Pablo Ugalde*

Quizá abonar a la discusión sobre el cierre de Luz y Fuerza del Centro pueda resultar difícil. Desde que el domingo 11, Fernando Gómez Mont anunciara la desaparición de dicha empresa por decreto presidencial, todos los medios han dedicado gran parte de su espacio noticioso a este tema. También lo han hecho muchas de las voces más fuertes de la agenda pública (entre políticos, académicos, periodistas y otros líderes de opinión). Si revisáramos las editoriales y columnas de los periódicos de la última semana, notaríamos que prácticamente todos los colaboradores que tratan asuntos públicos se han encargado del tema (Manuel Camacho Solís, Jorge Chabat, Denisse Maerker, Alejandro Encinas, César Nava, Alberto Aziz Nassif, José Carreño Carlón, Mauricio Merino, Ricardo Alemán, Macario Schetttino y Porfirio Muñoz Ledo, sólo por mencionar algunos de los articulistas que publican en el Universal).
Las posiciones están muy definidas tanto entre los que respaldan la medida como entre quienes se oponen a ella (habiendo entre estos últimos distintas posiciones también). Podemos recoger, por ejemplo, a favor del cierre, los más de 40,000 millones de pesos en subsidios que recibía LyFC y que serán ahorrados (aunque si consideramos que estos eran para la compra de energía eléctrica, sólo faltarían un adecuado sistema de tarifas y la eliminación de los privilegios empresariales para poder considerar a esa transferencia como una política de redistribución del ingreso. Y aquí las culpas por un mal sistema tarifario, así como por excepciones y privilegios a grandes empresas no se pueden partir entre todos: son temas sólo de responsabilidad gubernamental y tanto la paraestatal como el sindicato no tienen mayor injerencia en ello).
También podemos sumar a favor de la decisión el lastre en que se había convertido la empresa para el desarrollo del centro del país. Son 100,000 los empleos que no fueron creados en la región por deficiencias de la empresa, asegura Felipe Calderón, aunque no define si se perdió su generación antes o después de que en junio pasado la SFP reconociera a LyFC con una calificación del 93.8% (como lo afirma PML en su nota del sábado 17 del Universal) por el cumplimiento de las metas para mejorar dicha empresa, de un acuerdo pactado entre el sindicato, la paraestatal y el gobierno federal. Esto es, la Secretaría de la Función Pública avalando a una empresa y a un sindicato por sus mejoras en materia de eficiencia administrativa, pero también por su disposición al diálogo y al pacto, y más aún, su compromiso a cumplir lo pactado. Tres actitudes esenciales para el desarrollo democrático, y que no estuvieron presentes el “sabadazo”, día en el que sin mediar razón judicial, las instalaciones de LyFC fueron violentadas por órdenes del presidente.
Prescindiendo de adjetivos y de retórica esto es lo que sucedió: sin la peligrosa genialidad del PRI más autoritario de otras décadas, pero con la misma eficacia y desapego a los valores democráticos, el presidente ha impuesto de manera arbitraria su decisión, dispuesto a pagar los costos políticos que esto le acarreé, sin mediar un intento previo por conseguir una solución concertada, utilizando el engaño y la simulación (léase la recepción de la delegación sindical por parte de Bravo Mena) y bajo el cobijo de los monopolios de las telecomunicaciones, que siempre serán fieles a aquel que demuestre capacidad para ejercer el poder. En esta decisión el presidente muestra su capacidad para imponerse, y motiva a que Javier Alatorre, Joaquín López Dóriga y Pedro Ferriz de Con le aplaudan ante sus masivos auditorios, alineando la opinión pública a la del hombre del poder, y reconociendo incluso, explícitamente, lo valioso que es que el presidente sepa tomar decisiones, aunque estas sean claramente antidemocráticas (si no es que incluso ilegales, como algunos opositores también afirman).
Así, la discusión puede tomar otros rumbos. Es importante discutir si era necesario o no el cierre de LyFC. También es importante discutir si la forma en la que FCH decidió darle solución al problema de la paraestatal fue la adecuada. Hace falta además, hacer una profunda revisión del entorno sindical en México. Pero es más importante aún preguntarnos si FCH representa en sus acciones la sociedad que queremos formar. Preguntarnos si estamos satisfechos con que haya “apagado” LyFC de un soplido, o si hubiéramos deseado ver una comisión de trabajo incluyente en donde se definiera el futuro de la empresa pública. Si queremos a un gobierno promoviendo soluciones de 5 minutos, como nos lo prometiera desde su sexenio Vicente Fox, o a uno capaz de sacrificar el tiempo y el esfuerzo necesarios para generar consensos reales y no imposiciones mediáticas. Si estamos dispuestos a que los medios de comunicación se paren firmes detrás del presidente, o si queremos que lo hagan detrás del poder ciudadano, porque sea el ciudadano el que ejerza el poder en este país.

Pablo Ugalde, es estudiante de séptimo semestre de la carrera de ciencias políticas y gestión pública ITESO