Para avenida24.com
16-10-09

Lo que ocurre en los países de la América hispánica puede resultar para nosotros un importante punto de referencia. Vernos en ese espejo será siempre de gran utilidad para poder entender, desde esa perspectiva, nuestros propios procesos sociales.
Compartimos con todos ellos los mismos rasgos esenciales mutatis mutandis (o sea: cambiando lo necesario) como dicen todavía los viejos abogados. Compartimos el mismo origen histórico colonial, la misma lengua, la misma cultura religiosa (al margen de las creencias personales de cada quien), nos servimos de la misma estructura jurídica derivada del derecho romano y tenemos instituciones republicanas parecidas.
Sobre todo, arrastramos la misma vergonzosa desigualdad social, enraizada en aquella oprobiosa sociedad colonial de castas, que todavía está tan presente (en diversos grados) en nuestra vida actual.
Por eso, vale la pena enfocar nuestra mirada para ver lo que acaba de ocurrir en Argentina, en una larga batalla parlamentaria que culminó el pasado día 10 a alas 2.30 de la madrugada.
El senado de esa República aprobó por 44 votos contra 24, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que no sólo cierra la etapa oprobiosa de la ley impuesta por la dictadura militar y sus consecuencias neoliberales, sino que termina con los oligopolios y establece un máximo de 35 por ciento para una sola empresa en el espectro televisivo abierto.
La lucha cívica fue larga: más de 20 años en que numerosas agrupaciones ciudadanas forcejearon, con más de 80 foros y cientos de reuniones, hasta que hace 4 semanas fue aprobada por la Cámara de Diputados y ahora por el Senado. La votación final ocasionó gritos de alegría y cánticos de quienes esperaban la ocasión a las puertas del recinto.
Según narra la corresponsal Stella Calloni, la nueva ley significó para los manifestantes “una derrota para los poderosos multimedios”. El nuevo ordenamiento elimina los monopolios en televisión y radio a favor de la pluralidad. Sobra decir que los voceros de los poderosos intereses afectados alegaron atropellos a la libertad de expresión; cosa que ya resulta conocida por estas latitudes.
La ley abre la participación en tercios iguales del espectro radiofónico: a emisoras sin fines de lucro, a las comerciales y a las estatales. También se reconoce el derecho de los pueblos originarios a contar con sus radios comunitarias, porque la libertad de expresión es “un derecho de todos y no de un grupo”.
Las licencias tendrán una duración de 10 años y su renovación estará sometida a la opinión de los oyentes o televidentes en audiencias públicas. La autoridad apara ello contará con 3 representantes, cada uno de cada fracción parlamentaria de las tres mayoritarias simples. Cada empresa mercantil podrá contar con un 35 por ciento máximo del espectro. Quien tenga licencia de señal por cable no podrá contar con canal abierto. Ni quien tenga canal abierto contará con señal por cable.
Los contenidos de radio serán en un 70 por ciento de producción nacional. En la televisión abierta el contenido nacional será de 60 por ciento.
Ojalá nuestros legisladores consideren oportuno lo hecho valientemente por la representación nacional de este país hermano para “democratizar definitivamente los medios en Argentina”, después de que una sociedad civil con convicciones democráticas logró empujar hasta alcanzar esta victoria sobre los intereses creados distorsionadores de la auténtica libertad de expresión.

Esteban Garaiz