Transparencia y acceso a la información
INAI
INAI pide a Sedena información sobre homicidios internacionales
El Economista
Leopoldo Hernández
21 de enero de 2016
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deberá buscar y entregar información estadística de los homicidios intencionales cometidos por militares en contra de cuatro o más personas, ocurrido del año 1960 al 15 de septiembre de 2015, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Un particular solicitó el número de hechos indagados por la Procuraduría General de Justicia Militar, el número de sentencias emitidas por órganos jurisdiccionales militares, desagregado por año y sentido de las resoluciones.
Además del número total de víctimas por cada hecho, especificando el sexo de los agraviados, el número total de militares sentenciados por cada caso y el estado en donde ocurrieron.
La Sedena dio a conocer que la información es inexistente, luego de turnar la solicitud a la Procuraduría de Justicia Militar, Dirección General de Derechos Humanos y Dirección General de Archivo e Historia, instancias que refirieron no haber localizado la documentación requerida.
Al analizar el asunto la comisionada María Patrica Kurcyn Villalobos explicó que la declaración de inexistencia no estuvo motivada, a demás de que tras una búsqueda por el Instituto, se ubicaron 116 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Detalló que uno de los instrumentos recomendatorios es sobre el caso de “Santiago de los Caballeros, Sinaloa, donde el 26 de marzo de 2008 militares privaron de la vida a cuatro civiles, lo que generó una investigación y el proceso del personal castrense en la prisión militar de Mazatlán”, por lo que consideró que la información requerida sí existe.
Recordó que en junio de 2014 hubo una reforma al Código de Justicia Militar donde se especifica que los delitos del fuero común o federal cometidos por militares, corresponderán a la jurisdicción militar, excepto cuando la víctima sea civil.
Al no especificarse en la solicitud si los homicidios fueron contra civiles o militares, antes de la modificación a la legislación militar que no distinguía los delitos que la justicia castrense conocía en juicio, se determinó que la procuraduría y el tribunal pueden tener la información desde 1960 al 13 de junio de 2014.
Por ello el pleno del INAI instruyó a la Sedena realizar una búsqueda exhaustiva de la información requerida y entregarla al particular.
Transparencia y acceso a la información
Diagnósticos sobre transparencia
Sólo cinco estados han armonizado leyes de transparencia
El Economista
Leopoldo Hernández
21 de enero de 2016
La presidenta del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) y del INAI, Ximena Puente de la Mora, urgió a los congresos y gobiernos de los estados, a armonizar las leyes locales conforme a la reforma constitucional y la ley general en materia de transparencia.
Y es que tan sólo los estados de Coahuila, Chihuahua, Querétaro, Jalisco y Tabasco han realizado este proceso legislativo, a pesar de que el próximo 4 de mayo vence el plazo para que homologuen sus leyes.
“Atendiendo a que sólo cinco estados han llevado estos procesos de homologación, desde el seno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, hacemos un respetuoso llamado a los congresos de los estados, a los gobiernos de los estados, a mostrar su voluntad política, que se requiere para que el sistema sea una realidad en todo el país”, dijo.
Durante la primera sesión del año del Sistema Nacional de Transparencia, se hizo un llamado a que se apoye presupuestalmente a los órganos garantes en las entidades para poder cumplir con los mandatos constitucionales y de la ley en materia de transparencia.
Ante los titulares del Inegi, Alfonso Santaella Castell; de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal; del Archivo General de la Nación, Mercedes de Vega y de los representantes de los órganos garantes en los estados, Puente de la Mora refirió que “son tiempos de definiciones y de decisiones”.
En la sesión, los representantes de los organismos de transparencia en los estados expusieron su preocupación sobre la falta de presupuesto para poder implementar la operación del Sistema Nacional de Transparencia.
Al respecto, Puente de la Mora detalló que, de acuerdo con un diagnóstico elaborado para tal efecto, sólo 21 de los organismos recibieron “incrementos presupuestales insuficientes”, 10 no registraron aumento y a uno le disminuyeron los recursos.
“Debemos insistir cada uno de nosotros, en el ámbito de nuestras competencias, en que se dote de los recursos suficientes para el cabal cumplimiento de los temas que constitucionalmente tenemos asignados”, dijo.
Y es que, de acuerdo con el diagnóstico, los estados con menos recursos asignados a los órganos garantes son Durango, Oaxaca, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Nayarit, Veracruz, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Michoacán, Baja California, Guerrero, Chiapas y Puebla.
Durante la sesión se presentaron los lineamientos a aprobarse en el Consejo Nacional para la operación del SNT, mismos que serán analizados, discutidos y, en su caso, aprobados, en las distintas comisiones ordinarias de trabajo.
Los lineamientos y criterios son sobre la implementación de la plataforma nacional de transparencia, la creación del programa nacional de transparencia, las obligaciones de los sujetos obligados, y la clasificación y desclasificación de información.
Transparencia y acceso a la información
INAI
Piden más dinero para transparencia
El Universal
Alberto Morales
22 de enero de 2016
Sin recursos será difícil implementar la ley en la materia, advierten organismos
Órganos garantes de transparencia de todo el país pidieron mayores recursos económicos, porque de lo contrario, advirtieron, será muy difícil la implementación de la Ley General de Transparencia.
En sesión del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) [encabezado por Inai, ASF, Archivo General de la Nación e Inegi], los institutos de transparencia locales dijeron que este año recibieron una reducción o, en el mejor de los casos, el mismo presupuesto que el año anterior.
En esa situación se encuentran los órganos garantes de Puebla, Chiapas, Baja California Sur, Morelos, Colima, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz, que recibieron la misma asignación presupuestal que en 2015.
Ante ello, la comisionada presidenta del Inai, Ximena Puente, dijo que tanto el Instituto como el SNT acompañarán a los organismos garantes en el trabajo de armonización legislativa y apoyo para gestionar mayores recursos.
Hizo un llamado a los gobiernos y congresos locales no sólo a homologar sus leyes, sino también a dotar de recursos a los órganos locales. “Debemos insistir cada uno de nosotros, en el ámbito de nuestras competencias, en que se dote de los recursos suficientes para el cabal cumplimiento de los temas que constitucionalmente tenemos asignados”, dijo.
Según un diagnóstico del Consejo Nacional del SNT, 21 órganos garantes recibieron incrementos presupuestales insuficientes, 10 no registraron aumento y a uno (Tabasco) le recortaron recursos, lo que los coloca en condiciones difíciles de operación.
El documento señala las diferencias, pues mientras en Campeche se destinan 20.7 pesos per cápita a la transparencia, en Puebla son 2.11 pesos.
Piden más recursos. Ana Elisa López, consejera presidenta del órgano garante de Chiapas, dijo que tuvieron una baja en el presupuesto de 2016, por lo que pidió la intervención del Inai porque la ley de la entidad es ambiciosa y no tienen recursos para aplicarla.
Enrique Medina, presidente del Instituto de Transparencia de Chihuahua, de los primeros estados en homologar su ley con la federal, dijo sí hubo una reducción preupuestal considerable.
La presidenta del Instituto de Transparencia del Estado de México, Josefina Román, explicó que el miércoles pasado compartió esa preocupación con senadores.
David Mondragón, comisionado del InfoDF, explicó que un grupo trabaja con la nueva Legislatura de la ALDF y confió en que la homologación de la ley sea aprobada antes del 5 de mayo.
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