Libertad de expresión
-Agresiones contra periodistas o medios
“En caso Narvarte no está crimen organizado”
El Universal
David Fuentes
09 de octubre de 2015
Durante su comparecencia ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, descartó la presencia del crimen organizado en el multihomicidio de la colonia Narvarte, donde fueron asesinadas cinco personas, entre ellas la activista social Nadia Vera y el fotoreportero Rubén Espinosa; esto después de que uno de los imputados en este crimen, Abraham Torres Tranquilino, indicara en su declaración preparatoria, que El Omarcito acudió al domicilio a robarle droga a una de las víctimas de origen colombiano.
Al ser cuestionado sobre los avances en este caso, considerado de alto impacto por la manera en que fueron ejecutadas las víctimas, Ríos Garza expuso que autoridades federales le confirmaron que ninguno de los detenidos pertenecía al grupo de Los Zetas.
Sobre el motivo del crimen, Ríos se limitó a decir que algunas hipótesis se han debilitado y otra se fortaleció, aunque no abundó en ello, “la hipótesis en esta investigación que se ha fortalecido es que una de las víctimas mantenía contacto con estas personas”, informó a miembros de la ALDF.
Sobre la presencia del crimen organizado en el Distrito Federal, Ríos Garza refrendó que en las reuniones sostenidas con autoridades federales, no se tiene indicio de la participación activa de células criminales de cárteles, como en otros estados. Sin embargo, aseguró que se mantiene el monitoreo constante con las áreas especializadas para que esto suceda.
Durante la sesión de preguntas y respuestas, los asambleístas “olvidaron” cuestionar al titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) los avances y resultados en los delitos de alto impacto que han colocado a la ciudad en el “ojo del huracán” debido a su gravedad.
Casos como los avances en la investigación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC); sobre el mismo caso Narvarte; la exoneración del expresidente del PRI capitalino, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre —acusado de sostener una red de trata al interior del partido político—; y del robo de más de 700 mil pesos a un empresario argentino dentro de las instalaciones del búnker, donde despacha el funcionario, no fueron cuestionados.
Como parte de los avances de estos casos, Ríos Garza mencionó por ejemplo: se reactivó la orden de aprehensión en contra de Enrique Horcasitas por el caso de la Línea 12, pues aunque había ganado un amparo, no cumplió los requerimientos del juez, por lo que este recurso fue desechado.
Al hablar de la incidencia delictiva en la ciudad, Ríos Garza aseguró que este año disminuyó 12.4% —en comparación con el año anterior—.
Según sus estadísticas, aclaró, el robo a transporte con o sin violencia bajó 1.1%; el robo a negocios con violencia, 5.5%, el robo a transeúnte, 11.9%, el robo a casa-habitación, 12.3%; y las lesiones por disparo de arma de fuego 17.1%.
Piden que otros peritos revisen caso Narvarte
El Universal
Arturo Vega
09 de octubre de 2015
A más de dos meses del multihomicidio de la colonia Narvarte, el abogado de los familiares del fotoperiodista Rubén Espinosa lamentó que las únicas líneas de investigación que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) ha tomado en cuenta son el robo y el tráfico de drogas, y por esa razón no descartó solicitar un peritaje independiente.
Dijo que es necesario conocer qué sucedió al interior del departamento en los 43 minutos durante los que se supone ocurrieron los hechos, ya que esa información —sostuvo— es clave para llegar a la verdad.
“Nosotros lo que preguntamos es si la procuraduría está en capacidad de llegar a conclusiones sobre lo que pasó adentro por medio de Servicios Periciales del DF. De lo contrario, pedimos habilitar a peritos independientes que sí tengan la capacidad de llegar a esas conclusiones”, puntualizó.
En entrevista con EL UNIVERSAL aseguró que hay inconsistencias en la investigación, ya que hay evidencias que probablemente fueron sembradas, además de elementos que se deben aclarar científicamente.
“El 31 de julio encuentran los cuerpos, casquillos, otros elementos para cometer estrangulamiento, pisadas con sangre de los perpetradores, pero dos días después regresa personal ministerial, pericial y policial y encuentran droga, dos USB´s, computadoras y celulares. O no hay una debida intervención o no hay preservación debida del lugar de los hechos y estos elementos se pudieron haber introducido con posterioridad”, dijo.
Leopoldo Maldonado acusó que la verdad de los hechos se está condicionando a las declaraciones de los tres detenidos y no a una investigación profunda: “Nos queda claro que robo no es. Nos queda claro que para acreditar el tema del narcotráfico faltan muchos elementos de prueba pendientes. Sin embargo, lo siguen sustentando en el dicho hablado de uno de los presuntos responsables. Nos preocupa porque ese mismo probable responsable asegura que hay dos cómplices más. Entonces, ¿qué elementos de su declaración se toman como veraces y qué elementos se toman como falaces?”.
Por esa razón, dijo que es posible la complicidad de otras personas, ya que en la ampliación de declaración de Abraham Torres Tranquilino, ex policía preventivo del DF que participó en el asesinato de cinco personas en la colonia Narvarte, habla de la participación de dos personas más.
Otro elemento que cuestiona Maldonado es el registro de llamadas que se hicieron previo al multihomicidio y posterior a él ya que, aseguró, existen seis números que aún no se han determinado de quiénes son.
Recordó que la PGJDF no ha dado a conocer qué pasó con los teléfonos celulares de Rubén Espinosa o de Nadia Vera, lo que permitiría aclarar por qué el fotoperiodista regresó al departamento de la Narvarte: “El testigo que convivió con Rubén señala que el fotoperiodista regresó para seguir tomando, pero esto se contradice con los dictámenes toxicológicos que señalan que no hay alcohol. Ante la ausencia de datos sobre la localización de su celular y las llamadas, no podemos determinar por qué regresó”.
Maldonado pidió que la investigación profundice encontrar a otros probables responsables y establecer el móvil del crimen.
-Diagnósticos sobre libertad de expresión
México sólo ha hecho justicia en el asesinato de 1 periodista desde 1992: CPJ
ARISTEGUI NOTICIAS
REDACCION
08 DE OCTUBRE DE 2015
México sólo ha resuelto uno de los 32 asesinatos contra periodistas cometidos desde 1992, por lo que es el octavo país con mayor índice de impunidad en estos casos, afirmó el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) en un informe publicado este jueves.
“El puntaje de impunidad de México ha aumentado en más de doble desde su primera inclusión en el índice, en 2008″, concluyó el CPJ en su “Índice Global de Impunidad 2015″, disponible en su sitio web.
En total, 19 periodistas que informaban sobre delincuencia y corrupción han sido asesinados con absoluta impunidad durante los 10 años más recientes en México. En 2013 México adoptó una ley que le otorgó a las autoridades federales mexicanas mayor jurisdicción para enjuiciar a los responsables de delitos contra periodistas, “pero la medida no ha traído como resultado ningún enjuiciamiento”, afirmó el Comité.
En primer lugar de la lista, como el país con mayor índice de impunidad en crímenes contra la prensa, está Somalia, seguido por Irak, Siria, Filipinas, Sudán del Sur, Sri Lanka, Afganistán, México, Pakistán y Rusia.
El CPJ tiene un conteo de 32 periodistas asesinados en México desde 1992; el 91% de los crímenes permanece en “completa impunidad”, el 6% tiene “justicia parcial” y sólo el 3%, es decir un caso, está catalogado como “completa justicia”.
El único caso resuelto por completo y en el que se hizo justicia, de acuerdo con el CPJ, es el de Ruperto Armenta Gerardo -reportero de El Regional de Sinaloa- asesinado el 5 de febrero de 1995 por el abogado Felipe de Jesús Lizárraga.
Además de los 32 asesinatos de periodistas cuyo motivo ha sido confirmado por el Comité, existe una lista de 42 comunicadores asesinados en los que el móvil del crimen no ha sido confirmado por el CPJ.
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