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¿Y las plataformas electorales?

El Informador

18 de abril de 2015

Iniciaron las campañas, y con ellas la guerra de lodo. Se ha llegado al extremo de que tanto el PRI como el PAN utilizan en sus spots el mismo formato discursivo, cambiando tan solo el contenido de los ataques que con palabras soeces cortadas uno y otro se lanzan. Una cosa son los contrastes; otra distinta la obscenidad; y otra muy diferente no tener respeto por el electorado.

Durante la presente campaña electoral los mexicanos tendremos que escuchar —a través de las dos mil 556 estaciones de radio y televisión del país— 24 millones 200 mil spots de 30 segundos cada uno por parte de los 10 partidos políticos (adicionales a los 11 millones ya transmitidos en el periodo de precampañas). Se calcula que tan solo los 1.49 millones de esos mensajes que se transmitirán en las 116 emisoras concesionadas en el Distrito Federal y el Estado de México, si se pagaran, su costo sería de 15 mil 814 millones de pesos. Imagine usted el costo de los casi 23 millones de spots restantes.

Esos spots son tiempos que el Estado cede a los partidos políticos y a la autoridad electoral para informar a la ciudadanía y motivarla a participar e involucrarse en el proceso electoral. Bien visto, eso constituye un financiamiento en especie a los partidos políticos (adicional a los más de cinco mil millones que en dinero recibirán este año), y también una “contribución” en especie de los concesionarios a la Secretaría de Hacienda. De no existir estas cesiones de tiempo, un mayor gravamen fiscal a esta actividad sumamente lucrativa sería justificable. O bien, el Estado podría dedicar ese tiempo en la radio y la televisión a transmitir mensajes de mayor calidad y beneficio a la población.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, establecen en su Artículo 242 y 255 respectivamente la obligación de que los partidos políticos tanto en su propaganda electoral como en sus actividades de campañas deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas fijados en sus documentos básicos “y, particularmente, de la plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado”. Imperativo este que no se cumple.

Las plataformas electorales deben registrarse en la primera quincena de enero del año de la elección. Lamentablemente, con ellas y las declaraciones patrimoniales sucede lo mismo: son un mero trámite burocrático para cumplir un requisito. El INE las tiene en su página web, en un pdf tal y como se las entregaron los partidos políticos, sin poner a disposición del electorado un sitio en el que pueda contrastarlas (lo que sí sería una campaña de contrastes) para motivar una más razonada participación ciudadana en las urnas.

El IEPC de Jalisco en su página web sólo tiene las del proceso electoral del 2009 y 2012. Dado que en la nueva legislación electoral local en vigor ya no es requisito presentar una plataforma electoral para registrar una candidatura —lo que sí lo es para los candidatos independientes—, conviene preguntarse si en Jalisco —al menos como trámite burocrático— para el proceso electoral de este año se registraron plataformas electorales. Si sí las entregaron ¿dónde están?

Por eso las campañas están convertidas en chismes de lavadero.