Miguel Ángel Granados Chapa
6 Oct. 09

Con la obvia anuencia de su aliado el PRI, el Partido Verde (que acoge a la mayor parte de la telebancada, pero no a toda), mantuvo la presidencia de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados. La actual es la tercera legislatura consecutiva en que disfruta de esa posición. En la número 59 la presidió el hoy senador Javier Orozco: actuó con tal eficacia que consiguió en diciembre de 2005 la aprobación unánime de la Ley Televisa. Lo reemplazaron Verónica Velasco y Antonio Rueda, en la LX. Y el miércoles pasado se nombró a Juan Gerardo Flores, que fue secretario técnico de esa comisión de 2007 a 2009.

Sólo el cinismo social, esa nueva plaga que enferma a México, puede admitir sin chistar que un partido que ostensiblemente violó las normas relacionadas con radio y televisión en el reciente proceso electoral encabece la comisión legislativa de dictamen en esa materia. Desde esa posición el Partido Verde acusará recibo a las presiones del duopolio de la televisión para impulsar una contrarreforma que coloque de nuevo en el mercado la propaganda electoral.

En esa línea se inscribe la resolución que acaba de adoptar la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR, su sigla en español; IAB, en inglés), cuya 39 asamblea se reunió en Brasilia, y que recoge los alegatos de los concesionarios más poderosos de radio y televisión en México. Esa vasta organización resolvió “exhortar al Congreso de la Unión de México aprobar una contrarreforma que restaure plenamente la libertad de expresión como valor superior del ser humano consagrado en los tratados internacionales y que, en beneficio de la democracia, establezca los mecanismos para reducir y transparentar el uso indiscriminado de recursos públicos”.

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