Transparencia y acceso a la información

 

 

-INAI

 

SEP e INAI acuerdan transparentar recursos de infraestructura

 

El Universal

 

Redacción

 

26 de noviembre de 2015

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), firmaron un convenio que permitirá transparentar el ejercicio de 50 mil millones de pesos destinados para la mejora de la infraestructura educativa.

Los recursos pertenecientes al Programa Escuelas al CIEN (Certificados de Infraestructura Educativa Nacional) servirán para la rehabilitación de más de 33 mil escuelas en todo el país.

Mediante un comunicado, el INAI informó que el acuerdo fue firmado por la comisionada presidente, Ximena Puente de la Mora; el secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer; y el director general de Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED), Héctor Gutiérrez de la Garza.

Puente de la Mora expresó que el convenio constituye un ejercicio de transparencia proactiva, a iniciativa de la SEP y el INIFED, del programa más importante de renovación de la infraestructura educativa de las últimas décadas, en lo referente al uso y destino de 50 mil millones de pesos que tiene destinados.

Explicó que a partir del convenio se garantizará la publicidad oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa de la información relacionada con el Programa Escuelas al CIEN, relativa a sus objetivos, alcances, etapas de ejecución, beneficiarios, avances físicos, ejercicio y aplicación de recursos.

La comisionada presidente del INAI dijo que hoy existen más y mejores herramientas para abrir el ejercicio del gobierno al escrutinio público, las cuales contribuyen a fortalecer el diálogo y la colaboración entre la sociedad y el gobierno.

Por su parte, el secretario de Educación Pública destacó que dos de las grandes reformas constitucionales son la de educación y la de transparencia; en ese sentido, afirmó que es fundamental que el ejercicio de los recursos del Programa Escuelas al CIEN sea con la mayor transparencia y que se rindan cuentas a los padres de familias, alumnos, maestros y sociedad en general, de cada peso de los 50 mil millones que se invertirán.

Destacó que es necesario contar con infraestructura educativa de calidad, porque la educación de calidad empieza por tener escuelas dignas y, sin ello, difícilmente podrían cumplirse los objetivos de la reforma educativa.

En su intervención, el director general del INIFED explicó que con el convenio se generará un portal específico, en el que se podrá consultar información sobre los trabajos de mejoramiento de cada una de las escuelas que serán beneficiadas con el programa.

INAI urge a mejorar protección de datos de trabajadores

El Universal

Notimex

26 de noviembre de 2015

Mientras la protección de datos personales en posesión de particulares funciona bien, los datos en poder del sector público no se protegen con la misma eficacia, reconoció Areli Cano Guadiana, comisionada del INAI.

Durante el Encuentro por la Transparencia Sindical y Protección de Datos Personales de los Trabajadores, explicó que mientras la ley permite proteger bien los datos en posesión de particulares, “no tenemos el mismo éxito en la ley del sector público”.

Al moderar el panel “Derechos ARCO de los Trabajadores”, la comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) informó que dentro del proyecto de ley general que analiza el senado, se discute el tema.

La intención es separar la Ley Federal de Transparencia, de lo relativo a los datos personales en poder del sector público. La protección de datos personales y la transparencia son derechos autónomos y debemos sugerir al Congreso que exista autonomía de ambos, pues corren por vías totalmente separadas, aclaró.

En el proyecto de Ley también se considera a los sindicatos como sujetos obligados y responsables en materia de protección de datos personales. Las funciones de los sindicatos requieren del tratamiento de datos personales para la adecuada satisfacción de sus objetivos gremiales, con el propósito de defender intereses individuales y colectivos para negociar las condiciones de trabajo, así como para la organización interna, recordó.

Durante el mismo panel, la diputada Soralla Bañuelos de la Torre, apoderada general del SNTE, externó que es un gran reto para su organización la protección y tratamiento de los datos personales de más de 2 millones 300 mil agremiados.

Reconoció la necesidad de que el SNTE se modernice y reforme sus disposiciones internas para garantizar la privacidad de los maestros y que sus datos personales no sean utilizados para otros fines.

A su vez, Issa Luna Pla, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dijo que las leyes de protección de datos personales son fundamentales, y la que se discute en el Senado contempla disposiciones más estrictas para el sector público.

Está previsto que las bases de datos personales, en posesión del sector público o privado, tengan una finalidad específica y temporalidad y cuando éstas se hayan cumplido deberán ser destruidas para que no se usen con otros propósitos.

En su oportunidad, la profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM, María Ascensión Morales Ramírez, expuso que en materia de datos personales se ha incrustado el derecho mercantil con el derecho social. Por ejemplo en el tratamiento de los datos de los trabajadores por parte de las administradoras privadas de fondos para el retiro.

Se está dejando en la indefensión a los trabajadores ante el abuso de sus datos personales por parte de los intermediarios de las administradoras de estos fondos, que propician que el trabajador cambie constantemente de una a otra, y no precisamente porque les ofrezcan mejores condiciones.

INAI pide a PF versión pública sobre caso Tanhuato

MILENIO

26 DE NOVIEMBRE DE 2015-11-27

MIRIAM CASTILLO

El INAI pidió a la Policía Federal una versión pública de los reportes que se presentaron después del enfrentamiento de los elementos de la corporación en el municipio de Tanhuato, en Michoacán, donde resultaron 43 personas fallecidas, entre ellas un agente federal.

Según el debate que realizaron los comisionados durante la sesión del INAI, los datos preliminares no debieron reservarse por un periodo de 12 años, como en un inicio se determinó por la Policía Federal.

A partir de un recurso de revisión, los comisionados evaluaron las condiciones de la información y determinaron que una parte ya es pública debido al alcance de las actividades de la policía mientras que otra deberá reservarse para conservar la viabilidad de la averiguación previa.

En términos generales la discusión determinó que los datos se hicieran públicos, sin embargo hubo opiniones divididas en torno a los alcances de la información.

Mientras que la comisionada presidenta Ximena Puente de la Mora, Patricia Kurczyn y Eugenio Monterrey consideraron que dar a conocer todos los datos podría vulnerar las investigaciones, Joel Salas, Mauricio Guerra y Areli Cano consideraron que la información debía darse a conocer en los términos solicitados por considerar que ya era pública.

Al final, se determinó solicitar que la Policía Federal efectúe una versión pública que no haga públicos los datos personales de los presuntos responsables, de las víctimas, el número de elementos que participaron en el operativo, así como la cantidad y modelos de armas.

Firman convenio SEP e INAI para transparentar el programa Escuelas

NTR GUADALAJARA

NOTIMEX

26 DE NOVIEMBRE DE 2015

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Nacional de Trasparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) firmaron hoy un convenio para transparentan el programa Escuelas al CIEN, que a través de los Certificados de Infraestructura Educativa permitirá contar con 50 mil millones de pesos adicionales, para mejorar las condiciones de más de 33 mil planteles en el país.

El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, destacó este ejercicio de transparencia entre el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed) y el INAI, lo que permitirá rendir cuentas a la sociedad sobre el ejercicio de esos recursos, con los que se enfrentará el deterioro de las escuelas en el país.

La presidenta del INAI, Ximena Puente de la Mora, dijo que esto es un ejercicio de transparencia proactiva del programa más importante en lo referente al uso de recursos públicos destinados a la educación, para facilitar la difusión y consulta de los objetivos, alcances, etapas de ejecución, beneficiarios, avances físicos, ejercicio y aplicación de los recursos públicos que se asignen al programa Escuelas al CIEN.

En el salón Hispanoamericano de la SEP, donde se firmó el convenio entre el INAI y la SEP, a través del Inifed, el director de éste, Héctor Gutiérrez de la Garza, recordó que el presidente de la República anunció el 2 de septiembre ese programa para atender la infraestructura de las escuelas, e informó que a través de un portal de internet se podrá dar seguimiento al avance de las obras en las escuelas listadas.

Precisó que ya es pública la relación de las escuelas consideradas para obras entre 2015 y 2016, y que ya se prepara el listado para 2017, a fin de cumplir con el compromiso de transparentar el programa y abrirlo a la comunidad educativa y a la ciudadanía en general.

En este sentido, en el sitio www.inifed.gob.mx están disponibles para consulta los convenios de colaboración con las entidades federativas, así como las reglas de operación y los planteles que serán beneficiados en la primera etapa.

El secretario de Educación Pública, quien firmó el convenio como testigo de honor, expresó que con esto la ciudadanía puede conocer el destino de los recursos públicos, y consideró que si hay transparencia y rendición de cuentas, hay más eficacia al interior de la administración pública.

Nuño Mayer comentó que “todos vamos a estar auditados en una vitrina de cristal por la ciudadanía y por todos los mexicanos; lo estaremos la autoridad educativa; lo estarán las autoridades educativas de los estados; lo estarán quienes ejecuten la obra; es decir, los contratistas y, por supuesto, también las comunidades escolares”.

Con ello se rendirán cuentas a los padres de familia, maestros, alumnos y sociedad en su conjunto; que todo México pueda saber desde el arranque del programa qué pasó con cada peso, hasta que haya cumplido su cometido, abundó.

Refirió que hay avances en educación, pero también en materia de transparencia, y en este sentido se firmó el convenio del mecanismo de financiamiento novedoso para dejar en buenas condiciones más de 33 mil escuelas, y avanzar en educación de calidad, como lo plantea la Reforma Educativa.

Una de las mayores necesidades es tener infraestructura escolar de calidad, a través de la atención a carencias en escuelas, manifestó Nuño Mayer, quien recordó que en el sector educativo no hay recortes presupuestales.

Hizo un reconocimiento al INAI por la apertura y el apoyo brindado, así como por la capacidad técnica y experiencia, con lo que se podrá transparentar el programa, planteles educativos de atención, maestros y alumnos beneficiados, flujo de recursos y encargados de obras, para lo que se conformará un comité técnico.

En tanto, la comisionada presidenta del INAI refirió que el convenio que hoy se firmó reviste especial importancia, debido a que en él confluyen acciones para el fortalecimiento del acceso a la información y para transparentar acciones que se pondrán en marcha en el marco del impulso a la Reforma Educativa.

Por ello, explicó, se pondrán en marcha cursos, talleres y seminarios que permitan avanzar en la capacitación de los servidores públicos del Inifed en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y gestión documental.

La comisionada hizo un reconocimiento al titular de la SEP por su rol en materia de transparencia y rendición de cuentas, como parte de las acciones para el mejoramiento de la calidad educativa.

 

 

 

 

-Diagnósticos sobre transparencia

 

#LeyFederaldeTransparencia: necesaria, no suficiente

 

El Universal

 

Ximena Puente de la Mora

 

26 de noviembre de 2015

Uno de los principios más arraigados en el ámbito legislativo es la convicción de que toda ley es perfectible; principio que, considerando el estado actual del proyecto de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, no solamente es aplicable sino también oportuno.

Particularmente, considerando que si bien su balance hasta ahora arroja saldos positivos dignos de aplauso, el proyecto cuenta también con temas sustantivos pendientes sobre los cuales vale la pena detenerse debido a su importancia para el fortalecimiento de la transparencia.

Por ello, será indispensable mostrar que existen en la ley las condiciones necesarias y suficientes para asegurar la transparencia y el cumplimiento de obligaciones por parte de los sujetos obligados, la garantía de responsabilidad en las decisiones del Inai y las condiciones para el mejor desempeño de este organismo, entre otros particulares; pero también apuntar con claridad los rezagos en la misma, con el objetivo de no dar un paso atrás respecto a los avances logrados en la Ley General.

En este sentido conviene apuntar que, en apego a los principios internacionales de transparencia, la ley es atinada al decir que es necesario que existan supuestos de excepción para dar acceso a la información relacionada con violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad; sin embargo, también es justo apuntar que esto no es suficiente.

Para lograr la suficiencia en este punto creemos que se debe otorgar al Inai la facultad expresa para que, en su calidad de intérprete de la Ley General y la Ley Federal, pueda determinar en primera instancia —prima facie— cuáles son los asuntos que caen en este supuesto.

Otro punto importante: ¿es necesario señalar que los sindicatos, partidos y órganos del Congreso son sujetos obligados? Claro, pero el simple hecho de señalarlo no resulta suficiente; para dar certeza jurídica y reducir la posibilidad de una interpretación legislativa que resulte en detrimento del acceso a la información, se requiere además desarrollar obligaciones específicas de transparencia que delineen perfectamente la información que deberán proporcionar estos nuevos sujetos obligados. No hacerlo dejaría corto el proyecto de ley.

En este mismo punto relativo a los sindicatos, el proyecto de ley omite la referencia al artículo 78 de la Ley General, mismo que especifica justamente la información que éstos, en su calidad de nuevos sujetos obligados, deberán poner a disposición del público. Además, se deberán incorporar las consideraciones necesarias para especificar el carácter directo o indirecto de los mismos; de manera que la población sepa claramente cómo solicitar información pública sobre ellos. Mientras eso no esté explicitado, no será suficiente lo que la Ley presente.

Igualmente importante es señalar que en el Inai, trabajamos para favorecer el principio de máxima publicidad, siempre ponderando el interés público sobre el individual, sin perder de vista la debida armonización con la responsabilidad del Estado de preservar legítima y justificadamente la información estratégica de seguridad nacional. Sin embargo, es importante apuntar que en el Inai estimamos necesario que se ajuste el proyecto de Ley, respecto a este tema en específico, por dos razones:

Primero, porque considerando que el consejero jurídico del Ejecutivo federal cuenta con la facultad de interponer recurso de revisión en materia de seguridad nacional ante la SCJN, nos pronunciamos para que se reconozca tanto al sujeto obligado como al recurrente como terceros interesados en el proceso, así como al Inai, en su calidad de máximo órgano garante, para que la Corte considere los argumentos en favor de la publicidad de la información.

Segundo, porque ante la posibilidad de que la poca claridad procedimental para la presentación de estos recursos sea aprovechada como un medio para obstaculizar el acceso a la información ante asuntos que resulten incómodos, será necesario asegurar que la Ley incorpore disposiciones claras y concretas para garantizar la excepcionalidad de este recurso.

Finalmente, no queda más que reconocer que durante las numerosas reuniones que las comisionadas y comisionados del Inai hemos sostenido durante este año con sindicatos, integrantes del Poder Legislativo, magistrados del Poder Judicial y miembros de la sociedad civil, hemos encontrado siempre una buena disposición de las partes para colaborar en el cumplimiento de lo dispuesto en las obligaciones de transparencia referidas en la Ley General.

No obstante, ante la importancia de los retos que enfrentamos, será preferible hacer las precisiones y atender las omisiones en el proyecto de Ley; de manera que sea posible asegurar que el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, dependa más de lo estipulado en la legislación, que de la buena voluntad de los mismos.