

Y sin embargo, aprovechando el mar de ignorancia que hay entre las realidades colombiana y mexicana, más de uno le ha prestado oídos a la patraña para convertirla en uno de los argumentos utilizados para desestimar las investigaciones que realiza el GIEI, como instancia coadyuvante de la PGR en el caso penal más importante de nuestro presente.

Resulta claro que detrás de la descalificación contra Buitrago y las que han antecedido contra los demás integrantes del grupo —Carlos Beristain, Claudia Paz, Francisco Cox y Alejandro Valencia— hay una agenda política que bien podría parecerse a la descrita por el columnista Bejarano en el diario El Espectador.

Es evidente que en México quien se atreve a investigar o sancionar militares convierte su vida en un infierno; no importa cuán buena reputación se tenga, en ese intento puede perderse todo.

Quién de manera visible opera esta campaña de desprestigio es José Antonio Ortega Sánchez; un varón cuya biografía es ciertamente opuesta, como la noche al día, a la de la fiscal Buitrago: fue fundador del Yunque, abogado de militares, amigo de la ultraderecha colombiana y colega de Isabel Miranda de Wallace.

¿A quién responde este señor? ¿Por qué sus acusaciones son transcritas al papel sin verificarse siquiera? ¿Quién detrás suyo armó la campaña de filtraciones, mentiras y torceduras?

En México hay actores políticos cuyo deseo es que la investigación sobre la tragedia de los normalistas de Ayotzinapa se resuelva mal.

Pero también los hay, dentro y fuera del gobierno, quienes apuestan porque este esfuerzo judicial llegue a buen puerto.

Aquel que pretende convertirse en el próximo fiscal autónomo de la República estaría entre los interesados para que esta investigación salga fatal porque con ello sepultaría a su principal adversaria: la procuradora Arely Gómez.

Ya antes ese mismo personaje hundió a Jesús Murillo Karam, ¿por qué no lo haría de nuevo?

ZOOM: Ortega Sánchez y sus socios no solo le están haciendo el trabajo sucio al Ejército, sino a alguien más: tiene un teléfono rojo y suena fuerte en Los Pinos.

www.ricardoraphael.com

@ricardomraphael

 

Libertad de expresión

Diagnóstico sobre libertad de expresión

Informe 2015 de Artículo 19: Los agresores de periodistas odian más la prensa digital en México

Sin Embargo

Por Redacción Sin Embargo

Marzo 17 de 2016

 

Ciudad de México, 17 de marzo (SinEmbargo).– “Miedo” es la palabra que definió durante 2015 la situación de la prensa en México. El informe anual de Artículo 19 sobre la situación del sector en México, revela que las agresiones contra la prensa aumentaron 21. 8 por ciento con relación al 2014 –una cada 22 horas– y por primera vez los medios digitales fueron los más amenazados, principalmente, por servidores públicos, particulares y el crimen organizado.

El documento, titulado, “M.I.E.D.O ((Medios, Impunidad, Estado, Democracia, Opacidad) Informe 2015 de ARTICLE 19”, especifica que el año pasado se registraron un total de 397 casos de agresión a trabajadores de medios de comunicación, principalmente en el Distrito Federal [67 casos], Veracruz [67 casos], Guerrero [56 casos], Puebla [38 casos] y Oaxaca [35 casos].

Siete periodistas fueron asesinados en el mismo periodo: Moisés Sánchez, Abel Martínez Raymundo, Armando Saldaña, Gerardo Nieto, Juan Mendoza, Filadelfo Sánchez y Rubén Espinosa.

Asimismo, se contaron cinco desplazamientos forzados, una desaparición forzada, la cual derivó en un asesinato, siete allanamientos a domicilios de periodistas, 37 casos de privación ilegal de la libertad, 109 ataques físicos/materiales, 84 amenazas, y 5 ataques a instalaciones de medios de comunicación con explosivos y armas de fuego, entre otras agresiones.

Se evidencia también aquellos estados del país en los que la violencia ha sido creciente, como Guanajuato, donde de una agresión por año en los últimos dos, se pasó a 13 en 2015, así como el primer asesinato de un periodista; y Puebla, con tres agresiones en 2013, 16 en 2014, y 38 en 2015, donde se presentó una creciente incidencia de ataques a medios por vías también digitales. Puebla concentra el 30 por ciento de ataques cibernéticos en el país registrados de 2009 a 2015.

A los crecientes ataques contra la prensa, de acuerdo con el documento, se suma “la ausencia de voluntad” por parte del Estado para investigar y deslindar responsabilidades en contra de los culpables.

Detalla que el año pasado las agresiones en contra de los medios se registraron en dos contextos: las elecciones de junio de 2015, con 40 agresiones, y las protestas sociales, “durante las cuales se dio un elevado porcentaje de agresiones físicas o materiales y privaciones ilegales de la libertad por parte de autoridades”.

ATAQUES A MEDIOS DIGITALES

Por primera vez desde que se realiza este informe, la organización documentó que de los 69 ataques registrados en contra de medios, la mayoría fueron de orden cibernético [30 en total]. “Por primera vez, los medios digitales fueron los más agredidos, con 32 agresiones, sobre los impresos (periódicos y revistas), con 18”.

Hace especial énfasis en el interés de distintos actores de poder de criminalizar o regular distintos actos o contenidos que se difunden a través de la red.

Las mujeres periodistas se convirtieron en otro blanco de los agresores de la libertad de expresión. Es necesario señalar los ataques dirigidos específicamente contra mujeres, que ascendieron a 84 en 2015, casi la cuarta parte del total de las agresiones contra la prensa, frente al 19 por ciento del año anterior. “El análisis de género pone en evidencia que la violencia contra la prensa incluye características que de manera muy particular tienen efectos diferentes en la vida personal, psicosocial y profesional de las mujeres periodistas, que en consecuencia inhibe el libre ejercicio de sus actividades”.

“Las agresiones documentadas a mujeres periodistas, comunicadoras y todas aquellas que ejercen la libertad de expresión, incluyen las emisiones de mensajes directos con el objetivo de provocar censura o autocensura; invasiones a la privacidad y espionaje (individual y colectivamente), para interferir y dar a conocer públicamente actividades de la esfera privada; intimidaciones o presiones que obligan a cambiar la línea editorial; hostigamiento o acoso al recibir mensajes amenazadores en redes que incluyen la materialización del ataque a la vida o integridad sexual de la víctima, familiares, amigos o amigas en cualquier relación laboral o emocional”.

De hecho, señala que Internet se ha convertido en una nueva arma para amenazar a las mujeres que ejercen el periodismo: a través de este medio se han realizado acciones de hostigamiento, acoso sexual, amenazas, campañas de desprestigio con connotación sexual, fotomontajes difundidos con la intención de estigmatizar a la víctima y la publicación de fotografías y material privado sin consentimiento.

A pesar de que estas denuncias son, en su mayoría anónimas, fue posible identificar que en el caso de las mujeres, los funcionarios públicos fueron los principales responsables de las amenazas, seguidos de particulares.

De los 30 ataques cibernéticos documentados en 2015 por Artículo 19, quince ocurrieron en el estado de Puebla; de éstos, 14 contra las versiones digitales de dos medios impresos: Centro, con 10, y La Jornada de Oriente con cuatro.

Durante décadas, uno de los varios mecanismos de control gubernamental para el periodismo se hizo a través del papel, cuya distribución y venta era monopolio del Estado. Con la apertura del mercado en los años noventa comenzó a diluirse esa fuente de presión.

Es importante recordar que el Gobierno morenovallista ha adquirido programas y software malicioso específicamente desarrollado para el espionaje y la vigilancia ilegal de políticos, periodistas y opositores, señalado como uno de los principales clientes de Hackig Team – empresa desarrolladora de este tipo de equipo.

Sobre los asesinatos de periodistas, el reporte destaca cómo la mayoría fueron cometidos “con saña”, lo que muestra “con claridad la falta de voluntad política de las autoridades para prevenir (todos habían alertado de las amenazas recibidas) y, posteriormente, para investigar y castigar a los culpables”.

Destaca tres casos en particular: El de Moisés Sánchez, de Veracruz; el de Filadelfo Sánchez, de la radio La Favorita 103.3 FM, de Oaxaca; y el del fotorreportero Rubén Espinosa, de Veracruz, asesinado en la Ciudad de México, a pesar de que ya había hecho pública la situación de riesgo en la que se encontraba por haber “molestado” al Gobernador Javier Duarte, y de que ya existía un protocolo de seguridad activado para garantizar su integridad.

El informe detalla también otros casos de agresiones, como la privación ilegal de la libertad que sufrió Enrique Juárez, en Tamaulipas. “Sobre Tamaulipas, los casos confirman que las condiciones del estado en lo que atañe a libertad de expresión son nulas”.

Por medios, la Agencia Veracruzana de Comunicación y Noticias (AVC) es el que recibió el mayor número de agresiones.

“Todos los casos detallados tienen algo en común: la ausencia de protección y respuesta del Estado, ya sea por el desempeño inexistente u opaco de las instituciones, sumado a que son servidores públicos quienes componen la mayor proporción de perpetradores, con 165 en comparación con 35 del crimen organizado o 34 de partidos políticos en 2015”, señala.

TAMAULIPAS

El estudio hace especial énfasis en el caso de la violencia que vive la prensa en los estados de Tamaulipas y Veracruz.

En diciembre de 2014, el Departamento de Estado de Estados Unidos ubicó a Tamaulipas como uno de las más inseguros de México. Advirtió que en ciudades como Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo y Victoria, se presentan “homicidios, robos a mano armada, robo de autos, secuestros, extorsión y violencia sexual. La aplicación de las leyes estatales y municipales en el estado es muy limitada o incluso inexistente. Los conflictos violentos entre criminales y militares pueden ocurrir en toda la región y en cualquier momento del día”.

“En la actualidad, en Matamoros es común observar caravanas de militares y de la Policía Federal en las principales avenidas, que patrullan las calles portando armas de alto calibre. Por las noches impera el silencio, salvo cuando hay enfrentamientos, lo que da una sensación de vivir en un pueblo fantasma”, expresa.

“Tamaulipas es la raíz del miedo para la prensa mexicana. Fue ahí donde se registraron los primeros asesinatos de periodistas que informaban sobre hechos de

violencia en México. Ocurrieron en los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2000, en la época en que el narcotraficante Osiel Cárdenas [Guillén] traficaba droga por la frontera del estado en presunto contubernio con autoridades locales, durante el gobierno de Tomás Yarrington. En la actualidad, la justicia de Estados Unidos busca a los ex gobernadores Yarrington y Manuel Cavazos Lerma por presunto lavado de dinero, coludidos con la organización criminal que encabezaba Osiel. Y es que se trata de un estado que, por su cercanía con Texas, es estratégico para el tráfico de drogas, armas y personas”, cita.

EL VERACRUZ DE DUARTE

Veracruz es uno de los dos estados en los que se documentaron más agresiones a la prensa en 2015.

Para la organización, en la entidad no hay cabida para la libertad de expresión. Se trata de un derecho silenciado a base de represión y plomo, donde la prensa se ha llevado la peor parte.

De acuerdo con las cifras documentadas por Artículo 19, en un lapso de nueve años, de 2007 a 2015, revelan que es el segundo estado mexicano con más agresiones con un total de 269, por debajo de las 321 reportadas en la Ciudad de México para el mismo periodo.

En 2015, sin embargo, el gremio de Veracruz vivió su peor año al registrar una agresión cada 5 días, cuando el promedio en 2014 y 2013 era una cada 9 días. Cuatro de los siete periodistas asesinados durante el año pasado, tenían relación con la entidad gobernada por Javier Duarte de Ochoa.

LA IMPUNIDAD QUE ALIMENTA EL MIEDO

Otra parte del informe analiza el actuar de tres de las instituciones encargadas de otorgar protección a la prensa y vigilar que se respeten los derechos de los comunicadores.

“Son tres las instancias que analiza el informe, señalando con números, estadísticas y ejemplos de casos concretos cómo las respuestas han sido ineficientes: la inacción y omisión de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), que depende de la Procuraduría General de la República (PGR), en sus obligaciones en los casos; la falta de respuestas y ausencia de medidas y recomendaciones claras y concisas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); y el Mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, conocido como Mecanismo, que ha propuesto medidas contraproducentes, por ejemplo, el “botón de pánico” no deja duda. Esta medida, como lo demuestran tanto los números como los cinco testimonios presentados en el informe, más que proteger ha sido una forma de control del Estado o de intensificación del asedio contra los periodistas que lo han recibido”, subraya.

Libertad de expresión

 

Agresiones contra periodistas o medios

 Van por ex mando por golpiza a reportera

 Mural

Jorge Escalante/ Corresponsal

15 de marzo de 2016

 

El Procurador General de Justicia del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, afirmó que agentes ministeriales persiguen al ex director de la Policía municipal de Silao, Nicasio Aguirre, señalado de contratar a delincuentes para que agredieran a la reportera Karla Silva por órdenes del ex Alcalde priista Enrique Solís Arzola.

Afirmó esta tarde que el caso no concluye con la detención del ex Munícipe y tres autores materiales de la agresión, robo calificado y amenazas de muerte en contra de la comunicadora.

“No es un caso cerrado, no lo es hasta en tanto tengamos a todos los responsables delante de un juez para que éste decida su situación jurídica”, dijo.

El funcionario estatal señaló que se siguen pistas del ex mando policiaco y no descartó que próximamente pueda ser detenido.

“Tenemos avances concretos en este caso, seguramente pronto podremos emitir información concreta. Estamos trabajando y no dejaremos, como lo dijimos desde el inicio del caso, impune esta agresión”, mencionó.

El 4 de septiembre del 2014, la reportera fue agredida en el interior de la redacción del periódico donde labora por Luis Gerardo Hernández, Joaquín Osvaldo Valero Garnica y José Samuel Ornelas Martínez, quienes presuntamente fueron contratados por Aguirre.

Los autores materiales, que están en libertad bajo fianza, acusaron que la orden de agredir a la comunicadora fue dada por el ex mando policiaco y éste a su vez recibió la encomienda del ex Alcalde.

“Estamos trabajando para lograr la detención de todos los inculpados en el caso y llevarlos ante el juez”, insistió Zamarripa Aguirre.

Mientras tanto las organizaciones Centro Las Libres y el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) celebraron que el ex Alcalde fuera sometido a proceso y recluido en el Cereso de Irapuato.

“Celebramos este hecho como algo histórico en un contexto donde los ataques contra las personas que ejercen la libertad de expresión permanecen en plena impunidad”, señaló Verónica Cruz, líder de Centro Las Libres.

 

Libertad de expresión

Agresiones contra periodistas o medios

Dictan prisión a ex Alcalde por agresión

Mural

Jorge Escalante/ Corresponsal

14-marzo-2016

 

El ex Alcalde priista de Silao, Guanajuato, Enrique Solís Arzola, fue vinculado a proceso penal y se le dictó prisión preventiva acusado de ser el autor intelectual de la agresión a la reportera Karla Silva.

El ex Edil permanecerá recluido en el penal de Irapuato durante los dos meses que se estima dure el proceso para dictarle sentencia, en el nuevo sistema de justicia oral.

La jueza Gloria Esther Hernández Valtierra le dictó, al filo de la medianoche, la vinculación a proceso durante una audiencia que duró más de 15 horas con cuatro recesos.

La impartidora de justicia destacó que a Solís Arzola se le acusa de los delitos de agresiones, robo calificado y amenazas de muerte.

Los abogados defensores del ex munícipe presentaron un amparo que les fue rechazado.

Además pretendieron inculpar solamente al ex director de la Policía municipal, Nicasio Aguirre, de ser el responsable de los delitos imputados.

El viernes pasado, el priista fue detenido por agentes ministeriales en su domicilio de la ciudad de Silao.

El 4 de septiembre de 2014, la reportera Karla Silva fue agredida en la redacción del periódico donde labora por Luis Gerardo Hernández, Joaquín Osvaldo Valero Garnica y José Samuel Ornelas Martínez, quienes presuntamente recibieron órdenes de Aguirre.

Los autores materiales, que están en libertad bajo fianza, acusaron que la orden de agredir a la comunicadora fue dada por el ex mando policiaco y éste recibió la encomienda del ex Alcalde.

 

 

Libertad de expresión

Ataques a medios y periodistas

Periodismo de odio

Sin Embargo

Por Catalina Ruiz-Navarro

Marzo 16, 2016

 

Apenas marzo y ya tenemos candidatos al artículo de prensa más misógino del año.

Resulta que la “unidad investigativa” de La Silla Rota, decidió ir a corroborar si era verdad o no que la periodista Andrea Noel había sido agredida sexualmente en la Condesa este 8 de marzo, Día de la mujer. Con el amor que le tienen los periodistas a los videos de cámaras de seguridad uno creería que el video divulgado por Noel era más que suficiente, pero no, los sabuesos no descansan, y el medio dedicó dos periodistas (¡dos!) para hurgar en la versión de la denuncia y “darle voz” a las opiniones de la pobre PGR, que nunca tiene oportunidad de contar su versión a los medios. Los detectives periodistas sospechan que como Noel ya había escrito sobre un episodio de asalto en el 2015, este episodio de acoso sexual podría ser un invento. (Es que, a nadie lo agreden dos veces en el espacio público en Ciudad de México). Los huecos que intentan hacer al testimonio de Noel, que además se sustenta con un video (¡un video!) incluyen insinuar que su testimonio es falso porque no quiso hacerse la pinche prueba psicológica revictimizante que ordena el protocolo (volveré sobre esto más adelante) y citan a “fuentes al interior de la Procuraduría capitalina” que dicen que Noel no quería poner una denuncia sino pedir los videos de las cámaras (esto de ninguna manera desmiente su testimonio) y que es mentira que dejaran de ayudar a otra víctima, que lloraba en la sala, para atender a Noel. No, no revisaron los registros de atención de la Procuraduría, les bastó con el conveniente testimonio de los anónimos funcionarios. Los indagadores también presentan como prueba que los artículos de Buzzfeed tengan títulos formuláicos o repetitivos y parecen insistir en que no es posible que una misma mujer haya sido víctima de varias agresiones en al calle en la Ciudad de México. También sugieren que Noel mintió sobre su cargo en Vice en las entrevistas (lo cual es falso, en su perfil de Twitter siempre ha sido claro que es la ex-cooordinadora para Latam). Además, les parece insólito que una periodista atacada reaccione queriendo hacer un reportaje al respecto de su ataque. Periodismo misógino, revictimizante y desinformador. ¡Bien hecho muchachos! Lo que necesita México son más periodistas al servicio del poder.

En otra columna, del mismo corte, un personaje llamado Einer Suárez intenta desmentir la versión de Noel comparándola con algo que vio en una película (O.o). La critica porque titubea, la crítica porque su discurso se ve muy seguro, “memorizado”, y dice que Noel es un “tipo de mujer” denominada “feminazi”. Luego redacta una frase tan incoherente que no parece pensada por la cabeza que descansa sobre sus hombros: “Digamos que estaríamos ante la contradicción de buscar una igualdad, pero, guardar una superioridad por el simple hecho de ser mujer; entonces, la mujer que acusa de sumisión, pretende lograr una igualdad, pero, que esté cargada de una superioridad sobre los hombres solo por la calidad de género”. El “periodista” Suárez dijo también en su Twitter que “Andrea Noel es una feminazi machorra que hizo todo este desmadre del video precisamente para escupir todo lo que está diciendo con Ciro” y “Veo los TL de las feminazis q me insultan y puro Sex Tuiteo tienen en sus TL’s Asi de congruentes,de putas en Twitter pero se ofenden (sic)”. Poco puede esperarse de una persona que en su timeline de Twitter usa adjetivos como “aborígenes” o “puto” para insultar, pero más allá del derecho que tiene a su propio delirio, al desplegarla en el discurso público y posando de periodista, sus expresiones terminan siendo un ejemplo de discurso estigmatizante y discriminatorio, y eso, que yo sepa, no es periodismo (ni siquiera periodismo de opinión), y en cambio, ataca la honra de una persona al punto que podría llegar a ser difamatorio.

La libertad de opinión hace parte de la libertad de expresión y es un derecho fundamental que ha incluye insultos, ofensas, discursos chocantes. Garantizar estos discurso es importantísimo para no convertirnos en una sociedad hipócrita y eufemística, de nada sirve criminalizar las palabras cuando el odio que las motiva se mantiene vivo, y listo para usar nuevas palabras para agredir. El discurso de odio es la expresión pública de una emoción irracional e intensa de discriminación y rechazo hacia un grupo vulnerable con el fin de estigmatizarlo o de coartar el ejercicio de sus libertades y derechos. Personalmente estoy radicalmente en contra de la criminalización de cualquier discurso, incluso los de odio, pero “no criminalizable” no es lo mismo que “bueno”. El discurso de odio sigue siendo profundamente dañino, pues la violencia, particularmente la violencia de género, se origina primero en lo simbólico, en el discurso, y luego se materializa. Textos como estos, avalados por los medios de comunicación que los publican, si bien “legales”, no son “éticos” y menos publicados en el marco de lo periodístico, en donde tiene la función pública de fortalecer la democracia e informar a la ciudadanía. Estos textos sumados a los troles, que llevan una semana atacando a Noel en redes sociales, revelando su ubicación y exhortando a que la violen y la maten, crean un clima de vulnerabilidad para la periodista que la pone en situación de riesgo. Ninguno de estos es un discurso inocente.

¿Y a quién afecta? A mí. Me afectan a mí y a todas las mujeres que intentamos habitar la Ciudad de México. Su libertad de agredirnos por las calle, garantizada por una descarada y rampante impunidad, limita radicalmente mi libertad de desplazamiento y de uso del espacio público. Porque no es solo la historia de Andrea Noel. Las acosadas somos muchas, somos todas. Cuando un policía en la estación de metro Observatorio le tomó fotos a mi culo no tuve con quien quejarme, una mujer policía me zarandeó y casi me lleva una patrulla. Al ir a poner el denuncio también me dijeron que me iban a hacer un examen psicológico para evaluar el daño (como si se necesitara un perito para determinar que cualquiera se emputa si lo acosan y agreden sexualmente por la calle) y me pidieron mi pasaporte para revisar que mi estado migratorio estuviera en orden (lo cual se entiende fácilmente como una amenaza velada). La reticencia es tal que uno creería que están más preocupado por las estadísticas que por los delincuentes. Ninguna de estas medidas está pensada para ayudar a las denunciantes a buscar justicia, en cambio, son medidas intimidantes, revictimizantes, que ponen el valor de una denuncia en el estado emocional de una persona y no en los hechos. ¿O acaso cuando a alguien le roban el carro le hacen una evaluación psicológica para determinar el daño de la afrenta?

Cada vez que uno de estos pendejos (trolls, periodistas, policías etc.) cuestiona el testimonio de una víctima de acoso hace que otras víctimas se queden calladas. Si las mujeres no denuncian es porque gracias a su normalización cultural las leyes contra el acoso no sirven de nada. Las mujeres entonces, devenimos mentirosas masivas y nos lo pensamos dos veces antes de salir a la calle. Imagínense que los hombres cada mañana al vestirse revisaran su ruta para esquivar construcciones de edificios y lugares oscuros y aún así al caminar por la calle lo hicieran expuestos a que alguien llegara a agarrarles el pito. Los hombres no se imaginan eso, y así tan tranquilos, habitan la ciudad, van a todas partes.

@Catalinapordios

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Y sobre cómo es caminar la ciudad para las mujeres, algunos testimonios:

“Un individuo [Jorge Abraham Aguilar de Lira] me siguió en la calle de Londres y, al topar con la esquina de Niza, me dí cuenta que estaba grabando video por debajo de mi vestido. Mi amigo se dio cuenta, lo siguió, le quitó el teléfono. Tomamos el teléfono y, en efecto, me había estado siguiendo durante dos cuadras y, sin reparo, el sujeto confesó. Llamamos a la policía. Una patrulla respondió a mi llamada al 060; eran cuatro policías y me dijeron que tenía que acudir a la instancia de delitos sexuales y que tenía que subirme en la misma patrulla que el agresor. A mi amigo, que es estadounidense, la policía comenzó a cuestionarlo sobre su residencia en México. La policía me planteó esto: acudir con ellos a declarar o dejar que ellos borraran el video y ofrecieron ‘guardarlo’ durante unas horas como escarmiento. Pedí quedarme con el celular para asegurar mi seguridad. La policía negó esta petición porque dijo que yo estaría cometiendo un robo en contra de mi agresor.” Natalia de la Rosa.

“Una noche (8.30pm – 9pm), por la Narvarte un tipo pasó en bici por mi lado y me pellizcó las nalgas, me fui corriendo detrás haber si lograba alcanzarlo y me topé con 2 hombres más quienes tuvieron la reacción de burlarse de mí por lo que me había sucedido en vez de ayudarme a agarrar al acosador… Le comenté a la patrulla anotaron mis datos y nunca recibí una llamada de si habían ido a buscarlo o a pedirme más información o dónde denunciar, nada…” Jessica Sánchez

“Estaba por bajarme del tren, ya frente las puertas, cuando alguien se metió bajo mi vestido y de un tirón me bajó los calzones hasta poco más abajo de las rodillas. Yo traía un vestido vaporoso de verano, no era corto, me llegaba a las rodillas. Creo que para el agresor fue ideal porque mi ropa interior estaba “accesible”. Todo fue muy rápido, pero esos segundos para mí fueron largos, pero es que ni siquiera comprendí qué me había pasado. Fue como si fuera empujada por un bulto, una caja o una maleta, algún estorbo en el piso. Cuando alcancé a entender yo sentí cómo mi cara se encendía en vergüenza, me di vuelta para ver quién había podido hacerme algo así, pero sólo me encontré un montón de caras indiferentes viendo a cualquier parte menos a mí. En seguida me agaché mucho para poder subirme mis pantaletas y seguir mi camino; no pude darme el lujo de simplemente de acabar de sacarme la ropa, incluso cuando esta maniobra hubiera sido menos torpe, porque me dio terror que mi agresor supiera que yo andaba sin ropa interior: más accesible, más vulnerable, más manoseable. Caminé a la que fue mi escuela, Universidad del Claustro de Sor Juana, sin saber si alguien me seguía, caminé muy rápido sin voltear atrás, sentí que todos sabían, que todos me veían. En cuanto entré a la universidad, corrí al baño a llorar y a acomodarme bien mi ropa. Me sentí tan expuesta, tan culpable por haberme puesto ropa linda, femenina y suelta. Me sentí culpable de no haber gritado de rabia porque imaginé a mi agresor pensando que había logrado asustarme, callarme o hasta complacerme. Me atacó el “hubiera”: debí jalar la palanca de alarma, gritado para preguntar a todos si alguien había visto algo. Pensé regresar al metro a presentar una queja, pero contra quién si no sabía yo misma qué desgraciado había sido capaz de hacerme algo así. Lo dejé y sólo pude contarlo a mis amigas y amigos de la escuela.” Talía Ahizar García.

“Salí a las 12 de la noche, algo que he hecho durante un año sin ningún problema. Camino las calles desiertas de mi Colonia, que es Colonia del Valle, hasta mi casa. Pero esa noche, a dos cuadras solamente de mi oficina, iba escuchando música y decidí quitarme los audífonos, cuando siento que alguien me sube la falda del vestido y me agarra fuertemente la nalga izquierda. Yo grité y grité pero nadie me ayudó. Y ni modo de salir a perseguir al sujeto, al que ni le pude ver la cara. Salió corriendo y yo estaba con zapatos altos y con las manos ocupadisimas, pues cargaba bolso y sombrilla. Me sentí muy mal. Me dio miedo. Me sentí con furia, impotente.” Luz Lancheros.