-Legislación en materia de comunicación
Reforma telecom: corte de caja
El Universal
Irene Levy
1 de diciembre de 2014
Hace un año y medio entró en vigor la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones (“Reforma”) que fue incluida en el paquete de las reformas estructurales que prometen cambiar a México, mover a México. ¿Sus objetivos?:
1) Acabar con la brutal concentración que desde hace décadas tenemos en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión; para ello incluyeron la figura de la preponderancia.
2) Apuntalar los derechos fundamentales, particularmente el de información; entonces fue programada la licitación de dos nuevas cadenas nacionales de televisión digital comercial, fue incluida la facultad para limitar la propiedad cruzada de medios, se habló de garantizar frecuencias para medios sociales (comunitarios e indígenas), así como la obligación de crear un organismo descentralizado para proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro que garantizara libertad editorial y autonomía financiera, entre otras cuestiones.
3) Promover la competencia y establecer nuevas reglas para la convergencia, a fin de que las empresas presten todos los servicios que técnicamente posibiliten sus redes; para eso se estableció la concesión única.
4) Recibir nuevas inversiones y multiplicar los prestadores de servicios; para lograrlo se planea democratizar insumos esenciales a través de la creación de una red compartida mayorista en la banda de 700 MHz, junto con la ampliación de la red troncal de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad.
5) Desarrollar un amplio catálogo de derechos de los usuarios y de las audiencias en la ley secundaria —incluyendo el derecho de réplica—, así como los mecanismos para su defensa.
El vehículo para aterrizar todo esto sería doble, según la propia Constitución: por un lado, la expedición de una ley que transformara la Reforma en derechos, obligaciones y herramientas concretas para materializar lo en ella expuesto y, por otro lado, la Comisión Federal de Telecomunicaciones sería sustituida por un organismo constitucional autónomo integrado por las personas más calificadas, elegidas mediante un proceso totalmente transparente.
Por desgracia, detrás de la redacción de varios de los artículos de la Reforma se adivinaba ya la intención gubernamental de recular, de hacerle trampa al país, de eludirnos. Así fue como la preponderancia terminó siendo una ficción en la ley secundaria, una figura que sorprende incluso a las teorías más trasnochadas de la competencia económica. Pero la cosa no quedó ahí, a este diseño fallido de preponderancia se sumó la invitación a tener mayor concentración en diversos servicios gracias a la inclusión del noveno transitorio en la ley secundaria. Además, algunas de las obligaciones asimétricas parecen maquilladas, ahí tiene usted la oferta pública de América Móvil para uso de su infraestructura que increíblemente no incluye tarifas, y qué decir de la oferta de Televisa que ni siquiera ha sido publicada.
Por otro lado, la licitación de dos cadenas de televisión ha decepcionado a nacionales y extranjeros pues solo 3 postores han decidido pasar a la segunda etapa en un proceso licitatorio que será definido por el criterio económico y que se ha desarrollado en condiciones no muy positivas: incertidumbre en el programa de apagón analógico, integración vertical ahora legalizada por el noveno transitorio, reglas de propiedad cruzada inútiles, inversión extranjera limitada a 49%, incierta utilización de la infraestructura del preponderante Televisa, así como presiones políticas y mediáticas. Además, el organismo descentralizado de radiodifusión fue concebido más oficialista que público, su órgano decisorio es controlado por el propio Gobierno Federal. Los medios sociales han sido drásticamente limitados en su financiamiento e insumos, y se omitió —nuevamente— legislar sobre derecho de réplica.
La concesión única —que garantizaría la convergencia— se ve cada vez más utópica para los actuales operadores. El proceso, a cargo de la Subsecretaría de Comunicaciones, para desarrollar la red compartida mayorista, va tarde y es opaco, como si no se hubieran enterado de lo que está pasando con la licitación del tren México-Querétaro. La red troncal de CFE no se ha ampliado ni un kilómetro. Los usuarios y audiencias seguimos huérfanos ante la perpetuación de un esquema institucional que ha demostrado insistentemente no funcionar. Todo esto debido a una ley secundaria que llegó 8 meses tarde violando el plazo impuesto por la Constitución, y que descremó muchas de las promesas que se leían en la intención y en la letra del texto constitucional, pifia intencional sin lugar a dudas.
Además, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, cuyo proceso de integración dejó mucho que desear por lo que hace a la transparencia y probidad de quienes lo condujeron, ha sido torpedeado desde su génesis por factores exógenos y endógenos: la propia legislación invade sus facultades constitucionales y le atribuye tal carga de trabajo en tan poco tiempo que asegura su incumplimiento, una pobre calidad de sus resultados o ambas cosas. Ha sido fuertemente atacado por algunos legisladores que quieren mantener a sus comisionados amedrentados para que favorezcan sus agendas políticas y las de sus patrocinadores. Pero el principal elemento contra el IFETEL es endógeno: el recato de sus integrantes que llevó a la no interposición de la controversia constitucional contra la ley secundaria que defendería su autonomía y a la propia institución; esa cautela que, de seguir así, dará como resultado interpretaciones jurídicas poco osadas, que se traducirán en decisiones conservadoras tomadas detrás de la línea que marcan al Instituto los intereses políticos y empresariales como zona de confort y de contención. Afuera estamos los usuarios, afuera está la sociedad.
La adquisición de Iusacell por ATT, tres postores en la licitación de las nuevas cadenas de televisión y millones de televisores que están siendo entregados dentro de cajas de cartón con el logo priista impreso de “mover a México”, son los íconos que hasta ahora representan la reforma en telecomunicaciones. Es patético.
En la sobremesa. Ya han sido designados por unanimidad del Pleno del Senado de la República los 9 miembros de Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, de entre 19 aspirantes: Ernesto Velázquez, Enrique Lazcano; Lidia Camacho, Javier Esteinou, Raúl Quintanilla, Carmen Ortega, Lourdes Barbosa, Coral Castillo y Nora Patricia Jara. Enhorabuena.
- Presidenta de Observatel y profesora de la Universidad Iberoamericana. Esta columna refleja la posición personal de la autora.
El Universal
Javier Lozano
1 de diciembre de 2014
Fue un error concederle autonomía constitucional al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y hoy estamos viendo los primeros efectos negativos de esa ocurrencia (cortesía del Pacto por México). El órgano regulador en telecomunicaciones y radiodifusión ha tomado decisiones que exceden su ámbito de atribuciones y que van en perjuicio de los consumidores.
Uno de los derechos fundamentales para el consumidor es la portabilidad numérica. Gracias a ésta un usuario de telefonía fija o móvil puede cambiarse de compañía sin perder su número. La nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión dispone que los concesionarios y prestadores de servicios están obligados a permitir la portabilidad; que debe ser gratuita y realizarse en un plazo no mayor a 24 horas contadas a partir de la solicitud del titular del número; y que para hacerlo sólo basta la identificación del titular y su manifestación de voluntad.
La ley otorgó un plazo de 60 días hábiles al IFT, contados a partir de la entrada en vigor de la ley a fin de dictar las reglas administrativas necesarias para eliminar requisitos que pudieran retrasar o impedir la portabilidad numérica en los términos señalados.
Entiéndase bien que el mandato que el Congreso de la Unión confirió al IFT a través del artículo trigésimo octavo transitorio de la ley de la materia fue el de dictar reglas para eliminar requisitos o trabas a la portabilidad efectiva y no nueva regulación para dificultar el cambio de compañía telefónica.
Las citadas reglas debieron publicarse y entrar en vigor a más tardar el pasado 6 de noviembre. Sin embargo, en una interpretación caprichosa y abusiva, el IFT emitió reglas que contienen requisitos adicionales para la portabilidad y dispuso que la entrada en vigor de las mismas sería hasta 90 días después de su publicación. Curioso, por decir lo menos, que Telcel (operador preponderante) pidió al IFT que le concedieran 120 días más a partir de la entrada en vigor de las reglas, para prepararse.
A todas luces estamos frente a una transgresión legal por cuanto hace a las facultades constitucionales del nuevo órgano regulador ya que al añadir requisitos y modificar plazos por encima de lo que dispone la ley de telecomunicaciones invade facultades propias del Congreso de la Unión y viola, en letra y espíritu, lo dispuesto por el legislador en perjuicio del consumidor.
Con las reglas emitidas por el IFT hacen nugatorio el derecho del usuario de cambiar de compañía telefónica en 24 horas conservando su número; condicionan el cambio a que el trámite se tramite entre las 11:00 y las 17:00 horas; lo limitan a que sea dentro del área de su domicilio siendo que ya no habrá áreas de servicio local; imponen nuevas condiciones al cliente en un contrato de adhesión; obligan a que la identificación se realice por medios electrónicos y exigen al usuario un nuevo Número de Identificación Personal (NIP) como si el cliente no fuera conocido por su propio proveedor del servicio.
En suma, mal inicio de un regulador que abusa de su autonomía en perjuicio de la competencia en el sector y de los derechos del consumidor. Esta falta grave por parte de los comisionados del IFT dará lugar a una próxima controversia constitucional impulsada por el Senado.
Resolverán pronto caso Telmex-Dish
Mural
01 de diciembre de 2014
Vania Guerrero
Cd. de México, México (01 diciembre 2014).- El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) está a días de dar una resolución en el caso Telmex-Dish.
“Una vez que se da la audiencia, ya estamos muy cerca de resolver, porque ya está todo integrado (el expediente), ya están todos los elementos. La unidad que lleva el caso prepara el proyecto y nos pide al pleno resolver”, comentó María Elena Estavillo, comisionada del IFT.
El regulador aprobó una audiencia para el expediente E-IFT/UC/DGIPM/PMR/0003/2013, que corresponde al procedimiento en forma de juicio que sigue la Unidad de Competencia Económica (UCE) sobre la posible alianza, más allá de lo comercial, entre ambas empresas.
En su lista diaria de notificaciones, la UCE indicó que el 5 de noviembre se integró el expediente y se tomaron por presentados diversos escritos en el caso.
Dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que quedó integrado el expediente, el probable responsable o el denunciante podrán solicitar una audiencia oral con el objeto de realizar las aclaraciones.
La audiencia oral fue solicitada por Cablevisión y otras empresas denunciantes en el caso, el 19 de noviembre pasado, de acuerdo con la lista de la UCE.
De acuerdo con la Ley, la resolución sobre el caso se dará en un plazo máximo de 40 días después de integrado el expediente, por lo que ésta podría darse en los próximos días.
Dish no hizo comentarios al respecto.
Si se comprueba que existe una relación más allá de lo comercial entre Dish y Telmex, cada empresa tendría que pagar 8 por ciento de sus ingresos anuales de multa.
Si con su unión, quisieron dañar la competencia, se podría ordenar su separación.
Cataluña aprueba tasa sobre Internet para beneficiar audiovisual
Mediatelecom
Liliana Juárez
1 de diciembre de 2014
El parlamento de Cataluña aprobó, el pasado 26 de noviembre, una ley que gravará todos los accesos e Internet, móviles y fijos, con una tasa de 0.25 euros mensuales para destinar fondos a la industria del cine, televisión y cultura digital.
La tasa será por contrato de servicio y deberá pagarlo el operador sin repercutir el incremento en los consumidores, según se especifica en el comunicado de la página oficial del parlamento catalán.
De acuerdo con el El Economista, la nueva ley será aplicada a partir de 2015 a todos los contratos de tecnologías ADSL, fibra óptica e Internet móvil que se facturen en Catalunya, tanto existentes como nuevos.
Las expresiones en contra de la nueva ley se han manifestado por parte de la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales (AMETIC) que ha manifestado su preocupación por las dificultades que la tasa comportaría al restarles ingresos con los que se pretende facilitar el despliegue de redes de alta velocidad.
Con esta nueva normativa, el gobierno de Cataluña estima recaudar unos 20.5 millones de euros anuales.
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