Categoría: Autoridades electorales
Etiqueta: INE
Tema:
Género: Opinión
Eduardo R. Huchim
Mural Opinión
16 de abril de 2018
¿Cuánto dinero de procedencia ilegal está entrando a las campañas políticas por la Presidencia de la República, en particular a la del priista José Antonio Meade?
¿Por qué menciono a la de Meade en particular? Por dos antecedentes, principalmente: la campaña priista en el Estado de México, donde se volcó el gobierno federal con dinero y programas sociales, y la de Enrique Peña Nieto, hace seis años, cuando a su campaña entraron carretadas de dinero ilegal procedente de los presupuestos de los Estados donde gobernaba el PRI, de las empresas beneficiadas por el Gobierno mexiquense de Peña, del grupo empresarial brasileño Odebrecht y -se sabría después- de al menos dos empresas vinculadas a la delincuencia organizada (Reforma, 23/03/2016).
Sin embargo, el Instituto Federal Electoral (IFE), presidido por Leonardo Valdés, y su Unidad Técnica de Fiscalización, encabezada por el filopriista Alfredo Cristalinas, actuaron con parcialidad y el IFE terminó por dictaminar, vergonzosamente y con la oposición de varios consejeros, que la campaña del hoy Presidente costó unos 330 millones de pesos y, por tanto, no rebasó el tope de gastos.
Con estos antecedentes, habría que esperar del Instituto Nacional Electoral (INE), presidido por Lorenzo Córdova, y de la Comisión y la Unidad de Fiscalización encabezadas por Ciro Murayama y Lizandro Núñez, respectivamente, que pusieran gran empeño en evitar que en 2018 se repita la historia de 2012 y diseñaran una estrategia eficaz que detectara ese dinero ilegal, no sólo para sancionarlo sino también, preferentemente, para frenar su flujo. No es una tarea fácil, sobre todo si -como otras veces- se acude al uso de dinero en efectivo, pero debe abordarse con ímpetu de fiscalizador y no con soslayo de cómplice.
Hay sobradas razones para pensar en el Gobierno y su partido como principales usuarios del financiamiento ilegal, pero naturalmente la estrategia fiscalizadora debe incluir a todos los partidos y a todos los candidatos, con énfasis en los que buscan la Presidencia y las gubernaturas.
Los fiscalizadores del INE se enfrentan a dos adversarios formidables: el efectivo ya mencionado y el tiempo para su tarea, factor este último que precisa ser revisado porque del exceso se pasó al otro extremo: antes había hasta un año para fiscalizar campañas y actualmente hay apenas 40 días. No obstante, el INE tiene ahora poderosos instrumentos de los que antes carecía, entre ellos la facultad de superar el secreto fiduciario, bancario y fiscal.
Sin embargo, para la concreción de esas atribuciones, necesita la colaboración oportuna de las autoridades hacendarias, en particular el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y también de los bancos. Si esa colaboración es importante en todos los procesos electorales, lo es más en el actual de 2018, ya que compiten alrededor de 20,000 candidatos y el INE deberá presentar conclusiones de su fiscalización sólo 40 días después de la elección.
Como afirmó Córdova ante los banqueros, “es vital para el INE que los movimientos financieros que tengan cierto riesgo electoral puedan ser conocidos de forma oportuna por el INE”. No lo dijo Córdova, pero es inevitable asociar a ese planteamiento el caso de Bancomer, que en una investigación sobre gastos del PRI tardó ¡4 años! en entregar datos esenciales.
Específicamente, el presidente del instituto se refirió a las operaciones que realizan entre sí personas físicas o morales con entidades de interés público, y se califican como de riesgo. Trimestralmente, la información respectiva se hace del conocimiento de la UIF a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero para que resulte útil en la fiscalización del INE, se requieren plazos más breves. Córdova planteó que durante los tres meses que dura la campaña presidencial -abril, mayo y junio- y como una medida temporal, el plazo sea semanal y no trimestral.
No se sabe cuál ha sido la respuesta de las autoridades hacendarias y de los bancos, pero es claro que se trata de una solicitud justificada que debe ser atendida de inmediato por autoridades y bancos. Se trata, como dijo Córdova, de evitar que a las campañas lleguen “recursos públicos desviados a través de empresas fachada o que haya tramas de financiamiento electoral a espaldas de la ley”.
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Categoría: Autoridades Electorales
Etiqueta: IEPC
Tema:
Género: Informativo
Definen temas que tocarán en debates de candidatos a la gubernatura
El Informador
Rodrigo Rivas Uribe
15 de abril de 2018
Movilidad, medio ambiente y desarrollo económico, empleo y salario; serán los tres ejes temáticos que se abordarán durante el primer debate de los candidatos Gobierno de Jalisco que organizará el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado (IEPC) para el próximo 13 de mayo.
Este fin de semana la comisión de debates del IEPC sorteó el orden de los nueve temas que se tocarán en los tres encuentros que tendrán los contendientes por la gubernatura. Además, se definió que Canal 44 del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía (SURTyC) será el encargado de la producción de los debates, el primero se realizará en los estudios del canal ubicados en Zapopan.
En el segundo debate se tocarán los temas de cultura-salud y deporte, infraestructura y gasto público y el de derechos humanos. Se celebrará el 27 de mayo en el Centro Universitario de la Costa de Puerto Vallarta.
El tercer round será para contrastar propuestas sobre gobernabilidad y seguridad. Desarrollo humano-educación e innovación. Finanzas y Obra Pública, Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. El último debate entre los candidatos a la gubernatura está agendado para el próximo 10 de junio en el Centro Universitario de Lagos de Moreno. La propuesta incluye que los tres encuentros se realicen de las siete a las nueve de la noche.
En lo referente a los dos debates que tendrán candidatos a diputados locales, la comisión del IEPC acordó que en el primero aborden gobernabilidad y seguridad como primer eje. Desarrollo humano-educación e innovación, como segundo y Desarrollo económico empleo y salario en tercer lugar. Se relazará el ocho de mayo en las instalaciones de Canal 44. La propuesta considera la participación de quienes ocupan el primer lugar en las listas de plurinominales
En el segundo debate de aspirantes a diputados abordarán medio ambiente, cultura y deporte, derechos humanos. Se celebrará el 20 de junio en el Centro Universitario del Norte en Colotlán. Serán los partidos quienes definan cuál de sus representantes participa.
El acuerdo de la Comisión de Debates aún debe aprobarse en el pleno del consejo del IEPC.
El PRI duda de la imparcialidad de la UdeG en debates
El representante del Partido de la Revolución Institucional (PRI), Juan Alcalá Padilla, pidió que se garanticen condiciones de equilibrio e imparcialidad en los debates entre candidatos a la gubernatura, afirmó que las posiciones que han tomado directivos de la Universidad de Guadalajara (UdeG) en favor de algunos candidatos, les genera desconfianza que todos los debates se vaya a realizar en centro universitarios de la UdeG y que además el canal de televisión de la Universidad sea el encargado de su producción, planteó la posibilidad de buscar otras alternativas.
“El tema que pongo sobre la mesa es el tema de la equidad, no desconfiamos del Instituto Electoral. En el PRI tenemos desconfianza. En la parte política si nos genera desconfianza no tanto por la transmisión sino por el contexto del manejo político que se ha dado”, señaló el priista.
Por su parte, la consejera electoral, Brenda Judith Serafín Morfín, presidenta de la Comisión de Debates, afirmó que el IEPC organiza los encuentros y garantiza las condiciones de igualdad. Se explicó que se optó por centros universitarios como sedes por tener las condiciones de infraestructura, tecnología y seguridad necesarias.
Los representantes de Morena, PRD y Movimiento Ciudadano respaldaron el acuerdo con los temas y sedes para los debates.
LS
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